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miércoles, 18 de noviembre de 2015

VENENO MÁS NUTRICIÓN NO ES IGUAL A ALIMENTACIÓN BALANCEADA

Veneno Más Nutrición No Es Igual a una Alimentación ‘Balanceada’

por el Dr. Mercola
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De acuerdo con las compañías de soda, como Coca-Cola*, las bebidas azucaradas pueden disfrutarse de forma segura como parte de una alimentación y un estilo de vida “equilibrados”. Pero, ¿de qué tipo de “equilibrio” estamos hablando realmente?



¿alimentación balanceada?

En esencia, el "equilibrio” al que nos referimos aquí es entre el veneno y la nutrición. La idea que promueven es que si consume una alimentación saludable, puede darse el gusto de forma segura de envenenarse un poco de vez en cuando.

Este es el único equilibrio al que pueden referirse, ya que cuando se trata de alimentos reales y agua pura – la cual es la única bebida sin la cual no puede vivir el cuerpo – mantener el equilibrio no es realmente un problema.

Es benéfico consumir alimentos reales y no necesita preocuparse de los efectos adversos, como la obesidad y la diabetes.

Incluso una Pequeña Cantidad de Comida Chatarra Tiene un Impacto Adverso en Su Salud

Los alimentos apoyan la salud o no lo hacen. Si no lo hacen, entonces no deben ser interpretados como una parte aceptable de una alimentación saludable. Deben ser presentados con exactitud como una comida chatarra, que debe ser consumida lo menos posible, si es que se consume.

La idea de que puede disfrutarse la comida chatarra con moderación fue refutada de nuevo con la publicación de un estudio, que demuestra que consumir sólo un alimento chatarra al día durante un mes es suficiente para desencadenar el síndrome metabólico en las personas saludables.

Estos bocadillos, los cuales brindaron 1,300 calorías adicionales al día, fueron una selección de barras de caramelo y pastelillos.

En las personas que ya habían sido diagnosticadas con síndrome metabólico, el cual involucra síntomas como presión arterial alta, colesterol alto y niveles elevados de azúcar en la sangre, permitirse una malteada al día durante un mes empeoró su condición.

El síndrome metabólico, a su vez, puede tener consecuencias mortales, al elevar el riesgo de desarrollar diabetes y de padecer un infarto o derrame cerebral. Según afirmó la coautora Suzan Wopereis:

“Los efectos agudos de la alimentación generalmente son pequeños, pero tienen consecuencias graves con el tiempo. 

Nuestra estrategia innovadora permite detectar los efectos pequeños pero relevantes, y de ese modo contribuir al cambio que necesitamos de manera urgente, para pasar del cuidado de las enfermedades al cuidado de la salud, con el objetivo de tener una salud óptima a lo largo de la vida y prevenir las enfermedades".Los Anuncios de Bocadillos Predominan, Mientras Que el Costo de la Obesidad Severa Ha Llegado a los $8 Mil Millones

Medicaid gasta $8 mil millones al año en la obesidad grave - un gasto que puede evitarse por completo. La obesidad también podría ser un factor que contribuye al aumento en el uso de medicamentos recetados en Estados Unidos.

Investigadores de Harvard advierten que el 59 por ciento de los adultos en Estados Unidos utilizan al menos un medicamento recetado – 50 por ciento más que hace una década. También más personas toman medicamentos múltiples, lo que aumenta el riesgo de la interacción adversa de los medicamentos. 

Actualmente, cerca del 15 por ciento de los adultos toman más de cinco medicamentos y los investigadores sugieren que el aumento del uso de medicamentos podría estar relacionado al aumento en la obesidad. 

Sin embargo, para prevenir la obesidad, hay que decirles la verdad a las personas acerca de la nutrición y los alimentos procesados. La industria de los alimentos debe hacerse responsable por sus mentiras y la publicidad de alimentos chatarra para los niños debe minimizarse o erradicarse. 

De acuerdo con un reporte reciente, el 40 por ciento de los anuncios que los niños ven en la televisión son de bocadillos azucarados y las investigaciones6 muestran que estas impresiones tempranas pueden significativamente formar sus hábitos alimenticios futuros.

Desde 2010, los anuncios de bocadillos han aumentado en un 18 por ciento. En 2014, los niños de edad prescolar veían en promedio 582 anuncios de bocadillos en la televisión; los niños entre los 6 y 11 años veían 629 anuncios de bocadillos, 10 por ciento más desde 2010 y los adolescentes veían 635 anuncios de bocadillos, 29 por ciento más.

Otras compañías de alimentos también se concentran más en ciertos grupos raciales que en otros… Según reportó CNN:

“La publicidad de bocadillos salados hacia los jóvenes afroamericanos e hispanos se disparó en un 551 por ciento, mientras que los anuncios de yogurt disminuyeron un 93 por ciento entre 2010 y 2014. Los niños afroamericanos vieron 64 por ciento más anuncios de bocadillos en la televisión que los niños caucásicos, así como 129 por ciento más anuncios de bocadillos salados".Los adultos también ven más anuncios de comida chatarra. En 2014, los adultos vieron 793 anuncios de bocadillos, 32 por ciento más que en 2010. Millones de anuncios de comida chatarra fueron publicados en YouTube y en Facebook en 2014.

La Soda Está Relacionada con un Mayor Riesgo de Insuficiencia Cardiaca

Los investigadores suecos también advierten que el consumo de soda podría aumentar su riesgo de insuficiencia cardiaca. El estudio involucró a 42,000 hombres (entre los 45 y 79 años) quienes fueron monitoreados durante casi 12 años. 

Los hombres que bebían dos vasos o más de soda o de otras bebidas endulzadas al día tenían 23 por ciento más riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca que aquellos que evitaban este tipo de bebidas.

Mientas que el estudio no pudo probar la causalidad, la autora principal Susanna Larson dijo para Reuters:

“El mensaje central es que las personas que toman regularmente bebidas endulzadas deberían considerar reducir su consumo”.Reducir el Azúcar Puede Mejorar Rápidamente Su Salud y la de Sus Hijos

Otro estudio reciente y ampliamente anunciado demuestra qué tan rápido puede mejorar su salud simplemente al evitar los azúcares añadidos. El estudio fue dirigido por el Dr. Robert Lustig, endocrinólogo pediátrico, quien ha afirmado desde hace mucho tiempo que el azúcar es tóxico cuando se consume en cantidades muy altas.

Al reemplazar los azúcares refinados y la fructosa procesada con almidones, los niños obesos vieron mejoras significativas en los biomarcadores relacionados con la salud, tan sólo en 10 días, a pesar de que su consumo general de calorías y el porcentaje de carbohidratos se mantuvieron igual.

El estudio redujo la cantidad de azúcares añadidos de un promedio del 27 por ciento de calorías diarias a cerca de 10 por ciento, lo que está en la misma línea que las recomendaciones más recientes del Comité Asesor de Guías Alimentarias del gobierno federal, publicadas en febrero. 

Como afirmó el Dr. Lustig:

“Cada aspecto de su salud metabólica mejoró, sin ningún cambio en las calorías. Este estudio muestra definitivamente que el azúcar no es dañino metabólicamente por sus calorías o sus efectos en el peso. Sino que el azúcar es metabólicamente dañino porque es azúcar”.En promedio, los niños (entre los ocho y los 18 años) observaron las siguientes mejoras en sus exámenes de laboratorio y marcadores de enfermedades después de esta corta intervención:

Su colesterol LDL disminuyó 10 puntos
Su presión sanguínea diastólica disminuyó cinco puntos
Sus triglicéridos disminuyeron 33 puntos
Su azúcar en la sangre en ayunas disminuyó un 53 por ciento
Sus niveles de insulina también mejoraron significativamente
Los Azúcares Refinados y Procesados Son Diferentes de los Azúcares que se Encuentran en los Alimentos Enteros

Desde un punto de vista de la salud, los niños no fueron sometidos a una alimentación ideal – por ejemplo, fueron alimentados con hot dogs y papitas horneadas, pero esto se hizo específicamente para demostrar el impacto de los azúcares añadidos en la salud metabólica.

El azúcar refinado y la fructosa procesada, como el jarabe de maíz de alta fructosa, son MUCHO más dañinos que la glucosa y otros azúcares que se encuentran en los alimentos enteros. Incluso la fructosa de la fruta entera es menos dañina que el jarabe de maíz de alta fructosa procesado, debido a la presencia de fibra en la fruta. El Dr. Lustig habla sobre esta diferencia en la entrevista mencionada.

Postura Política de la Soda y el Fraude del Equilibrio de la Energía…

El Global Energy Balance Network es un grupo que es secretamente financiado por Coca-Cola. El objetivo de este grupo parece ser confundir a los consumidores acerca de la base científica de la soda y distraer la atención de la creciente evidencia que muestra que las bebidas dulces son el mayor contribuidor para la obesidad y las enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina, como la diabetes.

Según reportó The New York Times, el cual expuso la unión entre la Coca-Cola y Global Energy Balance Network en agosto de este año:

“Coca-Cola, el productor más grande del mundo de bebidas azucaradas, respalda una nueva solución 'con base científica' para la crisis de obesidad: para mantener un peso saludable, haga más ejercicio y preocúpese menos de reducir sus calorías. El gigante de las bebidas se ha unido a científicos influyentes quienes publican este mensaje en revistas médicas, conferencias y a través de los medios sociales... 
‘La mayor parte del enfoque de los medios populares y de la prensa científica es, ‘Oh, comen demasiado, comen demasiado, comen demasiado – y culpan a la comida rápida, a las bebidas azucaradas y más', dice el vicepresidente del grupo, Steven N. Blair, científico del ejercicio, en un video reciente que anuncia a la nueva organización. ‘Y en realidad no hay evidencias convincentes de que esta sea la causa”.Para afirmar que la falta de evidencia es más que ridícula y en apoyo al desenmascaramiento realizado por el New York Times, el Center for Science in the Public Interest (CSPI) escribió una carta al editor firmada por 36 destacados investigadores, científicos y funcionarios de la salud pública, donde se hace notar que Coca-Cola ignora descaradamente la “evidencia bien documentada de que las bebidas azucaradas son uno de los mayores contribuidores a la obesidad, enfermedades cardiacas y diabetes".

