Para la Federación Colombiana de Educadores la expedición del Decreto 1290 “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media” no aporta a los cambios que la educación colombiana necesita, sino por el contrario, profundiza la política educativa, de corte neoliberal, plasmada por el gobierno de Uribe. El rechazo de FECODE al Decreto 1290 se fundamenta en que éste no se ajusta a lo que establece la Ley 115 o Ley General de Educación, en cuanto a que la elaboración de los lineamientos sobre la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes debe estar en correspondencia con el artículo quinto (5) sobre los “Fines de la educación”, el artículo 13 sobre los “Objetivos comunes a todos los niveles” y los demás artículos relacionados con los objetivos estipulados para cada nivel, así como en los artículos 73 sobre proyecto educativo institucional, el 77 sobre autonomía escolar y 80 sobre evaluación. Los nefastos resultados que ha tenido la “Revolución Educativa” de este gobierno, dejan entrever otras de las razones por las cuales la Federación no comparte este Decreto: en su artículo primero contempla la obligatoriedad en las pruebas internacionales, las pruebas censales y las del ICFES, instaurando de esta forma la injerencia directa de los organismos y las agencias internacionales y su modelo de política educativa neoliberal en la educación colombiana; establece la uniformidad curricular, haciendo de la educación un aparato funcional sometido a la economía del libre mercado, por cuanto adecua el currículo a un adiestramiento impuesto por las pruebas del ICFES, sacrificando al aprendizaje como propósito fundamental, para el conocimiento y la formación integral del ser humano. Así mismo, pone fin a la autonomía escolar al establecer que las instituciones educativas sean quienes elaboren sus sistemas de evaluación, su propia escala valorativa y los criterios para la promoción, porque crea la ilusión de una autonomía que enmascara el proyecto gubernamental de control de los contenidos. Para la organización sindical el decreto desvirtúa el significado del concepto de evaluación restringiéndolo a la noción de desempeño de tipo técnico instrumental. Concepción que se mantiene hasta el punto de decretar las “constancias de desempeño” (Art. 17) como reporte final para la promoción, abandonando con esto los otros fines de la educación. De otra parte, en su artículo séptimo sostiene la promoción automática para los estudiantes que no hubiesen sido promovidos en el año anterior, persistiendo con ello en los problemas de la mala calidad de la educación generados por la promoción automática y la política de ajuste fiscal y de reducción del gasto público. Esta propuesta del MEN en materia de evaluación no valora los múltiples factores que inciden en la formación y el aprendizaje de los niños y niñas, desconoce la incidencia negativa de las políticas de cobertura, hacinamiento de estudiantes, reducción de la planta docente, despedagogización y desprofesionalización del magisterio, así como tampoco tiene en cuenta las precarias condiciones de infraestructura y recursos didácticos de los miles de establecimientos educativos en el país.
El Decreto 1290 no solamente legisla sobre evaluación y promoción, sino que es una forma de imponer un modelo educativo, que en una lógica contraria a la soberanía nacional, se propone insertar a la educación en las políticas de una economía de mercado y dirigida por las desventajosas normas del Tratado de Libre Comercio.
JAIRO ARENAS ACEVEDO JADITH AMÓRTEGUI ACOSTA
Ejecutivo de Fecode Comunicadora Organizacional-Periodista
Sec. Prensa y Comunicaciones
Mayo 15 de 2009.. BBOOLLEETTÍÍNN DDDEEE PPPRRREEENNNSSSAAA NNNººº 222666
