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Memoria profunda. Por: Alfredo Molano Bravo
Petro, protestas e inteligencia estatal
Álvaro Uribe, Rito Alejo del Río, Carlos Castaño un trío de cómplices. ÓMAR ROBERTO RODRÍGUEZ. DESDEABAJO
Memoria profundaPor: Alfredo Molano Bravo
| 17 Oct 2008 - 11:40 pm
LA MINGA INDÍGENA NACIONAL, CUyo principal capítulo se está escribiendo en Cauca, ha hecho pronunciamientos que recuerdan el tono del Memorial de Agravios, firmado por los levantiscos criollos en 1810. La diferencia: los firmantes del Memorial pedían que Fernando VII viniera a gobernar desde estas tierras; los indígenas, “caminando sobre el tiempo y el dolor”, piden como primer paso para arreglar el litigio un Consejo Comunal con Uribe que no sea una encerrona.
En 2005 hubo una, y de allí salieron nuevas promesas que no se han cumplido. Desde la masacre de 20 indígenas nasas —llamados antes paeces— en la Hacienda El Nilo en 1991, pasando por la del río Naya en 2001, donde asesinaron a un centenar de indígenas, afrodescendientes y colonos; por la de Gualanday, también en 2001, con 13 indígenas muertos; por la de San Pedro, donde cayeron siete indígenas, las autoridades Nasa y el Gobierno han firmado 13 acuerdos y ninguno ha cumplido el Estado a cabalidad.
El centro del conflicto ha sido y seguirá siendo la tierra, o mejor, la reducción criminal y sistemática de resguardos. Desde cuando Felipe II otorgó los primeros, los blancos, llámense conquistadores o notables, no han hecho más que robarles las tierras. En la República, los resguardos pasaron a manos de terratenientes y comerciantes, lo que obligó a los indígenas a refugiarse en los páramos, a volverse terrajeros o peones de las haciendas. Hoy los Mosquera, los Chaux, los Arboledas et al., sumados a los dueños de ingenios del Valle —los que esquilman a los corteros de caña— continúan la política de sus abuelos y similares. Razón profunda tienen los indígenas cuando dicen que al someter la tierra como propiedad privada para explotarla, “le quitaron la libertad para engendrar vida”.
tierra no es sólo la capa vegetal, sino también el agua, de la que viven los ingenios y alimenta 217 acueductos veredales. (Los nasas tienen registrados 26.200 ojos de agua y 123 lagunas naturales). La Ley del Agua amenaza con expropiarles lo que han cuidado con respeto. La tierra es también territorio, reconocido por la Constitución del 91 como fundamento de la cultura indígena y jurisdicción de sus autoridades ancestrales. Lo amenaza la Ley de Desarrollo Rural, hecha para el TLC, que impediría no sólo la ampliación de los resguardos, sino su disolución.
El argumento de Uribe de que el 25% del país —35 millones de hectáreas— está en manos del 1% de la población indígena es provocador y peligroso; sugiere —como blanco que es y vive— restablecer el equilibrio reduciendo los territorios indígenas al 1% de lo que son hoy, o sea, a poco más de un millón de hectáreas: la quinta parte de lo que los narcoparamilitares se han apropiado con total impunidad. Con ese fin, sin duda, el Ministro de Agricultura acusa a los indígenas de estar infiltrados por las Farc, que en cierto sentido puede ser entendido como una orden por las fuerzas oscuras. ¿Qué tal que los indígenas dijeran que los blancos les han robado 75 millones de hectáreas y que el suboficial del Ejército, castigado con nueve azotes y un “refrescamiento”, como indígena que es, era un infiltrado en la protesta?
La Minga Nacional está movilizando a los nasa, a los guambianos y a los yanaconas; a los embera-chamis y a los sicuanis y piapocos; a los wayuus y a los barí, y a los arhuaco, y a los kogui. Los indígenas tienen una memoria histórica y sus luchas tienen el mismo carácter: negociarán, pero no olvidarán ni cesarán su resistencia. La Panamericana —y no sólo esta vía— volverá a ser tomada, si los acuerdos vuelven a ser burlados y el asesinato de sus dirigentes continúa. Uribe está frente al mayor alzamiento que haya cuestionado sus políticas —de seguridad democrática, tierras y aguas— y sus planes electorales. Los indígenas son la punta de un iceberg que podría trambucar es
• Alfredo Molano Bravo
Petro, protestas e inteligencia estatal
La denuncia del senador Gustavo Petro sobre seguimientos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a él y a miembros de su partido político, el Polo Democrático, produjeron la salida de la directora, María del Pilar Hurtado. El hecho habla bien de una funcionaria que asumió la responsabilidad política por sus errores, pero también les dio peso a las críticas al Gobierno por falta de garantías para la oposición.