Las Compañías de Alimentos Deberían Dejar de Combatir lo Obvio, Dice Experto en Obesidad

La Administración de Alimentos y Bebidas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha propuesto integrar los 'azúcares añadidos' a la tabla de información nutrimental de los alimentos procesados, establecidos en el 10 por ciento de consumo total de energía para una dieta de 2,000 calorías al día. La cantidad total de azúcar añadida en gramos también se mencionaría. Con algunas excepciones, las compañías de alimentos están hostilmente en contra de la propuesta y afirman que sólo generará confusión, ya que todas las calorías del azúcar son idénticas metabólicamente.

En un artículo24 titulado Food companies should stop fighting the obvious: Sugar is ruining our health (Las compañías de alimentos deberían dejar de luchar contra lo obvio: el azúcar está arruinando nuestra salud), el Dr. Lustig critica severamente la opinión anticuada de la industria de los alimentos acerca de que todas las calorías son iguales y afirma que hay suficiente evidencia que demuestra que los azúcares añadidos son diferentes de los azúcares que se encuentran en los alimentos enteros.

También nota que el representante Robert Aderholt (R-Ala) ha incluso presentado un Proyecto de Ley que limitaría las normas nutricionales federales a únicamente aquellas con “evidencia científica robusta”. Esto significa que cualquier norma nutricional debería ser probada a través de pruebas controladas al azar.

“El problema es que la información nutricional clínica casi nunca alcanza a tener pruebas robustas, ya que no se puede cambiar la alimentación de las personas durante 50 años para ver si desarrollan más diabetes o enfermedades cardiacas; es costoso, poco ético e ilegal", escribe el Dr. Lustig. 
“Los científicos han demostrado que añadir azúcares extra a la alimentación de las personas empeora los factores de riesgo cardiometabólico, como altos triglicéridos, presión arterial, glucosa y niveles de insulina, o bajo HDL – todos los cuales son componentes de lo que se conoce como "síndrome metabólico".El Dr. Lustig continua acerca de los descubrimientos de su más reciente estudio, en el cual los biomarcadores de la salud mejoraron significativamente en niños obesos después de sólo 10 días de intercambiar azúcares añadidos por almidones. Ambos son carbohidratos, pero este experimento de corto plazo muestra claramente que NO todas las calorías son iguales, cuando se trata de sus efectos a la salud. Como afirmó el Dr. Lustig:

“Nuestro estudio…establece una relación directa entre el azúcar añadido y estas enfermedades crónicas, las cuales no están relacionadas a sus calorías o a sus efectos en el peso... [C]ada aspecto de su salud metabólica mejoró…todo sin cambiar el consumo de calorías de los niños o su peso y sin hacer ejercicio. 
Simplemente sustituimos almidones por el azúcar en sus alimentos procesados y observamos cómo mejoró su salud. Esta no es una correlación. Es la causa – la evidencia más robusta de todas… Para darle la vuelta a nuestra epidemia de síndrome metabólico, la industria de los alimentos debe reducir el azúcar que añade secretamente a los alimentos procesados… La ciencia debería respaldar las normas, pero las ideas políticas se interponen. 
Y las ideas políticas están basadas en el dinero. La industria de los alimentos gana alrededor de $450 mil millones al año, sin embargo, Estados Unidos gasta al menos $830 mil millones al año para cuidar de enfermedades relacionadas al síndrome metabólico... Esto es insostenible y es la razón principal por la que Medicare y el seguro social estarán en banca rota para el 2030. La USDA debe hacer lo correcto y frenar el consumo de azúcar añadida en Estados Unidos, en vez de postrarse ante la industria de alimentos procesados".¿Consume Demasiada Azúcar?

La Asociación Americana del Corazón y la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) recomiendan limitar su consumo diario de azúcar añadida a nueve cucharaditas (38 gramos) para los hombres y seis cucharaditas (25 gr) para las mujeres. Sin embargo, en Estados Unidos la persona promedio consume alrededor de 20 cucharadas de azúcares añadidos al día y es bastante claro que esto es mucho más de lo que el cuerpo puede controlar.

Un metaanálisis publicado en el Mayo Clinic Proceedings encontró que una vez que se alcanza el 18 por ciento de las calorías diarias de azúcar añadida, el daño metabólico, que promueve la pre-diabetes y la diabetes, aumenta el doble.

Yo recomiendo ampliamente limitar su consumo de fructosa a 25 gramos o menos de todas las fuentes, incluso fuentes naturales, como la fruta - sin importar si es hombre o mujer. Eso equivale a un total de tan sólo un poco más de seis cucharaditas de azúcar al día. Si padece resistencia a la insulina, lo que aplica al 80 por ciento de las personas en Estados Unidos, sería sensato que limitara su consumo total de fructosa a 15 gramos al día, hasta que se haya resuelto su resistencia a la insulina.

No tiene que convertirse en otra estadística de enfermedad… El poder de volverse realmente saludable está en sus manos y una de las estrategias más poderosas para mejorar su salud es limitar (o eliminar) el azúcar refinado y la fructosa procesada (jarabe de maíz). Un buen comienzo sería reducir su consumo de soda y jugo, si los bebe regularmente, hasta que llegue a cero. 

Luego, comience a intercambiar los alimentos procesados por alimentos enteros. No hace falta ser un genio para descifrar cómo es una alimentación saludable. En breve, son los ALIMENTOS REALES - alimentos en su estado sin adulterar o lo menos procesados como sea posible.

La siguiente tabla le brindará más detalles aclaratorios:

Alimentos que promueven el aumento de peso 
Alimentos procesados de todo tipo.

Los azúcares añadidos, sin importar si tienen calorías o no. Entre estos encontramos todas las formas de azúcar, especialmente la fructosa procesada (como el jarabe de maíz de alta fructosa), aunque también los endulzantes artificiales, que confunden a su metabolismo y engañan a su cuerpo para almacenar grasa. 

Carne de las operaciones concentradas de alimentación animal, ya que generalmente son alimentados con granos transgénicos contaminados con glifosato, en vez de pastura pura, además de los antibióticos y otros promotores del crecimiento usados para engordar a los animales lo más rápido posible. Los peces de piscifactoría también son alimentados inadecuadamente, lo que reduce su calidad nutricional. 

Granos procesados de todo tipo, incluso los orgánicos, ya que todos se descomponen como azúcar en el cuerpo. A menos de que sean orgánicos, los granos también podrían estar contaminados con glifosato, inclusive si no son transgénicos. Por ejemplo, tal es el caso de la mayoría del trigo convencional. - 

Las grasas trans que se encuentran en los aceites vegetales hidrogenados, como la margarina y los aceites de canola, maíz y soya.

Alimentos que promueven el peso saludable

Vegetales, frutas y bayas enteras y sin adulterar (idealmente orgánicos) 

Alimentos fermentados y cultivados tradicionalmente sin procesar ni pasteurizar, como el kéfir, cambucha, natto, kimchee y todo tipo de vegetales fermentados. 

Carne de animales de pastoreo criados de forma orgánica, pollos de pastoreo y pescado silvestre, que es bajo en contaminantes. 

Germinados frescos, que pueden cultivarse fácilmente en casa. Se puede germinar una amplia variedad de semillas, lo que maximiza su valor nutricional. Por ejemplo, una vez que las semillas de girasol germinan, su contenido de proteínas, vitaminas y minerales generalmente le brindará 30 veces más nutrientes que los vegetales orgánicos.

Las grasas saludables, como carnes de animales orgánicos de pastoreo, peces aceitosos, como el salmón silvestre, aceite de coco, aceitunas y aceite de oliva, aguacate, frutos secos sin procesar, yema de huevo orgánico de animales de pastoreo y mantequilla hecha con leche sin procesar de animales de pastoreo. Para cocinar, la grasa animal y la manteca son ideales. Ya que son grasas saturadas, no se oxidan al calentarse. Y, ya que las grasas saturadas no tienen enlaces dobles que puedan reaccionar con el oxígeno, tampoco pueden formar peligrosos aldehídos u otros productos oxidativos tóxicos. El aceite de coco es otra opción saludable, ya que también resiste la oxidación al calentarse. 

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Referencia: Mercola.com .
por el Dr. Mercola, 18 de noviembre 2015
* Coca-Cola es una marca registrada y su alusión aquí representa a todas las demás bebidas azucaradas.
Imagen en Mercola.com,

http://bitnavegante.blogspot.com.co/2015/11/nutricion-alimentacion-equilibrada.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+bitnavegante+(BitNavegantes)&utm_term=Google+Reader

martes, 10 de noviembre de 2015

EN TUMACO, EL MUNICIPIO CON MÁS POBREZA Y DESEMPLEO DEL PAÍS, LOS POLITIQUEROS SE ROBARON LAS ELECCIONES

Tumaco, el municipio olvidado por Dios y el Estado

Foto: tomada de elpais.com.co

El 84 % de la población vive en la pobreza; el desempleo llega al 72 % y solo el 26 % de los jóvenes termina secundaria

Por: Gabriel Pacheco

Tumaco es, en verdad, un municipio fallido: el 84 % de la población vive en la pobreza y el 16,4 % en pobreza extrema. La electricidad se va cuando llueve y allá llueve mucho; solo el 5,7 % de la población tiene alcantarillado y el 29 % acueducto; el desempleo llega al 72 %. No hay vías principales decentes, y ni hablar de secundarias, y no hay semáforos. Hablar de planificación urbana en Tumaco es ficción. La salud es precaria. Solo el 26 % de los jóvenes termina la secundaria; de ellos, solo el 8 % llega a la universidad y el puerto tiene un vergonzoso 18 % de analfabetismo. Y no hablemos de violencia, desplazamiento y despojo de tierras porque nos ponemos a llorar.

