data:image/jpg;base64,/
Estados Unidos financió actividades ilegales del DAS en Colombia
por
Documentos en poder de la Corte Suprema de
Justicia y la Fiscalía General de la Nación evidencian cómo, en el marco
de la llamada “Guerra contra el Terrorismo”, el gobierno norteamericano
terminó financiando actividades ilegales de la agencia de inteligencia
colombiana contra sindicalistas, magistrados de la Corte Suprema y
periodistas.
Pese a las afirmaciones del ex embajador
norteamericano en Colombia, William Brownfield, según el cual su país
tiene la “certeza” de que la ayuda entregada al DAS no fue utilizada en
la comisión de delitos, una investigación interna del organismo,
titulada “caso especial octubre de 2007”, evidenció que uno de los
grupos creados, supervisados y financiados por la sede diplomática
estuvo involucrado incluso en la compra en el mercado negro de una
granada de fragmentación para la elaboración de un video falso que sería
atribuido a un miembro de la guerrilla de las FARC.
Se trata del Grupo de Análisis de Medios de Organizaciones
Terroristas (GAME), que surgió en abril de 2005 bajo el auspicio y
entrenamiento de un “enlace” con la Embajada, quien cada dos semanas
supervisaba personalmente las actividades que eran coordinadas por el
detective Danny Steward Usma. Para ello, y por exigencia norteamericana,
el Grupo fue ubicado en una oficina externa al DAS que tenía la fachada
de una agencia de publicidad y estaba ubicada en la carrera 15 entre
calles 92 y 93, al norte de Bogotá.
El propósito del grupo era “controvertir la propaganda de las FARC y
generar divisiones internas dentro de esa organización”, pero sus
acciones fueron mucho más allá. Está probado, por ejemplo, que el GAME
se encargó de sobornar con mercados y ayudas económicas a un grupo de
desplazados para lograr que éstos se manifestaran a favor del derrocado
presidente del Ecuador, coronel Lucio Gutiérrez, a su llegada a Colombia
el 21 de septiembre de 2005.
El hecho, recogido por los medios de comunicación en forma notoria,
se realizó en el marco de un “proyecto con poblaciones”. Según el
testimonio rendido ante la Corte Suprema de Justicia por el analista
José Gabriel Jiménez Rincón, ex integrante del GAME, “la actividad” se
logró gracias a una convocatoria para la entrega de mercados a
desplazados, y tuvo como propósito beneficiar la imagen de Gutiérrez
como una muestra de “solidaridad con un Presidente destituido en
Ecuador”.
El GAME fue conformado por detectives de las subdirecciones de
Análisis, Fuentes Humanas y Operaciones, todas adscritas a la Dirección
de Inteligencia del DAS: Hamilton Donato, Fernando Forero, José
Alexander Peláez Giraldo, Duberney Solano Gallo, Danny Usma y Jiménez
Rincón, quienes se caracterizaban por ser “los mejores” en sus
respectivas áreas.
Según Jiménez, el GAME debía identificar “el mensaje de las FARC” a
través de “búsquedas del lenguaje que usan esas organizaciones en música
y videos, y tratar de cambiar ese mensaje, esa mentalidad, evitar ese
trasbordo ideológico que ellos usan para reclutar”.
La investigación interna del DAS, que fue conocida durante el juicio
contra el ex director Jorge Noguera por homicidio y concierto para
delinquir, cuya sentencia se espera para finales de septiembre próximo,
determinó que el GAME también participó en allanamientos ilegales y
robos a sindicatos, la elaboración de grafitis en contra del ex
viceministro de Defensa y posterior director del DAS Andrés Peñate, y la
distribución de panfletos de amenazas durante la marcha del 1º de mayo
de 2005 en Bogotá.
