¡Llueve
dinero!, ¡Elecciones en riesgo!
Agustín
Ricardo Angarita Lezama
Director
Observatorio de Paz y Derechos Humanos Universidad del Tolima
Un
estudio del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del
Tolima,1 demuestra que la pobreza, la miseria y el abandono del Estado en el
departamento se superponen geográficamente con la violencia, la presencia de
actores armados por fuera de la ley y el desplazamiento interno forzado. La
investigación evidencia, en pleno auge de la Seguridad Democrática, un
escalamiento del conflicto armado durante el período 2006-2008 y en algunas
regiones, hasta el 2009. Este escalamiento por parte de las FARC, que es el
principal actor armado ilegal en el departamento, se ha expresado en paros
armados, hostigamiento contra la Fuerza Pública, intensificación de
reclutamientos que involucran a jóvenes, atentados urbanos, secuestros,
desplazamiento forzado, amenazas a candidatos y votantes, retención de cédulas,
bloqueos de caminos interveredales, incineración de vehículos o urnas, etc.
En
el Tolima los espacios territoriales de la pobreza extrema se superponen con
los de la violencia y el desplazamiento interno forzado. Además, en esos mismos
territorios hacen presencia tanto las FARC, los reductos del ELN en el norte
del Tolima, los reagrupamientos armados ocurridos después de la desmovilización
de las AUC y grupos armados al servicio del narcotráfico. Los municipios que
presentaron mayor desplazamiento en el decenio 2001-2010 ordenados de mayor a
menor, fueron: Chaparral, Planadas, Rioblanco; Ibagué, Libano, Ataco; San
Antonio; Rovira, Natagaima y Ortega.
En
el 2011 las FARC continúan siendo uno de los principales factores de perturbación,
especialmente en los territorios donde opera el Comando Conjunto Central “Adán
Izquierdo” que incluye los Frentes 21 “La Gaitana”; 25 “Armando Ríos”; 50
“Cacique Calarcá”; 66 “Joselo Lozada” y las columnas Móviles “Héroes de
Marquetalia”, “Jacobo Prías” y “Daniel Aldana”, que son, especialmente, los
municipios del sur del Tolima.
Las
autoridades han sido enfáticas en negar la presencia de las Bacrim en el
territorio tolimense. Aceptan sólo el accionar de delincuencia organizada.
Tampoco aceptan la permanencia de reductos de paramilitares. No obstante, la
red de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y la formulación de quejas
y denuncias en esa institución y en la Fiscalía por parte de la ciudadanía dan
para pensar cosas diferentes. Así mismo, el mapa de riesgo y presencia de
actores armados de Acción Social registra la presencia de las llamadas Bacrim
en el Tolima.2
Al
parecer la desmovilización de grupos paramilitares como el Bloque Tolima no fue
completa. Se tienen indicios de reagrupación de estos no desmovilizados y el
reclutamiento de desmovilizados a quienes los programas de reinserción no
colmaron sus expectativas, así como de civiles y de ex miembros de la fuerza
pública. La presencia de grafitis en las paredes de las casas de varios municipios,
el resurgimiento acelerado de “boleteos” y extorsiones, la distribución masiva
de panfletos con amenazas o “recomendaciones”, el retorno del cobro del gramaje
en diversas zonas, los cada vez más frecuentes patrullajes por áreas rurales de
grupos uniformados, portando armas de corto y largo alcance, y que no se
identifican como miembros de la Fuerza Pública ni como de la insurgencia, hacen
pensar que los grupos paramilitares siguen existiendo. Según las quejas
presentadas en la Defensoría, estos grupos se comportan como lo hacían los
paramilitares, amenazan, extorsionan y hacen “limpieza social” como lo
ejecutaban los paramilitares y al presentarse ante las comunidades para
obligarlas a desplazarse, lo hacen a nombre de estos grupos.
Las
dificultades o el posible fracaso de los procesos de Reinserción; la lentitud
de los procesos de atención a víctimas de los procesos de Justicia y Paz y de
los programas de desmovilización;3 el auge de la explotación de la minería,
tanto legal como ilegal, en casi todo el departamento; el mercado de la hoja de
coca y de los precursores químicos; la presencia de pequeños cristalizaderos en
diversas veredas; el hurto de combustible con la detección de válvulas que no
comercian con el producto robado sino que sería insumo para la producción de
alcaloides; la detección y judicialización de carteles como los del cilantro,
la cebolla, podrían ser consideraciones explicativas de la presencia de bandas
criminales, aunque las autoridades nieguen este hecho.4
Como
lo reconoce la Defensoría del Pueblo, en el sur del Tolima y en Ataco
especialmente, está sucediendo el fenómeno del repoblamiento, con la llegada
masiva de población afrodescendiente proveniente del Chocó, para trabajar en la
explotación del oro aluvial. Este repoblamiento se constituye en una base
social que es afín a los intereses económicos y políticos de los grupos que los
transportaron hasta el sur del departamento. Sería una estrategia para ocupar
territorios, fragmentar las organizaciones sociales y debilitar los liderazgos
de la comunidad, pero a la vez, podría incidir en el normal desarrollo del
proceso electoral. 5
El
departamento del Tolima, desde el punto de vista político electoral viene
registrando una nueva composición de la fuerzas en contienda. La mayoría de los
caciques electorales y algunos de sus lugartenientes, cayeron en barrena ante
las denuncias y posterior encarcelamiento, por vinculaciones con actores
armados ilegales, especialmente autodefensas. Esta depuración obligada de la
clase política ha permitido el surgimiento de nuevos liderazgos, no todos
frescos ni limpios, que hoy enarbolan las banderas de los maltrechos partidos
tradicionales. Los partidos de oposición también han sentido el efecto de la
crisis de credibilidad y confianza de la ciudadanía. Tanto en los partidos
Liberal y Conservador, como en la U y Cambio Radical se han presentado cambios
y movimientos en sus dirigencias.