¿Y saben cuál es presupuesto anual de Tumaco? 221 mil millones de pesos. En otras palabras, Tumaco es un municipio que literalmente se lo han estado robando hace décadas, no hay otra explicación.

Pues bien, el pasado 26 de octubre, mientras el país debatía sobre el sexo del general Palomino, en este municipio olvidado de Dios y del Estado los politiqueros de turno se robaban las elecciones de la manera más descarada y nadie, nadie hizo nada.

Votos marcados y formularios E14 tirados en las calles de Tumaco, a cinco horas luego del cierre de las elecciones, las urnas urbanas que estaban a cuadras del lugar de conteo no llegaban (¿Dónde estaban? ¿Qué hacían con ellas?); la mitad de las mesas clave en el Liceo Max Seidel aparecen en un lugar y la otra mitad en otro (¿por qué?); las mesas de La Concepción aparecieron con bolsas rotas, remendadas con esparadrapo y nunca se reportó material electoral sobrante.

¿Por qué una excesiva y sospechosa demora en la entrega de votos? ¿Por qué bolsas de votos rotas y remendadas? ¿Por qué el registrador encargado prácticamente no hizo ni dijo nada?¿Por qué las mesas rurales llegaron días después cuando podían llegar de un día a otro? ¿Por qué muchas mesas no tuvieron arca triclave? ¿Por qué el registrador encargado fue sorprendido en el carro del esposo de la candidata ganadora? ¿Qué hacían juntos? Y, sobre todo, ¿Por qué nadie en Nariño y en Bogotá no dice o hace nada?

Básicamente nadie dice nada porque Tumaco no importa, está muy lejos, no interesa. Si estas grotescas irregularidades pasaran en una localidad de Bogotá habrían salido en todos los noticieros, pero como pasó en Tumaco…

Cuatro años más Tumaco seguirá condenado al reparto de puestos, presupuestos; a los cuantiosos contratos donde seguramente se quedarán en el mejor de los casos con el 20 %, mientras los tumaqueños seguirán viviendo en una ciudad con niveles de miseria similares a los de Congo o Ruanda.

Si este fuera un país serio, las elecciones de Tumaco se repetirían con veedores nacionales e internacionales y una comisión auditora enviada desde Bogotá que con rigurosidad supervise mesa a mesa… y ¿por qué hacer semejante despliegue? Porque Tumaco merece por primera vez en su historia tener un proceso electoral limpio.

Pero nada esto va a pasar, porque este no es país serio y aquí es más interesante hablar del sexo del general Palomino mientras Tumaco se lo siguen robando.

@GabrielPacheco
http://www.las2orillas.co/tumaco-el-municipio-olvidado-por-dios-el-estado/

sábado, 22 de agosto de 2015

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO LIDERA INTENCIÓN DE VOTO PARA ALCALDÍA DE IBAGUÉ

Encuesta CM&: Intención de voto para la Alcaldía de Ibagué

CM& revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto a la Alcaldía de Ibagué.


A la pregunta, Si las elecciones para elegir alcalde de Ibagué fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?


Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez  (Movimiento MAIS)  21%                              
Jhon Esper Toledo Castañeda             (Cambio Radical)     18%                      
Ricardo Alfonso Ferro Lozano              (Inscrito por firmas) 15%                            
Rubén Darío  Rodríguez Góngora          (Partido Liberal)     12%                                             
Pompilio De Jesús Avendaño Lopera   (Movimiento AICO)   4%                                                         
Emmanuel Enrique Arango       (Centro Democrático) 3%                                                            
Voto en blanco                                      12%                                   
No sabe / No responde                          15%     
      
La siguiente es la ficha técnica de la encuesta:         

http://www.cmi.com.co/encuesta-cm-intencion-de-voto-para-la-alcaldia-de-ibague

miércoles, 15 de abril de 2015

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE SANTOS LEGALIZA EL DESPOJO EN EL CAMPOOOOO

Contradicciones económicas y sociales del PND en el campo

foto: archivo Unimedios

Carlos Alberto Suescún,
Docente Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Colombia

El PND asigna un presupuesto muy bajo al ordenamiento del territorio rural y al acceso a la tierra por parte de los campesinos más necesitados. 

Para un lector desprevenido, la política agraria consignada en el Plan Nacional de Desarrollo podría ser equiparable a un plan de negocios, casi una subasta de recursos naturales. A ello se suman los ínfimos recursos destinados a financiar la reforma rural, que figura en el acuerdo parcial de la agenda de negociación de paz en La Habana.

El PND asigna un presupuesto muy bajo al ordenamiento del territorio rural y al acceso a la tierra por parte de los campesinos más necesitados. foto: archivo Unimedios
Sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin lugar a dudas la ley periódica más importante, poco o nada sabe la gran mayoría de la ciudadanía, como ocurre con muchas iniciativas legales.

En este documento, el gobernante de turno define las prioridades en materia de política pública, determina la financiación a cuatro años y constituye la base para promulgar planes de desarrollo de otros niveles de gobierno (departamentos, municipios, entre otros).

Se trata de una ley orgánica que está definida en su estructura en la Ley 152 de 1994 y, como tal, tiene la posibilidad de modificar diversas legislaciones. Tal característica la convierte en una herramienta tan útil como peligrosa, pues le da cabida a la incorporación de medidas que pueden ser catalogadas como regresivas o a los denominados “micos”.

En el caso particular del PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que lleva los apellidos “Paz, educación y equidad”, estos títulos esperanzadores y sugerentes en materia de democracia chocan de plano con unas medidas regresivas contenidas en el articulado y con sus bases.

En lo relacionado con el sector rural y para un lector desprevenido, el PND podría ser considerado un plan de negocios, casi una subasta de todos y cada uno de los recursos naturales. Así lo establecen los artículos sobre minería, agroindustria, servicios ambientales e infraestructura, entre otros. Estos negocios serán jalonados principalmente por el sector privado, a través de PINES (proyectos de interés nacional y estratégicos), y en menor medida, por el Estado, a través de las denominadas APP (alianzas público-privadas).

En tal ánimo de negocios, se entiende perfectamente el enfoque de paz que propone el Gobierno nacional, al considerarla como un incentivo o elemento de seguridad jurídica y confianza inversionista. No se ve como un derecho ciudadano, en un país azotado históricamente por la violencia y por las consecuencias de un modelo de desarrollo de largo plazo fundado en las bonanzas del sector primario de la economía, donde la inequitativa distribución de la propiedad rural y del ingreso son elementos nucleares del conflicto.

Esto no quiere decir que la paz no sea necesaria también para llevar a cabo labores de producción. Sin embargo, cuando la dinámica productiva engendra serias injusticias y contradicciones sociales profundas, puede convertirse en elemento legitimador de más violencia. 

¿Legalización del despojo? 

El documento inicial, publicado en noviembre de 2014, establecía en su página 6 que la paz es una locomotora para el crecimiento, lo que lleva a concluir que con la pacificación del país se podría duplicar la tasa de crecimiento del pib. Sin embargo, esta parte fue suprimida en la versión de febrero.

De igual manera, las citadas bases establecen que es el momento preciso de la paz y que existe una infraestructura institucional que favorece su consecución, conformada, entre otras leyes, por la de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y los planes regionales de desarrollo y paz.

Pues bien, la reforma agraria, mediante el mecanismo de adjudicación de baldíos y la política de restitución, es restringida por el proyecto de ley del PND 2014-2018 en sus artículos 47, 48, 49 y 97.

Los dos primeros disponen que cualquier pine en construcción, infraestructura, minería, agroindustria, entre otros, será automáticamente considerado de utilidad pública e interés social, dos preceptos constitucionales consignados en el artículo 58, que facultan la expropiación y la relevancia legal. Es decir, la construcción de una carretera, al ser declarada PINE, se convierte en vía de interés social y de utilidad pública.

Por su parte, el artículo 49, en coherencia con los anteriores, establece que no se podrá restituir materialmente un predio si este traslapa con un PINE, que para continuar con el ejemplo, puede ser la misma carretera. El artículo obliga a que el juez se abstenga de restituirlo y, a cambio, se compense o se reubique al reclamante. Así las cosas, las opciones que deben ser subsidiarias a la restitución se convertirían en las principales, lo que implica mayores costos estatales y, en cierta medida, una legalización del despojo.

El mismo artículo determinaba inicialmente una seria contradicción con el artículo 64 constitucional, pues restringía el acceso progresivo de los campesinos a la propiedad rural, ya que siguiendo con la vía declarada PINE, si en el trazado también hay un predio baldío ocupado por un campesino, y suponiendo que este ha cumplido con los requisitos de ley para acceder a la propiedad, el artículo disponía que el Incoder tendría que abstenerse de titularle la tierra por el carácter de utilidad pública e interés social de la carretera.

Sin embargo, un PINE puede ser también un área minera o forestal, un proyecto inmobiliario o inclusive una zona de interés de desarrollo rural y estratégico o cualquier otra figura del Gobierno con el fin de facilitar la acumulación irregular de baldíos por encima de la UAF (unidad agrícola familiar), otra forma de despojo en contra de los campesinos y del mismo Estado. 

Reforma sin financiación 

En la distribución de los recursos de inversión, las prioridades y la discriminación son congruentes. Si bien ya no se habla de locomotoras del crecimiento como en el pnd 2010-2014, sino de ejes transversales, la idea de desarrollo en el sector primario y a gran escala es la misma.

Como se puede notar, con el presupuesto plurianual de inversiones, cerca del 87 % de los recursos se dedican exclusivamente a una línea de política de impulso a la competitividad rural. Son más de 42 billones que se financiarían en un 83 % con recursos del sector privado y en un 12 % con dineros del Gobierno nacional.

