La reforma tributaria: entre falacias y espejismos
Amylkar D. Acosta M*
razónpublica.com
Voceros del neoliberalismo vienen diciendo que “conviene que bajen los salarios en términos reales para hacer caer el desempleo”; con este argumento se han llevado a cabo las reformas tendientes a “flexibilizar” la legislación laboral.
Presentada como una simplificación
inocente del sistema, la reforma va camino de ser una reforma laboral soterrada
y regresiva.
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Una caja de Pandora
Como dijo Marroquín, “es flaca
sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se
espera”.
Pues bien: después que el gobierno
había descartado presentar el proyecto de reforma tributaria, por lo menos en
este segundo semestre, después de muchas vueltas y revueltas, el nuevo ministro
de Hacienda Mauricio Cárdenas anunció que lo presentará este lunes a la
consideración del Congreso.
En lo que sí coincidían los ministros
entrante y saliente, Juan Carlos Echeverri, es en que dicho proyecto de reforma
no tendría pretensión distinta de simplificar el farragoso estatuto tributario.
Según el ministro Cárdenas, “desde la Constitución del 91 es la primera vez que
se introduce una reforma tributaria en la que el objetivo no es aumentar el
recaudo sino corregir problemas”[1].
Pero a medida que pasan las horas más
parece una caja de Pandora que una reforma anodina:
Se habla de reducir tarifas del IVA, que puede terminar en una
nivelación por lo alto. Se dice que hay que rebajar la tarifa al impuesto de renta a las
empresas del 33 al 27 por ciento supuestamente “para que haya más empleo
formal”[2] y de contera se propone el desmonte de los parafiscales, que no son
otros que los aportes de las empresas al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación
familiar. Así las cosas, este proyecto de reforma tributaria ha terminado
trastocándose en una reforma laboral de hondo calado.
Según dice el ministro, “el Gobierno
está convencido de que la única forma de elevar la competitividad y la
formalidad es reduciendo las barreras de entrada al mundo formal, a la economía
moderna”[3]. Y para él, entre las principales “barreras” están las que
consideran como “cargas” parafiscales, que no son otras que las prestaciones
sociales, aportes a la seguridad social y los aportes para el SENA, el ICBF y
las cajas de compensación familiar.
Cárdenas en todo caso hace la salvedad
de que cualquier decisión para hacer más atractivo el enganche de mano de obra
productiva y bien remunerada “no se hará a expensas de los beneficios que hoy
tienen los trabajadores (salud, pensiones, afiliación a las cajas), pues de lo
que se trata es de ver cómo se financia la política social” [4]. Y este es el
gran problema; no han faltado quienes, como Fedesarrollo o Salomón Kalmanovitz,
planteen que la alternativa sería financiar este “extracosto” laboral mediante
el Presupuesto General de la Nación.
Pero, no estamos hablando de montos
irrisorios. Sólo por concepto del 9 por ciento de aportes al SENA, al ICBF y a
las cajas de compensación se hicieron erogaciones del orden de los $7.8
billones (¡!) en 2011. ¿De dónde saldrían estos recursos, si el mismo
Kalmanovitz considera que los $86.6 billones recaudados por el gobierno central
en 2011, que representan el 14.4 por ciento del PIB, son insuficientes para
corregir el déficit crónico de sus finanzas? [5].
Así las cosas, este sería un salto al
vacío que pondría en riesgo la estabilidad y hasta la supervivencia de estas
entidades tan caras para el país nacional. Y, entre otras cosas, según providencia
de la Corte Constitucional, el subsidio familiar le ha sido reconocido el
carácter de derecho fundamental, ligado al concepto de mínimo vital que
prescribe la Carta [6].
