Justicia restitutiva en la crisis de la salud
Fernando Galindo G.
elespectador.com
La presión ejercida por la sociedad civil ante el Gobierno para cambiar el modelo de salud dominado por las EPS se exacerbó con las denuncias del senador Robledo en el debate del 22 de mayo, sobre los nexos de funcionarios públicos con esas empresas. Mencionó ministros que de una u otra manera establecieron relaciones de “intereses particulares” con las EPS, antes de integrar el gabinete.
La alusión al fiscal general Montealegre suscitó mayor incertidumbre sobre la suerte de los procesos que el ente investigador y acusatorio debe adelantar con los hallazgos de la contralora Morelli, en relación con los recursos de la salud. Robledo enumeró los contratos que desde 2006 el abogado Montealegre suscribió con Saludcoop, entre los que estuvo el proceso de conciliación en el Tribunal Superior de Cundinamarca, por la apropiación de recursos parafiscales en cuantía de $600.000 millones. El tribunal falló en contra de esa reclamación, confirmando la doctrina de que los recursos parafiscales son dineros públicos. Afirmó el senador Robledo que “la Fiscalía es aliada de las EPS”.
La investigación preliminar en la Sala Penal de la Corte Suprema a la exsenadora Gutiérrez, con base en las pruebas presentadas por la contralora Morelli, que demostrarían el beneficio a Saludcoop en el proceso de la reforma a la salud, evidencia que el sistema de salud es corruptor de las instituciones del Estado. Agregó Robledo que “el verdadero Ministerio de Salud es el cartel de las EPS”.
Independientemente del nuevo modelo de salud que se proponga, similar al vigente en naciones desarrolladas, como Canadá, Alemania o Inglaterra, o de factura propia, se debe considerar, concomitantemente, el proceso de justicia restitutiva, para que quienes se apropiaron ilícitamente de los recursos de la salud los restituyan con las indemnizaciones correspondientes al daño emergente, lucro cesante y daño moral y social infligidos a los colombianos por tal delito. Aquí se aplica el concepto de Villarán Rodrigo, (Revista de Ética y Filosofía Política, Nº 12, 2009): “Corresponde reflexionar sobre la justicia como restitución, cuando la corrupción en leyes y actos humanos prolifera cínicamente”.
En el caso de la salud, por tratarse de un derecho ligado a la dignidad humana, el perjuicio se extiende al daño de impedirles a los ciudadanos alcanzar lo que estaban en vías de poseer. Los analistas del sector sostienen que se recaudan cerca de $43 billones anuales, suma que en cualquier país proporcionaría los más altos estándares de bien-vivir y gozo pleno del beneficio de la salud. Se calcula que en la intermediación perversa de las EPS desaparecen, en diferentes maniobras, cerca de $20 billones.
Los colombianos anhelamos que la audacia del presidente Santos en otros sectores del quehacer nacional se refleje en la transformación de la salud, para convertir las injusticias en justicia restitutiva.
*Fernando Galindo G. Doctor en cirugía dental.
