VENEZUELA: ANATOMÍA DE UNA DERROTA

MANUEL MEDINA

canarias-semanal.org/09/2026

Para comprender algunas de las consecuencias políticas de lo que está ocurriendo en Venezuela no basta con examinar el acuerdo petrolero establecido con Estados Unidos, ni con describir el cambio producido en las relaciones entre Caracas y Washington tras la intervención militar del pasado 3 de enero. Hay que retroceder hasta el momento histórico en que Venezuela comenzó a representar para una parte de la izquierda mundial una expectativa de cambio.

El final del siglo XX había dejado tras de sí una profunda derrota. La desaparición de la Unión Soviética en 1991 fue su manifestación más visible, pero el proceso venía de antes y alcanzaba mucho más lejos: retroceso del movimiento obrero organizado, debilitamiento de los partidos comunistas, disminución del peso de los sindicatos, desaparición o integración de numerosas organizaciones populares y progresivo abandono, incluso por amplios sectores de la izquierda, de cualquier proyecto que pretendiera superar las relaciones capitalistas. Durante algunos años llegó a presentarse el capitalismo no ya como vencedor de una determinada confrontación histórica, sino como la forma definitiva de organización de la sociedad.

No es necesario idealizar la Unión Soviética para comprender el efecto que produjo su desaparición. Durante buena parte del siglo XX había existido entre millones de personas la certeza de que el capitalismo no constituía el único orden social imaginable. Esa certeza se debilitó extraordinariamente durante los años noventa. Una derrota política terminó convirtiéndose también en una drástica reducción del horizonte: ya no se discutía principalmente cómo transformar la sociedad, sino hasta qué punto era posible limitar algunas de las peores consecuencias del orden existente.

Fue en ese escenario en que apareció Hugo Chávez. Su llegada al Gobierno venezolano en 1999, el enfrentamiento posterior con Washington, la utilización de una parte importante de la renta petrolera para financiar políticas sociales, la relación privilegiada con Cuba, determinadas nacionalizaciones, el impulso del ALBA y la proclamación del denominado «socialismo del siglo XXI» proporcionaron a muchos sectores algo que comenzaba a escasear: una referencia que aparentemente se movía en dirección contraria a lo establecido.

Para quien hubiera vivido los veinte años anteriores como una sucesión casi ininterrumpida de retrocesos, aquello tenía una importancia que no dependía exclusivamente de la realidad económica venezolana, ni de la profundidad del proceso bolivariano. Después de tanto tiempo escuchando que cualquier proyecto de transformación había quedado definitivamente enterrado, un presidente latinoamericano hablaba otra vez de socialismo, denunciaba al imperialismo estadounidense y defendía la posibilidad de que América Latina siguiera un camino propio. Para muchos fue suficiente para recuperar una esperanza elemental: quizá no todo estaba perdido. Para alimentar esta esperanza no hacía falta conocer la composición de clases de Venezuela, estudiar la distribución de la propiedad o analizar sus relaciones de producción para sentirlo. Ahí reside precisamente la importancia del fenómeno.

Venezuela, sin embargo, nunca fue socialista. Durante todo el proceso político bolivariano continuaron existiendo las relaciones capitalistas de producción, el trabajo asalariado, el mercado, la propiedad privada de una parte considerable de los medios de producción, la acumulación privada de capital y una estructura social dividida en clases.

El Estado mantuvo un peso importante en la economía a través del control de la renta petrolera, se nacionalizaron determinadas actividades, amplió el gasto social y dirigió recursos hacia sectores populares que habían permanecido históricamente marginados, pero no se produjo una transformación de las relaciones de propiedad y de poder que colocara los principales medios de producción bajo control colectivo de los trabajadores.

Venezuela siguió siendo, además, una economía extraordinariamente dependiente de la extracción y exportación de petróleo.

Constatarlo no obliga a negar los cambios que se produjeron durante los años de Chávez. Hubo mejoras apreciables en las condiciones de vida de amplios sectores durante los años en que los elevados ingresos petroleros permitieron financiar las misiones sociales y otras políticas redistributivas; millones de personas anteriormente excluidas adquirieron una presencia política nueva y se desarrolló una movilización popular que durante un periodo modificó profundamente la vida del país.

