Bosques: mucho más que leña para las “locomotoras”[1]
[1] En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se ha señalado que el crecimiento y el desarrollo económico están liderados por cinco “locomotoras”: infraestructura, vivienda, agricultura, minería e innovación.
El 2011 ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas como el año internacional de los bosques: mucho se ha dicho al respecto, pero no está de más recordar que los bosques “albergan el 80% de la biodiversidad del planeta, son refugio de 300 millones de personas y una cuarta parte de la población mundial depende de ellos para su subsistencia”[2]. Este tipo de declaraciones internacionales pueden resultar útiles para llamar la atención sobre los desafíos que, en la actualidad, enfrentan quienes habitan y dependen de los bosques. Particularmente en el caso colombiano, puede servir para llamar la atención sobre el debate pendiente del Estado y la sociedad en su conjunto sobre cómo ocupar el territorio nacional y cómo vivir con y de los bosques, sin afectar su pervivencia.
En Colombia, la cobertura boscosa es de aproximadamente 59.321.000 hectáreas[3], lo que representa el 52% del territorio nacional[4] (IDEAM – Acción Social 2010). Los bosques del mundo tropical, se caracterizan por su heterogeneidad. Por ejemplo, en el país existen alrededor de 56 tipos de bosques que se pueden diferenciar por su composición, ubicación o alcance geográfico, así como por las especies dominantes que, con frecuencia, definen el nombre local del bosque[5].
El área citada incluye los bosques naturales de tierras altas y bajas. En las tierras colectivas de las comunidades negras, principalmente en el Pacífico, hay un traslape de extensos corredores biológicos que se constituyen de bosques húmedos tropicales en la región conocida como el Chocó biogeográfico[6]. Las comunidades negras del Caribe colombiano, también han construido procesos de apropiación territorial en los boques secos tropicales, un ecosistema que está en riesgo de desaparición. No se sabe qué área se traslapa, teniendo en cuenta que el Estado no les ha reconocido ni demarcado el territorio tradicional que ocupan[7] a ninguna de estas comunidades.
Por tanto, no es posible hablar de bosques en abstracto, sin asociar a esas coberturas o tipos de ecosistemas, la presencia, el uso y el manejo que sobre ellos han ejercido las comunidades negras, indígenas y campesinas que los habitan. Es decir, que no es posible hablar de bosques sin gente, de bosques intangibles o de ecosistema prístinos, pues está claro que para el caso colombiano, se trata de bosques habitados y en muchos casos, escenarios de conflicto de donde han sido desplazados cientos de personas o donde han llegado buscando refugio. En el caso de las comunidades negras, el Artículo 21 de la Ley 70 de 1993 asume que las prácticas tradicionales de producción han contribuido a la conservación de los ecosistemas. Los bosques son mucho más que leña o combustible para las “locomotoras”. Son espacios de vida, diversidad y cultura.
Es importante reconocer que en Colombia aún se encuentra pendiente un debate profundo y nacional sobre los bosques, vinculado a otros debates, como los del ordenamiento territorial, el desarrollo rural, la reubicación y el retorno de víctimas del conflicto. Por supuesto, todo ello en la perspectiva de asumir la construcción de las autonomías territoriales de las comunidades étnicas y campesinas habitantes de los bosques. Aunque se cuenta con publicaciones importantes, aún no hemos asistido a una discusión pública y democrática sobre cuál es el modelo de gestión, ordenamiento y conservación de los bosques del país.
Si bien en las últimas décadas se han expedido algunas normas que brindan herramientas para la protección de los bosques, que dejan ver un cambio significativo frente a la situación vivida en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, éstas resultan precarias para atender la magnitud del problema y equilibrar la participación de los actores y los intereses involucrados (empresas, comunidades, gremios, ambientalistas, academia, sociedad civil, entre otros). Así, en contextos como el nuestro las normas de protección pueden resultar (y en la práctica resultan) insuficientes. A continuación presentamos algunos desafíos que deben asumirse en este debate pendiente a propósito de la declaración internacional de la Organización Naciones Unidas.
Un primer desafío que se debe abordar en materia de política pública sobre los bosques, se refiere a su conservación. Sin el ánimo de profundizar en una discusión conceptual sobre las nociones de conservación, queremos resaltar que un imaginario que es necesario derrotar es aquel que dicta que la modernización y el crecimiento de un país dependen de la transformación de sus estructuras ecológicas para dar paso a intensivos procesos de producción económica que permitan la explotación de los recursos, el desarrollo de actividades extractivas y el crecimiento del sector industrial. Si esta idea se mantiene, la conservación estaría asociada a la pobreza y al subdesarrollo: quienes deciden conservar son vistos como enemigos del progreso, ya que este requiere de la transformación parcial o radical de los espacios físicos para dar paso a nuevas estructuras de explotación y producción. En los países pobres o de renta media, la conservación es vista como un ‘lujo’ que no nos podemos dar.