Que un alto funcionario del DAS, la agencia de inteligencia que depende del presidente Álvaro Uribe, ordene vigilar al senador Petro, como lo reconoció ayer la ex directora del organismo, sienta un mal precedente para la democracia. Salvo que hubiera indicios muy contundentes contra Petro -y, a juzgar por las declaraciones de la saliente jefa del DAS, no existen- "hacerle inteligencia" a un senador opositor es altamente irregular.
Para rematar, los seguimientos son autorizados en un memorando enviado a los directores seccionales, cuyos términos preocupan: no sólo reporte de actividades y "alianzas con organizaciones sociales", sino también "contactos con personas que se presten como testigos... contra el Gobierno". El DAS incluyó en sus procedimientos rutinarios y burocráticos el espionaje al senador y el hecho de que su directora haya sido relevada de su cargo no acaba con el problema.
El Gobierno debe tomar medidas que indiquen claramente que espiar a los opositores no es su política y no sobraría un inequívoco pronunciamiento del Presidente de la República en ese sentido. Asimismo, nítidas instrucciones a los organismos de inteligencia de que no es esa su función.
Este escándalo confirma, una vez más, el uso indiscriminado de los seguimientos, interceptaciones telefónicas y demás estrategias de inteligencia como arma política. Distintas agencias oficiales, entes investigadores y hasta organismos de inteligencia extranjera graban, filtran y espían sin controles. En este peligroso juego de todos contra todos, nadie sabe quién investiga a quién; quién intercepta ni quién filtra. Y nadie responde ante ninguna autoridad.
Si Colombia aspira a dirimir sus múltiples conflictos por vías civilizadas, un primer paso es dejar de tachar a los críticos como "agentes de la subversión", ya sea mediante declaraciones de altos funcionarios o el empleo abusivo del aparato de inteligencia del Estado.
Ayer nos referimos a la necesidad de mirar la protesta social, como la marcha de los indígenas del Cauca, sin aplicar siempre la lupa de los nexos con las Farc. Porque una cosa es que la guerrilla intente utilizar e infiltrar a los movimientos sociales y otra que estos se presten a este juego. Estas son manifestaciones de descontento de un sector que ha dado pruebas de que no comulga con esa guerrilla y esto es algo que la inteligencia del Estado debe estar en capacidad de reconocer. El Polo Democrático del senador Petro es un intento de unidad de una posición de izquierda, que rechaza la lucha armada; y como tal, debe ser bienvenido al escenario político.
Estigmatizar a sus dirigentes no contribuye a un debate democrático civilizado. Para la democracia colombiana, es necesario que personas como Gustavo Petro puedan ejercer la política sin tener un ojo puesto en las amenazas del paramilitarismo ni, mucho menos, en los organismos de seguridad oficiales. Una democracia es inconcebible sin tolerancias elementales. Esta es una de ellas.
editorial@eltiempo.com.co
Álvaro Uribe, Rito Alejo del Río, Carlos Castaño un trío de cómplicesÓMAR ROBERTO RODRÍGUEZ EDICIÓN 139
JUEVES, 16 DE OCTUBRE DE 2008
Entrevista virtual con el sacerdote Javier Giraldo. ¿Qué hizo el ex general Del Río y quiénes lo encubren?
Llegó a Urabá en diciembre de 1995. Pero su saga allá no es todo. Con valor civil, el pasado 9 de septiembre, sus antecedentes, complicidades y “elementos probatorios contra el general Rito Alejo del Río” vieron luz pública bajo la firma de Javier Giraldo Moreno, S.J. El vínculo del general con los paramilitares no cesó al salir del Ejército por decisión del presidente Pastrana (10 de abril de 1999). Ocasión con la cual Uribe inició su campaña presidencial y con Fernando Londoño le hicieron ‘desagravio’ en el Hotel Tequendama.
