"La ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia"
La administración Obama por lo general cita la próspera democracia de Colombia como ejemplo de que, gracias a la asistencia el ‘know how’ y compromiso de Estados Unidos, se puede hacer viable a un Estado casi fallido y bajo amenaza terrorista.
La campaña de constrainsurgencia financiada por Estados Unidos para combatir a un grupo rebelde marxista -y la coordinación civil y militar detrás- es vista como un modelo muy exitoso, hasta el punto de que fue replicado en Afganistán.
Pero nuevas revelaciones sobre los prolongados escándalos políticos del ex presidente Álvaro Uribe, quien fue un aliado cercano de Estados Unidos durante sus ocho años de gobierno, terminaron vinculando a la ayuda estadounidense, y a quizás funcionarios estadounidenses, en graves abusos de poder y acciones ilegales del gobierno colombiano bajo la máscara de combatir el terrorismo y el tráfico de drogas.
Dinero, equipos y entrenamiento norteamericano, suministrados a unidades élites de la inteligencia colombiana en la última década para ayudar a acabar con grupos de traficantes drogas, fueron usados para llevar a cabo operaciones de espionaje y hacer campañas de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, contra miembros de la oposición y contra grupos de la sociedad civil, de acuerdo con documentos policiales obtenidos por el Washington Post y entrevistas con fiscales y ex oficiales colombianos de inteligencia.
Las revelaciones hacen parte de una investigación de la Fiscalía General contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Seis ex funcionarios de inteligencia de alto rango han confesado crímenes y más de una docena de agentes operativos del DAS están en juicio. Varios de los ayudantes más cercanos a Uribe han estado bajo escrutinio, y Uribe está bajo investigación por una comisión legislativa especial.
Los funcionarios estadounidenses han negado saber o estar involucrados en los actos ilegales cometidos por el DAS, y los fiscales colombianos no se han pronunciado sobre ninguna colaboración estadounidense. Pero la historia sobre lo que hizo el DAS con buena parte de la ayuda de Estados Unidos que recibió es una historia que advierte sobre las consecuencias imprevistas. Así como Afganistán y otros países en los que Estados Unidos está intensamente enfocado para conseguir aliados contraterroristas, algunos de los destinatarios de la ayuda en Colombia claramente desviaron los recursos para sus propias agendas políticas.
Por más de una década, durante tres administraciones, Colombia ha sido el amigo más cercano de Washington en America Latina y el más grande destinatario de asistencia militar y económica- 6 mil millones de dólares durante la presidencia de Uribe de 2002 a 2010. El total anual ha caído un poco durante la administración Obama, a poco más de quinientos millones de dólares de ayuda en este año.
Aunque se han logrado avances significativos contra los rebeldes y los grupos de narcotraficantes, antiguos agentes de inteligencia de alto rango dicen que el DAS bajo Uribe hizo énfasis en los objetivos políticos en desmedro de insurgentes y narcotraficantes. El flujo constante de nuevas revelaciones ha continuado a empañar la reputación de Colombia, aún cuando el gobierno del sucesor de Uribe y ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se comprometió a reemplazar el DAS por una nueva central de inteligencia a finales de año.
Fiscales dicen que el gobierno de Uribe quería “neutralizar” a la Corte Suprema porque sus magistrados investigadores estaban revelando lazos entre aliados del Presidente en el Congreso y grupos paramilitares que trafican drogas. Basándose en cientos de páginas y documentos del DAS, y en el testimonio de nueve ex funcionarios de alto rango del DAS, los fiscales dicen que la oficina del presidente ordenó a la entidad conseguir registros bancarios de los magistrados, seguir a sus familias, chuzar sus oficinas y analizar sus fallos judiciales.
"Todas las actividades que se montaron contra nosotros -seguirnos, interceptar nuestros teléfonos- tenían un propósito principal, intimidarnos”, dijo Iván Velásquez, el magistrado encargado de la investigación y el principal objetivo de la vigilancia del DAS.
Gustavo Sierra, el ex Jefe de Análisis del DAS ahora en la cárcel, quien revisaba los informes de inteligencia que eran enviados a la Presidencia, dijo que seguir a la Corte "era prioridad" para el DAS bajo Uribe.
"Prácticamente no nos daban órdenes de seguir a narcotraficantes o guerrilleros" dijo Sierra en una entrevista.