Un estudio reciente de EAFIT concluyó
que “en cuanto a la eliminación de los aportes parafiscales, generará en
promedio 224 mil empleos, reduciendo la tasa de desempleo en 1.6 por ciento en
el primer año. Pero ello a costa de un aumento del déficit fiscal de 0.7 puntos
del PIB, haciendo más complejo el manejo fiscal…Si se toman medidas
compensatorias para evitar el deterioro fiscal, los efectos se reducen
considerablemente, generando apenas 128 mil empleos en promedio” [7].
El mito de los parafiscales
No se de dónde saca el ministro
Cárdenas que “la única forma de elevar la competitividad y la formalidad” es
“descargar a las empresas de algunos pagos, como los parafiscales o
contribuciones a la salud”. A Colombia le fue muy mal en el Informe del Foro
Económico Mundial (FEM) 2012 – 2013: en lugar de progresar en competitividad,
retrocedimos del puesto 68 al 69 entre 144 países; perdimos 3 puestos en
eficiencia (del 60 al 63), 5 puestos en innovación (del 61 al 66). Y lo peor
fue el indicador de las instituciones, con una caída de 9 casillas, al lugar
109.
Es más: entre los 12 pilares y las 114
variables que componen el Índice de Competitividad, no resulta relevante la
incidencia de las “cargas” a través de la nómina. La única referencia al
aspecto laboral son la preocupación por el deterioro en las relaciones obrero-
patronales (del puesto 46 al 65), la pérdida de flexibilidad para determinar
los salarios (del 50 al 80), contratar o despedir (del 70 al 88) y la menor
participación de la mujer en el mercado laboral (del 54 al 95).
En la más reciente Encuesta de Opinión
Empresarial Conjunta de la ANDI [8], al indagar por los factores que más
rebajan la productividad, se destacan la volatilidad de la demanda, el
abastecimiento de materias primas, la logística, la falta de mano de obra
capacitada, el costo de materias primas, la alta competencia, y el clima, pero
en ninguna parte se alude a los altos costos salariales.
Desafortunadamente, como sostiene
Andrés Oppenheimer, “Colombia está demasiado obsesionada con el TLC y poco
obsesionada con la productividad”. De lejos, constituye un escollo mayor para
la competitividad es el retraso en materia de infraestructura. Y a esto le
siguen las falencias en materia logística: dijo hace poco el Director de la
Asociación Nacional de Exportadores (ANALDEX) que “ya nos equiparamos en
términos de aranceles con nuestros competidores para llegar a los mercados,
pero los extracostos logísticos nos matan” [9]. No los extracostos laborales.
Valga decir que en otro tiempo se
alegaba que el éxito de los tigres asiáticos y luego del dragón chino se debía
sobre todo a las diferencias salariales, que eran abismales hasta hace diez
años. Pero esto ha cambiado, y mientras los salarios en Colombia se estancaron,
los de China han mejorado ostensiblemente.
De hecho nos estamos nivelando por lo
bajo Colombia. Según un informe de la OIT, Colombia y China, junto con México,
Egipto, India y República Dominicana, se cuentan entre los 20 con los peores
salarios de una muestra de 70 países. Mientras en Colombia el salario promedio
no alcanza a 725 dólares (1'300.000 pesos), en China es de 656 dólares; en
México, de 609 dólares; en Egipto, de 548; en República Dominicana, de 462, y
en India, de 295 dólares. Muy lejos de los 1.480 dólares, que es el promedio
del salario mundial.
La misma cantaleta
Hace más de 20 años los voceros del
neoliberalismo vienen diciendo que “conviene que bajen los salarios en términos
reales para hacer caer el desempleo”[10]; con este argumento se han llevado a
cabo las reformas tendientes a “flexibilizar” la legislación laboral.
En Colombia esa reforma comenzó con la
Ley 50 de 1990, reforzada en sus propósitos por la leyes 590 de 2000, 789 de
2002 y más recientemente por la 1429 de 2010. Todas ellas del mismo corte y con
la misma suerte: un rotundo fracaso, porque como afirmó Albert Einstein “locura
es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.
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