TODOS CONTRA LA REGRESIVA REFORMA TRIBUTARIA DE SANTOS

Pedro Santana Rodríguez 

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía 

Avanza a trochas y mochas la discusión y aprobación del proyecto del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos sobre la reforma tributaria. Este proyecto beneficia abiertamente a las rentas de capital sobre las rentas del trabajo como acertadamente lo señala un estudio de la Contraloría General de la República que fue enviado al Congreso durante la presente semana.

Los principales cuestionamientos dirigidos al proyecto tienen que ver con la concepción misma del proyecto que no enfrenta de fondo el problema de las finanzas públicas y en este sentido se cuestiona la afirmación de que el proyecto no busca nuevos recursos, lo que en la jerga se llama la neutralidad de la reforma, sino simplemente una redistribución de los impuestos que en este caso afecta a la clase media puesto que al crear el impuesto llamado IMAN lo que se busca es gravar a los salarios superiores a 9.6 millones aunque también afectará a los salarios superiores a los seis millones de pesos. Esto en una estructura impositiva en la cual se recauda sólo el 14% del PIB en impuestos frente a Brasil, por ejemplo, que recauda el 34% del PIB. Hay pues un abismo real que nos conduce a una infraestructura y una inversión social mediocre.

Como lo señala en esta misma edición el economista Amylkar D. Acosta “esta carga impositiva está por debajo del promedio de América Latina que se sitúa en el 17.1% y es el segundo más bajo entre la principales economías de la región, después de Venezuela”. Ello se traduce en un precario financiamiento para la educación en la cual no hemos logrado la universalización de la básica y la media que sólo han logrado algunas ciudades como Medellín y Bogotá y para que hablar de las condiciones precarias de la movilidad en nuestras ciudades o de la infraestructura vial del país o de la crisis del financiamiento de la cobertura de la educación superior para mencionar sólo algunos de los rubros de políticas públicas carentes de adecuados recursos.

En cambio la reforma busca beneficiar abiertamente a los sectores más pudientes de la sociedad por la vía de rebajar el impuesto a la renta de las empresas que pasara del 33% al 25% y por la cual se dejarán de percibir según el estudio de la Contraloría General 4.6 billones de pesos al año; junto a la rebaja de las contribuciones de los empleadores al financiamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y al Instituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF, como al sistema de salud, le significarán un poco más de siete billones de pesos para un total de cerca de 12 billones de pesos.

Este faltante es el que se espera recaudar con varias medidas que son principalmente tres. Se crea el llamado impuesto a los salarios IMAN y las modificaciones al Impuesto al Valor Agregado, IVA y el impuesto del 8% a las rentas de las empresas; CREE. Por este último se espera recaudar una suma cercana a los 6 billones de pesos que no son del todo seguros dado que se presume un crecimiento de la economía del 4.8% anual y precios de hidrocarburos de 101 dólares el barril cuando las tendencias internacionales lo que están mostrando es una tendencia a la baja tanto de los precios del petróleo como del carbón y en general de los productos mineros que ahora representan el 70% del total de las exportaciones colombianas.

Y no es que los altos salarios no sean tocados pues existe consenso en que en general las tasas impositivas son bajas sino que ello se hace para favorecer a los grandes capitales con las dos medidas que se proponen: la rebaja del impuesto a la renta que pagan las empresas y la disminución de sus contribuciones a la salud, al Sena y al ICBF. El argumento es que los costos laborales en Colombia son muy altos y que para generar empleo y formalizar el empleo informal se requiere rebajar los costos laborales. Los estudios y la evidencia empírica señalan que la llamada flexibilización laboral que se han aplicado en el pasado no ha contribuido a la generación de empleo de calidad y la informalidad se mantiene en niveles del 65%.

Esta es una reforma que como lo señala el estudio de la Contraloría no contribuirá a mejorar los indicadores de equidad sino que es una reforma regresiva en beneficio del gran capital. Y un punto adicional como lo señala Amylkar D. Acosta es la afectación que la reforma hace sobre el sistema general de participaciones con la que se financian la educación y la salud en los departamentos y municipios del país. “Al bajar el impuesto a la renta de las empresas del 33% al 25% y crear el nuevo impuesto del CREE del 8% se afectan los recursos del Sistema General de Participaciones. Ello en cuanto a que en la medida en que el recaudo del CREE tiene destinación específica deja de ser de libre destinación. En principio el gobierno lo negó y manifestó que esta afirmación era parte de la desinformación por parte de los críticos del proyecto; pero, a la postre, aceptó que sí le restaba recursos muy importantes al Sistema General de Participaciones, cuyos recursos tienen como destinación específica la salud, la educación y el saneamiento básico en las entidades territoriales. Y reiteramos que con ello se estaría abriendo un hueco para tapar otro”. La pregunta es la siguiente con qué recursos se podrá suplir aquellos que dejan de estar en la base de los ingresos corrientes para hacer efectivas dichas transferencias a las entidades territoriales.