El grupo, entrenado por dos funcionarios norteamericanos en
“operaciones psicológicas”, recibía instrucciones del “enlace” con la
Embajada, conocido en el GAME como Chris. Una de ellas fue el diseño e
impresión de una ‘agenda año 2006’ con mensajes alusivos contra el
terrorismo, la cual fue distribuida a empresarios, funcionarios del alto
gobierno, militares, personalidades públicas y varios directores de
medios colombianos.
La agenda tenía como dedicatoria “por el dolor y las lágrimas que el
terrorismo ha propiciado en millares de colombianos y que sólo ha dejado
viudas y niños huérfanos que no pueden quedar en el olvido” y como logo
se utilizó el mapa de Colombia en el mundo con un mensaje de “no al
terrorismo”. En cada uno de los 365 días del año se relacionó un hecho
sobre el accionar de la guerrilla en Colombia. Por ejemplo, para el 30
de julio la agenda decía: “2002. Terroristas de las FARC atacaron la
población de Tola, Nariño, dejando como resultado dos miembros de la
fuerza pública y cuatro particulares muertos”.
Otra de las actividades del GAME fue la elaboración de un video de
ocho minutos con el que se pretendió generar división en el secretariado
de las FARC, al hacer aparecer a “Iván Ríos” recibiendo dólares
producto de corrupción al interior de la organización. Para ello se
hicieron cursos de caracterización, maquillaje y disfraz, se identificó a
un detective del DAS con rasgos físicos similares a los de “Ríos” y se
escogió un lugar que pudiera asimilarse al sitio donde se escondía el
cabecilla de las FARC. “Lo maquillaron de tal forma que con retoques de
borrosidad pareciera ser ese guerrillero”.
En marzo de 2008, “Ríos” fue asesinado por uno de sus compañeros,
“alias Rojas”, quien llevó su mano cercenada ante los altos mandos
militares con el objeto de cobrar la recompensa por el asesinato de
quien se buscaba “vivo o muerto”.
Los grupos de la embajada
Todas las actividades del GAME –que desapareció en noviembre de 2005,
tras la renuncia de Jorge Noguera– eran aprobadas en “línea de mando”, y
en varias oportunidades se informó que algunas servirían para apoyar al
entonces director del DAS, hoy en juicio por homicidio y concierto para
delinquir.
El jefe directo del GAME era Enrique Ariza Rivas, ex director de
Inteligencia de ese organismo, prófugo de la justicia por el escándalo
de la persecución masiva e ilegal en contra de defensores de derechos
humanos, periodistas, magistrados de las Cortes Suprema y
Constitucional, sindicalistas y líderes de la oposición política en
Colombia.
Además del GAME, el gobierno de los Estados Unidos también financió
otros tres grupos: el GCIAT (Grupo de Análisis contra el Terrorismo)
coordinado por Edilberto Díaz tras la declaratoria de insubsistencia de
Orlando Vargas por sospechas de corrupción; el GONI (Grupo de
Observación Nacional e Internacional) que funcionó hasta el año 2009 y
estuvo encargado de los seguimientos a magistrados de la Corte Suprema
de Justicia según lo ha aceptado Germán Albeiro Ospina, ex jefe de ese
grupo, quien se acogió al principio de oportunidad y está en proceso de
colaboración con la justicia; y el GCOE (Grupo de Contrainteligencia
Externa) que aún funcionaba en abril de 2010, cuando la Embajada anunció
el fin del apoyo técnico y financiero al DAS.
La ayuda norteamericana también habría llegado, aunque parcialmente,
al tenebroso Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3), encargado de
perseguir y “neutralizar” a las ONG de derechos humanos, periodistas y
sindicalistas, coordinado por Jaime Fernando Ovalle, quien en el marco
de la investigación “caso especial” aceptó que su grupo había realizado
amenazas y enviado sufragios a periodistas y defensores de derechos
humanos.
