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Palabra de Dios
Ramiro Bejarano Guzmán
EL ESPECTADOR
Se necesita mucho carácter para atreverse a decir que a Alfonso Cano no le respetaron la vida y que lo ajusticiaron, y además sostener que la salida militar al conflicto armado es inútil mientras no haya una solución social.
La frase no es de Piedad Córdoba, tampoco de un militante de la izquierda, menos de uno de los jefes liberales, quienes por estos días andan entregados a la orgía de una constituyente del partido a la que no han sido invitados los copartidarios de a pie, sino preferencialmente congresistas, diputados, concejales, manzanillos y lagartos.
El responsable de este desafío público fue un vocero de la Iglesia católica, el nuevo arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien por fortuna llegó a suceder a monseñor Sarasty, cuya gestión fue desastrosa.
Se necesita mucha convicción para salir a pregonar que el Estado le aplicó la pena de muerte al jefe de las FARC, cuando en este país hay quienes son capaces de expresar su complacencia con la tesis de la eventual ejecución de Cano, como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, cuando otro sacerdote, el padre Llanos, se fue de bruces aplaudiendo la muerte de Raúl Reyes, en vez de rezar un réquiem por su extraviada vida.
Resulta inevitable no inquietarse ante esta hipótesis estremecedora de Monsalve: “¿Por qué no trajeron vivo, por ejemplo, a Alfonso Cano, cuando se dieron todas las condiciones de desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de sesenta años, herido, ciego y solo?, y, ¿por qué encapsular la lucha antiguerrillera en ese marco de traer muertos a los cabecillas, sin agotar el marco ético de la no pena de muerte, de la captura como objetivo legal?”.
Que el Gobierno haya guardado silencio ante tan duras declaraciones, que ponen en tela de juicio la transparencia del operativo donde dieron de baja a Cano, es preocupante. Y lo es más si se tiene en cuenta que hace apenas unas horas el propio presidente Santos le respondió con “furia” a Piedad Córdoba, por dudar que las FARC sean las asesinas de los cuatro uniformados secuestrados. No hay coherencia que en un caso el Gobierno reaccione con “coraje” y en el otro guarde prudente silencio.
El arzobispo no invocó planteamientos propios de su credo católico, como el de que el único que dispone de la vida ajena es Dios. El sustento de su preocupación fue estrictamente constitucional, al recordar que la Carta Política prohíbe la pena de muerte y eso exige un pronunciamiento.
El Gobierno, que acaba de obtener en el Congreso el botín que aprobó la peligrosa y odiosa presunción constitucional para el fuero militar, haría bien en dar respuestas convincentes a las juiciosas reflexiones de monseñor Monsalve. Esta vez nadie podrá decir que quien habló es un auxiliador de los rebeldes ni tampoco podrán acallarlo con una muenda mediática. Ese silencio oficial no le hace bien al Gobierno, pero sobre todo a la historia que está empezando a escribirse.
El llamado de Monsalve tiene además importancia porque no se detuvo solamente en sus dudas sobre el operativo militar, sino que se adentró, con diplomacia, en retomar la estrategia del Acuerdo Humanitario como única salida capaz de ponerle fin a ese drama de los secuestrados que están pudriéndose en la selva. El tremendo interrogante del arzobispo, acerca de lo que estaría pasando con los secuestrados, si Cano en vez de muerto estuviere preso, no es asunto de poca monta.
Y es también muy diciente que ninguno de los jerarcas de la Iglesia católica haya desautorizado a Monsalve. Por primera vez en mucho tiempo vemos un encumbrado pastor utilizando un lenguaje moderado y no guerrerista, y eso es bueno, porque lo único que no nos puede ocurrir, es que esa Iglesia, antes poderosa e influyente, pierda poder de interlocución con los actores del conflicto.
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