El gran problema es que tenemos un Congreso dependiente del Ejecutivo. Frente a un panorama de recursos incierto corren serio riesgo el financiamiento del SENA, ICBF y del sistema de salud para ofrecer y otorgar dádivas a los más poderosos del país. Este es el verdadero contenido de la reforma. Como alguien señaló en los tiempos neoliberales las grandes reformas siempre perjudican a los de abajo. La lección es que la indignación ciudadana deberá trasladarse en contra de sus promotores y de quienes políticamente aprueben dichas medidas en el Congreso. El tema es político. Mientras los colombianos no sepamos votar por quienes representen realmente nuestros intereses pues no tendremos salida.

Jaime Alberto Rendón Acevedo 

Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle 

La señora Legarde, directora del Fondo Monetario Internacional, quien nos visitó esta semana dijo, entre muchas otras cosas, algunas frases que me llamaron la atención, por su significado y sus alcances:

“me sentí muy complacida de hablar con las autoridades sobre la reforma tributaria y sus consecuencias intencionales y no intencionales. Las consecuencias intencionales tienen que ver con la competitividad y la reducción de los costos laborales en general, y las consecuencias no intencionales tienen que ver con una reducción en el mercado laboral informal como resultado de menores costos laborales.” (http://www.portafolio.co/economia/entrevista-christine-lagarde-colombia) Así mismo planteó que estamos haciendo bien la tarea.

Pero se queda uno con la duda de ¿a qué tarea se refiere y para quién? Esto por la desconfianza que produce, obviamente no para todos, lo que pueden ser las directrices del FMI, quien propiamente no se ha caracterizado por sus éxitos en política económica. Ahora, claro que la reforma se aprueba, con sesiones extras incluidas y las críticas, mejoras y metidas de mano en cada uno de los debates, que para bien o mal, son la muestra de que en este país la democracia está en el Congreso, y no en las calles como debería de ser.

Pero la afable señora tiene absolutamente toda la razón: hacemos bien la tarea, vamos por el camino correcto. A pesar de los discursos donde se plantean posiciones progresistas, de lucha contra la desigualdad, el modelo de desarrollo se sigue cimentando en la protección al capital como condición de la permanencia empresarial.

Si bien la Reforma Tributaria tiene aciertos frente a temas como la eliminación de la retención en la fuente a los trabajadores que ganan hasta 3.7 millones de pesos (en especial de aquellos por contratos de servicios), incluso mejora de las condiciones de los trabajadores de más altos ingresos, que en promedio pagan una tasa baja de impuestos respecto a lo que se evidencia en otras economías, pienso que el tema, en últimas, se reduce a uno sólo: la eliminación de los parafiscales.

Y es que se ha insistido en que una disminución de los costos laborales implicará una mayor competitividad, obviamente en el imaginario de que se de una reducción de precios, es decir que los menores costos laborales se traduzcan en una disminución de los precios de los bienes y servicios en el mercado. El otro imaginario, es que se logrará la promoción de la formalización, como si abaratar el costo laboral fuera un mecanismo automático de la formalidad. Como si desde la informalidad no estuviesen sacando las empresas grandes ganancias, como si los micro y pequeños empresarios se pudieran dar el lujo de la formalidad a costa de subirle los precios a las empresas medianas y grandes que sirven, o incluso a los intermediarios que son proveedores directos de las grandes empresas y superficies.

Y me pregunto, ¿será posible tanta ingenuidad? Con razón las centrales obreras han planteado que la reforma tributaria tiene efectos de una reforma laboral, y de estas (por lo menos en los últimos años donde se han realizado reducciones significativas de los costos laborales) la evidencia empírica, los hechos reales muestran que ni somos más competitivos ni se ha mejorado sustancialmente la formalidad.

¿Qué pasará entonces con la aprobación de la Reforma? Nada. Absolutamente nada relevante para la equidad y la formalidad laboral en el país.

Los costos laborales disminuyen, los parafiscales se acaban y el gobierno asume directamente la responsabilidad presupuestal de las entidades que son financiadas de esta manera. Se darán algunos cambios relevantes en materia IVA, de impuesto al consumo y, entre otros, de la retención en la fuente (cuidado las personas y las empresas con base en esta retención hacían pagos parciales, ahora el pago será único y anual). Las medianas y grandes empresas obtienen una mejora sustancial de su rentabilidad, que incluso podrá extenderse a empresas pequeñas que realizan esfuerzos de formalidad empresarial y laboral. Aunque también quedará desvirtuada la ley 1529 que tiene en la reducción de los parafiscales la principal herramienta para promover la formalidad empresarial, y aunque los resultados han sido escasos, muchas empresas si se acogieron a estos beneficios que ahora estarán en el vacío.