Recursos y orientación
Algunos de los que enfrentan cargos o están bajo investigación han descrito la importancia de los recursos y la orientación de inteligencia de Estados Unidos y dicen que ellos regularmente le informaban a los oficiales "de contacto" de la Embajada sobre sus actividades de recopilación de información. "Nos organizábamos a través de la Embajada de Estados Unidos", dijo William Romero, quien manejaba la red de informantes del DAS y supervisó la infiltración a la Corte Suprema. Como muchos de los oficiales de alto rango del DAS que están en la cárcel o enfrentan cargos, él recibió entrenamiento de la CIA. Algunos recibieron becas para completar su formación académica en recopilación de inteligencia en universidades de Estados Unidos.
Romero, quien ha aceptado un pre acuerdo con la Fiscalía a cambio de su cooperación, dijo en una entrevista que las unidades del DAS dependían de computadores, aparatos de grabación, cámaras y sistemas de interceptación de teléfonos celulares, así como arriendo de casas seguras y dinero suelto para gasolina, todo proveído por Estados Unidos. "Podríamos haber operado" sin la ayuda de Estados Unidos, dijo, "pero no con la misma efectividad".
Una unidad que dependía de ayuda de la CIA, según el testimonio de ex funcionarios del DAS, era el Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni.
El grupo fue creado para encontrar vínculos entre agentes extranjeros y guerrillas colombianas, pero cambió su foco hacia la Corte Suprema después de que sus magistrados comenzaron a investigar al primo del Presidente, el entonces senador Mario Uribe, según dijo su ex Director, Germán Ospina, en su versión libre ante la Fiscalía. Las órdenes vinieron "de la Presidencia, querían resultados inmediatos", dijo Ospina.
Otra unidad que operó durante ocho meses en 2005, el Grupo de Análisis de Medios Terroristas, Game, armó informes sobre líderes sindicales, irrumpió en sus oficinas y filmó a miembros de sindicatos. Los Estados Unidos proveyeron equipos y decenas de miles de dólares, según un reporte interno del DAS, y los miembros de la unidad regularmente se reunían con un oficial de la Embajada que recordaban como "Chris Sullivan".
"Cuando avanzábamos en ciertas actividaddes, él iba a ver cómo avanzábamos" dijo en una audiencia en la Corte José Gabriel Jiménez, ex analista de la unidad.
La CIA quiso comentar estas acusaciones, ni describir la relación que funcionarios colombianos contaron que tenía con el DAS. "Las tres letras C I A son mencionadas en muchas cosas y por muchas personas. Eso no significa que las acusaciones sobre la agencia sean más que eso" dijo un oficial de inteligencia de Estados Unidos, quien habló bajo la condición de mantener su anonimato.
Cuando las primeras revelaciones sobre el DAS comenzaron a surgir en los medios colombianos durante el verano de 2009, el entonces Embajador William Brownfield llamó a una reunión a todos los miembros de la Embajada y preguntó cuáles entidades de los Estados Unidos estaban trabajando con el DAS, según un cable secreto del Departamento de Estado revelado por WikiLeaks. Representantes de ocho agencias levantaron la mano, incluyendo a la CIA, la DEA, el FBI y el IRS (entidad equivalente a la DIAN). Todas las entidades, según reportó Brownfield en un cable del 9 de septiembre, "reiteraron que no tenían conocimiento de o conexión con las actividades ilegales y acordaron seguir reduciendo su exposición a la entidad".
Brownfield, en posteriores encuentros con Uribe y otros funcionarios, urgió al Gobierno salirle al paso a las revelaciones, y alertó que éstas podrían afectar la sociedad entre los dos países.
“Si surgía otro escándalo del DAS, nuestro Plan B era acabar todo vínculo con esa entidad. De forma inmediata”, reportó Brownfield haberle dicho al Vicepresidente Francisco Santos y al Director del DAS, Felipe Muñoz, el 16 de septiembre de 2009.
Sin embargo, la relación continuó por siete meses más. En abril de 2010, Brownfield anunció que a partir de ese momento todos los fondos norteamericanos que hasta ese momento se habían canalizado al DAS, irían a la Policía Nacional. Hoy en día el DAS, con 51 años de existencia, 6 mil empleados, múltiples funciones y un presupuesto anual de 220 millones de dólares, sigue vivo pero cojo. Pero Muñoz ha sido investigado, como también han sido investigados otro cuatro ex directores del DAS.