Tampoco fue imaginario el enfrentamiento con Estados Unidos. Washington desarrolló durante años una política hostil hacia el Gobierno venezolano y trató de limitar su capacidad de actuación. Pero reconocer esos hechos no transforma una sociedad capitalista en una sociedad socialista.

La confusión comenzó cuando dejó de distinguirse entre ambas cosas. El radicalismo creciente del discurso oficial fue aceptado por una parte de la izquierda internacional como descripción suficiente de las transformaciones que supuestamente estarían teniendo lugar.

Se hablaba de transición al socialismo mientras las relaciones económicas fundamentales no solo continuaban siendo capitalistas, sino que, además, se vieron fortalecidas a partir de la muerte de Chávez. De esta forma, una experiencia que objetivamente tenía unos límites muy determinados adquirió subjetivamente un significado mucho mayor: pasó a representar la posibilidad de que la derrota sufrida al final del siglo XX fuera transitoria.

Ese mecanismo no es nuevo. La historia ofrece ejemplos muy claros de cómo una experiencia política puede modificar las expectativas mucho más allá del país donde se desarrolla. La victoria de Vietnam, por ejemplo, demostró que una potencia militar inmensamente superior podía ser derrotada. La independencia de Argelia tuvo también repercusiones sobre movimientos anticoloniales de varios continentes. La Revolución cubana modificó durante años el horizonte político latinoamericano, porque mostró que un pequeño país situado junto a Estados Unidos podía romper un determinado orden y sobrevivir al enfrentamiento posterior.

Todos esos procesos fueron distintos entre sí y nada autoriza a equipararlos mecánicamente con Venezuela. Lo que importa aquí es otra cosa: enseñaron a quienes los observaban que algo que parecía imposible podía suceder. Las victorias no modifican únicamente la situación de quienes vencen; también modifican las expectativas de quienes contemplan esas victorias.

Venezuela desempeñó durante un tiempo esa función para una parte del variado abanico ideológico de la izquierda. El ALBA, aun con todas sus limitaciones, no fue percibido simplemente como otro acuerdo económico regional. Representaba la posibilidad de articular relaciones latinoamericanas menos subordinadas a Washington y de desarrollar mecanismos de cooperación que no estuvieran determinados exclusivamente por las reglas habituales del mercado. La estrecha relación con Cuba reforzaba esa interpretación. Venezuela suministraba petróleo a la isla y Cuba proporcionaba personal médico y otros servicios. Aquella relación, ¿podía ser discutida en sus términos concretos?, pero políticamente transmitía una imagen: dos países sometidos a una fuerte presión estadounidense cooperaban entre sí para ampliar su margen de autonomía.

Precisamente porque Venezuela llegó a significar todo eso, su actual evolución tiene consecuencias que no pueden medirse únicamente en barriles de petróleo.

Las personas no forman sus convicciones políticas exclusivamente mediante razonamientos complejos. Las forman también a través de la experiencia. Un trabajador que observa cómo una huelga consigue en otra empresa una reivindicación que parecía inalcanzable modifica su percepción acerca de lo que él mismo podría conseguir. Una población que contempla cómo otro pueblo quiebra una situación aparentemente inamovible incorpora también ese acontecimiento a su propia valoración de las posibilidades. Las victorias proporcionan resultados materiales a quienes las protagonizan, pero también generan confianza en otros. Pero las derrotas igualmente pueden producir el efecto contrario.

Eso no significa que toda derrota conduzca necesariamente a la desmovilización. Algunas derrotas permiten aprender, corregir errores y construir organizaciones más conscientes de sus propios límites y de sus posibilidades. La historia del movimiento obrero está llena de retrocesos que fueron estudiados durante años precisamente para evitar su repetición. Una derrota material y una derrota política y moral no son necesariamente la misma cosa. Se puede perder una huelga y salir de ella con una organización más consciente; se puede perder una batalla política y comprender mejor cuáles eran las fuerzas reales en presencia. Pero para que una derrota pueda convertirse en conocimiento es necesario saber qué ha sido derrotado, por qué ocurrió y qué conclusiones pueden extraerse. Cuando no existe esa explicación, el efecto puede ser completamente diferente. La derrota deja de enseñar los límites de una experiencia determinada y empieza a transmitir la terrible impresión de que cualquier experiencia está condenada al fracaso.

