Más del embajador en Washington, Cargill y el Tapen-tapen
Además de las orientaciones que le dio a Riopaila Castilla, Brigard & Urrutia Abogados también le indicó a la trasnacional estadounidense Cargill cómo apropiarse ilegalmente de 40 mil hectáreas en el Vichada, que podrían ser más con el avance de las investigaciones (Portafolio ha hablado de 90 mil hectáreas).
Además de las orientaciones que le dio a Riopaila Castilla, Brigard & Urrutia Abogados también le indicó a la trasnacional estadounidense Cargill cómo apropiarse ilegalmente de 40 mil hectáreas en el Vichada, que podrían ser más con el avance de las investigaciones (Portafolio ha hablado de 90 mil hectáreas).
Con el descarado propósito de ocultar la violación del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, Cargill constituyó 26 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las cuales adquirieron 30 predios de familias campesinas que la ley le prohibía adquirir (Cámara de Comercio de Bogotá y certificados de libertad y tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, Vichada). El dueño único de las 27 SAS es el fondo Black River Colombia, perteneciente a la trasnacional y con residencia en Delaware, conocido paraíso fiscal en Estados Unidos. Y el representante legal de todas ellas se llama Juan Aquilino Pérez.
En la página web de Brigard & Urrutia, en la sección del socio Francisco Uribe Noguera, aparecía –porque la eliminaron una vez estalló el escándalo– la siguiente información: “Casos de éxito: (…) Black River Colombia Agro, transacción: proyecto agroindustrial, 2011”, año en el que el principal accionista y cabeza de Brigard & Urrutia era Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Estados Unidos. Luego en este negocio, como en el de Riopaila, el diplomático no puede librarse de su culpa alegando que vendió sus acciones en la firma de abogados en agosto de 2012 (detalles del caso Cargill: http://db.tt/nXW3b5R6).
Es para bobos el sofisma de Brigard & Urrutia de argüir que no violaron la ley porque las leyes son para ser interpretadas, alegato que además no cabe en razón de que la norma no admite duda honrada, según se desprende del texto y lo reconocen las autoridades.
De acuerdo con el artículo 72 de Ley 160, “ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos” de cada Unidad Agrícola Familiar (UAF) adjudicada. Y han sindicado de ilegales estas apropiaciones de tierras campesinas de reforma agraria el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Ministerio de Agricultura, el Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Contraloría General de la República.
Si bien es cierto que los jueces tienen la última palabra sobre estos casos y puede debatirse sobre el lío de las tierras y la política agraria nacional, hay un conjunto de hechos que deben tratarse ya, porque no dan espera y porque hay elementos suficientes para tramitarlos: el papel del gobierno de Santos en el espectáculo de varias de las mayores empresas de Colombia y el mundo dedicadas a violar la ley para despojar de sus tierras al campesinado, el de los ministros de Agricultura intentando modificar dos veces las leyes de la República para “sanear” estos despojos y el de Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington, metido hasta el cuello en el diseño y ejecución de estos delitos.
Los colombianos seguimos a la espera de que el embajador Urrutia dé una explicación sobre estas ilegalidades que vaya más allá de la necedad de decir –como dijo– que él vendió sus acciones de Brigard & Urrutia, pero sin explicar que lo hizo después de que su firma indujera a violar la ley (http://db.tt/yWRE8jnw). ¡Y cómo se nota el silencio de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y el del presidente Juan Manuel Santos! Porque la presión y la mermelada de la Casa de Nariño podrán mantener triunfante el tapen-tapen en el país –como ocurre hasta ahora–, pero no evitarán que las palabras corrupción y gobierno colombiano circulen por las cancillerías del mundo, haciéndole daño a Colombia.
Coletilla. La reforma a la Ley 100 de salud terminó como la peor en veinte años. Porque se mantuvieron las ganancias de las EPS –unos seis billones de pesos al año–, utilidad abusiva que se gira contra la salud y la vida de la gente. Sigue el POS restringido que enferma y mata. Además dejaron varias minas calculadas para estallar contra la tutela, lo único bueno que le ha pasado la salud en décadas. Y todo montado a punta de mentiras. Que se acaban las EPS. Falso. Se llamarán gestoras. Que se termina el POS restringido. Falso. Ahora será Mi Plan. Y también engañan cuando dicen que no es contra la tutela. Gobierno pésimo. Con un agravante: utiliza el engaño como línea fundamental de su acción. Que agradezcan que no son de palo. Porque les pasaría lo mismo que a Pinocho (http://db.tt/heDywBnF).
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/186001-mas-del-embajador-en-washington-cargill-y-el-tapen-tapen#sthash.L1cIAj51.dpuf
Robledo: la trasnacional Cargill también adquirió miles de hectáreas ilegalmente
Brigard & Urrutia pone este caso como ejemplo de éxito. Robledo respalda la idea del Representante Wilson Arias de que el embajador en Washington debe renunciar. Hay pruebas legales para demostrar que Cargill adquirió ilegalmente, por lo menos, 39.709 hectáreas tierras de campesinos.