A través de su abogado Jaime Granados, Uribe rechazó la solicitud de entrevistarlo. Pero el ex presidente ha negado el haber supervisado actividades ilegales y ha dicho que funcionarios de su gobierno han sido perseguidos por motivos políticos. Cuatro de sus principales asesores están siendo investigados y su jefe de gabinete, Bernardo Moreno, está en la cárcel a la espera de juicio por conspiración.
Años de problemas
Entrevistas con antiguos funcionarios estadounidenses y la evidencia que ha surgido de la investigación del DAS muestran que la entidad ha cometido graves delitos, una propensión por las acciones ilegales que no era desconocida para los funcionarios de la Embajada.
El primer director del DAS en la presidencia de Uribe, Jorge Noguera -a quien la Embajada de Estados Unidos consideraba en 2005 “un tecnócrata honesto y pro-Estados Unidos” y a quien recomendó para ser un miembro de Interpol para Latinoamérica, según cables de WikiLeaks- está enfrentando un juicio y está acusado de haber ayudado a sicarios a matar a sindicalistas. El año pasado la Fiscalía acusó a otro ex Director del DAS de haber ayudado a planear el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, que lideraba las encuestas, en 1989.
Myles Frechette, el Embajador en Colombia entre 1994 y 1997, dijo que aun durante su período, funcionarios estadounidenes creían que las unidades del DAS estaban manchadas por corrupción y tenían vínculos con narcotraficantes. Pero dijo que la Embajada necesitaba un socio para hacer inteligencia sobre contrabandistas de droga y guerrillas.
“Toda la gente que trabajó conmigo en la Embajada me dijo ‘no se puede confiar en el DAS’”, dijo Frechette, añadiendo que él cree que el DAS tiene algunas de las señales de una empresa criminal.
Varios diplomáticos de alto rango que han estado en la Embajada en años recientes dijeron no tener conocimiento de que las agencias de inteligencia y policía de Estados Unidos estuvieran involucradas en jugadas sucias del DAS, pero todos dijeron que no les sorprendería.
“Había preocupación sobre ciertos tipos de actividades, pero también una necesidad de preservar la relación en nombre de los intereses de Estados Unidos”, dijo un diplomático que habló bajo la condición de mantener su anonimato. “Estoy razonablemente confiado en que nuestro apoyo fue correcto”.
Duque es una periodista independiente que reside en Bogotá, Colombia. El corresponsal Juan Forero, que también tiene su base en Bogotá, contribuyó a este reporte.
La campaña de constrainsurgencia financiada por Estados Unidos para combatir a un grupo rebelde marxista -y la coordinación civil y militar detrás- es vista como un modelo muy exitoso, hasta el punto de que fue replicado en Afganistán.
Pero nuevas revelaciones sobre los prolongados escándalos políticos del ex presidente Álvaro Uribe, quien fue un aliado cercano de Estados Unidos durante sus ocho años de gobierno, terminaron vinculando a la ayuda estadounidense, y a quizás funcionarios estadounidenses, en graves abusos de poder y acciones ilegales del gobierno colombiano bajo la máscara de combatir el terrorismo y el tráfico de drogas.
Dinero, equipos y entrenamiento norteamericano, suministrados a unidades élites de la inteligencia colombiana en la última década para ayudar a acabar con grupos de traficantes drogas, fueron usados para llevar a cabo operaciones de espionaje y hacer campañas de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, contra miembros de la oposición y contra grupos de la sociedad civil, de acuerdo con documentos policiales obtenidos por el Washington Post y entrevistas con fiscales y ex oficiales colombianos de inteligencia.
Las revelaciones hacen parte de una investigación de la Fiscalía General contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Seis ex funcionarios de inteligencia de alto rango han confesado crímenes y más de una docena de agentes operativos del DAS están en juicio. Varios de los ayudantes más cercanos a Uribe han estado bajo escrutinio, y Uribe está bajo investigación por una comisión legislativa especial.
Los funcionarios estadounidenses han negado saber o estar involucrados en los actos ilegales cometidos por el DAS, y los fiscales colombianos no se han pronunciado sobre ninguna colaboración estadounidense. Pero la historia sobre lo que hizo el DAS con buena parte de la ayuda de Estados Unidos que recibió es una historia que advierte sobre las consecuencias imprevistas. Así como Afganistán y otros países en los que Estados Unidos está intensamente enfocado para conseguir aliados contraterroristas, algunos de los destinatarios de la ayuda en Colombia claramente desviaron los recursos para sus propias agendas políticas.