La equidad no solo es un tema entre las personas, también lo es entre las empresas. Este país se caracteriza por el poco cumplimiento de las normativas laborales y el tema de los parafiscales no es la excepción. Las empresas han encontrado en la informalidad el mejor vehículo para reducir sus costos, o mejor para trasladárselos a los propios trabajadores. De otro lado, las micro empresas, y buena parte de las pequeñas, no sólo están sometidas a condiciones de supervivencia, sino que las que logran mercados de mayor formalidad lo hacen a través de intermediarios o del mismo sometimiento a precios bajos a los que las someten las grandes empresas. Es decir, la informalidad de las micro y pequeñas empresas no se soluciona con la eliminación de los parafiscales, para estas este no es el principal problema, su real obstáculo es el capital de trabajo y el acceso a mercados formales en condiciones apropiadas.

El país tampoco se va a dar la oportunidad de evaluar las entidades que se han beneficiado de los parafiscales, funciones y objetivos institucionales que se deben de mantener pero que sería importante evaluar la efectividad institucional. Creo que el país está pagando un precio muy alto por unos logros muy débiles. Pero ante la corrupción del ICBF, del SENA y de las cajas de compensación nadie quiere actuar. Hay preocupación por el financiamiento de estas entidades, válida por cierto, pero no se discute su viabilidad y efectividad.

Resulta entonces una burla el armar toda la historia que se ha montado con la Reforma Tributaria para tener solo un objetivo: desmontar los parafiscales. Tocará esperar los decretos reglamentarios para que saber a ciencia cierta los impactos y los alcances de la pretendida equidad y eficiencia tributaria. Mientras tanto todo es especulación, es bien difícil saber si los recursos alcanzarán para lo que espera el Gobierno o, por el contrario, las cuentas, como bien lo plantea la contraloría, pueden ser un tanto alegres. Y esto tiene su explicación en los cambios de las bases tributarias, en los gastos no descontados y sobre todo, al gravar las utilidades, en las contabilidades creativas de las empresas.

Este país sigue haciendo arrojos fiscales significativos, con figuras, para quienes han podido obtenerla que obviamente son las grandes empresas, como las zonas francas, los acuerdos de estabilidad jurídica, la deducción de la inversión en activos fijos, la eliminación de tributos a las remesas, el descuento de los dineros a las regalías por parte de las empresas mineras, entre otros; y ahora se eliminan los parafiscales, sin que la sociedad, como un todo, reciba los beneficios. Mientras no se comprometan directamente a las empresas beneficiadas con el cumplimiento de metas de formalización y empleo decente, todo esto será solo demagogia legislativa, herramientas para la acumulación y la concentración del capital; para mantener una informalidad laboral que supera el promedio de América Latina y seguir ocupando vergonzosos puestos de desigualdad.

Y así la señora Legarde habla de estar haciendo bien la tarea… aplicando las mismas recetas con las que el FMI no ha podido sacar a EEUU y a Europa de la crisis, es más con las mismas que desde hace 40 años promueve a favor de las grandes empresas, de los grandes capitales mundiales.

Amylkar D. Acosta Medina 

Miembro de Número de la ACCE 

“La verdad oficial es la administración prudente de la falsedad”

José Ortega y Gasset

El déficit fiscal es estructural

A semejanza del temido precipicio fiscal en EEUU, que puede precipitar a la primera potencia económica del mundo a una nueva recesión, Colombia se vería abocada más pronto que tarde a una encrucijada parecida por cuenta de una política fiscal improvidente e imprevisible. Y no decimos esto a humo de paja ni queremos ser agoreros de desastres, simple y llanamente queremos alertar sobre la gran crisis fiscal que se viene incubando, en donde el Gobierno central es el mayor responsable. El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en defensa de su proyecto de reforma tributaria insiste una y otra vez que el Gobierno no aspira a obtener a través de ella mayores recaudos y por ende su efecto neto sería neutro. Aunque prima facie ello resulta plausible, a mediano y largo plazo se puede convertir en una trampa mortal.

