Crédito: Le Monde Diplomatique
Publicado por Tribuna Popular
La llegada al poder, en Venezuela, del Presidente Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 coincidió con un acontecimiento militar traumático para Estados Unidos: la clausura de su principal instalación militar en la región, la base Howard, situada en Panamá, cerrada en virtud de los Tratados Torrijos-Carter (1977).
En sustitución, el Pentágono eligió cuatro localidades para controlar la región: Manta en Ecuador, Comalapa en El Salvador y las islas de Aruba y Curazao (de soberanía holandesa).
A sus -por decirlo así- ‘tradicionales' misiones de espionaje, añadió nuevos cometidos oficiales a estas bases (vigilar el narcotráfico y combatir la inmigración clandestina hacia Estados Unidos), y otras tareas encubiertas: luchar contra los insurgentes colombianos; controlar los flujos de petróleo y minerales, los recursos en agua dulce y la biodiversidad. Pero desde el principio sus principales objetivos fueron: vigilar Venezuela y desestabilizar la Revolución Bolivariana.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Secretario norteamericano de Defensa, Donald Rumsfeld, definió una nueva doctrina militar para enfrentar al "terrorismo internacional". Modificó la estrategia de despliegue exterior, fundada en la existencia de enormes bases dotadas de numeroso personal. Y decidió reemplazar esas megabases por un número mucho más elevado de Foreign Operating Location (FOL, Sitio Operacional Preposicionado) y de Cooperative Security Locations (CSL, Sitio Compartido de Seguridad) con poco personal militar pero equipado con tecnologías ultramodernas de detección.
Resultado: en poco tiempo, la cantidad de instalaciones militares estadounidenses en el extranjero se multiplicó, alcanzando la insólita suma de 865 bases de tipo FOL o CSL desplegadas en 46 países. Jamás en la historia, una potencia multiplicó de tal modo sus puestos militares de control para implantarse a través del planeta.
En América Latina, el redespliegue de bases ya permitió que la de Manta (Ecuador) colaborase en el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el Presidente Chávez. A partir de entonces, una campaña mediática dirigida por Washington empieza a difundir falsas informaciones sobre la pretendida presencia en ese país de células de organizaciones como Hamás, Hezbolá y hasta Al Qaeda.
Con el pretexto de vigilar tales movimientos, y en represalia contra el gobierno de Caracas que puso fin, en mayo de 2004, a medio siglo de presencia militar estadounidense en Venezuela, el Pentágono amplia el uso de sus bases militares en las islas de Aruba y Curazao, situadas muy cerca de las costas venezolanas, donde últimamente se han incrementado las visitas de buques de guerra estadounidenses.
Lo cual ha sido recientemente denunciado por el Presidente Chávez: "Es bueno que Europa sepa que el imperio norteamericano está armando hasta los dientes, llenando de aviones de guerra y de barcos de guerra las islas de Aruba y Curazao. (...). Estoy acusando al Reino de los Países Bajos de estar preparando, junto al imperio yanqui, una agresión contra Venezuela" (1).
En 2006, se empieza a hablar en Caracas de "socialismo del siglo XXI", nace la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y Hugo Chávez es reelegido presidente. Washington reacciona imponiendo un embargo sobre la venta de armas a Venezuela, bajo el pretexto de que Caracas "no colabora suficientemente en la guerra contra el terrorismo". Los aviones F-16 de las fuerzas aéreas venezolanas se quedan sin piezas de recambio. Ante esa situación, las autoridades venezolanas establecen un acuerdo con Rusia para dotar a su fuerza aerea de aviones Sukhoi. Washington denuncia un presunto "rearmamento masivo" de Venezuela, omitiendo recordar que los principales presupuestos militares de América Latina son los de Brasil, Colombia y Chile.
Y que, cada año, Colombia recibe una ayuda militar estadounidense de 630 millones de dólares (unos 420 millones de euros).
A partir de ahí, las cosas se aceleran. El 1 de marzo de 2008, ayudadas por la base de Manta, las fuerzas colombianas atacan un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) situado en el interior del territorio de Ecuador. Quito, en represalia, decide no renovar el acuerdo sobre la base de Manta que vence en noviembre de 2009. Washington responde, el mes siguiente, con la reactivación de la IV Flota (desactivada en 1948, hace sesenta años...) cuya misión es vigilar la costa atlántica de América del Sur. Un mes más tarde, los Estados sudamericanos, reunidos en Brasilia, replican creando la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y, en marzo de 2009, el Consejo de Defensa Suramericano.
Unas semanas después, el embajador de Estados Unidos en Bogotá anuncia que la base de Manta será relocalizada en Palanquero, Colombia.
En junio, con el apoyo de la base estadounidense de Soto Cano, se produce el golpe de Estado en Honduras contra el Presidente Manuel Zelaya quien había conseguido integrar a su país en el ALBA. En agosto, el Pentágono anuncia que dispondrá de siete nuevas bases militares en Colombia. Y en octubre, el presidente conservador de Panamá, Ricardo Martinelli, admite que ha cedido a Estados Unidos el uso de cuatro nuevas bases militares.
De ese modo, Venezuela y la Revolución Bolivariana se ven rodeadas por nada menos que trece bases estadounidenses, situadas en Colombia, Panamá, Aruba y Curazao, así como por los portaaviones y navíos de guerra de la IV Flota. El Presidente Obama parece haber dejado manos libres al Pentágono. Todo anuncia una agresión inminente. ¿Consentirán los pueblos que un nuevo crimen contra la democracia se cometa en América Latina?.
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