Investigan a 77 alcaldes por no incluir atención de niños como prioridad en sus agendas de gobierno.
Foto: Javier Nieto / EL TIEMPO
Niños de Bogotá marcharon, en el Día Internacional de los Derechos del Niño, para exigir los suyos. Monitorear las condiciones en que viven los pequeños y los adolescentes es ahora una obligación.
Entre los alcaldes investigados están los de Cali e Ibagué. También hay tres gobernadores, los de Guaviare, Meta y San Andrés, además de 22 diputados y 21 concejales.
Los mandatarios, de acuerdo con el artículo 204 del Código de Infancia y Adolescencia, tenían plazo hasta abril pasado para presentar un diagnóstico sobre las necesidades de la niñez en sus regiones. Los ahora investigados lo hicieron mal o no lo hicieron. En algunos casos, incluso, habrían plagiado.
Los gobernadores de Guaviare, Óscar López, y de Meta, Darío Vásquez, al igual que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tendrán que responder porque simplemente no hicieron el diagnóstico.
Indagados serán también el gobernador de San Andrés, Pedro Gallardo, y el alcalde de Ibagué, Jesús María Botero, cuyo diagnóstico resultó igual al de Espinal e Icononzo (Tolima).
En el Plan de Desarrollo remitido por San Andrés se obvió el presupuesto que se debía destinar para programas a favor de los niños y adolescentes. La revisión de los diagnósticos determinó, por otro lado, que inexplicablemente los municipios de San Benito Abad y Caimito, de Sucre, y Guamal, del Magdalena, tenían planes iguales.
Casos insólitos
Curiosidad causó el hecho de que El Pital (Huila) presentó el diagnóstico, no para sus niños, sino para los de Argentina y Santa María, pueblos vecinos. La pregunta es si hubo copialina.
Otro caso que asombró a los funcionarios de la Procuraduría fue el de Nóvita (Chocó), que menciona como beneficiarios a los niños de Cúcuta. Y en Cucunubá (Cundinamarca) se inspiraron en la legislación peruana. En el documento se estableció que cada familia recibirá 100 nuevos soles en lugar de pesos.
Los 22 diputados y los 21 concejales que serán investigados incurrieron en falta de control político a la elaboración de los informes. Quedó claro que no solo se improvisó sino que no se consultó a la comunidad.
Aroldo Quiroz, procurador delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, sostuvo que los mandatarios regionales tendrán que rendir cuentas por incurrir en omisión, pues no solo se trataba de una orden estipulada en el Código de Infancia, sino de una disposición de la Procuraduría.
"Les brindamos toda la capacitación y acompañamiento para que hicieran un trabajo juicioso. No entendemos por qué no lo hicieron, y menos, por qué no se han comprometido con su niñez", señaló Quiroz. Y aclaró que los niños de esas poblaciones se quedaron por fuera de los planes de gobierno, y por tanto, sin recursos para programas de bienestar.
Habría destituciones
Agregó, además, que después de ser llamados a rendir cuentas, en un lapso de 20 días, se determinarán las sanciones que recibirán los mandatarios: irán desde amonestaciones y destituciones, hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos hasta por 20 años.
"El alcalde o gobernador nuevo (en el caso de destituciones) tendrá que hacer el diagnóstico. Esto no es una opción, es una obligación", puntualizó Quiroz y añadió que a los mandatarios que sí hicieron bien el trabajo se les hará un estricto seguimiento para evitar que los recursos destinados sean usados para otros fines.
Paul Martin, representante de Unicef para Colombia, señaló que dichos diagnósticos son básicos para poder identificar la situación de la niñez en cada población, pues actualmente las cifras se quedan cortas frente a la problemática.
Y también, según Martin, son fundamentales para poder destinar recursos para restituirles derechos vulnerados en temas como salud y nutrición, educación y trabajo infantil.
JOSÉ ALBERTO MOJICA
REDACCIÓN VIDA DE HOY
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