El eufórico Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega se ufana de los niveles de recaudo del año anterior, que bordeó los $84 millones (13.6% del PIB) y aspira cerrar este año en $100 billones. La autocomplacencia no puede ser mayor, pero aparte de que dicho mayor recaudo responde a la coyuntura de estos últimos años, aupada por el boom minero-energético, que no es perdurable, dicho recaudo resulta insuficiente para cerrar la brecha entre ingreso tributario y el gasto total de largo plazo. Como lo sostiene el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega “se está recaudando el 14% del PIB en el mejor escenario, mientras que Brasil paga el 34% del PIB”1. Esta carga impositiva está por debajo del promedio de América Latina, que se sitúa en el 17.1% y es el segundo más bajo entre las principales economías de la región, después de Venezuela. Y ello obedece en gran medida a la proliferación de beneficios tributarios que erosionan la base impositiva.

Como lo plantea un estudio reciente elaborado por expertos para la Contraloría General de la República, “el aumento del recaudo durante el periodo 1990-2011 no ha permitido cerrar la brecha para atender el gasto primario (gasto total sin intereses de la deuda) y, mucho menos, el gasto total2. Las finanzas públicas presentan un déficit estructural desde hace varios años que alcanza un valor cercano al 4,5% del PIB, mientras que la economía está creciendo a ritmos superiores o cercanos al de su nivel potencial3. Los limitados recursos no permiten que el Estado Colombiano cumpla cabalmente con las responsabilidades de Gasto Público. Las deficiencias en infraestructura (básica, tecnológica y científica), por ejemplo, aunadas a las relacionadas con la estructura institucional y la legislación empresarial, y otras propias del sector empresarial, provocaron, entre 2011 y 2012, un descenso de 6 puntos en el escalafón de competitividad, lo que dejó a Colombia en situación muy precaria: en la posición 52 entre 59 países”4.

En tales circunstancias, seguir por la misma senda de “disminuir la presión tributaria sobre las empresas” y “un alivio a la inversión” dizque para “generar más empleo” no conduce a otra parte distinta que a la reducción de la productividad del sistema impositivo aplicable a las empresas que son las mayores beneficiarias del gasto tributario. Según reciente estudio del Banco Mundial éste tiene un peso del 4.5% del PIB, del cual 2.1 puntos corresponden al IVA y 2.4 puntos a renta, especialmente de las empresas5. No es fortuito, entonces, el hecho que revela el estudio in comento:la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta de las empresas, que es la que realmente cuenta, oscila entre el 3% y el 5%, lo que es una barbaridad. Con razón “la productividad del impuesto de renta de las Personas Naturales es casi cuatro veces superior a la de las Personas Jurídicas”6. Y es eso lo que se pretende con la reforma tributaria que se tramite en el Congreso de la República al buscar la eliminación de las mal llamadas “cargas” parafiscales a las empresas, con las cuales se financian el SENA y el ICBF y de contera bajándole el impuesto de renta a las empresas del 33% al 25%.

Las cuentas no cuadran

Claro que se alega por parte del Gobierno que si bien es cierto se le baja el impuesto de renta a las empresas, estas ahora tendrían que pagar un nuevo impuesto, el denominado Contribución sobre la Renta Empresarial para la Equidad (CREE) del 8%, cuyo producido por cada punto porcentual sería a lo sumo, según el Gobierno, un 20% mayor, aproximadamente. No obstante, según las cuentas del estudio contratado por la Contraloría General de la República al bajar la tarifa nominal del impuesto de renta del 33% al 25% “el recaudo pasaría de $19.4 billones a cerca de $14.8 billones, es decir una diferencia de $4.6 billones que va a dejar de percibir la Nación. Lo que aunado a la eliminación de los parafiscales del SENA e ICBF y la contribución de salud, le significarían al Gobierno nacional un costo fiscal cercano a los $12 billones, que en nada van a contribuir a mejorar la productividad del impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas, que ya de por si es bastante baja (0,15)”7. Esta suma se compensa en parte con los $6 billones que se espera recaudar por concepto del CREE, “obteniéndose una pérdida neta para la Nación y consecuentemente una ganancia para las empresas – personas jurídicas – cercana a los $6.3 billones. En consecuencia, se agudizaría el déficit de la Nación y se podría agudizar la inequidad de la estructura tributaria a favor de las personas jurídicas con mayores ingresos, entre otras consecuencias”8. Pero, como se ha dicho que esta reforma es neutra, que con ella no se busca mayores recaudos, este descalce se tiene que corregir de alguna manera y esta no es otra que los mayores recaudos con la reforma del IVA y la creación de dos nuevos impuestos, el Impuesto Mínimo alternativo Nacional (IMAN) y el que gravaría el consumo. ¿Pero sobre quién recaerían estos mayores tributos? La respuesta es sobre los ingresos por concepto de sueldos, salarios y honorarios de las personas naturales, porque aquellos provenientes de las rentas de capital, como los dividendos, seguirán exentos.