De acuerdo con la ex jefe del área de Operaciones del DAS, Marta Leal
Llanos, los Estados Unidos también financiaron un grupo de trabajo
“para el registro de información de casos”, el cual, gracias a un
software donado por la Embajada, “desarrolló protocolos para inclusión y
consulta de información que se utiliza actualmente por todas las
seccionales y ha sido de utilidad para las diferentes investigaciones”.
En abril de 2010 Estados Unidos anunció la suspensión de la ayuda
técnica y económica al DAS, días antes de que se hiciera público un
informe de la General Accountability Office (GAO) sobre el gasto en
“seguridad internacional” que recomendó al Congreso norteamericano no
aprobar la extensión de los programas de ayuda a países extranjeros
aprobados bajo la sección 1207 del presupuesto para la Defensa Nacional,
que venía siendo implementada desde el año 2006.
Entre los años 2006 y 2009 Colombia recibió cerca de 14 millones de
dólares de la sección 1207, destinados a programas entre los que podrían
haber sido incluidos programas de operaciones psicológicas bajo el
título de “campañas públicas de concientización”, como la realizada en
el caso de Lucio Gutiérrez.
La GAO encontró que no existían suficientes controles a los programas
apoyados bajo dicha sección. Ya en el 2007, la GAO había alertado sobre
la posibilidad de que Estados Unidos estuviera financiado grupos
terroristas en Palestina, y había solicitado mayor evaluación y
monitoreo a la asistencia brindada para la lucha antiterrorista a nivel
global.
¿Recibió USA informes del G-3?
En noviembre de 2004, cuando hacía escala en Los Ángeles procedente
de Australia, Alirio Uribe Muñoz, miembro de la Corporación Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), considerado el "blanco
principal" del G-3 durante al menos un año, fue retenido por las
autoridades de migración norteamericanas y conducido a una sala especial
en la que debió esperar varias horas a que funcionarios del
Departamento de Estado viajaran desde Washington a interrogarlo. Durante
más de ocho horas, Uribe Muñoz fue cuestionado por personas con las que
tenía contacto no sólo en Colombia sino en varios países de América
Latina y el mundo, y por actividades que había realizado en el exterior,
las cuales hoy está probado fueron monitoreadas minuciosamente por el
G-3.
Sin mayor explicación, el abogado, distinguido con el Premio Martín
Ennals 2003, el más importante de derechos humanos en el mundo, fue
dejado en libertad para salir del país. Pocos meses después su visa no
fue renovada y, aunque la recuperó el año pasado, Uribe no ha regresado a
los Estados Unidos, pues siente temor de no haber sido retirado aún de
las "listas negras" de ese país.
Su caso y el del reconocido periodista Hollman Morris, calificado
como "inelegible por vínculos con organización terrorista" por el
Departamento de Estado, quien recuperó su visa después de una fuerte
campaña internacional, permiten preguntarse hasta qué punto Estados
Unidos estuvo al tanto de las labores ilegales realizadas por el DAS al
cual financiaba. En el caso de Morris, las estrategias en su contra
incluyeron el descrédito y la solicitud de cancelación de la visa.
Un dudoso asilo político
El gobierno de los Estados Unidos otorgó asilo político a Javier
Valle Anaya, ex subdirector del DAS en Cartagena, considerado por la
Fiscalía General de la Nación como el autor material del montaje que en
junio de 2004 llevó a la cárcel por rebelión y terrorismo al profesor
barranquillero Alfredo Correa D’Andreis.
Según el investigador José Darío Pérez Murcia, funcionario de la
Fiscalía que participó en las indagaciones sobre el homicidio de Correa
de Andreis, Valle Anaya estuvo a cargo de llevar al proceso testigos
falsos para que declararan en contra del sociólogo. Además, sin
explicación alguna, viajó a la ciudad de Barranquilla el 17 de
septiembre de 2004, día en que Correa fue asesinado por sicarios a plena
luz del día, tan sólo dos meses después de haber sido liberado.
http://www.colectivodeabogados.org/Estados-Unidos-financio