Sin duda, la apuesta en este campo es la continuidad de la pretensión del PND previo, que buscaba convertir en clusters agroindustriales algunas zonas del país, en particular la altillanura (Meta, Casanare y Vichada). Esto con el fin de desarrollar grandes cultivos con supuestos rendimientos a escala.

Para esta línea de política de competitividad, se destinan desde el Gobierno nacional 5,1 billones, mientras que en el caso de la política de ordenamiento del territorio rural y acceso a la tierra por pobladores rurales, en la que cabrían zonas de reserva campesina y las demás políticas de reforma agraria (subsidio integral de tierras y adjudicación de baldíos) y ordenamiento territorial, apenas se destinan 768.000 millones. Así, ni siquiera se financiaría lo más básico en materia de política de reforma rural, que son los contenidos del acuerdo parcial del punto uno de la agenda de negociación de paz en La Habana.

Por supuesto, estos son apenas algunos de los contenidos más controversiales del PND, pues faltó aludir a las disposiciones en minería (artículos 19 y 22, para solo señalar algunos), los servicios ambientales y la exclusión de los departamentos de Guaviare, Vaupés y Guainía, de la Amazonia, que ahora corresponden a los Llanos Orientales, donde las prioridades son vías, minería y agroindustria.

Falta ver cuáles modificaciones se dan en el debate de las plenarias del Congreso. Pero, de acuerdo con la experiencia, nada mejor se puede esperar.

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/contradicciones-economicas-y-sociales-del-pnd-en-el-campo.html

viernes, 1 de agosto de 2014

LA INTENSA SEQUÍA YA ALCANZA MEDIA COLOMBIA

Sin que llegue aún el fenómeno del Niño, media Colombia tiene sed


Por Alberto Acevedo

Las medidas de emergencia anunciadas por el gobierno son tardías y en muchas regiones llegan a paso de tortuga. Junto a la falta de agua, la pobreza y el abandono en servicios básicos como la salud, matan a niños y ancianos. No ha comenzado aún la etapa de verano intenso, conocida como el fenómeno del Niño y ya el país sufre los efectos de una intensa sequía, especialmente en la Costa Atlántica, que en pocas semanas ha representado para la economía nacional enormes pérdidas en cosechas, reses y otros animales sacrificados; pero también en vidas humanas, sobre todo de niños, a quienes la falta de agua, sumada a la desnutrición endémica, resultan una combinación fatal.

Campesinos y pequeños propietarios comienzan a hacer inventarios. Más de 33 mil reses murieron de sed en regiones tradicionalmente ganaderas del norte del país en las primeras semanas de sequía.

En varias capitales de departamento, la población sufre porque el agua potable no llega a sus hogares, mientras en el sur del país o en zonas de frontera, ha debido acudir a movilizaciones callejeras y paros cívicos para llamar la atención de las autoridades sobre problemas que habían sido denunciados hace mucho tiempo. Lo paradójico es que mientras en la costa norte simplemente no hay agua, por el verano, en el sur la falta del líquido vital es ocasionada por la destrucción de acueductos, pozos o reservorios, a causa de las inundaciones.

Santa Marta, por ejemplo, ha debido resignarse a celebrar el 489 aniversario de su fundación en medio de un crudo racionamiento. La ciudad, en cinco centurias, no ha tenido un acueducto decente, porque las administraciones corruptas no lo permiten, pues dilapidan los generosos recursos que produce la industria turística, una de las más rentables del país. La gente, indignada, reclama porque, a pesar de la ausencia casi total de agua, que no es de ahora, sí llegan puntuales los recibos de cobro del servicio, en una afrenta su paciencia.

Además, incendios

En el Valle del Cauca, seis poblaciones han visto reducir los cultivos de productos esenciales de la canasta familiar. Los precarios sistemas de acueducto han reducido sus niveles de suministro y, en contraste, comienzan los incendios forestales, otra epidemia que se repite como una noria, año tras año, sin que las autoridades tomen correctivos eficaces.

En Yopal, la población debió realizar un paro cívico y movilizaciones por más de una semana para llamar la atención de las autoridades locales y nacionales sobre el hecho de que hace más de tres años no tienen un servicio regular de agua potable y porque, a pesar de ser ciudad capital de departamento y disponer de ingentes recursos por regalías, no tienen una planta de tratamiento ni un acueducto decentes.

En Barranquilla, otra capital de departamento, barrios enteros disponen apenas de dos horas en el día del preciado líquido para utilizar en preparación de sus alimentos y el aseo personal. En Curumaní (Cesar), ya se perdió el 40% de la cosecha de arroz sembrada. En este departamento, las pérdidas en producción de leche ascienden a 460 millones de pesos diarios y murieron tres mil cabezas de ganado.

Lágrimas de cocodrilo

En La Guajira, además de la muerte de siete mil cabezas de ganado, entre ovinos y caprinos y la inutilización de diez mil hectáreas de tierra que dejaron de ser productivas, se ha reportado la muerte de 15 niños de las comunidades indígenas del norte del departamento por enfermedades derivadas de la falta de agua y por simple desnutrición.

Este último fenómeno no es nuevo; ya el año pasado habían fallecido 23 menores de edad, afectados no sólo por la grave sequía sino por la falta de alimentos y de cuidados médicos, que en la región prácticamente no se conocen.

El presidente Juan Manuel Santos visitó la región la semana pasada y anunció medidas que en realidad son un mero ejercicio de derramar lágrimas de cocodrilo. No hubo ningún examen autocrítico de la desidia oficial en la prevención de estos desastres. El mandatario anunció al país, como contentillo, que en estos momentos hay un buen nivel de las reservas hidráulicas, por lo que descartó racionamientos.

Pero los racionamientos ya existen, y en algunos casos desde hace años. La situación de Yopal así lo indica, pero también la de Barranquilla, donde barrios enteros reciben dos horas de agua en el día.

Desidia

El optimismo del presidente no lo comparten ni las autoridades ambientales, que aseguran que la tragedia apenas comienza, en la medida en que la temporada de sequía se intensifique, ni por la Defensoría del Pueblo que está convencida de que la situación descrita evidencia la falta de planeación de las autoridades que se muestran negligentes en ofrecer soluciones de forma oportuna.

En este sentido, en el marco de los primeros debates de control político que se anuncian en el congreso de la República, y que se mencionan en otra parte de esta edición, para el miércoles de esta semana está prevista la citación a al menos 15 funcionarios de alto nivel para que expliquen al legislativo cuáles son los correctivos que se están tomando para prevenir situaciones ya anunciadas por la comunidad, y recurrentes en la medida en que se agudizan temporadas de invierno o de verano. Y que explique el gobierno de cuáles recursos dispone para ello.

Este enojoso asunto pone de manifiesto además la falta de una política medioambiental acorde con la situación del país. O la simple entrega de los recursos naturales a empresas multinacionales que destruyen las reservas de agua. Ese fue el caso reciente de la Orinoquia, donde murieron de sed alrededor de seis mil chigüiros después de que se supo que las exploraciones petroleras habían destruido yacimientos subterráneos enteros.

Problema global

Y la política de construcción de hidroeléctricas en manos del gobierno causa no pocos daños ambientales, como lo denunció recientemente la comunidad campesina e indígena de la región de Ituango, en Antioquia, víctima del desvío del río Cauca, uno de los más caudalosos del país.

El problema del manejo y administración de los recursos del agua es un asunto que se debate en todo el planeta. Recientemente, las Naciones Unidas llamaron la atención del hecho de que en el mundo cerca de 700 millones de personas no tienen acceso al agua potable y esto, precipita enfermedades y pobreza. De esa cifra, 425 millones son menores de edad.

La ONU, además, lamentó que las grandes potencias o centros de poder utilicen el agua como arma de guerra en zonas de conflicto. Es la situación que se vive hoy en los territorios palestinos ocupados por Israel y en otras regiones del Oriente Medio y África.

Los gobiernos reaccionan de distintas maneras frente al problema. En Europa, por ejemplo, en la actualidad se dan pasos hacia la privatización del agua para resolver los problemas de la crisis de la deuda soberana. Desde luego, en medio del rechazo generalizado de las organizaciones sociales y los trabajadores. En contraste, el gobierno de Michelle Bachelet, en Chile, declara el agua como “un bien nacional de uso público”, como paso previo a su nacionalización. El gobierno del presidente Santos debería tomar en cuenta este último ejemplo, en la perspectiva de solución de los grandes problemas nacionales, como dice que va a ser el talante de su segundo mandato.

http://www.semanariovoz.com/2014/07/30/sin-que-llegue-aun-el-fenomeno-del-nino-media-colombia-tiene-sed/

miércoles, 23 de julio de 2014

ALERTA EN COLOMBIA ANTE POSIBLES EXCARCELACIONES DE PARAMILITARES

Alarma ante posibles excarcelaciones de paramilitares en Colombia 

Escrito por Juan Francisco Molina M. / Tras la Cola de la Rata


Decenas de comandantes y combatientes de grupos paramilitares pueden salir de las cárceles colombianas a partir de este mes de agosto. La llamada Ley de Justicia y Paz promovida por Álvaro Uribe como presidente considera a 4.787 hombres encarcelados dentro de los que pueden comenzar a solicitar la libertad tras cumplir 8 años de pena máxima.

El próximo mes de agosto se cumplirán ocho años desde que la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz recibió la primera lista de postulados a los beneficios jurídicos de la Ley 975 de 2005, también conocida como “Ley de Justicia y Paz”.

En febrero de 2013 había un total de 4.787 excombatientes postulados, de los cuales 4.237 pertenecieron a los grupos paramilitares (264 como comandantes) y 550 a las diferentesorganizaciones guerrilleras.