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Una referencia para el lector, fueron hechos:
Del Río llegó a Urabá tras una trayectoria y un perfil contrarios a la ética que demanda la vida de un militar digno. Una serie de acusaciones están registradas en expedientes judiciales y disciplinarios.
1. Referencia del ministro Landazábal Reyes acerca del envío de armas desde Israel, cuando Del Río estaba en el Batallón Colombia. 1.a- Coincidencia del General Río con Carlos Castaño en Israel por “una beca” que éste obtuvo. Allá se instruyó y practicó operaciones de contrainsurgencia.
2. El paramilitar “Negro Vladimir” lo señala cuando, como coronel (1985-1986), estuvo al mando del Batallón Rafael Reyes en Cimitarra.
3. Un cabo del Batallón Girardot en Medellín, bajo su comando en 1987, denuncia su actividad ilegal.
4. Al llegar a la Brigada XVII del Ejército (1995), en Carepa, suceden dos desapariciones dentro del propio batallón. Autoría que reconoce el paramilitar HH: “Cuando yo era el comandante en Urabá” y él estaba “en la Brigada 17, secuestré a dos... detenidos dentro de la Brigada. Las saqué de un calabozo”.
5. Tolerancia y complicidad del general Harold Bedoya, que no atiende el informe acerca de facilitación al paramilitarismo que le envió el coronel Carlos Alfonso Velásquez, segundo comandante de la Brigada 17.
6. Como resultado de su paso por la 17, la unidad de acción Ejército-paramilitares, la alcaldesa Gloria Cuartas documentó que a “los años 1995 y 1996 corresponden las más elevadas cifras de necropsias por muertes violentas (655 y 677) en los 90.
7. Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, ex soldado profesional bajo sus órdenes, denuncia prácticas de “legalizaciones”: “coger a los campesinos, vestirlos de bandoleros, ponerles un fusil encima pa(ra) cuando llegue la Fiscalía decirle que sí era bandolero. Eso lo vi mucho tiempo y lo viví”.
8. Gilberto Cárdenas González, capitán (r) de la Policía, jefe de la Sijin de Urabá (1996-98), en un operativo a cubierta el 12 de abril de 1997, junto con otros dos investigadores de la Sijin, Efraín Tirado Amado y Ever René Guerra Padilla, más tarde asesinados, pudo observar la reunión de Del Río con 11 jefes paramilitares con órdenes de captura y 3 representantes legales de las Convivir más fuertes de la zona. Además confirmó que: 8.a- El coronel Anatolio Correa Figueroa, comandante de la Policía de Urabá en 1997 y jefe directo del entonces capitán Cárdenas, se opuso a que los contactos y apoyos del General con los ‘paras’ fueran objeto de seguimientos, investigaciones y denuncias. 8.a.1.- Tal Coronel, como el coronel Libardo Molina Celis, que lo precedió, se plegaron a las exigencias de Del Río, de no perseguir a los paramilitares.8.a.2- El coronel Plazas, del B-2 de la Brigada, con representantes legales de las Convivir, “por orden del general Del Río” se presentaba en el Comando de la Policía de Urabá para darles libertad inmediata a los ‘paras’ capturados.8.a.4- El coronel Santiago Parra Rubiano, comandante de la Policía-Urabá en 1998 se opuso a investigar a otros altos oficiales de la Policía que colaboraban públicamente con los ‘paras’. Este Coronel recibía 30 millones de pesos mensuales de los paramilitares para que les guardara sus espaldas.8.b- Cuando el testigo capturó a los dos asesinos de la concejal de Apartadó Gloria Elena Cardona († 21.01.98), Parra le rogó dejarlos en libertad. Que esas capturas no le iban a agradar ni a Carlos Castaño ni al general Martín Orlando Carreño, nuevo Comandante de la Brigada XVII (1998). (Continuará)
9. El 28 de julio del 99, otro ex soldado de la Brigada XVII se presentó a la Fiscalía General. Ingresó en el Ejército (nov. 1997), asignado al Batallón Voltígeros, con sede en Carepa (Ant.), en las propias instalaciones. Afirmó que detrás de la Brigada existía una base ‘para’ que luego fue convertida en sede de una Convivir, y que tales ‘paras’, que aparecían como integrantes de la Convivir, entrenaban en el polígono de la Brigada por concesión de Del Río. 9.a- En su labor de digitador, incluso conoció el borrador de un documento escrito por un Teniente que comandaba un batallón anexado temporalmente a esa Brigada, en el cual confrontaba a Del Río por no proteger a las víctimas de esas atrocidades; pero el Teniente tuvo que retirar su documento y callarse, siendo enviado a un lugar selvático. Cuando posteriormente el soldado quiso saber algo del incidente, el único comentario del Teniente fue: “El que manda, manda”. 9.b- Del Río, en 1997, dio orden a unidades militares de retirarse de San José de Apartadó a una vereda lejana, para que los ‘paras’ entraran a asesinar pobladores. Una vez perpetrados los crímenes, les dio la orden de regresar. 9.c- También presenció personalmente una “acción cívico-militar” en Bajirá (1998), y comprobó que patrullaban en fila india, intercalados militar-paramilitar.