Se aduce, sin mayores argumentos, por parte del Gobierno que con la propuesta de remplazar los parafiscales por el nuevo impuesto CREE el SENA y el ICBF saldrán fortalecidos. Supuestamente, recibirán “en el caso del ICBF $300.000 millones más; para el SENA $450.000 millones adicionales y para la salud $503.000 millones”9. Pero, tales proyecciones están hechas sobre la base de un crecimiento de la economía del 4.8% que no se va a dar y una sobreestimación de los ingresos provenientes del sector minero – energético. La Junta directiva del Banco de la República en su última reunión llegó a la conclusión que debido a factores internos y externos, como son la baja de la demanda y la crisis de la economía global han repercutido en un menor crecimiento de las exportaciones y una caída de la producción de la industria nacional. Por ello, revisaron a la baja su proyección del crecimiento del PIB para este año, “con 4.3% como la cifra más probable”10. Y ello, como es apenas lógico arrastra hacia la baja las utilidades que son la base gravable del CREE.

La apuesta por el sector M – E

Se aduce también por parte del Ministro de Hacienda que “tenemos sectores que crecen mucho, pero que no generan empleo”11 refiriéndose al sector minero – hidrocarburífero, para señalar que “quienes tienen más utilidades son las empresas minero – energéticas, que generan poco empleo”12 y se trata justamente de gravar las utilidades con el CREE, pero al mismo tiempo que se les exime de pagar los aportes y contribuciones aludidos. Es más, a juicio del Ministro “es más equitativo gravar las utilidades que gravar el empleo, y que paguen las compañías o sectores que han tenido éxito financiero, pero que no generan muchos empleos, como es el caso de las compañías mineras”13. Basar las expectativas de los mayores ingresos en sectores como el minero – energético, caracterizado por su gran vulnerabilidad y por la gran volatilidad de los precios de los productos básicos, como son el petróleo y el carbón, generan una gran incertidumbre en cuanto a los ingresos que se esperan del mismo. Como lo sostiene el gurú de la economía Jeffrey Sachs, “no crean que los precios altos del petróleo, el carbón u otros productos van a ser permanentes”14.

De hecho el boom minero – energético ya ha perdido mucha de su fuerza e impulso y se encuentra en este momento en su cuarto menguante. A guisa de ejemplo, digamos que en el caso del carbón en los últimos dos años el precio internacional de una tonelada cayó el 50%, al pasar de US $150 la tonelada a sólo US $80. El caso del petróleo es patético, el Gobierno asume que su precio promedio para el año entrante será de US $101, en momentos que la tendencia es hacia la baja. Pues bien, por cada dólar que pierda el precio por debajo de dicha cotización los ingresos fiscales del Gobierno se reducirán en $302.000 millones (¡!). De hecho este año no se va a poder cumplir con las metas de exportaciones ni de petróleo ni de carbón, porque el mercado se está contrayendo. Si se quiere que estos sectores contribuyan en mayor medida al desarrollo del país porque más bien no se revisa la tarifa efectiva de impuestos a la renta que vienen pagando así como la de las regalías, para mejorar de esta manera los ingresos que recibe la nación y las entidades territoriales como government take. Porque mientras se den situaciones tan aberrantes como la deducción del impuesto de renta lo que pagan por concepto de regalías este seguirá siendo exiguo.

El efecto sobre el SGP

Además, como ya tuvimos oportunidad de plantearlo, al bajar el impuesto a la renta de las empresas del 33% al 25% y crear el nuevo impuesto del CREE del 8% se afectan los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)15. Ello, en cuanto a que en la medida en que el recaudo del CREE tiene destinación específica deja de ser de libre destinación. En un principio, el Gobierno lo negó y manifestó que esta afirmación era parte de la desinformación por parte de los críticos del proyecto; pero, a la postre, aceptó que sí le restaba recursos muy importantes al SGP, cuyos recursos tienen como destinación específica la salud, la educación y el saneamiento básico en las entidades territoriales. Y reiteramos que con ello se estaría abriendo un hueco para tapar otro.