En Colombia, como en muchos otros países del mundo, los bosques han sido intervenidos para la realización de otras actividades productivas. Por ejemplo, la ausencia histórica de una política redistributiva de la tierra ha facilitado, entre otros procesos, que la ampliación de la frontera agraria se haga en detrimento de los bosques. Lo mismo se podría discutir sobre los cultivos de uso ilícito que se dan principal y estratégicamente en regiones boscosas. Sin embargo, la destrucción de los bosques no es un requisito necesario para el crecimiento económico y la generación de ingresos. Existen muchas alternativas para conciliar la satisfacción de las necesidades y la conservación de los bosques. De hecho, algunas experiencias internacionales, como la de Costa Rica, permiten observar cómo a partir de la conservación y protección de los bosques se puede generar riqueza y promover diferentes tipos de aprovechamientos de los mismos.
El segundo desafío es el tipo de modelo de conservación que se pretende construir. Hace algunos años, en una propuesta institucional relativa a la conservación de parques y ecosistemas estratégicos, se consideró que las comunidades campesinas e indígenas que habitaban zonas de parques naturales debían salir de ellas, ya que se consideraba que su presencia en estos lugares era un riesgo para la conservación de estos importantes ecosistemas[8]. Si bien es necesario regular los usos, generar transformaciones y promover relaciones más armónicas entre las comunidades humanas que habitan los bosques y su entorno, también es necesario abandonar la idea de que su conservación se debe realizar de espaladas a las comunidades que viven y dependen de los mismos para subsistir. Esto implica un giro radical, ya que supone abandonar aquellas nociones en las que se separa a los seres humanos de los entornos naturales en aras de su conservación.
Es clave reflexionar sobre las relaciones complejas que construimos con el ambiente, muchas veces con prácticas que llevan a su deterioro y transformación y, en muchas otras ocasiones, generando procesos que promueven su protección y diversificación. Está claro que la política de conservación en el país, ha entendido que no se puede expulsar a los pueblos tradicionales étnicos o no, de los ecosistemas de especial protección. Pero sin duda, persisten enfoques irreconciliables sobre el uso y conservación de los bosques.
Desde una visión integradora de las comunidades con su entorno natural, se pueden generar conocimientos sobre el uso de los recursos naturales para procesos económicos y de subsistencia que contribuyen contribuir y participan de la biodiversidad. Sólo para remarcar un ejemplo, la agricultura familiar campesina, promueve la conservación de espacios como los bosques, genera agroecosistemas diversos que protegen elementos abióticos necesarios para las prácticas agrícolas, como los suelos y el agua. Una comprensión de la conservación desde las necesidades de las comunidades, así como la valoración de estos elementos como sustrato material y simbólico, puede orientar de manera más acorde la formulación de políticas y de planes relativos a la protección de los bosques y la biodiversidad que ellos albergan.
Un tercer desafío se refiere a generar comprensiones de los bosques más allá de las tendencias mundiales que articulan categorías económicas y de conservación que reproducen fuertes asimetrías entre los países desarrollados y contaminantes y aquellos como Colombia, denominados en vía de desarrollo y con grandes porciones de ecosistemas naturales. En torno al tema, en las últimas décadas se han generado valoraciones económicas de los bosques que han llevado a que en los mercados se negocie su uso por medio de bonos y acciones, mal llamados bonos de carbono o bonos de oxígeno. Los bosques, más que cumplir funciones susceptibles de ser monetizadas y comercializadas, son también patrimonios culturales y ambientales de millones de comunidades locales que han convivido con ellos, y por qué no, de toda la humanidad. La reducción de los bosques sólo a variables económicas en los mercados de valores no aporta mayores elementos para comprender su complejidad y la estrecha dependencia que los seres humanos tenemos frente a los mismos. Es necesario que a la hora de emitir bonos y acciones relativos al uso y la conservación de los bosques se tengan en cuenta elementos culturales y sociales estrechamente relacionados con ellos. Por lo tanto, los bosques deben asumirse como espacios en los cuales habitan comunidades, que no sólo cumplen funciones de ‘guarda’.
Este último desafío es el que genera más debate en la actualidad, teniendo en cuenta que por un lado se puede impedir la tala de bosques para proyectos agroindustriales y mineros, pero por otro lado, se compromete la regulación al uso del bosque por períodos de hasta 30 años. Sin duda, varias generaciones de pobladores locales tendrán serias limitaciones al uso de los bienes y servicios ambientales, incluso algunos no podrán ejercer prácticas tradicionales como la cacería o la construcción de viviendas con materia prima proporcionada por el bosque.