10. El ‘para’ Francisco Enrique Villalba, que ingresó en 1994 a la estructura ‘para’ de Castaño. La Fiscalía lo interrogó en nueve ocasiones (febrero 1998-febrero 1999). En ocasiones como la Masacre del Aro (Ituango, oct.25-97) suboficiales y oficiales del Ejército participaron en directo en la masacre, al lado de los ‘paras’, y un helicóptero del Batallón Girardot apoyó con munición y medicinas. 10.a- Afirma también que el Ejército los dotaba de carnés de Convivir, especie de contraseña para pasar con armas, sin obstáculos, por los retenes. 10.b- Relató que en su entrenamiento en la hacienda Las Tangas (Valencia, Córd., 1994), de la familia de Castaño, la “prueba de coraje” era desmembrar una persona. Cada 15 días llevaban a la hacienda ocho personas para descuartizarlas. 10.c- Tenían trato con el Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII. Los ‘paras’ capturaban supuestos ‘guerrilleros’ y los entregaban al Ejército, que les pagaba con fusiles, granadas y uniformes de camuflaje. En marzo de 1997 entregaron ocho ‘guerrilleros’ y recibieron a cambio una ametralladora M-60, seis fusiles AK-47 y granadas. En los contactos comandante-comandante circulaban listas de gente para matar.
11. El ‘para’ Carlos Alberto Bonilla Gutiérrez se entregó (abril 19-2000 ante el CTI de Medellín. Entre los operativos que relata, en que participó, están la toma de Riosucio (diciembre 20-96), y de Vigía del Fuerte y Bellavista (mayo 22-97). Según su testimonio:11.a- Esta toma fue coordinada por el coronel Coronado del Ejército, con entrada primero de los ‘paras’ que se enmontarían al llegar el Ejército. En enfrentamiento con un destacamento guerrillero murieron 57 miembros, y el coronel Coronado sólo reportó 15 ó 20, para entregar a los ‘paras’ las demás armas incautadas. 11.b- En la toma de Vigía, la Policía no los reconoció inicialmente y los recibió a fuego, pues los confundió con guerrilleros; luego dio disculpas y los acogió entusiasta. Allí, el testigo conoció en directo al ‘para’ “Mochacabezas”, que llevaba motosierra para decapitar a sus víctimas. En ocasiones obligaba a los capturados a sacar una ficha, para probar suerte entre tres opciones de muerte: descuartizamiento, fusilamiento, degollación. El testigo fue asesinado en Medellín.
12. Un acomodado ganadero que visitó (1995) corregimientos de Unguía (Chocó), aconsejado en confesión por un alto jerarca de la Iglesia, denuncia que en sus correrías por la zona encontró varias veces un frente de las farc cuyo comandante era “Víctor” y su segundo comandante “Vicente”. Luego se enteró de que “Vicente” desertó y vivía en un batallón de la zona, donde dos comerciantes de Balboa, cercanos del testigo, retenidos por el Ejército, lo vieron uniformado de militar. El testigo afirma que: 12.a- Después del 15 de octubre de 1995, la zona fue invadida por ‘paras’ de “Vicente” que se movilizaban con el Ejército. Mientras él esperaba una embarcación en Titumate, como el 16 de octubre de 1995, en la barcaza Amerindia, del acaudalado terrateniente y narcotraficante Conrado Builes, desembarcó en Titumate un destacamento de ‘paras’ (comandado por “Vicente”, a quien reconoció) acompañado por un contingente militar. 12.b- Comenzó un período de represión brutal en los asentamientos integrados a los municipios de Unguía y Riosucio, que llevó a éxodos masivos. 12.c- El asesinato brutal de un comerciante de Balboa, a quien le sacaron los ojos y le hicieron otras atrocidades que él no se atreve a describir, y la muerte también brutal de un pobre hombre que sacaba arena del río, hechos perpetrados por el grupo de “Vicente”, siempre acompañado por unidades militares.12.d- Del Río no entregó a “Vicente” a las autoridades competentes “en acatamiento a las leyes de la Constitución que el señor General debió haber jurado defender”, sino haberlo mantenido en los batallones adscritos a la Brigada, para respaldo del accionar del ejército.