Por más de una década, durante tres administraciones, Colombia ha sido el amigo más cercano de Washington en America Latina y el más grande destinatario de asistencia militar y económica- 6 mil millones de dólares durante la presidencia de Uribe de 2002 a 2010. El total anual ha caído un poco durante la administración Obama, a poco más de quinientos millones de dólares de ayuda en este año.
Aunque se han logrado avances significativos contra los rebeldes y los grupos de narcotraficantes, antiguos agentes de inteligencia de alto rango dicen que el DAS bajo Uribe hizo énfasis en los objetivos políticos en desmedro de insurgentes y narcotraficantes. El flujo constante de nuevas revelaciones ha continuado a empañar la reputación de Colombia, aún cuando el gobierno del sucesor de Uribe y ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se comprometió a reemplazar el DAS por una nueva central de inteligencia a finales de año.
Fiscales dicen que el gobierno de Uribe quería “neutralizar” a la Corte Suprema porque sus magistrados investigadores estaban revelando lazos entre aliados del Presidente en el Congreso y grupos paramilitares que trafican drogas. Basándose en cientos de páginas y documentos del DAS, y en el testimonio de nueve ex funcionarios de alto rango del DAS, los fiscales dicen que la oficina del presidente ordenó a la entidad conseguir registros bancarios de los magistrados, seguir a sus familias, chuzar sus oficinas y analizar sus fallos judiciales.
"Todas las actividades que se montaron contra nosotros -seguirnos, interceptar nuestros teléfonos- tenían un propósito principal, intimidarnos”, dijo Iván Velásquez, el magistrado encargado de la investigación y el principal objetivo de la vigilancia del DAS.
Gustavo Sierra, el ex Jefe de Análisis del DAS ahora en la cárcel, quien revisaba los informes de inteligencia que eran enviados a la Presidencia, dijo que seguir a la Corte "era prioridad" para el DAS bajo Uribe.
"Prácticamente no nos daban órdenes de seguir a narcotraficantes o guerrilleros" dijo Sierra en una entrevista.
Recursos y orientación
Algunos de los que enfrentan cargos o están bajo investigación han descrito la importancia de los recursos y la orientación de inteligencia de Estados Unidos y dicen que ellos regularmente le informaban a los oficiales "de contacto" de la Embajada sobre sus actividades de recopilación de información. "Nos organizábamos a través de la Embajada de Estados Unidos", dijo William Romero, quien manejaba la red de informantes del DAS y supervisó la infiltración a la Corte Suprema. Como muchos de los oficiales de alto rango del DAS que están en la cárcel o enfrentan cargos, él recibió entrenamiento de la CIA. Algunos recibieron becas para completar su formación académica en recopilación de inteligencia en universidades de Estados Unidos.
Romero, quien ha aceptado un pre acuerdo con la Fiscalía a cambio de su cooperación, dijo en una entrevista que las unidades del DAS dependían de computadores, aparatos de grabación, cámaras y sistemas de interceptación de teléfonos celulares, así como arriendo de casas seguras y dinero suelto para gasolina, todo proveído por Estados Unidos. "Podríamos haber operado" sin la ayuda de Estados Unidos, dijo, "pero no con la misma efectividad".
Una unidad que dependía de ayuda de la CIA, según el testimonio de ex funcionarios del DAS, era el Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni.
El grupo fue creado para encontrar vínculos entre agentes extranjeros y guerrillas colombianas, pero cambió su foco hacia la Corte Suprema después de que sus magistrados comenzaron a investigar al primo del Presidente, el entonces senador Mario Uribe, según dijo su ex Director, Germán Ospina, en su versión libre ante la Fiscalía. Las órdenes vinieron "de la Presidencia, querían resultados inmediatos", dijo Ospina.
Otra unidad que operó durante ocho meses en 2005, el Grupo de Análisis de Medios Terroristas, Game, armó informes sobre líderes sindicales, irrumpió en sus oficinas y filmó a miembros de sindicatos. Los Estados Unidos proveyeron equipos y decenas de miles de dólares, según un reporte interno del DAS, y los miembros de la unidad regularmente se reunían con un oficial de la Embajada que recordaban como "Chris Sullivan".
"Cuando avanzábamos en ciertas actividaddes, él iba a ver cómo avanzábamos" dijo en una audiencia en la Corte José Gabriel Jiménez, ex analista de la unidad.