Para quien nunca consideró socialista a Venezuela, los acontecimientos actuales plantean un problema político e histórico que necesita explicación. Para quien creyó durante veinte años que aquel país estaba avanzando hacia el socialismo, plantean algo adicional. Puede llegar a considerar que no se equivocó al caracterizar Venezuela, sino que acaba de asistir a una nueva derrota del propio socialismo. El error inicial genera entonces una segunda conclusión igualmente errónea. Primero se identifica como socialista una sociedad que nunca dejó de funcionar mediante relaciones capitalistas; después, cuando aquella experiencia termina en un lugar radicalmente diferente del que anunciaba, su evolución se añade a la lista de supuestos fracasos del socialismo.

Aquí aparece el componente más profundo de la derrota psicológica. No consiste simplemente en que alguien experimente decepción ante un Gobierno al que apoyaba. Consiste en que llegue a trasladar esa decepción desde una experiencia concreta hacia la propia posibilidad de transformar la sociedad. Una conclusión como «nos equivocamos sobre Venezuela», obliga a estudiar. Otra muy diferente, «al final todo termina igual», conduce fácilmente a dejar de hacerlo y a la desmoralización y a la desmovilización.

La situación concreta de Venezuela adquiere mayor importancia porque el cambio afecta precisamente a uno de los elementos centrales mediante los cuales el proceso bolivariano construyó su identidad: la soberanía sobre el petróleo y el enfrentamiento con Estados Unidos. Durante años, control de los recursos naturales, independencia nacional, solidaridad con Cuba, integración latinoamericana y resistencia a Washington fueron presentados como componentes de una misma orientación política. El contraste con la situación actual no necesita grandes construcciones interpretativas.

El acuerdo petrolero anunciado a finales de agosto de 2026 concede a la parte estadounidense unas condiciones excepcionales sobre diecisiete campos venezolanos cuyas reservas probadas ascienden a aproximadamente 65.000 millones de barriles.

La documentación de la propia Casa Blanca establece una participación del 35 % del Gobierno estadounidense en la estructura empresarial beneficiaria de las concesiones, garantiza a Estados Unidos el derecho a adquirir a coste de producción un 20 % de la producción de los campos presentes y futuros que opere la compañía y le otorga además prioridad para adquirir el 80 % restante en determinadas circunstancias.

Washington dispone, igualmente, de importantes derechos de intervención en la estructura de gobierno de la empresa. La Casa Blanca presenta el acuerdo como un instrumento para asegurar el «dominio energético» estadounidense durante el próximo siglo y señala expresamente que el petróleo adquirido podrá utilizarse para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo y proporcionar suministro para usos militares y otros usos considerados sensibles.

No hace falta, pues, interpretar qué pretende Estados Unidos. Tampoco es necesario afirmar que un determinado barril de petróleo venezolano alimentará un avión, un tanque o una operación militar concreta. Esa relación no puede establecerse de ese modo y formularla así debilitaría el argumento.

El hecho relevante es estructural: una potencia cuya economía y cuyo aparato militar necesitan enormes cantidades de energía obtiene acceso privilegiado y a muy largo plazo a una parte de las mayores reservas petroleras conocidas del planeta, mientras su propia Administración estadounidense vincula explícitamente ese suministro con su seguridad energética y con eventuales aventuras militares. Al mismo tiempo, se han sucedido nuevos contratos y ampliaciones de actividad de compañías extranjeras como Chevron y Eni dentro de una reorganización mucho más amplia del sector petrolero venezolano.

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, respaldó el acuerdo por unanimidad. Esto introduce una cuestión importante. Cuando se intenta explicar lo ocurrido exclusivamente mediante la «traición» de un pequeño grupo del cuadro de la dirigencia de ese país, aparece automáticamente una dificultad: el cambio no se manifiesta únicamente en una decisión individual. Participan en él instituciones del Estado, la dirección política y una estructura partidaria que durante años se había presentado como garante del proceso bolivariano iniciado por Hugo Chávez.