En respuesta a estos cuestionamientos y ante la presión de congresistas, gobernadores y alcaldes que no tragan entero, se propuso por parte del Gobierno una fórmula que está contenida en el parágrafo 6 del artículo 28 de los 192 con que fue radicada finalmente la ponencia. En el mismo se establece claramente que “a partir del 1º de enero de 2017, la suma equivalente al ochenta por ciento (80%) del recaudo anual del impuesto para la equidad CREE hará parte de la base de cálculo de liquidación del Sistema General de Participaciones”. Pero la Constitución Política dice otra cosa diferente: “se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución”16. Y dado que esta norma es de rango constitucional, no se puede cambiar a través de la Ley. Además, se deja en claro en el Parágrafo 6 del mismo artículo que “lo anterior no implica la transferencia de este impuesto a las entidades territoriales, ni el desconocimiento de su destinación específica, la cual se cumplirá en los términos de la presente ley”. Es decir, el recaudo del CREE se tendrá en cuenta sólo para calcular el monto de las transferencias a través del SGP. Cabe, entonces, preguntarse con qué recursos se podrá suplir aquellos que dejan de estar en la base de los ingresos corrientes para hacer efectivas dichas transferencias a las entidades territoriales.

Pero, lo más grave está en el inciso segundo del Parágrafo 5 del artículo 28, cuando dice a la letra que “el nuevo impuesto para la equidad CREE no formará parte de la base para la liquidación del Sistema General de Participaciones de que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Como es bien sabido, según los cálculos del Gobierno entre los años 2013, 2014, 2015 y 2016, que son los que servirán de base para el cálculo de liquidación del SGP17, se reducirán los recaudos por concepto del impuesto de renta a las empresas entre $8 billones y $10.9 billones. Es decir que “los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores” no sólo no van a crecer sino que van a tener una caída estruendosa. Nadie explica de dónde van a salir los recursos para suplir los que se le van a sustraer al SGP al pasar el impuesto a la renta de las empresas del 33% al 25%. De esta manera se va agrandando el hueco fiscal de las finanzas del Gobierno central, que se verá a gatas para cumplir con sus erogaciones.

De falacias y mentiras

Por ello me parece muy puesta en razón la conclusión del estudio de la Contraloría general, en el sentido que “el desmonte de los aportes a ICBF, SENA y salud van a ser financiados por el nuevo impuesto CREE. Aunque la base gravable es un tanto diferente al impuesto a la renta, al igual que éste depende finalmente de las utilidades, y queda vinculado al ciclo de la actividad económica, lo que genera un alto riesgo fiscal en la medida en que ante una caída del producto, la financiación de dichas instituciones dependerá en gran parte del presupuesto general, el cual se verá afectado a su vez por la caída o el menor crecimiento de los ingresos tributarios”18. Se sigue de lo anterior que “la tendencia sería entonces a un aumento del déficit del Gobierno Nacional y a un incremento de la deuda en época recesiva. Si a esto se añade que el Gobierno debe actuar bajo el marco de la regla fiscal, que le limita la capacidad de aumentar el gasto más allá de cierto límite, la financiación de estas entidades puede entrar en conflicto con otras partidas presupuestales”19. En tales condiciones que asidero pueden tener las palabras del Presidente Santos cuando plantea, refiriéndose al SENA y al ICBF, “una salvaguarda que les garantiza a estas entidades unos recursos mínimos para que sus presupuestos crezcan cada año al menos dos puntos por encima de la inflación”20.

Extrañamente, después que el Presidente Santos en campaña fue tan categórico en afirmar que “creo que no se deben desmontar los parafiscales, porque cuando hace el análisis costo – beneficio sobre esa decisión, resulta que el beneficio es mucho menor que el costo”, ahora está proponiendo su eliminación. Y ante la pregunta de si los parafiscales eran un obstáculo para la creación de empleo, su respuesta fue un rotundo “no creo”, para afirmar ahora como Presidente que esta decisión “permitirá a las empresas, especialmente en sectores como confecciones, banano, café y flores, crear empleos formales y dignos”21. Con razón la política y los políticos se han desprestigiado tanto, porque prometen una cosa y hacen otra; bien se ha dicho a este propósito que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa.

No se pueden descalificar como “mentiras y falacias”22 al Banco Mundial, cuando asevera que “una reducción generalizada del impuesto constituiría un instrumento particularmentedesfavorable para incrementar el empleo formal desde una perspectiva costo – beneficio”23. Como lo acota el profesor Stefano Farné, Director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia, “esta no fue la única indicación del Banco Mundial desatendida por el Ministerio de Hacienda.

El mencionado informe alerta que usar las solas elasticidades empleo – costos laborales (el porcentaje en que aumenta el empleo cuando disminuye el costo laboral) para estimar el efecto ocupacional de una rebaja en los impuestos al trabajo es incorrecto, porque sobreestima su verdadero impacto”24. Además, no pasa de ser un sofisma la afirmación del ministro en el sentido que de lo que se trata es de “que es más equitativo gravar las utilidades que gravar el empleo”25, como si se tratara de establecer un gravamen adicional o complementario al que ya venían pagando las empresas, cuando la realidad es que el 8% del nuevo impuesto CREE se escinde del 33% que vienen pagando por impuesto de renta para quedar en el 25%.