La CIA quiso comentar estas acusaciones, ni describir la relación que funcionarios colombianos contaron que tenía con el DAS. "Las tres letras C I A son mencionadas en muchas cosas y por muchas personas. Eso no significa que las acusaciones sobre la agencia sean más que eso" dijo un oficial de inteligencia de Estados Unidos, quien habló bajo la condición de mantener su anonimato.
Cuando las primeras revelaciones sobre el DAS comenzaron a surgir en los medios colombianos durante el verano de 2009, el entonces Embajador William Brownfield llamó a una reunión a todos los miembros de la Embajada y preguntó cuáles entidades de los Estados Unidos estaban trabajando con el DAS, según un cable secreto del Departamento de Estado revelado por WikiLeaks. Representantes de ocho agencias levantaron la mano, incluyendo a la CIA, la DEA, el FBI y el IRS (entidad equivalente a la DIAN). Todas las entidades, según reportó Brownfield en un cable del 9 de septiembre, "reiteraron que no tenían conocimiento de o conexión con las actividades ilegales y acordaron seguir reduciendo su exposición a la entidad".
Brownfield, en posteriores encuentros con Uribe y otros funcionarios, urgió al Gobierno salirle al paso a las revelaciones, y alertó que éstas podrían afectar la sociedad entre los dos países.
“Si surgía otro escándalo del DAS, nuestro Plan B era acabar todo vínculo con esa entidad. De forma inmediata”, reportó Brownfield haberle dicho al Vicepresidente Francisco Santos y al Director del DAS, Felipe Muñoz, el 16 de septiembre de 2009.
Sin embargo, la relación continuó por siete meses más. En abril de 2010, Brownfield anunció que a partir de ese momento todos los fondos norteamericanos que hasta ese momento se habían canalizado al DAS, irían a la Policía Nacional. Hoy en día el DAS, con 51 años de existencia, 6 mil empleados, múltiples funciones y un presupuesto anual de 220 millones de dólares, sigue vivo pero cojo. Pero Muñoz ha sido investigado, como también han sido investigados otro cuatro ex directores del DAS.
A través de su abogado Jaime Granados, Uribe rechazó la solicitud de entrevistarlo. Pero el ex presidente ha negado el haber supervisado actividades ilegales y ha dicho que funcionarios de su gobierno han sido perseguidos por motivos políticos. Cuatro de sus principales asesores están siendo investigados y su jefe de gabinete, Bernardo Moreno, está en la cárcel a la espera de juicio por conspiración.
Años de problemas
Entrevistas con antiguos funcionarios estadounidenses y la evidencia que ha surgido de la investigación del DAS muestran que la entidad ha cometido graves delitos, una propensión por las acciones ilegales que no era desconocida para los funcionarios de la Embajada.
El primer director del DAS en la presidencia de Uribe, Jorge Noguera -a quien la Embajada de Estados Unidos consideraba en 2005 “un tecnócrata honesto y pro-Estados Unidos” y a quien recomendó para ser un miembro de Interpol para Latinoamérica, según cables de WikiLeaks- está enfrentando un juicio y está acusado de haber ayudado a sicarios a matar a sindicalistas. El año pasado la Fiscalía acusó a otro ex Director del DAS de haber ayudado a planear el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, que lideraba las encuestas, en 1989.
Myles Frechette, el Embajador en Colombia entre 1994 y 1997, dijo que aun durante su período, funcionarios estadounidenes creían que las unidades del DAS estaban manchadas por corrupción y tenían vínculos con narcotraficantes. Pero dijo que la Embajada necesitaba un socio para hacer inteligencia sobre contrabandistas de droga y guerrillas.
“Toda la gente que trabajó conmigo en la Embajada me dijo ‘no se puede confiar en el DAS’”, dijo Frechette, añadiendo que él cree que el DAS tiene algunas de las señales de una empresa criminal.
Varios diplomáticos de alto rango que han estado en la Embajada en años recientes dijeron no tener conocimiento de que las agencias de inteligencia y policía de Estados Unidos estuvieran involucradas en jugadas sucias del DAS, pero todos dijeron que no les sorprendería.
“Había preocupación sobre ciertos tipos de actividades, pero también una necesidad de preservar la relación en nombre de los intereses de Estados Unidos”, dijo un diplomático que habló bajo la condición de mantener su anonimato. “Estoy razonablemente confiado en que nuestro apoyo fue correcto”.
Duque es una periodista independiente que reside en Bogotá, Colombia. El corresponsal Juan Forero, que también tiene su base en Bogotá, contribuyó a este reporte.
Artículo en inglés en The Washington Post.