Eso obliga a formular una pregunta más exigente. ¿Nos encontramos simplemente ante la traición de unos dirigentes hacia un proyecto que tenía otra naturaleza, o el desenlace obliga a examinar qué intereses sociales, qué grupos económicos y qué características del propio proceso hicieron posible esta transformación? Que haya existido traición respecto a lo que se prometía o respecto a lo que millones de personas creyeron no resuelve por sí solo el problema. Una explicación política no puede detenerse en el carácter moral de los dirigentes. Tiene que establecer las condiciones materiales que permitieron que una estructura completa transitara hacia una relación de total sumisión con Estados Unidos, tan distinta de la que durante años se había estado proclamando.

La contradicción histórica permanece, cualquiera que sea la respuesta. Un proceso cuya legitimidad se construyó alrededor de la soberanía petrolera y de la resistencia a Estados Unidos participa ahora en un dispositivo que el Gobierno estadounidense presenta como instrumento de su propio poder económico y estratégico. Ese hecho tiene más fuerza explicativa que cualquier calificativo.

Los cambios se vuelven todavía más visibles cuando se observa el destino regional de la energía venezolana. Durante años, el petróleo de Venezuela sostuvo una parte importante de las necesidades cubanas. En 2025, Caracas suministró alrededor de 26.500 barriles diarios a Cuba, aproximadamente un tercio de sus necesidades. Tras la intervención estadounidense en Venezuela y el corte de esos suministros, la isla perdió una de sus principales fuentes de energía. La situación cubana, ya muy deteriorada, se agravó con apagones, dificultades de transporte y mayores problemas para garantizar el funcionamiento normal de servicios esenciales. Estados Unidos intensificó la presión sobre otros países para que tampoco suministraran petróleo a Cuba.

El contraste merece ser observado con precisión. Ahora Washington obtiene derechos privilegiados sobre una parte de la producción venezolana al mismo tiempo que el suministro a Cuba se ha cortado y la Administración Trump incrementa la presión energética sobre la isla. De esta forma, el petróleo venezolano ha dejado de ser uno de los mecanismos que ampliaban el margen de resistencia de Cuba para pasar a eforzar la seguridad energética de la potencia que trata por todos los medios de destruir la Revolución cubana.

La coyuntura internacional amplía todavía más esa sangrante contradicción. Estados Unidos mantiene actualmente un serio conflicto militar con Irán que ha provocado graves tensiones en los mercados energéticos mundiales y ha reducido su margen de maniobra en la Reserva Estratégica de Petróleo. A finales de agosto, Trump anunció expresamente que utilizaría petróleo venezolano para rellenar la reserva de su país, situada cerca de mínimos de más de cuatro décadas.

Reuters ha señalado que la guerra con Irán es precisamente uno de los factores que incrementan el valor estratégico de disponer de ese colchón energético. La relación no necesita ser exagerada: Venezuela no financia por sí sola las guerras estadounidenses, ni el petróleo venezolano determina la política militar de Washington. Pero contribuye materialmente a reforzar la capacidad energética de una potencia que desarrolla simultáneamente operaciones militares y presiona a países con los que el antiguo discurso venezolano afirmaba solidarizarse.

También existe una dimensión que tiene que ver con la política interna de los Estados Unidos. La Casa Blanca presenta el acuerdo petrolero como un instrumento para ampliar la  oferta y reducir el precio de los combustibles, un problema particularmente sensible antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Esto no permite afirmar que la dirección venezolana haya firmado el acuerdo con el propósito consciente de favorecer electoralmente a Trump; no existe base suficiente para atribuirle esa intención. Pero sí permite afirmar bastante más preciso. Trump está utilizando políticamente el acuerdo y lo presenta ante el electorado estadounidense como una victoria de su Administración, que se presenta así como capaz de ampliar las reservas, garantizar suministro y contribuir a contener los precios. El Gobierno venezolano está participando, por tanto, en una operación que la propia Administración estadounidense convierte también en activo de política doméstica.

Cuando una persona ha identificado durante años una experiencia política con la posibilidad de transformar la sociedad y contempla después un desenlace de esta naturaleza, aparece una pregunta elemental:

¿para qué sirvió todo aquello? Si esa pregunta no recibe una respuesta rigurosa, puede ampliarse rápidamente: ¿para qué organizarse?, ¿para qué dedicar años a construir una alternativa?, ¿para qué soportar derrotas parciales si finalmente todos los caminos conducen al mismo lugar?