Si se tiene en cuenta que ocho es también el máximo de años contemplado como pena alternativa por la ley de justicia y paz, y que de conformidad con el artículo 38 del decreto 3011 de 2013 los mismos se contarán, según corresponda en cada caso, desde el momento de la postulación, desde julio 25 de 2005 (fecha de expedición de la ley 975) o desde el ingreso a un establecimiento de reclusión, quienes ya cumplieron con dicho término estarían facultados para “recobrar su libertad”.

Esto significa que durante los próximos meses cientos de excombatientes paramilitares y algunos de las guerrillas podrán salir de la cárcel. “Ramón Isaza”, “Ernesto Báez”, “El Iguano”, “Botalón”, “Monoleche”, “Julián Bolívar”, “Diego Vecino” y “Juancho Dique” son algunos de los 268, 46 de ellos comandantes y mandos medios, que por estos días están facultados para solicitar la sustitución de su medida de aseguramiento por haber estado recluidos el máximo de tiempo contemplado en la referida norma.

De hecho, hace poco se conoció la decisión de una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla que, aunque no se encuentra en firme por haber sido apelada por la Fiscalía, el Ministerio Público y los representantes de víctimas, le concede la libertad a Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, excomandante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Durante lo corrido del año, las voces de preocupación no se han hecho esperar. Además de la magnitud y atrocidad de los delitos que se les imputa a estos individuos, así como de los pocos resultados con que se cuenta en términos de investigación, juzgamiento y satisfacción de los derechos de sus víctimas, permanece el temor ante la posibilidad de que, una vez por fuera de sus centros de reclusión, continúen infundiendo miedo y terror.

Las alarmas

Algunos medios de comunicación han sonado las alarmas, con titulares como: “Autoridades temen quesalida de paramilitares de cárceles fortalezcan bacrim [Bandas criminales]”, “Fiscalía apura procesos de jefes paramilitares que saldrían este año”, o ” Víctimas del Cauca, preocupadas por salida de paramilitares”.

El senador Iván Cepeda ha expresado que “con la eventual salida de las cárceles de los jefes paramilitares que cumplen sus condenas este año, las garantías de no repetición no se cumplirán […] las condiciones están dadas para que se susciten nuevos hechos de violencia sistemática como los que padecieron comunidades cuando estos jefes comandaban estructuras paras”. Por su parte el ministro de justicia declaró que, “en términos de reparación a las víctimas y de verdad,son muchas las irregularidades que encontraron en el proceso de Justicia y Paz”, de modo que a su parecer, “hoy estarían dadas las circunstancias para que los excluyeran casi a todos”.
Aunque tales preocupaciones no sean infundadas, no puede pasarse por alto, al menos, las siguientes consideraciones.

Los retos

- Los excombatientes no quedarán en libertad, necesariamente, por el cumplimiento de su pena alternativa sino por la “sustitución de [su] medida de aseguramiento”. En otras palabras, quienes tengan aun cuentas pendientes continuarán sujetos al proceso judicial y deberán participar en las diligencias respectivas.

- En segundo lugar, la “salida de la cárcel” depende de cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley, entre ellos el ya referido término de ocho años, la necesidad de haber participado en las actividades “de resocialización” que ofrece el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), el haber contribuido a establecer la verdad, la entrega de bienes para la reparación de las víctimas y la no comisión de delitos dolosos con posterioridad a su desmovilización.

- Y en tercer lugar, una vez concedida la sustitución de la medida de aseguramiento, esta podrá ser revocada cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: “1. Que el postulado deje de participar en las diligencias judiciales […] o se compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad; 2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por la autoridad judicial competente; 3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración diseñado por el gobierno nacional”.

Pero aun entonces queda la pregunta de cómo hará el Estado para garantizar la contribución efectiva a la verdad y reparación de quienes ya no estarán privados de su libertad, y de quienes, a pesar de haber estado recluidos, poco pudieron aportar a la garantía de tales aspectos o poco avanzó el Estado en exigirles más severa e idóneamente una mayor contribución.

Esto plantea un reto mayúsculo: juzgar y esclarecer las responsabilidades de señores de la guerra en “libertad” frente a una sociedad que confía excesivamente en el derecho penal y que ve en sus “penas y cadenas” la forma más idónea para obtener justicia y “acceder a derechos” como la verdad y la reparación, así como una manera de garantizar la no repetición de sus delitos. Como si la única instancia posible para ello fuera la judicial y como si el derecho penal pudiera cumplir estas tareas.

Trato es trato

Con todo y tales retos, la pena alternativa contemplada en la ley de justicia y paz “consiste en [la] privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho […]”, habiendo sido eso –y no otra cosa– lo estipulado en la ley a la que en su momento se acogieron los excombatientes. Trato es trato y la ley está para cumplirla, más aún en un estado de derecho como el colombiano, en el que la paz ha estado sujeta a su negociación y la inclusión de los guerreros a la sociedad a un indulto, amnistía o pena alternativa. ¡Mal haría el legislador de este tiempo en modificar las reglas de juego y los acuerdos del pasado, mal el del futuro si desconoce las que por estos días se están definiendo!

Como señala María Camila Moreno: “la responsabilidad de que después de ocho años los postulados no tengan sentencia, no es de los postulados sino del sistema judicial, del diseño mismo de la Ley de justicia y paz. Entonces el Estado tiene que honrar su compromiso y es un mensaje muy importante también de cara al proceso de paz de La Habana”.

Así las cosas, resulta necesario explorar los “nuevos” mecanismos que intentarán garantizar las contribuciones de los excombatientes por fuera de sus centros de reclusión, pues, con todo, las circunstancias que hoy generan esta situación se enmarcan en un contexto específico de negociación de la paz, que debe poner su mirada, más que al paso del tiempo sin alternativa, al cumplimiento parcial o precario del Estado en sus obligaciones y a las formas y procedimientos en que se estructuró el proceso, a las exigencias que al mismo se le hicieron y a las expectativas que en una misma instancia –la judicial– se pusieron.

Aunque preocupante, no puede perderse de vista que, si acaso, la judicial es una de las muchas formas para garantizar aspectos como la verdad y la reparación, y que a la primera, que no reposa en ninguna parte, difícilmente puede buscársele en los juzgados, así como a la segunda en las sentencias. Que sea esta una oportunidad para fortalecer y seguir explorando otros escenarios y mecanismos, y que así como preocupa el que no siga habiendo cárcel para los que están próximos a salir de ella, preocupen también las hectáreas de tierra sin restituir, las víctimas sin reparar y las medidas de reparación colectiva sin implementar, por no referir a la violencia que sigue azotando a muchas regiones del país.

http://otramerica.com/temas/alarma-ante-posibles-excarcelaciones-paramilitares-colombia/3234

miércoles, 19 de marzo de 2014

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OTORGA MEDIDAS CAUTELARES A PETRO Y PIDE A GOBIERNO NO DESTITUIRLO

La CIDH pide al Gobierno colombiano que suspenda la destitución de Petro


Elizabeth Reyes L
El País

Cuando la batalla contra la destitución de Gustavo Petro parecía perdida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, decidió otorgar medidas cautelares al alcalde de la capital colombiana y pidió que se frene la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría. "La Comisión requiere a Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como alcalde de Bogotá D.C. el 30 de octubre de 2011", dice el comunicado de la CIDH.

Para este organismo, los derechos políticos de Petro "se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia", por lo que le dan un plazo de 15 días al gobierno colombiano para que le informe sobre la adopción de las medidas cautelares.

El anuncio se conoció cerca de la medianoche de lunes, solo unas horas después de que el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa en Colombia, negara un grupo de 23 tutelas (amparos judiciales) que buscaban dejar sin fundamento la sanción de la Procuraduría de además de destituir al alcalde de su cargo lo inhabilita por 15 años para ocupar cargos públicos, algo que en la práctica significa su muerte política.

Estos amparos judiciales se convirtieron en la estrategia central de los defensores del alcalde –que bautizaron como 'tutelatón'– y que en un principio tuvo resultado, ya que lograron frenar provisionalmente la destitución del exguerrillero del desmovilizado grupo M19 y actual líder del movimiento Progresistas. Sin embargo, con la decisión del Consejo de Estado (con una votación 15-8) de rechazar el último grupo de tutelas, quedaba en firme la sanción de la Procuraduría, con lo se asumía que en cuestión de días, Petro debería abandonar el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia.

Ahora, con las medidas cautelares, todo queda en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien deberá decidir si acoge la petición de la CIDH, un tema que ha sido de amplio debate en Colombia, ya que algunos, como el fiscal general, Eduardo Montealegre, consideran que es de obligatorio cumplimiento, pero otros insisten en que se trata de una recomendación. Así lo considera el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

A Petro, quien estaba confiado de que la CIDH se pronunciara a su favor, le llegó su salvavidas, por lo que también quedaría en firme la realización de un referendo revocatorio, programado para el 6 de abril, en donde los bogotanos decidirán si Petro sigue o no en su cargo. Esta consulta es un proceso diferente de la sanción disciplinaria y el alcalde está confiado en que sus electores evitarán que lo revoquen.

Tras el anuncio de la CIDH, Petro se pronunció a través de su cuenta personal en Twitter, donde celebró y convocó a sus seguidores. "Mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar", escribió.

El motivo de la destitución de Gustavo Petro se remonta a finales de 2012, cuando el alcalde de Bogotá implementó un nuevo esquema de recolección de basuras en la capital colombiana, con el que pretendía quitarle los contratos a empresas privadas para darle el manejo de las basuras a una compañía pública. Esto provocó un caos en las calles de la ciudad durante tres días, lo que dio inicio a la investigación disciplinaria que parecía que le iba a costar su salida. Pero un giro de último momento, vuelve a poner su caso en suspenso

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/19/actualidad/1395198102_139293.html

martes, 23 de julio de 2013

RENUNCIA EL EMBAJADOR EN WASHINGTON, CARLOS URRUTIA, ANTE GRAVES DENUNCIAS DEL SENADOR ROBLEDO

Ante denuncias de los congresistas del Polo, Robledo y Arias, embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, no tuvo más que renunciar


denunciando.com

Frente a las pruebas contundentes expuestas en los últimos dos meses por los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias Castillo que comprometen seriamente la responsabilidad de Carlos Urrutia Valenzuela, embajador de Colombia en Washington, en un controvertido sistema de compra de tierras en el Vichada en su calidad de mayor accionista de la firma de abogados Brigard & Urrutia que asesoró a varias empresas, el diplomático no tuvo más remedio que presentar su renuncia del cargo ante el presidente Santos.