El arbolito de Navidad

En medio del aquelarre en que se ha convertido la recta final del trámite de esta reforma en el Congreso han abundado las propuestas de toda índole, las que se le han ido colgando al texto de la ponencia convirtiéndola en una especie de arbolito de navidad. Nada ni nadie quiere quedarse por fuera y, como en río revuelto ganancia de pescadores, vaya uno a saber cuántos simios no se han colado y por ello crece la preocupación tanto entre los congresistas como en el seno del mismo Gobierno, no vaya a ser que se repita el triste episodio de la defenestrada reforma a la Justicia. En medio de este síndrome, la amenaza en ciernes que habíamos denunciado de echarle mano también a los recursos de las cajas de compensación familiar se tradujo en una propuesta que ya está en el articulado de quitarle uno de cuatro puntos porcentuales, esto es el 25% de sus recursos, para destinarlo a la financiación de las universidades públicas.

Aunque el objetivo es loable el medio es vitando; por qué más bien no se propone un impuesto del 4% sobre los dividendos, como lo había propuesto el ex ministro Juan Carlos Echeverri y ahí sí un punto o dos del recaudo por dicho concepto se le da dicha destinación. O por qué no restablecer el impuesto del 7% a la remesa de utilidades y con cargo a tales recursos contribuir a la financiación de la Universidad pública. Es bueno recordarles a los parlamentarios y al Gobierno que las cajas de compensación cumplen una función social de la mayor importancia. Se trata, nada menos, que de la atención integral a la niñez, la educación, la jornada escolar complementaria y la recreación. Y a quienes priven en su primera infancia y en su adolescencia de tales servicios jamás podrán pisar una universidad pública ni privada. Piénselo bien, antes de dar al traste con una institución benemérita y de amplio reconocimiento en el país nacional.

Es deplorable que el recinto del Congreso no hubiera servido para que se adelantara un debate a fondo sobre el contenido de esta reforma, que sólo el lunes a altas horas de la noche se radicara la ponencia, cuya aprobación se intentó ferrocarrilear sin éxito y estuvo a punto de hundirse el día de ayer. El debate, si así puede llamarse, se ha dado es en la Casa de Nariño sentados a manteles los congresistas con el alto gobierno, a espaldas del país. Qué diferencia entre el debate que se escenifica en EEUU en torno a los riesgos del precipicio fiscal entre demócratas y republicanos, en donde salen a relucir las posiciones ideológicas de uno y otro partido en torno a la que debe ser la política fiscal. Desafortunadamente en Colombia el adocenamiento doctrinario de la mayoría de los partidos ha terminado por convertirlos en simples agencias de avales y quienes los representan coinciden con Revel en la creencia de que las ideologías son simples señales de tránsito.

Conclusiones

Contrariamente a los anuncios que se hicieron cuando se habló por primera vez por parte del Gobierno de una reforma tributaria, en el sentido de que se trataba de simplificar el Estatuto tributario, de aprobarse el texto que se discute este será mucho más farragoso y confuso, lo cual contribuye a estimular la evasión y la elusión tributaria en desmedro del fisco.

La neutralidad que se predica de esta reforma lejos de ser una virtud de la misma es su talón de Aquiles, pues en la práctica lo que se daría con ella es una recomposición de la carga impositiva a favor de las rentas de capital y en detrimento de las rentas de trabajo. Adicionalmente, en la medida que no se aumentan los recaudos persistirá la brecha con respecto al gasto público, lo cual se traduce en la continuidad de un déficit fiscal estructural del Gobierno central. Este no se corregirá, mientras se mantenga el cúmulo de gabelas impositivas, que no se tocan en este proyecto de reforma, las cuales perforan la base impositiva convirtiéndola en una especie de queso gruyere.

Como los sostiene el estudio de la Contraloría general de la República, esta propuesta de reforma está muy lejos de promover una mayor equidad en la tributación y la mejora en la distribución del ingreso, medida por el coeficiente Gini, es ínfima. Seguiremos con un Estatuto tributario que no se ciñe a “los principios de equidad, eficiencia y progresividad”26 consagrados en la Carta.

Preocupa sobremanera la suerte del SENA, el ICBF y del Sistema de Seguridad Social en Salud, porque, de cambiarse la fuente de su financiación como lo propone el Gobierno, la misma estaría dependiendo del ciclo económico y de los altibajos del crecimiento del PIB. Y no es ninguna garantía la “salvaguarda” del presupuesto, pues es bien sabido que este siempre vive desfinanciado y en últimas sus recursos estarían supeditados al “espacio fiscal” que encuentren en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que expide cada año el Consejo de Política Fiscal (CONFIS) del Ministerio de Hacienda, instrumento este que obedece a su vez a la Ley que estableció la Regla fiscal27.