No son preguntas enrevesadamente sofisticadas. Pero la política no se sostiene solamente mediante sofisticación intelectual. Se sostiene también mediante confianza. Para participar de manera continuada en una organización, sostener una huelga, asumir compromisos colectivos o dedicar una parte de la vida de uno a modificar una situación existente es necesario pensar y creer que esa actividad puede producir algún resultado. Cuando desaparece completamente esa expectativa, también desaparece una parte importante de la motivación para actuar.

Una derrota puede demostrar que una estrategia era equivocada, que una determinada organización no servía o que una caracterización política era falsa. Todo ello puede constituir una adquisición de conocimiento y experiencia. Pero también puede enseñar, equivocadamente, que ninguna estrategia sirve, que ninguna organización puede vencer y que cualquier tentativa de transformación acabará finalmente siendo absorbida. En el primer caso, el fracaso puede ser el comienzo de una rectificación. En el segundo, se convierte en un factor determinante de desmovilización.

España, por razones históricas e ideológicas que no vienen ahora a cuento, ha sido prolija en ejemplos de esta segunda caracterización.

Una clase social derrotada materialmente puede volver a organizarse. Una clase social convencida de que organizarse es inútil se encuentra en una situación mucho más difícil. Por eso el resultado de una derrota no depende exclusivamente de la magnitud de lo perdido, sino también de la explicación que se construye sobre lo sucedido. El problema de la moral colectiva no es aquí una cuestión sentimental añadida desde fuera a la política. Forma parte de la propia capacidad de actuar.

Este es el punto en el que la responsabilidad de determinadas organizaciones de izquierda adquiere una importancia que va mucho más allá de su posición actual sobre el Gobierno venezolano. Durante años, muchas de estas organizaciones no se limitaron a defender determinadas medidas sociales o la soberanía nacional venezolana. Presentaron aquel proceso como si se tratara de una transición hacia el socialismo y convirtieron su evolución en parte de la demostración de que una alternativa comenzaba a reconstruirse en América Latina. Es perfectamente posible equivocarse en una caracterización política. El problema aparece cuando los acontecimientos obligan a revisarla y se decide no hacerlo.

Si Venezuela avanzaba hacia el socialismo y posteriormente dejó de hacerlo, hay que explicar cuándo se produjo esa ruptura, qué fuerzas sociales la provocaron y por qué pudieron imponerse. Si la dirección actual representa una negación completa de la etapa anterior, hay que explicar cómo pudo surgir del mismo aparato político y estatal. Si hubo una transformación de los dirigentes, es necesario identificar los intereses materiales que acompañaron esa transformación. Si, por el contrario, las condiciones que han conducido al resultado actual estaban presentes desde mucho antes, habrá que admitir que el análisis anterior era insuficiente. Cualquiera de esas hipótesis puede ser defendida y discutida. Lo que no constituye una explicación es comportarse como si nada esencial hubiera ocurrido.

Existe incluso una respuesta peor que el silencio: tratar de acomodar cada acontecimiento nuevo dentro de la explicación anterior, de modo que ninguna evidencia pueda llegar nunca a modificarla. En ese punto ya no estamos ante un error político, sino ante la renuncia al análisis. Si una teoría explica de antemano tanto una cosa como su contraria, ha dejado de explicar nada.

El silencio tiene además un efecto concreto. Quien recibió durante años una explicación y observa ahora que los hechos que la contradicen no puede dejar de preguntarse por qué la organización que se la proporcionó ha dejado de hablar. Ante la ausencia, construye su propia respuesta. Y la respuesta espontánea puede ser mucho más simple que cualquier análisis: «todos terminan igual». En ese punto, la incapacidad para reconocer un error deja de afectar únicamente al prestigio de una organización. Contribuye a que una derrota concreta se transforme en una conclusión general sobre la supuesta inutilidad de luchar.

Ocultar o minimizar una derrota para evitar la desmoralización puede producir exactamente el efecto contrario. Una derrota reconocida puede estudiarse. Una contradicción negada solo puede acumularse.

