Observatorio de Territorios Etnicos
Editorial:
Muchas voces, una sola voz
El destierro es uno de los mayores impactos de la amenaza y de la pérdida de autonomía territorial de los pobladores rurales. Éste es producto de la usurpación, el despojo, el desplazamiento forzado, la dominación y la humillación, entre otros. Esta es la reflexión que nos ocupa y preocupa, y que incluye pero transciende los territorios afro. De hecho, vale la pena insistir en los múltiples puentes de orden general, no sólo analíticos sino materiales y cotidianos, que nos exigen salir de las fronteras étnicas, necesarias sin duda pero con frecuencia, barreras invisibles para dar cuenta de cuestiones de orden estructural y transversal, y para actuar desde una perspectiva más colectiva.
Indígenas, afros, campesinos y colonos de diversas e ignoradas geografías del país, constructores de vecindarios locales que han dado vida y creado territorialidad de manera anónima, han tenido que abandonarlo todo bajo el ejercicio del poder armado y de muchos intereses económicos. En medio de la desolación y de la angustia de enfrentar su presente y futuro —así como el de sus familias—, han huido hacia los cascos urbanos próximos, pero también hacia ciudades muy lejanas para poner distancia al dolor y a la soledad que impone la guerra.
Así, en la medida en que les afecta, han descubierto que la seguridad de las ciudades es sólo un mito. Con frecuencia tienen las siguientes inquietudes sin respuesta:
¿Qué seguridad tenemos para nuestras vidas, cuando seguimos recibiendo amenazas directas y veladas, especialmente si hemos asumido liderazgos colectivos, como un castigo para mantener callados nuestros derechos a un ejercicio político básico como es la reivindicación y gestión de nuestros derechos? ¿Qué seguridad alimentaria básica tenemos cuando cuesta tanto tener el alimento diario para nosotros y nuestros hijos? ¿Qué seguridad tenemos de ser tratados con el mínimo respeto como seres humanos y como ciudadanos sin humillaciones y sin falsas promesas institucionales?
Las preocupaciones en términos de seguridad van más allá de la sobrevivencia básica y digna. La guerra que se vive en las ciudades tiene otras maneras de presentarse, imponerse y seguir jugando con sus vidas y con sus pocas seguridades construidas en condiciones tan precarias. Una de sus mayores preocupaciones son sus hijos. “Tengo una situación muy difícil, un “para” quiere llevarse a vivir con él a mi hija de trece años. Yo le he dicho a ella que no puede irse porque entonces quedamos corriendo un gran riesgo. Pero igualmente si no lo hace, estaremos amenazados por este señor. ¿Tendré que volverme a ir con mis seis hijos? ¿A dónde?”, dice don Emiliano, un costeño silencioso que vive desde hace cuatro años en un barrio marginal de Bogotá.
Los grupos armados ilegales de derecha llamados paramilitares, bacrim o neoparamiliatres, siguen vigentes. Actúan de muchas maneras por decisión propia o como mercenarios de otros intereses que les son afines. Atemorizan y asesinan de acuerdo con criterios de peligrosidad que son acuñados históricamente y acicateados por los gobiernos de turno, y que son asignados a quienes reclaman sus derechos, critican el sistema y generan procesos colectivos, entre muchos otros motivos de sospecha. La operación de grupos como las “Águilas” de todos los colores, se mantiene de manera cotidiana en muchas regiones y en las grandes ciudades. “Enseñé inglés en una escuela de Altos de Cazucá [en las fronteras entre Bogotá y Soacha]. Quise hacer un refuerzo escolar en la casa de un chico de ocho años, pero no pude hacerlo debido a que el niño me dijo que trabajaba en la jornada alterna. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo ‘que trabajaba con las águilas’”, cuenta una voluntaria extranjera.