Las denuncias de los congresistas del Polo Democrático contra el embajador Urrutia fueron creciendo como bola de nieve y se preveía que iba a ser muy difícil para el gobierno de Juan Manuel Santos sostenerlo en la legación diplomática de la capital estadounidense. Por ello en forma de retaliación, el propio presidente Juan Manuel Santos atacó en forma mezquina al senador Robledo de estar instigando a la violencia en las protestas sociales que se vienen realizando en diversos sectores del país.

El representante Wilson Arias fue quien durante un debate de control político desenmascaró la trama jurídica que montó Brigard & Urrutia para que empresas como Caregill y Riopaila se hicieran en forma ilegal a miles de hectáreas de baldíos en la altillanura.

Arias Castillo explicó que este caso hace referencia a un “entramado empresarial jurídico” para apropiarse de 42.000 hectáreas de tierra con antecedente de baldío en la altillanura colombiana, “violentando las prohibiciones de ley 160 de 1994”.

La multinacional Cargill habría utilizado un mecanismo similar para acaparar al menos 26.060 hectáreas en los municipios de Cumaribo y Santa Rosalía, en el Vichada.

Por este escándalo, la firma Brigard & Urrutia está siendo investigada preliminarmente por el Consejo Superior de la Judicatura.

Todo lo anterior llevó a que Urrutia Valenzuela presentara dimisión al cargo de embajador en Washington, argumentando que no quiere afectar al gobierno nacional.

Por su parte, Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático Alternativo, dijo que este escándalo muestra la necesidad que tiene un país de contar con una bancada de oposición independiente. El Polo, señaló, “se ha destacado en el control político y este es uno de los casos más ejemplarizantes que demuestra que la oposición no está para aplaudir sino para ponerle freno a los excesos y errores del ejecutivo”.

No obstante, la dimisión de Urrutia, los congresistas del Polo Democrático han anunciado que continuarán realizando los debates de control político que han planificado para seguir desenmascarando los intereses del gran capital tanto nacional como transnacional en la acaparación ilegal de tierras.

boletinpolo@polodemocratico.net>


Ante ONU y OEA, Clara López denuncia caso del senador Robledo y falta de garantías para la oposición en Colombia

En sendas cartas dirigidas a los secretarios generales tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon como de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, pone de manifiesto los graves señalamientos calumniosos e irresponsables que ha hecho el gobierno de Juan Manuel Santos contra el senador Jorge Enrique Robledo y agrega una serie de hechos que le permiten señalar que en Colombia la oposición política carece de garantías para su ejercicio.


La presidenta del Polo Democrático envió copia de las cartas a los representantes de la ONU y de la OEA a todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia con el propósito de denunciar los atropellos de que viene siendo objeto el único partido de oposición en este país por parte del gobierno de Santos.

El texto de las misivas está concebido en igual sentido, por lo que se transcribe a continuación el dirigido al Secretario General de la ONU:

Bogotá D.C., 22 de julio de 2013

Señor
BAN KI-MOON
Secretario General
Organización de las Naciones Unidas
E. S. D.

Respetado señor:

Reciba un especial saludo del Partido Polo Democrático Alternativo, único Partido que se ha declarado en oposición al gobierno del Presidente de la República Juan Manuel Santos.

Me dirijo a usted como presidenta de dicho partido legal, con personería jurídica reconocida por las autoridades electorales de la República de Colombia, para denunciar ante la Organización de Naciones Unidas la falta de garantías en el ejercicio de la oposición, evidenciada por los señalamientos calumniosos respecto del partido y del senador Jorge Enrique Robledo, proferidos por el Presidente Juan Manuel Santos y su Ministro del Interior Fernando Carrillo.
En efecto, el Presidente afirmó: “Tenemos información precisa de un senador de la República que se muestra como el defensor de los campesinos y de la protesta social y lo que quiere es violencia”, sin mencionar su nombre. Con todo, minutos después, el Ministro del Interior convocó a una rueda de prensa para acusar al senador Jorge Robledo de vinculación con hechos violentos, al respecto dijo: “Se evidencia una relación directa y clarísima de dos agitadores de Quinchía con Oscar Gutiérrez,quien es líder de Dignidad Cafetera, según se dice, con el Polo Democrático Alternativo en el departamento de Caldas”, y agregó: “Estamos por determinar si el vínculo entre Gutiérrez y el senador existe. Hay que clarificar y establecer los vínculos con el Polo y con el senador Robledo”.

Se trata de una acusación de particular gravedad, en un país que como Colombia tiene múltiples ejemplos de violencia política instigada por las autoridades, particularmente contra los sectores de la izquierda democrática, de la cual hace parte el Polo Democrático Alternativo. Al respecto debo recordarle señor Secretario General que señalamientos de ésta naturaleza han llevado al asesinato de dirigentes y candidatos presidenciales de oposición a lo largo de nuestra historia republicana. Basta señalar los casos de Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán y más recientemente el genocidio político de los miembros de la Unión Patriótica, reconocido por el Consejo de Estado en reciente fallo, y el asesinato de su Presidente y candidato presidencial Bernardo Jaramillo, en un atentado pocos días después de los señalamientos estigmatizantes del Ministro de Relaciones Exteriores de la época.

En razón a lo anterior, señalamos ante usted y denunciamos la falta de garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia, especialmente cuando estamos ad portas de un proceso electoral que culminará con la elección del Congreso y del Presidente de la República en los meses de marzo y mayo de 2014, respectivamente.

Estamos haciéndole un llamado al Presidente de la República para que la confrontación política en el debate electoral, donde seguramente él se presentará a la reelección, se adelante de manera civilizada y respetuosa con sus contradictores, para lo cual solicitamos sus buenos oficios.

Adjunto a la presente certificación de existencia y representación legal.

Cordialmente,

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
Presidenta y Representante Legal
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

viernes, 26 de abril de 2013

LOS MÁS POBRES SON LOS QUE PAGAN IMPUESTOS EN COLOMBIA

En Colombia los impuestos los pagan los más pobres


Por Justicia Tributaria|

En la década de 1970 el impuesto a la renta aportaba el 44% del recaudo total y para el periodo comprendido entre 2000 y 2011 bajó al 41%. Mientras el IVA, un impuesto regresivo por naturaleza porque lo pagan todos los ciudadanos sin importar su ingreso, aumentó del 14 al 29% en el mismo periodo.

Así se desprende de un documento publicado por la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, llamado ¿Quiénes pagan los impuestos en Colombia?. En éste se analiza el cambio en la estructura tributaria del país en las últimas décadas, mostrando cómo se ha hecho cada vez más regresiva.

En la década de 1970 el impuesto a la renta aportaba el 44% del recaudo total y para el periodo comprendido entre 2000 y 2011 bajó al 41%. Mientras el IVA, un impuesto regresivo por naturaleza porque lo pagan todos los ciudadanos sin importar su ingreso, aumentó del 14 al 29% en el mismo periodo. Otra prueba de la iniquidad tributaria colombiana es que el impuesto efectivo a la renta a las personas naturales tiene una participación del 5.22% en los impuestos mientras que las personas jurídicas es del 4.90%.

Lo anterior demuestra que los trabajadores pagan proporcionalmente más impuestos que los empresarios, profundizando la condición de desigualdad del país, que la ubica en el tercer lugar a nivel mundial después de Haití y Angola. Al mismo tiempo que esto ocurre, para 2010 las exenciones totales al impuesto a la renta le costaron a la nación 8.3 billones de pesos, con los cuales el país lograría resolver importantes necesidades como la salud y la educación.

La Red por la Justicia Tributaria en Colombia es una iniciativa de académicos, ex funcionarios de Estado y organizaciones, con el objetivo de realizar análisis sobre la estructura tributaria del país, vigilar los aportes que las grandes empresas nacionales y extranjeras realizan a la economía y exigir transparencia en la información tributaria de las mismas.

http://justiciatributaria.co/quienes-pagan-impuestos-en-colombia-3/

lunes, 18 de febrero de 2013

CONFLICTO SINDICAL EN EL CERREJÓN, INTRANSIGENCIA PATRONAL



Carbones del Cerrejón Limited No Quiere Negociar

Así Va Nuestra Negociación Comunicado No. 39
Estamos en Huelga
Ante el anuncio de Carbones del Cerrejón en la tarde de hoy, mediante comunicado de prensa, en el sentido de que suspende las conversaciones con Sintracarbón en el marco de la huelga que actualmente se desarrolla, esta organización sindical se permite hacer las siguientes precisiones:

1. Bajo la premisa del sindicalismo responsable que ha ejercido desde hace más de 30 años, esta organización sindical privilegia los acuerdos negociados. Es así como en el actual conflicto colectivo de trabajo con Cerrejón ha desplegado todo su esfuerzo para lograrlo, tomando la iniciativa en la mesa de negociación.

2. Desde el instante mismo en que le fue anunciada a la administración de Cerrejón la fecha y hora de inicio de la huelga, con la presencia del Ministerio de Trabajo, le fue comunicado que esta organización sindical estaba presta a reiniciar cuanto antes las conversaciones con la contraparte en el marco de la actual negociación colectiva.