La
nueva correlación de fuerzas en lo local, ha transitado con la debilidad de los
partidos políticos, el clientelismo, la corrupción, las maquinarias electorales
y el conflicto armado, que han contribuido a los diversos procesos que
corrompen el voto: monopolio de la fuerza en grupos ilegales, homicidios
políticos que permanecen en la impunidad, atentados y amenazas contra
dirigentes políticos y populares; desapariciones, secuestros y boleteos, y la
desviación ilegal de recursos públicos,6 sumados a una transformación en el
ejercicio electoral, que ha “costeñizado” la política, convirtiéndola en un
proceso donde los fundamental es el dinero para comprar votos y conciencias, no
importando su procedencia.7
En
medio de este panorama, la Defensoría del Pueblo alerta que 14 municipios
presentarían algún factor de riesgo electoral. Según su clasificación, en sólo
dos categorías, nueve municipios estarían en riesgo alto y cinco en riesgo
medio.
Para
las elecciones del 14 de marzo de 2010, según la Misión de Observación
Electoral MOE, 27 de los 47 municipios tolimenses tendrían algún nivel de
riesgo. Once tendrían riesgo medio, 8 alto y 8 extremo.
Para
agosto del 2011 la MOE, actualiza sus datos y presenta a 28 municipios en
riesgo electoral repartidos en dos bloques, uno en el norte del Tolima que
incluye a Mariquita, Honda, Villahermosa, Murillo y Libano. Y otro en el sur,
desde San Antonio hasta Planadas, pasando por Rioblanco, Ataco y Chaparral. En
doce de los 28 que se encuentran en riesgo, la situación sería más grave por la
posible manipulación de la información, la corrupción del voto y el
constreñimiento al elector.8 En el bloque de los municipios del sur el mayor
riesgo estaría representado por las amenazas de las FARC, con algo de presencia
de Bacrim asociadas a la minería ilegal. En el Bloque Norte, es fuerte la
presencia de estructuras armadas ilegales surgidas con posterioridad a la desmovilización
de las extintas AUC, junto con la presencia de las FARC aliadas con los
reductos del ELN. De los 10 municipios que describe el Observatorio de Paz y
Derechos Humanos de la Universidad del Tolima con mayor desplazamiento forzado,
ocho están en la lista de la Defensoría y todos en la de la MOE.
En
otro informe de la MOE al Ministerio del Interior, se da cuenta de 5 municipios
en el Tolima con riesgo electoral por la presencia de reagrupaciones al
servicio del narcotráfico.9 Los informes de las tres organizaciones
consultadas, más la observación empírica de la cotidianidad política local,
coinciden en mostrar dos bloques de riesgo uno en el norte y otro en el sur.
Ibagué, también sería un municipio afectado y en riesgo.
En
el voz a voz, se escucha decir que nunca se había visto tanto dinero como en
estas elecciones. Se dice que el mayor riesgo para unas elecciones limpias
sería la corrupción del voto, especialmente financiada con recursos públicos.
Es decir, la plata del Estado, utilizada para beneficio particular y
politiquero, sería la que definiría las elecciones. Lo real es que el derroche
es evidente: vallas, pancartas, pendones y pasacalles electorales inundando el
paisaje, saturación de emisión de cuñas radiales, perifoneos en barrios y veredas,
afiches en sitios prohibidos como postes y lugares públicos y regateos por
compra de líderes y apoyos electorales. Las denuncias sobre la presencia de
funcionarios públicos y dineros ilícitos participando en política son
cotidianas. Las investigaciones prometen ser exhaustivas…Las autoridades juran
total imparcialidad… ¡Pero las elecciones permanecen en evidente riesgo y
peligro!
Edición
N° 00273 – Semana del 23 al 29 de Septiembre de 2011
NOTAS:
1
Angarita, A., Jiménez, G., Moreno, B. Rastros de una Infamia. Desplazamiento
interno forzado en el Tolima 2001-2010. Ibagué. Observatorio de paz y derechos
humanos de la Universidad del Tolima. 2011.
2
Gobernación del Tolima. Plan Integral Único de atención a la población en
situación de desplazamiento. Ibagué. 2011. Pp. 44
3
MAPP-OEA.org, regional Bogotá, que cubre Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Huila.
4
Angarita Lezama, Agustín. ¿Las Bacrim, inexistentes o invisibles? El Nuevo Día.
Ibagué. Viernes 29 de abril 2011. Pp. 6a
5
DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe especial de riesgo electoral –Elecciones
regionales 2011-. Bogotá. Julio 2011. Pp. 78
6
DEFENSORIA DEL PUEBLO. Ibíd. Pp. 77
7
Angarita Lezama, Agustín. La costeñización de la política en Ibagué. El Nuevo
Día. Ibagué. Julio 8 de 2011. Pp. 7a
8
El Nuevo Día. MOE presentó variables de riesgo en el Tolima. Agosto 25 de 2011.
9
CARACOL. Alertan de posible influencia de multinacionales en campaña electoral.
Marzo 10 de 2011.
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0273/articulo03.html