El temor al reclutamiento forzado de niños y jóvenes, ya vivido en sus regiones, se mantiene en las grandes ciudades. Pero nuevas amenazas aparecen: el acoso sexual, la discriminación y la humillación, forman parte de las prácticas de exclusión que viven la niñez y la juventud, quienes constituyen cerca de la mitad de los más de cinco millones de personas (5’195.620 personas, según Codhes) que en Colombia han sufrido el desplazamiento forzado. Una joven afro procedente del Pacífico hace el siguiente comentario:
A mí me mandaron para acá pero yo no sabía qué pasaba exactamente. Luego fui dándome cuenta de lo grave que era la situación con mi mamá y mi hermano y entonces yo me dije que esto también era un problema mío. Y me doy cuenta que los compañeros en el colegio desconocen totalmente todo esto que pasa con las familias amenazadas y desplazadas. Pero cuando yo les cuento de qué se trata, cuando les digo que nosotros vivíamos muy bien donde estábamos, se quedan boquiabiertos y me dicen que no tenían ni idea que eso pasara en verdad. Hay mucha ignorancia y por eso también hay poca comprensión y solidaridad con las personas.
Con miras a proteger y aislar a la juventud del horror de la guerra, se le mantiene al margen de los procesos organizativos que se han emprendido con mucho esfuerzo. Ello implica que la sostenibilidad social de tales procesos se disminuya.
Mediante desafiantes equilibrios para poder sobrevivir en la ciudad y, al mismo tiempo, construir dinámicas organizativas efectivas que les permitan la gestión de recursos y la visibilidad social de su problemática, se tejen nuevos referentes identitarios desde las actuales condiciones y situaciones que se están viviendo, y se convierten en alimento de los nuevos “nosotros” que es necesario construir. “Nosotros” que miran tanto al pasado añorado e idealizado como al futuro deseado, y que se convierten en memoria y acción.
La construcción de redes de acción colectiva en la ciudad es todo un desafío, en especial para quienes tienen que superar una gran cantidad de desventajas comparativas. La desconfianza, el manejo de los conflictos y los liderazgos que concentran poder —entre otras muchas situaciones—, rápidamente se instalan. No podría ser de otra manera pues lo que sucede en los procesos colectivos de quienes viven el desplazamiento forzado, no es ajeno a las lógicas y dinámicas sobre las cuales se estructuran y posicionan procesos organizativos más generales. Los partidos, los sindicatos y los movimientos sociales adolecen de los mismos líos. Las muchas organizaciones de desplazados que con tesón se han ido conformando a lo largo del tiempo, resultan compitiendo por los escasos recursos institucionales, intentando legitimarse por encima de sus pares y fragmentándose continuamente. Para ello resultan bastante funcionales las divisiones que la institucionalidad pregona como el género, la edad, la procedencia y la pertenencia étnica, entre muchas otras. ¿Cómo salir bien librados reconociendo y respetando las diferencias pero sin caer en la fragmentación?
La población sometida al desplazamiento forzado tiene enormes dificultades para desarrollar acciones colectivas en contextos violentos que se mantienen y complejizan, pues a los problemas estructurales para participar y construir espacios locales democráticos, se añaden los problemas de seguridad. Recordemos, además, que las formas y reconocimientos a las dinámicas organizativas han definido lógicas y formas con unos lenguajes, ritmos y propósitos que difieren de las experiencias rurales, y que imponen criterios de conveniencia según metas institucionales definidas desde arriba y supeditados a requerimientos establecidos por la cooperación internacional.
En medio de los múltiples ejercicios de dominación, parecen muy distantes la participación y la acción crítica basadas en el derecho a disentir. La amenaza y cooptación de la escasa autonomía local y regional tiene ahora un nuevo nicho excepcional para reinstalarse en las próximas elecciones de autoridades locales y departamentales. Pero, además, muchas y muchos desplazados resienten las amenazas y los peligros que acompañan, en tiempos de guerra, a cualquier acción y opinión crítica de la institucionalidad reinante[1]. Entre marzo de 2002 y abril de 2011 han sido asesinados cuarenta y ocho líderes y lideresas de los procesos de restitución de tierras (Comisión de Seguimiento, 2011)[2]. Todo ello pone en evidencia la enorme incapacidad del Estado para hacer una protección efectiva de sus vidas, y genera serios cuestionamientos sobre la efectividad y las promesas de la Ley de Víctimas.