Para el Observatorio de Territorios Étnicos, participar y generar espacios para la difusión de este debate es una tarea primordial. No sólo porque una buena parte de los territorios étnicos en el país se traslapan con bosques, zonas de reserva forestal, bosques nacionales, o parques naturales, sino también porque en el ejercicio de sus derechos territoriales estas comunidades tienen el derecho y el deber de participar en los debates nacionales sobre estos ecosistemas, aportando sus conocimientos y experiencia histórica. En los artículos de la presente edición de la página web se encontrarán textos y mapas que desarrollan ideas sobre este tema crucial. El Observatorio quiere analizar con mayor profundidad, qué pasa con los bosques en los territorios de las comunidades negras en el marco de la aplicación de los mecanismos REDD[9].
Así mismo, nos proponemos debatir temas como las alianzas forestales, la política forestal en Colombia, la relación entre bosques y biodiversidad en el territorio de las comunidades negras del Alto San Juan –Asocasan̶ y la situación denunciada en varios medios sobre la tala de árboles y concesiones forestales en Bahía Solano. Además incluiremos entrevistas a expertos en bosques, desde la perspectiva ecológica y desde la experiencia de las organizaciones indígenas y afrocolombianas.
Queda pendiente y será motivo de próximas disertaciones, un análisis de la ocupación del territorio por la población desplazada que habitaba las reservas forestales o los desplazados que encuentran en los bosques un refugio por causa de la guerra. Por supuesto que esta situación es transversal en la intersección entre bosques y conflicto armado y cruza también el debate del ordenamiento del espacio y del los recursos del bosque. Estos son elementos de necesaria consideración en la política de restitución de tierras y en posibles escenarios de posconflicto.
[1] En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se ha señalado que el crecimiento y el desarrollo económico están liderados por cinco “locomotoras”: infraestructura, vivienda, agricultura, minería e innovación.
[2] El Espectador, “Tanto árbol no deja ver el bosque”, 8 de enero de 2011. Disponible en línea: http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-243924-tanto-arbol-no-deja-ver-el-bosquehttp://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-243924-tanto-arbol-no-deja-ver-el-bosque
[3] Entre estos se encuentran los bosques naturales basales, andinos, naturales fragmentados basal y andino.
[4] Incluidos los bosques plantados, que según el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio del Ministerio de Agricultura, tiene 202.000 hectáreas.
[5] En el Pacífico norte de Colombia, es común que los habitantes locales se refieran a los bosques como cativales. El término proviene del cativo (prioretum copaiferae), que es la especie dominante en este tipo de bosque de consociación de tierras bajas.
[6] Este traslape, según el Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC – es de 3.361.645 hectáreas de bosques naturales que corresponden al 5% de este tipo de cobertura para el país y 973.030 hectáreas de vegetación secundaria que representan el 12% del total nacional. Colombia es uno de los países con mayor expresión de la diversidad biológica en todos los niveles en que esta condición se expresa: alfa (especies), beta (comunidades vegetales o tipos vegetales) y gama (ecosistemas) (Rangel, 2005). Información citada en el servidor web del SIAC consultado el 18 de agosto de 2011, disponible en línea: http://www.siac.gov.co/Estado_Ecosistemas_Bosque/Comunidades_afrodescendientes.aspx
[7] En los procesos que el Observatorio ha acompañado en esta región del país, a partir de las metodología de automapeo, se ha podido establecer que más del 50% del territorio ancestral de las comunidades negras de los Montes de María situado en la jurisdicción del municipio de San Jacinto, posee este tipo de ecosistema de bosque seco tropical y ha sido conservado por la comunidad.
[8] Política Parques con la gente estuvo relacionada con un cambio de paradigma, pues la conservación en muchos lugares del planeta se había entendido como ejercicios que no incluían a la gente. En resumen, se trataba de conservar ecosistemas de gran importancia, donde la gente se entendía como amenaza. De acuerdo con Correa (2002) “con la construcción de la política de parques con la gente, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, entidad adscrita al Ministerio del Medio Ambiente encargada de la misión de conservación y de administrar el sistema de parques nacionales naturales, a partir de 1998 se propuso concurrir a dicho proceso con base en las experiencias y particularidades colombianas, y resolver o por lo menos transformar positivamente las conflictividades históricas existentes entre parques nacionales, resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, zonas campesinas y usos urbanos, en una perspectiva de fundamentación de nuevos pactos sociales en torno a la conservación”, ver Correa, Hernán (2002)“La política de “Parques con la Gente”, el conflicto armado interno y el gobierno de la “Seguridad Democrática””,disponible en línea: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/01993/07.pdf
[9] Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada en países en desarrollo (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries).
http://www.etnoterritorios.org/index.shtml?s=a&x=733
http://www.etnoterritorios.org/index.shtml?s=a&x=733