3. En razón de lo anterior, el día 8 de febrero, sin haber cumplido siquiera las 24 horas de iniciada la huelga aceptamos la invitación que nos hicieran el Ministro de Trabajo, doctor Rafael Pardo Rueda, y su equipo de trabajo, incluido el doctor José Noé Ríos, entonces Viceministro designado. A los altos dignatarios, nuestra Comisión Negociadora les entregó por escrito y firmada una propuesta que permitiría encontrar el camino que nos condujera a la suscripción de una nueva convención colectiva, minimizando el impacto de la huelga. Desde el día 9 de febrero, esta propuesta sindical reposa en manos de la compañía, que, hasta hoy, no se ha dignado contestar.

4. El día 13 de febrero Sintracarbón acudió a una nueva invitación por parte del señor Viceministro Ríos, el cual se regresó a la Capital de la República con una propuesta nuestra que contenía una metodología para retomar las conversaciones, aun en medio de la huelga. Esta propuesta fue compartida con los señores ministros de Minas y Trabajo y el equipo de Presidencia de la Compañía. Mediante comunicado de prensa fechado el día 14, la compañía reaccionó anunciando que retornaría a la mesa bajo la condición de fijar, primero, unas “reglas claras” para el reinicio de las negociaciones del pliego de peticiones.

5. Desde la tarde del día 15 de febrero hasta la mañana de hoy, con la presencia del Ministerio de Trabajo como mediador, y aun con la claridad de la metodología propuesta por Sintracarbón, la compañía ha pedido aplazar la discusión de nuestras peticiones y, en cambio, ha planteado suscribir un acuerdo que limite la duración de las próximas conversaciones a 5 días y, agotado este término sin la firma de una convención colectiva, acudir a un tribunal de arbitramento.

6. En cuanto a la duración planteada, este sindicato considera que si hay disposición de la compañía en pocas horas o días y con la metodología propuesta por nosotros, se puede llegar a un acuerdo, socializarlo y suscribirlo. Pactar un número fijo de días, es cederle la ventaja a la multinacional para que dilate las conversaciones durante los días fijados (como hasta ahora) y facilitarle su objetivo: obligarnos al levantamiento de la huelga sin convención colectiva y someter las diferencias a un tribunal de arbitramento. Mejor dicho, dejarnos sin huelga y sin convención.

7. La Compañía no ha aceptado una contrapropuesta de trabajar de manera informal durante un tiempo corto y evaluar en el camino el avance de las discusiones. Desarrollar la redacción de aquellos ítems cuya discusión se ha superado y, al tiempo, definir aquellos en los cuales aún persisten las diferencias, para que, en corto tiempo y con trabajo juicioso, saquemos avante y sin demora esta negociación.

8. Acordar la duración propuesta por Cerrejón, es reducir a cinco los días que la ley permite para que se adelante la huelga antes de buscar mecanismos de acuerdo. El Sindicato no ve la necesidad de negociar lo que claramente ha establecido la Ley.

9. Nunca en 14 negociaciones colectivas anteriores con Cerrejón, este Sindicato ha sometido sus diferencias a un Tribunal de Arbitramento y no va a hacerlo ahora. Estamos convencidos de que Sintracarbón y la administración de la multinacional tienen la experiencia, la capacidad, el ingenio y la sensatez suficientes para llegar a un acuerdo colectivo sin que terceros decidan por nosotros.

10. La Comisión Negociadora de la compañía no ha vuelto a la mesa con ánimo de reiniciar la negociación, eso es obvio. Solo vino a cumplir el compromiso adquirido con el Gobierno Nacional, dar un golpe mediático y pretender sacar ventaja del desgaste económico que luego de 10 días de huelga han sufrido los trabajadores, sus familias y el entorno guajiro. Ha malinterpretado la voluntad de diálogo que es tradicional de Sintracarbón y desoído el inmenso respaldo que el movimiento huelguístico tiene de sus propios trabajadores, la comunidad y demás organizaciones sociales. Aquí los irresponsables y oscuros son otros.

11. Sintracarbón deplora que el nuevo estilo Cerrejón incluya desconocer que en una mesa de negociación no hay vencedores ni vencidos, porque administradores y obreros pertenecemos a una misma empresa. Olvida esta compañía, que su sitial en el campo mundial del carbón es gracias a nuestro esfuerzo. Ningún administrador extrae un solo gramo de carbón. Aun con la huelga, pongan las metas que quieran que estos hombres y mujeres las superaremos.

12. Levantarse de la mesa de manera unilateral, sin reiniciar los diálogos en busca de un acuerdo es una muestra inequívoca de la poca disposición que Cerrejón ha tenido para superar este conflicto, desde que se le hizo entrega del pliego de peticiones.

13. Al Gobierno Nacional y en especial al señor Viceministro de Trabajo, además de manifestarle nuestros agradecimientos por sus buenos oficios, le reiteramos nuestro compromiso de hacer todo el esfuerzo necesario para que esta difícil y transitoria dificultad sea superada y se llegue a un acuerdo negociado. Le deseamos suerte ante una administración de la compañía que no ha pensado, nunca, en el enorme daño que su intransigencia causa a la propia empresa, sus trabajadores y familias, la región y el país.

¡Ni un paso atrás! ¡Viva la huelga!

La Mina, 17 de febrero de 2013

Comisión Negociadora Sintracarbón 
 
Intransigencia de Carbones del Cerrejón Dificulta Negociación



Boletín de Prensa No. 31

A las 4:30 de la tarde del domingo 17 de febrero, los seis miembros de la Comisión Negociadora de Sintracarbón que esperaban en las instalaciones de la Mina la reanudación de conversaciones con Carbones del Cerrejón fueron sorprendidos con un comunicado entregado a los medios de comunicación, y que nunca llegó a los negociadores, en el que Cerrejón anunciaba “la suspensión” de las conversaciones iniciadas el viernes 15 a instancias del Gobierno Nacional, a través del doctor José Noé Ríos, viceministro de Trabajo.

En cumplimiento de su voluntad de llegar a una Convención Colectiva de Trabajo justa y responsable mediante la negociación directa de dos partes que por principio están comprometidas con mantener a Cerrejón como una de las carboneras más importantes del mundo, Sintracarbón ha acudido a todas las instancias de diálogo a que ha sido llamada y ha demostrado profundo respeto por su contraparte en este proceso. Nunca, entiéndase bien, la ha dejado con la palabra en la boca.

Dados los términos en que se trabajó en la tarde del viernes, durante el día sábado y por media hora el domingo, Sintracarbón entiende que los representantes de la Empresa se molestaron porque esta Comisión no se allanó a negociar los términos de la Ley para abrir paso a un tribunal de arbitramento u otra salida negociada. Creemos en nuestra empresa, creemos en Carbones del Cerrejón Limited y ofrecemos nuestra trayectoria responsable: estas son circunstancias más que suficientes para que las partes nos dispongamos a acordar nuestras diferencias y tener una convención colectiva de trabajo construida por quienes sí conocemos la Compañía.

Sintracarbón representa a 3.709 trabajadores sindicalizados que trabajan para Carbones del Cerrejón Limited. De ellos, 3.182 participaron de la votación decisoria y 3.079, equivalente al 96,76%, de los votantes, optó por la huelga y la sigue respaldando con su constante presencia en las quince carpas, siempre uniformados y muchas veces acompañados de sus familias. Así ratifican al país su compromiso con hacer de Cerrejón un modelo de minería responsable con los trabajadores directos y sus familias, los trabajadores tercerizados, La Guajira y el país.

Estos trabajadores aspiran a un acuerdo que responda a sus expectativas en atención en salud; a una convención colectiva en la que la Empresa acepte que los 700 trabajadores enfermos por silicosis, envenenamiento de la sangre con plomo e hidrocarburos y por lesiones osteo-musculares severas, adquirieron estas patologías en sus puestos de trabajo y que los aliviados necesitan la protección en riesgos laborales propios de quienes laboran con materiales como el carbón.

En las carpas, los trabajadores reclaman participación en la definición del escalafón laboral y el derecho a aspirar a un ascenso, que se les limita rápidamente. Igualmente reclaman la formalización de los tercerizados que comparten sus labores y que aquellos que no sean formalizados tengan ingresos de por lo menos dos salarios mínimos, ajustados a las condiciones y exigencias de su trabajo.

Las peticiones se hacen a una compañía que el año pasado tuvo ganancias absolutas por 1,5 billones de pesos, que tiene expectativas porque el precio de la tonelada de carbón de este año se sitúe en un rango de 90 a 95 dólares (según dictamen de la Agencia Internacional de Energía y el Deutsche Bank) y a la que la convención colectiva de trabajo hoy solo le cuesta el 6,5 % de sus ingresos.

Los obreros de Cerrejón buscan que sus hijos puedan tener una educación de calidad, así no tenga los costos que la compañía ofrece a los hijos de sus empleados administrativos; también confían en mantener un nivel de ingresos que sea acorde con su condición como una de las fuerzas laborales más productivas de Colombia, como fue demostrado en 2011, cuando por cada peso invertido en un trabajador, Cerrejón recibió 14,7 pesos en producto y 8,9 pesos en valor agregado.

Sintracarbón tiene una historia de 31 años de disposición al diálogo y la negociación directa de sus conflictos. Hasta ahora, ha encontrado en la compañía un interlocutor respetuoso de sus posturas y posiciones y confía en que el desagradable incidente de este domingo sea un episodio olvidable de la historia de buenas relaciones laborales en la compañía. En el marco de ley, con pleno respeto por la legislación que nos protege, con agradecimiento con el Ministerio de Trabajo, que de manera incansable ha puesto sus buenos oficios en esta mediación, Sintracarbón sigue abierto a la negociación y sentada en la mesa por el bien de Colombia, La Guajira, los trabajadores de la empresa y esta organización.

