DECRETOS DE EMERGENCIA SOCIAL SE HICIERON PARA BENEFICIAR LAS EPS

Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia

se pronunció contra los decretos de Emergencia Social

—Se hizo para beneficiar las EPS, dijo Germán Reyes—

—Este sábado marcha de protesta en las principales ciudades del país—

“Los decretos de Emergencia Social lo que hacen es acentuar la vulneración de la salud como un derecho fundamental de los colombianos, y es posible afirmar que con ellos se le ha dado una bofetada muy significativa al acceso a los servicios de salud de la población”, señaló enfáticamente el médico Álvaro Cardona, Decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en el marco de un foro que tuvo lugar ayer en el auditorio de esta facultad, y en el que durante toda la mañana varios especialistas en el tema debatieron los polémicos decretos del Gobierno Uribe.

En su intervención, el doctor Cardona empezó por lamentar que la ciencia y la academia no hayan sido tenidas en cuenta para el diseño de estos Decretos. Dijo que a esa infundamentación conceptual se debe en buena parte sus inconsistencias, lo mismo la gran confusión que tanto el presidente Uribe como el Ministro de la Protección Social dejan traslucir en sus opiniones y conceptos.

A continuación descalificó los argumentos de los cuales se valió el Gobierno para decretar la Emergencia Social, pues los problemas financieros y asistenciales que tiene el sistema de salud no son de ahora ni son producto de una coyuntura excepcional.

“Si bien el problema financiero se desbocó en los últimos dos años en relación con la demanda del servicio, ello es producto de un acumulado de problemas estructurales que viene padeciendo el sistema de tiempo atrás, reiteradamente denunciado por la academia y por la Corte Constitucional, que lo puso de presente dramáticamente en su famosa sentencia del 2008. Así que argumentar que por la vía de la Emergencia Social se van a solucionar problemas que son estructurales, no tiene ninguna presentación.

El problema —agregó— es que por ser decretos de excepción excluyen el debate. El Gobierno los diseñó sin consultar con nadie. “Uno no entiende que se haga esta clase de legislación sin que en ella participe el Congreso de la República, sobre todo porque cuando se leen bien los decretos uno advierte que modifican varias leyes: Ley 10 de 1993, Ley 1122 de 2007, Ley 715 de 2001, el Estatuto Financiero, el Código Penal, la Ley 23 de Ética Médica, la Ley 35 de Ética Odontológica. Si el Congreso no se pronuncia o dice algo, estaría así afirmando su inoperatividad, su incapacidad e intrascendencia”, puntualizó.

“Ante la finitud de los recursos económicos para resolver los problemas de la salud, siembre habrá necesidad de establecer unas prioridades, pero estas prioridades no están claramente presentes en los decretos de Emergencia Social, pues lo que hacen es restringir más la atención a la población. Recordó este académico que ya la atención en salud venía muy recortada, así el gobierno hable de crecimientos importantes en el aseguramiento. Dijo que el 25% de los afiliados al régimen subsidiado no son atendidos cuando lo requieren y que el 50% de los del régimen contributivo no reciben la totalidad de los medicamentos formulados.

No trató a fondo el tema de las dificultades financieras y de liquidez del sistema de salud (razón que esgrimió el gobierno como causa principal de la declaratoria de Emergencia Social), pero sí señaló que mientras el discurso oficial insiste en la crisis financiera del sistema y reitera que los ciudadanos deben entender y hacer sacrificios, nada explica sobre lo que pasó con los recursos financieros boyantes del sistema, los mismos que en una proporción importante fueron a parar a las arcas de los grupos financieros que manejan las EPS, o se perdieron por efecto de la corrupción y la acción de ciertos grupos “oscuros” con ingerencia en los recursos de la salud pública.

El discurso del decano de la Facultad de Salud Publica se centró básicamente en el análisis de los Decretos 128 y 131 de la Emergencia Social. El primero, comos se sabe, define las prestaciones excepcionales (no incluidas en el POS contributivo), pero dice que para acceder a ellas tendrá que mediar la orden de un médico y ser aprobada por un comité técnico científico, el cual da el visto bueno para que se transfiera el costo de la atención al nuevo Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, constituido por impuestos a la cerveza y los juegos de azar. Pero esto sólo en el caso de que un estudio previo establezca que la persona no tiene capacidad de pago, porque en primera instancia es el ciudadano quien asume la financiación de esa prestación excepcional, bien de su bolsillo o con sus cesantías, o su pensión voluntaria, o con un préstamo bancario.

Así que —en concepto del Decano de la Facultad de Salud Pública— el decreto rompe en esencia con el concepto de aseguramiento, construido como un ahorro social y previsión a futuro, que asegura a la gente cuando tiene dificultades o incapacidad para trabajar; concepto que, por lo mismo, es esencial en el diseño de cualquier sistema de salud en el mundo. Y lo rompe porque obliga a pagar el servicio de salud con los ahorros (cesantías, pensiones y demás).

Y el artículo 131, íntimamente relacionado con el 128, afecta el concepto de especificidad del hecho vital y el profesionalismo médico, entendido éste como la autonomía intelectual para dirimir en la relación clínica con el paciente. Este decreto establece que el médico que no acoja los estándares y guías que la comisión técnico científica establece como referente para su trabajo con los pacientes, podrá ser multado hasta con 50 salarios mínimos y podrá ser llevado a los tribunales de ética médica y odontológica. Debe soportar científicamente por qué no se acogió a esos estándares y guías, porque de lo contrario se hará acreedor a la drástica sanción. Al respecto, Álvaro Cardona señaló:

“No se puede pretender que la relación médico paciente se maneje por parámetros predecibles, porque en ella confluye una serie de elementos que hace que no se puedan establecer guías y estándares claramente definidos. En el ejercicio de la medicina las guías dadas por el acumulado científico sólo sirven como un referente a tener en cuenta en el discernimiento de cara al paciente”.