De manera constante, asediando cada intento y cada experiencia, la guerra se impone con fuerza, a veces más evidente, otras, camuflada, haciéndole juego a la promesa y amenaza de que su fin está muy próximo. Así, pese a los publicitados avances de las desmovilizaciones, y los éxitos nada claros de casi una década de seguridad democrática, muchas comunidades rurales y urbanas —como las que acompaña el Observatorio de Territorios Étnicos en diferentes partes del país— siguen al filo de nuevas amenazas y desplazamientos. ¿Cómo no sentir que un nuevo destierro es posible, cuando los abusos de poder por parte de las élites locales y regionales restringen el acceso a sus parcelas, ingresan con retroexcavadoras y dragas a territorios colectivos, cercan los ríos en sabanas comunales para que los moradores que los han habitado desde hace más de un siglo, no tengan acceso? De muchas maneras se constriñe, se intimida y se controla a los pobladores para que los intereses de los poderosos se impongan.
Muchas de las cuestiones aquí planteadas han sido objeto de estudio y mandato por parte de la Corte Constitucional con sus numerosos autos, que buscan modificar el estado de cosas inconstitucional que expresó en 2005. Desde hace veintiséis años hasta hoy en día, once de cada cien personas han sido desterradas. En 2010, cada día fueron desplazadas setecientas setenta y ocho personas, según Codhes[3]. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, ha mostrado en sus tres encuestas de verificación que las condiciones de la desprotección, la ausencia de respuesta efectiva y oportuna la revictimización resultante de las deficiencias de la estructura política y administrativa del Estado para atender sus demandas, la insuficiente responsabilidad de los entes territoriales, el fracaso en los procesos de restablecimiento económico, entre muchos otros aspectos, se mantienen en proporciones escandalosas[4]. A ello hay que añadir la continua confusión que se plantea desde las políticas nacionales entre atención humanitaria, oferta social y medidas de reparación para quienes han sido desplazados. En medio de esta deuda estatal y social acumulada, la dinámica del desplazamiento forzado sigue siendo una grave, sostenida y prolongada constante en la realidad nacional que, sin embargo, no genera mayores reacciones y parece haberse naturalizado.
Este apretado recorrido por diversas preocupaciones que están marcando la vida de tantos colombianos —y que tiene en riesgo potencial a muchos otros— reclama acciones de indignación. Como dice Hesse, filósofo y activista francés de noventa y tres años, en un corto texto reciente, “ya es hora de que la preocupación por la ética, la justicia y la estabilidad duradera sea lo que prevalezca” (2010,14). Su llamada universal a una insurrección pacífica contra “el consumismo de masas, el desprecio de los más débiles y de la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos” (2010,16)[5] tiene razones de sobra en Colombia. ¿Cómo expresar esa indignación acallada? Los retos exigen construir opciones que faciliten y fortalezcan las alianzas con los otros desplazados, y también con los otros no desplazados pobres y excluidos, e incluso con los no pobres. Ante tanta ignominia, tejer redes solidarias y de apoyo entre colectivos se constituye en una urgencia, donde el destierro es sólo el comienzo de una dolorosa y cada vez más incierta apuesta por sobrevivir. En cualquier caso, se requieren fuertes dosis de solidaridad construida desde lo cotidiano y desde convicciones personales, para movilizarla y concretarla en lo colectivo, como potencia re-creadora. Desde las múltiples experiencias y voces que surgen, tanto del sufrimiento como de la dignidad, ¡podemos recuperar nuestra capacidad para encontrarnos, organizarnos y actuar en consecuencia!
[1]Angulo, Alejandro, S.J, 2011. “Cavilaciones sobre derechos humanos”. En: Cien días En línea:http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Cien_dias_72_PDF_version_sin_dago/Cavilaciones2_Ciendias72.pdf, No. 72 | Abril – Julio.
[2]Cf. Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, 14 de junio 2011. “Comentarios a los informes del 16 de marzo de 2011 del gobierno nacional a la Corte Constitucional sobre las órdenes contenidos en los Autos 383 y385 de 2010”. En línea: http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52.
[3] Ver, Codhes, 2010. ¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia 2010. Documentos Codhes 20.
[4] Ver, en línea: http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52.
[5] Hessel, Stéphane. 2010. Indignaos . Traducción de María Belvis Martínez García. Documento digital. Versión original: Indignez-vous. Indigène éditions, Montpellier, Hérault, France.