13. Los casos de la Hacienda Guacharacas, de propiedad del presidente Uribe (ver preguntas y respuestas).
14. La impunidad en estos crímenes encuentra blindaje en las medidas de seguridad con que se protegen los victimarios. El 18 de octubre de 2000, una investigadora judicial, cumpliendo un despacho comisorio emanado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, practicó una inspección en la Dirección de Inteligencia del Ejército, para establecer los números de celulares asignados al comandante y al subcomandante de la Brigada XVII en esos años. La respuesta dada por la señora Nelly Corzo Ribero, Asesora Jurídica de la Dirección de Inteligencia fue: “Tal información no se encuentra disponible por cuanto los números de los celulares se mantenían en reserva y solamente existiría un dato contable genérico donde resulta del todo imposible identificar y descubrir los teléfonos solicitados [...] más, habida cuenta del tiempo transcurrido, que por razones de orden público y seguridad han sido archivadas y en oportunidades incineradas”. 14.a- En la investigación del secuestro y asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari y de otras personas (1998), cuando el general Del Río era Comandante de la Brigada XIII en Bogotá, los instructores del expediente 35.487, al realizar una inspección en la empresa Meltec, S.A., de telefonía celular, comprobaron que tres números involucrados en llamadas relacionadas con esos secuestros correspondían a celulares asignados a Del Río, representante legal de la Brigada XIII.
15. Otro recurso de impunidad son las comunicaciones radiales. La ejecución de muchos crímenes, como lo denunciaron algunos soldados, fue coordinada por esos medios. Cuando la Fiscalía quiso indagar sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad radial, el mayor Emiro José Barrios Jiménez, en su declaración ante la Procuraduría General de la Nación (junio 22-2000), afirmó: “La Brigada XVII contaba con radios de comunicación que tienen un mecanismo de seguridad de voz [...]. Complementariamente a la seguridad que se obtiene a través de los equipos de comunicación, los comandantes cuentan con un documento secreto llamado IOC (Instrucciones de Operaciones de Comunicaciones), documento de carácter secreto para desorientar al enemigo”, que se usa al tiempo, como ocurrió, para encriptar procesos de ejecución de crímenes y blindarlos ante una investigación judicial.
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El G. (r) Rito Alejo Del Río, en versión libre del 26 de agosto de 1998 ante un Fiscal Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, afirmó: “En 1983 llegué al país procedente del Batallón Colombia destacado en el Sinaí, donde me desempeñé como Oficial de Operaciones en la Fuerza Multinacional de Paz; era Mayor”. Por su parte, el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil –que dispuso unas bases principales en las haciendas La Veinticuatro y La Cincuenta y Dos en Necoclí, y La Treinta y Cinco como base central en San Pedro de Urabá, que eran visitadas por el Ejército y la Policía– en la página 107 del libro Mi confesión afirma que a sus 18 años estuvo en Israel en 1983 donde tuve la oportunidad de conocer militares de nuestro país, los hombres del batallón Colombia, en el desierto del Sinaí… en mis días de descanso nos encontrábamos en sitios que usualmente frecuentaban; compartía con amigos oficiales y sargentos.
En otro aparte del texto “Elementos probatorios…” se lee que 12 años después de dejar su uniforme, ya como un trabajador del agro –un ex suboficial del Ejército, que ya había denunciado ante la justicia los comportamientos criminales del general Del Río que motivaron a que el testigo abandonara el Ejército– volvió a encontrar a dicho General en similares andanzas.
