Empleo y política de concertación salarial
José Arlex Arias Arias
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Cada año asistimos a la comedia que, con unos actores principales con características autárquicas e imponentes -Gobierno Nacional y Empresarios- y otros secundarios -Centrales Obreras y Pensionados-, debilitados por los primeros, tiene los mismos argumentos que pretenden mostrar a los colombianos una supuesta política de concertación salarial, que es una de las causantes de la miseria, pobreza, desigualdad e iniquidad a la que han llevado a la población.
Si partimos del hecho aceptado de que la equidad en el salario -pagar a cada uno aquello a lo que tiene derecho- es una de las formas de redistribución de la riqueza, y de que la política de concertación salarial de las dos últimas décadas no ha hecho otra cosa que concentrar la riqueza en las cuentas bancarias de los empresarios, podemos concluir, sin hacer mucho esfuerzo, que dicha concertación ha estado al servicio de ese poder y no precisamente para beneficio de trabajadores y pensionados. No puede darse una concertación salarial sin antes resolverse la política de la calidad del empleo puesto que, los acuerdos para aumentar los ingresos de los trabajadores sin la existencia de un marco jurídico que garantice la remuneración con un salario digno, se convierte en destemplado “canto a la bandera”.
En Colombia se presentan tal cantidad de hechos sobresalientes -de todo tipo-, a un ritmo tan frenético, que el pueblo pierde su capacidad de asombro -ayudado además por la campaña mediática de alienación- y olvida una cosa tras otra. El pasado mes de octubre la Procuraduría General presentó un informe sobre la vinculación laboral en Colombia, el cual quedó durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles de los grandes medios de comunicación, sólo porque su revelación no les hace bien a sus dueños, que son los grupos económicos y empresarios.
Según el estudio, “63% de los trabajadores gana menos del salario mínimo y el 60% no cuenta con un empleo digno”. En términos castizos, 60 de cada 100 trabajadores son los denominados informales, aquellos que se rebuscan por su propia cuenta, carecen de garantía laboral, prestaciones sociales y seguridad social. La situación es mucho más grave cuando asegura que 63 de cada 100 trabajadores ganan menos de ese salario mínimo que cada fin de año hacen tanto “esfuerzo” por incrementar por decreto -después de la respectiva parodia teatral- de los actores principales y algunos secundarios, en los cocteles del Palacio de Nariño. Esta política ha postrado a la clase obrera al punto que Estados Unidos -que a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y sus multinacionales las impulsa e impone - apoyó el estudio de la Procuraduría con el concurso de la Agencia de Cooperación Usaid. La razón para hacerlo es que esta política ubica a Colombia como el más desigual de Suramérica y tercero en el mundo después de Haití y Angola, además de que el Consejo Económico para América Latina -Cepal- asegurara que esa retribución salarial ha llevado a que en “Colombia el 10% de la población pobre sólo reciba el 0,5% de los ingresos y el 10% más rico, 50% de ellos, convirtiéndolo en una bomba de tiempo social”. El informe de la Procuraduría finaliza con estas conclusiones: en Popayán, Cartagena, Manizales o Pereira son casi nulas las posibilidades de conseguir un empleo con vinculación directa a una empresa; entre 1960 y 2007, el enganche directo de las empresas industriales bajó del 96 al 72%; en marzo de 2011, de cada 100 trabajadores, 48 laboraban sin contrato en las ciudades y 63 en el campo -de los que tienen contrato, sólo la mitad lo firmó a término indefinido-; los contratos de término fijo aumentaron del 10 al 24%; sólo 62% de los trabajadores reciben cesantías y 57% vacaciones remuneradas; y el aumento de la contratación por terceras empresas (temporales o cooperativas) pasó del 3,9% del total de empleo industrial en 1960, al 27,4% en 2007. Mientras el gobierno de Santos insista en mantener esta clase de políticas salariales y laborales impuestas por el Consenso de Washington, evidencia que la concertación es en beneficio de multinacionales y empresarios, por lo que a los trabajadores y pensionados sólo les queda combatirla.
¡Los obreros acuden a la concertación sólo para mejorar sus derechos, no para entregarlos y menos para bendecir una política social que le sea contraria!
http://www.argenpress.info/2011/12/colombia-empleo-y-politica-de.html