Agregó que el decreto violenta de tal manera el profesionalismo médico, que se va a incrementar la desconfianza de la gente en su relación con el médico, que ya hoy es muy grande porque los pacientes han identificado que los médicos están muy condicionados por las EPS. “Quiero que se imaginen a un médico, ya de por sí sometido a presiones de la EPS, y ahora sometido al Decreto 131. Cuántas restricciones va a tener si sabe que si se equivoca, o no justifica adecuadamente una orden de prestación especial, va a ser drásticamente sancionado. En esas condiciones, ¿quién se va a atrever a solicitar algún servicio por fuera del POS?”, preguntó.

Al final expresó que ojalá la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de los decretos, máxime cuando el mismo Presidente Uribe ha tenido que reconocer que su redacción y estructuración tienen grandes dificultades; e invitó a la academia a que siga acumulando información y alimentando el debate, a fin de lograr la modificación radical del exabrupto que son los decretos de la Emergencia Social.

Medidas ambiguas y poco concretas

Por su parte Carlos Mario Ramírez, ex viceministro de Salud y experto consultor en la materia, defendió la necesidad de la Emergencia Social del Gobierno, dada la situación crítica en que se encuentra el Sistema de Salud, justificada en principio por el incremento desbordado de lo facturado por servicios no POS en el año 2009.

“El Ministerio de la Protección Social y otros actores han demostrado que hay recobros desbordados, hay feria de recursos, y esa feria hay que controlarla”, señaló. Aunque la llamada a controlarla es la Superintendencia de Salud, que tiene conocimiento del tema, y no los jueces ni los procuradores ante el contencioso que no conocen el tema.

Las medidas, dijo, pueden dar motivo de optimismo en cuanto generan los recursos para pagar la deuda en beneficio de los actores del sistema, pero se requiere subsanar la falta de concreción y de claridad sobre cómo evitar que el problema siga a futuro.

“Entre menos ambigüedad menos suspicacia tengan, será más fácil para el Gobierno enfrentar el debate. Pero la no concreción nos puede llevar a pensar que se trata de una estrategia macroeconómica de corte fiscal, para sortear la crisis fiscal de la nación, y no de una medida para enfrentar un problema social de la salud. Por eso lo absurdo y anticonstitucional de algunos decretos. Hay que plantear con toda claridad que un zarpazo fiscal de los recursos de la salud sería catastrófico. Ayer el Ministro de la Protección Social ante una pregunta decía que tal decreto no lo manejó él sino el Ministro de Hacienda, entonces que sea Hacienda el que de la cara y muestre cuál es la realidad del móvil de la emergencia.

Finalmente el señor Ramírez vaticinó que es probable que algunos decretos sean reversados por el Gobierno para que Corte declare constitucional la Emergencia Social. “Pero si no se concreta y disminuye la ambigüedad, podemos llegar a una emergencia catastrófica. Quisiera estar equivocado en este análisis, pero la experiencia con el gobierno nacional, no sólo con el actual sino con todos los gobiernos de la historia del país, me lleva a estar preocupado”, puntualizó.

Todo para fortalecer las EPS

“Todo conduce a fortalecer a las EPS, al capital especulativo y financiero, que es el gran beneficiado con los decretos de Emergencia Social”, señaló el también médico Germán Reyes, representante a la Cámara por le Polo Democrático, quien no fue ponente en el foro pero al final hizo su exposición.

Entre las inconveniencias que plantean los decretos de Emergencia, mencionó que éstos le abren la puerta a la integración vertical completa, lo que no pudieron hacer con la Ley 1122, lo que le permitirá a las EPS controlar todo el sistema, lo que va a golpear duramente a la salud pública.

“La dinámica es que las EPS se apropien de la Red Pública Hospitalaria como ya lo hicieron con el Seguro Social, de modo que los hospitales públicos seguirán afectados por la falta de recursos, y por ende van a entrar en procesos de liquidación; y los trabajadores de la salud seguirán sometidos a procesos de contratación indignos; y se van a afectar a los médicos y odontólogos, cuya autonomía en su ejercicio profesional ha sido intervenida de manera autocrática”.

¿Qué hay que hacer en una coyuntura como éstas?, preguntó Reyes, y él mismo contestó: “En este momento toca que todos los médicos y odontólogos desfilen con blusas blancas a lo largo y ancho del país; que todos los trabajadores y centrales obreras también desfilen, porque lo que acaba de hacer el presidente Uribe con la Emergencia es muy grave, golpea a todo el mundo. Es una pelea que va a ser larga y difícil, porque los intereses financieros que están detrás son muy fuertes, tanto que la próxima Emergencia Social va a ser para acabar con el sistema pensional de prima media, en beneficio del capital financiero que controla los Fondos de Pensiones”, señaló.

Y aprovechó para invitar a la Marcha en contra de los decretos de la Emergencia Social, programada para este sábado 6 de febrero en las principales ciudades del país. En Medellín esta marcha está programada para las 9 de la mañana y saldrá del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, y se desplazará hasta el Centro Administrativo La Alpujarra por toda la carrera Carabobo.