Según su testimonio (sept. 27-28-2000), “en la semana de septiembre 10-16-2000, en declaración juramentada ante la Unidad Especializada de Fiscalías de Medellín, a la Hacienda La Veinticuatro, de la vereda de Puerto Tulape-La Laja, de Necoclí (Ant.), llegó el ex general Del Río a reunirse con Carlos Castaño y otros jefes como los hermanos Salvatore y Pascual Mancuso, los hermanos Carlos Arturo y Carmelo Cogollo Lara, el ganadero Lisney Negrete, y otros jefes ‘paras’ del Magdalena Medio y Cesar. Cuatro días después, un grupo ‘para’ de cerca de 60 hombres de “Cobra” y alias “Salado”, salían de esa hacienda hacia una finca de Tierralta (Córd.) donde masacraron un elevado número de campesinos, señalados por un ‘informante’ como “simpatizantes de la guerrilla”. Tres de las víctimas fueron llevadas vivas a la Hacienda La Veinticuatro por los ‘paras’ en su regreso, y allí fueron torturadas y descuartizadas; luego, sepultadas en una montaña de la finca, donde, según dice, “están sepultadas muchas otras víctimas”.
Omar Roberto Rodríguez: ¿Qué puede decirnos usted, estimado sacerdote, de la Hacienda Guacharacas, propiedad del entonces gobernador de Antioquia –y hoy Presidente– Álvaro Uribe Vélez; en relación con actividades delictuosas del ex general Rito Alejo?
Sacerdote Jesuita Javier Giraldo: El 2 de mayo de 2000 en la Cárcel de Bellavista de Medellín, fiscales delegados de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos interrogaron a un pequeño empresario que trabajó con dragas en las zonas mineras del nordeste de Antioquia.
O.R.R.: ¿Y qué reveló ese testigo?
Sac. J.G.: Que en 1995, cuando logró ubicarse con su draga y sus trabajadores en una finca de aluvión, entre los corregimientos de Cristales y San José del Nus, de San Roque (Ant.), John Jairo, alias “Filo”, jefe paramilitar de la zona con sede en Cristales pero que departía con la Policía de San José del Nus, lo encañonó para matarlo porque pagaba cuotas que exigía la guerrilla y terminó obligándolo a pagarle a él una cuota mensual de 250.000 pesos. Meses después, cuando el testigo se vio en crisis económica por la baja rentabilidad del trabajo minero, “Filo” lo recomendó para que le permitieran trabajar en la hacienda Guacharacas, propiedad del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, administrada por su primo el señor Luis Villegas Uribe.
O.R.R.: ¿Le permitieron trabajar?
Sac. J.G.: Entre febrero y marzo de 1997, el testigo se trasladó a la hacienda Guacharacas, que, según su testimonio, en la zona dominaban estructuras ‘paras’ con apoyo de todas las autoridades y los hacendados de la región. Don Luis Villegas Uribe, administrador de la hacienda, recomendó al testigo que pagara la cuota mensual a los ‘paras’ y él mismo se ofreció de intermediario. Luego llegó otro jefe paramilitar, alias “Beto”, quien se instaló con 40 ‘paras’ más en Guacharacas.
O.R.R.: ¿Y el testigo pudo percatarse de algún otro movimiento?
Sac. J.G.: Declaró que de allí salían de noche a matar gente. Que con ellos se movilizaba un militar siempre acompañado por un señor Fernando, de Cisneros, alias “El Cojo”. Es más, en una ocasión le pidieron al testigo que prestara su camioneta para ellos ir a matar a un comerciante del corregimiento El Rubí, de de Yolombó, acusado de simpatizar con la guerrilla. Aunque él no prestó su camioneta, al comerciante lo asesinaron un sábado cerca de la medianoche.
O.R.R.: ¿Entonces, la actividad ‘para’ era notoria en la hacienda del Presidente?
Sac. J.G.:El testigo afirma que “Filo” gritaba en las reuniones públicas que él había matado en tres meses a más de 138 personas y que desafiaba a que se le acercaran todas las autoridades “y no nos hacen nada porque somos los mismos”. Cuando el testigo le preguntó a “Beto” quién le enviaba las armas, él respondió que Del Río, “que es un duro del Ejército”.
O.R.R.: ¿Y qué hacía el primo del Presidente?
Sac. J.G.: Con fecha septiembre 24-2003 (numeral 4.4.), un Informe de Inteligencia del B-2 de la XIV Brigada contiene que Luis Villegas suministraba apoyos en dinero e información (al Bloque Central Bolívar, de las auc) sobre el Bloque Metro paramilitar, porque Villegas fue de ellos.