La Mina, 17 de febrero de 2013

Mayores informes:
Igor Díaz López 317 5179935 (Presidente)
Álvaro Enrique Frías 317 6577476 (Secretario de Prensa y Propaganda)
Luz María Tobón Vallejo 320 6987614 (Asesora de Prensa Negociación)
http://www.sintracarbon.com/ 
 
Conflicto sindical en El Cerrejón: más que salarios y beneficios    

Marco Velasquez Cerrejon huelga
Marco Alberto Velásquez Ruiz *
razonpublica.com
         
Por primera vez en 22 años, se ha declarado la huelga de este gigantesco complejo carbonero....
Marco Velasquez Cerrejon desviacion
 No desviación del Río Ranchería, propuesta que ha sido planteada por la empresa para reducir los costos de producción. Foto: Banco de la República.

Locomotora en peligro

Hasta hace unos años, el presidente de turno encomendaba cada año la suerte del país al Sagrado Corazón de Jesús en la basílica menor del Voto Nacional. Hoy en día las cosas han cambiado un poco: nuestra suerte se ha encomendado a la minería extractiva, columna vertebral de un modelo de desarrollo concebido para superar la pobreza e insertar definitivamente a Colombia en el mercado global.

Por eso cualquier conflicto o controversia que afecte al sector minero tiene un impacto profundo sobre toda la sociedad: los intereses que se mueven en su torno son muchos y muy poderosos. Y en estas circunstancias, el cese de actividades decretado el pasado 7 de febrero  por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) ha puesto patas arriba al gobierno y a la industria, que tratan de buscar encontrar soluciones en el menor tiempo posible.

Es bueno pues analizar el contexto y el alcance de este conflicto laboral, para apreciar mejor qué está detrás de la negociación de un pliego de condiciones en el marco del negocio del carbón en Colombia.

Quién es quién

Cerrejón  es un gran complejo de minería y transporte integrado que extrae carbón térmico a cielo abierto. La mina está ubicada en la porción oriental del departamento de la Guajira, muy cerca de Maicao.  Extrae 32 millones de toneladas de material al año, lo que representa el 5 por ciento de la producción mundial.

 Marco Velasquez Cerrejon trabajo
Gracias a la intermediación del Ministerio del Trabajo, el 14 de febrero de 2013 se fijaron  los términos para poder retomar el proceso de negociación. Foto: Dinero.com

Actualmente, emplea aproximadamente a 10.000 trabajadores: 99 por ciento son nacionales y 40 por ciento están afiliados a Sintracarbón. Es sin duda, una de las joyas de la corona de la industria minera colombiana.

En 1976, el gobierno colombiano seleccionó a la empresa Intercor — subsidiaria de la gigantesca multinacional estadounidense Exxon Mobil Corporation — para iniciar la explotación de la zona, para lo cual se firmó un contrato de asociación por 33 años.

En 2002, Intercor fue adquirida por un consorcio formado por las empresas BHP Billiton (Australia),  Anglo American (Sudáfrica) y Xstrata (Suiza), que anteriormente ya se había hecho al control de Carbocol, la parte del Estado colombiano en Cerrejón.  Así pues, la totalidad de los intereses de Cerrejón está hoy bajo el control de este conglomerado.

En 2009 se revisó la concesión y se firmó una extensión del contrato por 25 años más, hasta 2034.

De otro lado, Sintracarbón es un sindicato que agrupa a gran parte de los trabajadores de la industria del carbón en Colombia: actualmente representa los intereses de 4.640 beneficiarios de la convención colectiva. Su antecedente inmediato fue el sindicato de la empresa Intercor, cuando esta empresa tenía intereses en el proyecto.

Esta organización ha sido víctima de acciones sistemáticas adelantadas en contra de los movimientos sindicales en Colombia, que incluyen amenazas y asesinatos de sus miembros, especialmente aquellos con funciones directivas.

Qué está en juego
Marco Velasquez Cerrejon Razon Publica
A finales de noviembre de 2012, Sintracarbón decidió presentar un pliego de peticiones a los directivos de Cerrejón, solicitando la negociación de una nueva convención colectiva para reemplazar la que estaba vigente desde 2011; hizo además otras solicitudes relacionadas con la situación de las comunidades ubicadas en la esfera de influencia de la mina. La mesa de negociaciones se instaló el 4 de diciembre, en Barranquilla.

Tras 22 años sin recurrir a este mecanismo, el proceso de negociaciones resultó infructuoso: el 7 de febrero pasado, el sindicato declaró la huelga, con el consiguiente cese de actividades laborales y administrativas.

Sintracarbón señala en su comunicado ocho aspiraciones de sus afiliados o tema de diferencia con la empresa:

*    Reconocimiento de los trabajadores tercerizados (contratados de forma indirecta y sometidos a diferentes condiciones salariales y laborales).
*    Reconocimiento de enfermedades profesionales derivadas de la explotación del carbón.
*    Condiciones de acceso al servicio de salud de los trabajadores y de sus familias.
*    Propuesta económica que no guarda proporción con el aumento de las ganancias de la empresa.
*    Modificación de la escala salarial.
*    Mejoramiento en las condiciones de transporte de los empleados.
*    No desviación del Río Ranchería, propuesta que ha sido planteada por la empresa para reducir los costos de producción.
*    Tratamiento a las comunidades desplazadas como consecuencia del proyecto.

El sindicato alega que la mitad de estas peticiones fue ignorada por parte de Cerrejón — atención en salud, enfermedades profesionales, medio ambiente y responsabilidad empresarial con la Guajira — lo cual llevó a decretar el cese de actividades.
De otro lado, el día mismo en que empezó la huelga, Cerrejón dejó su posición claramente sentada. Su discurso está basado en dos elementos:

*    de un lado, las consecuencias negativas de la decisión de Sintracarbón de iniciar la huelga;
*    de otro lado, la exaltación de la sensibilidad histórica de la compañía con las condiciones de vida de sus empleados y de sus familias.
Con respecto al primer elemento, Cerrejón ha señalado que con cada día de huelga se pierden 5.400 millones de pesos, que 5.657 empleados dejan de percibir salarios, y que las consecuencias que a mediano y largo plazo hacen de la decisión tomada por el sindicato una acción infundada e irresponsable.

En cuanto al segundo elemento, partiendo de la aseveración de que Cerrejón es una de las mejores empresas para trabajar en Colombia, se resalta que la propuesta hecha en el proceso de negociación mejoraba la mayoría de los beneficios de la anterior convención colectiva: aumento salarial basado en el doble del índice de costo de vida, un bono por 13 millones de pesos y mejoras en el paquete de beneficios.

Teniendo en cuenta lo anterior, los directivos de la compañía concluyen que  si bien se respeta el derecho de libertad de asociación de los trabajadores, no hay claridad sobre las motivaciones que llevaron a Sintracarbón a declarar la huelga.

Gracias a la intermediación del Ministerio del Trabajo, el 14 de febrero de 2013 se fijaron  los términos para poder retomar el proceso de negociación.

Falsa responsabilidad social

Este conflicto sindical reproduce la mayoría de los interrogantes acerca del impacto  de la industria extractiva en un contexto tan vulnerable como el colombiano: fragilidad institucional, desigualdad social y alto riesgo ambiental. Igualmente, permite apreciar cómo el sistema político–económico vigente  — basado en acumular ganancias — permea todas las organizaciones sociales, incluyendo los sindicatos.

Tras 22 años sin recurrir a la huelga, el proceso de negociaciones resultó infructuoso: el 7 de febrero pasado el sindicato declaró el cese de actividades laborales y administrativas.

Cerrejón se autodefine como una empresa exportadora, como gran contribuyente al fisco y  como ejecutora de programas sociales y ambientales, bajo la bandera del desarrollo sostenible. En sus mensajes publicitarios y de difusión de imagen corporativa, se menciona insistentemente su compromiso con diversos estándares voluntarios en materia de seguridad y de derechos humanos, como la Declaración de la OIT Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

A pesar de ese compromiso, en el contexto de la negociación la empresa desconoció puntos  fundamentales de la responsabilidad social empresarial: las condiciones de las comunidades ubicadas dentro o vecinas de la zona de influencia de la mina, la preservación del medio ambiente en la zona de operación, o la situación de los trabajadores que no disfrutan de los mismo derechos laborales, como consecuencia de sistemas modernos de contratación.

Una vez más se hace evidente hasta qué punto las empresas multinacionales resultan tan poderosas que actúan de modo autónomo o sin que el Estado pueda controlar sus actuaciones.

Del otro lado, Sintracarbón se autodefine como una organización sindical, clasista, sin ánimo de lucro, que representa y defiende los derechos de los trabajadores de la industria del carbón y las comunidades afectadas por la minería. Sus objetivos son  mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de las comunidades, así como incidir en la política local y nacional hacia el sector minero

A pesar de su discurso tradicional — de lucha de clases y gratuidad en su trabajo — Sintracarbón negocia en términos muy próximos al principio capitalista de maximización de beneficios, apelando incluso a los precios internacionales del carbón como referencia para determinar los ajustes salariales y la asignación de beneficios.

Sin dejar de reconocer el derecho de asociación y de exigir mejoras en las condiciones laborales, a la hora de presentarse como víctimas de una empresa insensible frente a su situación y a la de sus familias, el sindicato no debería olvidar que, en el contexto colombiano, queda mucha gente desempleada o bajo condiciones de trabajo realmente pésimas.

La industria extractiva es crucial para Colombia, pero conlleva un alto impacto socio–ambiental, de modo que su gobernanza debería ser el primer punto de la agenda  pública.

En el momento de escribir este texto no se había alcanzado ningún acuerdo y el gobierno se estaba rajando en materia de capacidad conciliadora. Resulta preocupante constatar que, al final, no se ven claramente los intereses de las partes. Las comunidades y el medio ambiente casi siempre acaban siendo las víctimas de los acuerdos. Como dicen por ahí, que entre el diablo y escoja…

* Abogado de la Universidad Javeriana, magister en Derecho Internacional (IHEID, Suiza), consultor, investigador y candidato a Doctor en Derecho Osgoode Hall Law School – York University (Toronto, Canadá). 
marcovelasquez@osgoode.yorku.ca

 
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