Y de paso, al sustraerle al impuesto a la renta de las empresas el 8% del nuevo impuesto CREE y quedar la misma en 25% se afectará al Sistema General de Participaciones (SGP), con los cual se verán menguados sus recursos, los cuales tienen como destinación específica la salud, la educación y el saneamiento básico. En fin, se estaría abandonando lo cierto, que son los recursos parafiscales y la cotización en salud con cargo a la nómina por lo dudoso de este nuevo impuesto. Este sería un salto al vacío.

El Gobierno ha respondido a la academia, a los analistas e investigadores que se han ocupado de su propuesta de reforma y han opinado sobre la misma con cajas destempladas. No se refutan los argumentos con argumentos sino con la descalificación de quienes se atreven a disentir de la opinión del Gobierno. El disenso para el Gobierno son “falacias” y “mentiras” y quien expresa un punto de vista que no comparten, para ellos se está desinformando. Al parecer el Gobierno tiene la verdad revelada, que por serla no necesita demostración. Bien dijo el pensador ibérico José Ortega y Gasset que “la verdad oficial es la administración prudente de la falsedad”.

Por todo ello y mucho más, coincidimos con la recomendación del estudio de la Contraloría General de la República, en el sentido que “como consecuencia de los severos cuestionamientos a los que está sujeto el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional en términos del propósito de avanzar hacia una mayor presión tributaria efectiva y a una mayor equidad, progresividad y eficiencia de la estructura tributaria del país, la Contraloría General de la República considera que no sería prudente ni conveniente que se tramitara el proyecto en lo que resta de la presente legislatura, sino más bien que se aplazara su tramitación a la próxima legislatura para dar la oportunidad de tener un debate más amplio en círculos académicos, en el Gobierno y en el mismo Congreso de la República, y por supuesto en la opinión pública, como condición indispensable para acertar con una reforma tributaria que aporte en el proceso de construcción de una sociedad más democrática e incluyente”28.

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1 El Espectador. Octubre, 5 de 2012

2“El sistema tributario de Colombia recauda insuficientes recursos, reproduce importantes ineficiencias, es claramente inequitativo y muy complejo. Desde una perspectiva internacional, la recaudación tributaria resulta insuficiente en comparación con el tamaño del gasto público” (Banco Mundial, 2012, pág. 15).

3“El actual nivel de ingresos tributarios resulta insuficiente en relación al tamaño del déficit fiscal estructural de Colombia. Los ingresos tributarios son insuficientes con respecto al gasto total, esto ha dado origen a un déficit fiscal estructural, estimado en 3.8 por ciento para el Gobierno Central en 2010” (Banco Mundial, 2012).

4 Anuario de Competitividad Mundial – International Institute for Management Development (IMD). Resultados para Colombia 2012. Observatorio de Competitividad. Dirección de Desarrollo Empresarial. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Mayo de 2012. Tomado:http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3039-competitividad-colombia-va-perdiendo-el-ano.html

5 Banco Mundial. El gasto tributario en Colombia. 2012

6 CGR. Comentarios al proyecto de reforma tributaria. Documento preliminar. Noviembre, 29 de 2012

7 Ídem

8 Ídem

9 El Espectador. Diciembre, 12 de 2012

10 El Tiempo. Diciembre, 8 de 2012

11 Portafolio. Septiembre, 28 de 2012

12 El Tiempo. Septiembre, 30 de 2012

13 El Heraldo. Noviembre, 3 de 2012

14 Portafolio. Agosto, 12 de 2012

15 Amylkar D. Acosta M. Asalto al SGP. Diciembre, 1 de 2012

16 Constitución Política. Artículo 357

17 Acto legislativo 04 de 2007

18 CGR. Comentarios al proyecto de reforma tributaria. Documento preliminar. Noviembre, 29 de 2012

19 Ídem

20 El Tiempo. Alocución presidencial. Diciembre, 13 de 2012

21 El Tiempo. Diciembre, 13 de 2012

22 El Tiempo. Presidente Juan M. Santos. Alocución Presidencial. Diciembre, 13 de 2012

23 Banco Mundial. Estimating the impact of labor Taxes on Employment

24 El Espectador. Noviembre, 29 de 2012

25 El Heraldo. Noviembre, 3 de 2012

26 Constitución Política. Artículo 363

27 Ley 1473 de 2011

28 CGR. Comentarios al proyecto de reforma tributaria. Documento preliminar. Noviembre, 29 de 2012

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0333/articulo01.html