O.R.R.: ¿Dice algo más ese informe de inteligencia del B-2?
Sac. J.G.: Afirma que en la semana anterior a septiembre 24-2003 hubo una reunión en la finca de Luis Villegas entre alias “Comando 90” y alias “Calimán” con un capitán del Ejército a quien le dieron 50 millones para que los dejara trabajar en la zona, pues, según el Capitán, no había problema, pues él era el encargado ahí.
O.R.R.: ¿Y cometieron acciones, delitos?
Sac. J.G.:El Bloque Central Bolívar, en coordinación con el Capitán, recuperó seis vehículos campero y montero del ‘bloque Metro’ que utilizaron para desplazar personal al área de San Roque. El domingo 21 de septiembre, estando en El Vesubio, San Roque, el mismo Capitán informó a alias “Comando 90” que iban para allá y que se fueran, que él les avisaba cuándo sacaban la tropa.
O.R.R.: ¿Villegas Uribe fue requerido por la Fiscalía?
Sac. J.G.: Un registro de prensa divulgado vía internet (nov. 23-2004), denunció el asesinato del “ganadero Luis Villegas Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe Vélez”, por dos pistoleros en un comercio de su propiedad en San Roque. La fuente era el párroco de San Roque, Édgar Rivera.
O.R.R.: ¿Declaró algo más el empresario minero?
Sac. J.G.:Dijo que durante su permanencia en la hacienda Guacharacas, un día apareció Ramiro Cevallos, a quien acusaban de participar en un ataque a la hacienda; él pedía que lo escucharan y lo dejaran trabajar, pues estaba en la miseria. Cuando el testigo intercedió para que lo oyeran, el líder ‘para’ “Beto” respondió que había que “llevárselo al ‘patrón’”, Álvaro Uribe, para que él decidiera.
O.R.R.: ¿Y qué pasó?
Sac. J.G.: Dos días después, un lunes, los ‘paras’ buscaron a Ramiro y su hermano, para “llevarlo ante el ‘patrón’”, sin que se hubiera vuelto a tener noticia de sus paraderos...
O.R.R.: Ojalá su síntesis “Elementos probatorios” convoque a sectores dignos de la justicia a develar estos vericuetos de impunidad. ¿Desde cuándo delinquía Del Río?
Sac. J.G.: Desde 1982, el oficial Del Río le quitaba horas de sueño al ministro de Defensa general Fernando Landazábal (†), aún en su condición de general de derecha –salió en defensa de 59 militares acusados por la Procuraduría de integrar la estructura ‘para’ denominada MAS (Muerte A Secuestradores).
O.R.R.: ¿Por qué dice usted que desde 1982?
Sac. J.G.:Porque así lo relató el General a un Mayor del Ejército hoy retirado, quien la narró ante organismos de derechos humanos y ofreció ratificarla ante tribunales internacionales. Del Río aprovechó su estadía en Israel (1982-83), donde coincidió con Carlos Castaño, luego líder nacional de los ‘paras’, para conseguir arsenales de armas con destino a la estructura paramilitar.
O.R.R.: ¿Y qué hizo el general Landazábal?
Sac. J.G.: El entonces Mindefensa se enteró del asunto por fuentes confiables, envió a Israel a un periodista de su confianza, y además ex militar, para investigar. El periodista Ovidio “Peter” Charria comprobó todo en el terreno y le informó por teléfono a Landazábal que estaba preparado un avión (Hércules 1003 de la FAC) cargado con armas, que aterrizaría en Bogotá el 18 de octubre de 1982. El Ministro preparó un operativo en el aeropuerto de Catam para recibirlo con inspección minuciosa. Pero… el 17, el avión cayó al mar, a 280 kilómetros de Nueva Jersey, por el sobrepeso, pereciendo allí periodista Charria.
O.R.R.: ¿No perecieron todos los ocupantes?
Sac. J.G.: De los 13 ocupantes, casi todos militares de la Fuerza Aérea, excepto el periodista y un Capitán del Ejército, se salvaron ocho, rescatados por un barco liberiano capitaneado por un canadiense, a quien le extrañó ver que los ocupantes “perdían tiempo” –según él, “arrojando la carga”, ya que sólo tenían gasolina para 10 minutos y podían amarizar sin riesgo.