Con un esquema muy parecido al del caso de Riopaila Castilla dirigido por Brigard & Urrutia, la trasnacional norteamericana Cargill adquirió en el Vichada casi 40 mil hectáreas de las que no podía apropiarse, porque son tierras reservadas por la ley para campesinos. Para intentar ocultar que violaba el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, Cargill también constituyó 26 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las cuales compraron, al menos, 30 predios.
Esta operación ilegal la organizó Cargill a través del fondo Colombia Black River, con sede en Delaware (paraíso fiscal), que aparece como el único accionista de las 27 SAS. Y todas ellas tienen como representante legal a Juan Aquilino Pérez.
Los documentos inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá, al igual que los certificados de libertad y tradición que reposan en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño (Vichada), demuestran de manera irrefutable la ilegalidad de las adquisiciones por parte de Cargill, porque su origen son tierras baldías del Estado escrituradas a campesinos por planes de reforma agraria.
En la página web de Brigard & Urrutia, en la parte dedicada al abogado Francisco Uribe Noguera, el mismo que orientó a Riopaila Castilla, dice: “Casos de éxito: Black River Colombia Agro, transacción: proyecto agroindustrial, 2011”, año en el que el principal accionista y cabeza de la firma era Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington. El senador Jorge Enrique Robledo respaldó la idea del Representante a la Cámara Wilson Arias de que Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington, debe renunciar.
Constituye una vergüenza, concluyó el senador del Polo Democrático Alternativo, que Cargill, una de las trasnacionales agrícolas mayores del mundo, se venga Colombia a impulsar la extrajerización de las tierras del país y lo primero que haga sea violar la Constitución y la ley, para despojar de las tierras a los campesinos.
En carta a embajador en E.U., Robledo indaga sobre cuál fue el papel de Brigard & Urrutia en compra ilegal de tierras de Riopaila y Cargill
El siguiente es el texto de la carta que el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo le envió a Carlos Urrutia Valenzuela, embajador de Colombia ante Estados Unidos:
Doctor
CARLOS URRUTIA VALENZUELA
Embajador de Colombia ante Estados Unidos
Ref: ¿Cuál fue el papel de Brigard & Urrutia en la compra ilegal de tierras de Riopaila Castilla y Cargill?
Cordial saludo:
No puedo aceptar su explicación sobre su responsabilidad en la violación de la Ley 160 de 1994 por parte de Riopaila Castilla, al adquirir 40 mil hectáreas en el Vichada (Proyecto Veracruz), operación que fue jurídicamente dirigida por Brigard & Urrutia. Porque Usted dijo que, “para asumir el cargo de Embajador en Washington, Carlos Urrutia vendió las acciones que le pertenecían en la firma Brigard & Urrutia Abogados y hoy no tiene participación alguna en dicha firma”. Pero resulta que su nombramiento fue en agosto de 2012 y las violaciones a la ley empezaron a darse, por lo menos, desde el 14 de agosto de 2009 y se desarrollaron a lo largo de 2010, 2011 y 2012, cuando usted era el principal accionista y cabeza de Brigard & Urrutia.
Debe, entonces, Señor embajador, como funcionario público, responderme las siguientes preguntas, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 5 de 1992:
¿Ignoraba usted que el Artículo 72 de la Ley 160 de 1994 prohíbe constituir grandes haciendas sumando las fincas adquiridas a los campesinos que las obtuvieron por medidas de reforma agraria? ¿Cómo explica que Brigard & Urrutia hubiera inducido a Riopaila Castilla a comprar unos terrenos que la ley le prohibía comprar? ¿Le explicó Brigard & Urrutia a la gerencia y a los accionistas de Riopaila Castilla que el Proyecto Veracruz era ilegal?
¿En qué fecha contrató Riopaila Castilla la asesoría de Brigard & Urrutia para estructurar el Proyecto Veracruz? Por favor, adjuntar el contrato entre las dos partes. ¿Por qué las compras de los 37 predios que totalizaron 42.338 hectáreas se hicieron mediante la creación de 27 SAS, en las que fungió como único accionista el abogado asociado de Brigard & Urrutia, Francisco Uribe Noguera? ¿Cuál fue la razón para que los 40 mil millones de pesos que invirtió Riopaila Castilla aparecieran como préstamos a las 27 SAS?
¿Con qué objetivo se llevaron las 27 SAS a España, donde el doctor Uribe Noguera las cedió gratuitamente a cinco sociedades españolas, con las cuales crearon Vizcaya Holding S.A.R.L., con sede en Luxemburgo, el que a su vez creo otras cinco empresas que terminaron siendo las propietarias de las cinco primeras? ¿Por qué se dice que Riopaila apenas adquirió esas SAS el 31 de diciembre de 2012?
Ya se supo, además, que un manejo semejante al de Riopaila Castilla le dio Brigard & Urrutia a la compra ilegal de tierras por parte de la trasnacional norteamericana Cargill (2010 a 2012), para adquirir, por lo menos, 40 mil hectáreas en el Vichada, a través Black River Colombia y 26 SAS. ¿Cuál fue su papel, como jefe de Brigard & Urrutia, en estas adquisiciones? Además de los casos de Riopaila y Cargill, ¿participó en la estructuración de otros proyectos empresariales para adquirir tierras campesinas originadas en medidas de reforma agraria?
Atentamente,
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador Polo Democrático Alternativo.
http://www.polodemocratico.net/index.php?