La cuestión decisiva consiste, entonces, en determinar qué ha sido realmente derrotado. No hemos asistido al nacimiento, desarrollo y fracaso de una sociedad socialista en Venezuela. Hemos asistido a una experiencia política desarrollada dentro de una economía capitalista dependiente de la renta petrolera que, durante un periodo, redistribuyó una parte importante de sus recursos, amplió derechos y servicios para sectores populares, produjo una movilización política considerable, sostuvo un duro enfrentamiento con Estados Unidos e impulsó proyectos de integración regional mientras adoptaba progresivamente un discurso socialista sin transformar las relaciones sociales fundamentales sobre las que descansaba aquella sociedad.

Distinguir ambas cosas no es un ejercicio puramente terminológico, sino una precisión obligatoria desde el punto de vista militante. Si llamamos socialista a cualquier Gobierno que nacionalice empresas, amplíe el gasto público, distribuya parte de la renta o mantenga una política exterior enfrentada a Washington, terminaremos atribuyendo al socialismo todos los resultados posteriores de experiencias que nunca rompieron con el capitalismo. Primero se llama socialista a lo que no lo es; después se utiliza su fracaso para demostrar que el socialismo ha vuelto a fracasar. Una caracterización equivocada acaba fabricando la prueba de su propia conclusión.

Venezuela obliga ahora a revisar esa confusión. Y hacerlo puede resultar perturbador precisamente porque aquella experiencia desempeñó durante un tiempo una función útil para millones de personas: sostuvo una esperanza cuando las derrotas de finales del siglo XX parecían haber eliminado cualquier horizonte. Pero una esperanza no puede conservarse después de que los hechos hayan destruido las premisas sobre las que se construyó, simplemente porque resulte doloroso abandonarla.

Si estaba apoyada en una caracterización falsa, preservarla no fortalece a nadie: solo prolonga el error e impide extraer de la derrota el conocimiento necesario para no repetirla.

Existe, finalmente, otro peligro. Cuando desaparece una referencia exterior, puede surgir la tentación de sustituirla inmediatamente por otra. Una parte de la izquierda ha trasladado ya expectativas que anteriormente depositaba en las experiencias del "progresismo" latinoamericano, hacia Rusia o China. También aquí resulta imprescindible distinguir la realidad actual de las imágenes heredadas del pasado. Rusia no es la Unión Soviética. Y la China contemporánea no puede comprenderse mediante una fotografía tomada varias décadas atrás. La política exterior de los Estados responde a intereses económicos, estratégicos y nacionales concretos, no a la necesidad de proporcionar a los trabajadores de otros países la referencia que éstos desearían encontrar.

Esta cuestión no es secundaria. Pensar que la emancipación depende de que exista en algún lugar del mundo un Estado suficientemente poderoso dispuesto a ejercer de contrapeso al imperialismo estadounidense puede convertirse en una forma de renuncia. Si cada derrota conduce simplemente a buscar una nueva potencia sobre la que proyectar las mismas expectativas, nunca se examina el problema fundamental: la debilidad de la propia organización de los trabajadores y la ausencia de una estrategia independiente.

Abrir los ojos ante la naturaleza real de Venezuela, Rusia o China no tendría por qué reducir las posibilidades de transformación. Puede producir exactamente el efecto contrario si elimina ilusiones infundadas que impiden evaluar correctamente la correlación de fuerzas. El reconocimiento de que no existe una potencia exterior encargada de resolver los problemas de la clase trabajadora nos obliga a plantear una conclusión menos cómoda, pero más útil: tendrá que construir por sí misma los instrumentos políticos, sociales y organizativos necesarios para la defensa de sus propios intereses.

Es ahí donde podemos encontrar probablemente la diferencia entre una derrota que desmoraliza y una derrota de la que se aprende. Si la conclusión de Venezuela es que cualquier alternativa está condenada a desaparecer, la derrota habrá adquirido una dimensión mucho mayor que el propio país.

Si, por el contrario, sirve para comprender por qué una experiencia capitalista fue confundida con una transición socialista, qué intereses determinaron su evolución, qué errores permitieron construir alrededor de ella una imagen que no correspondía con la realidad y por qué parte de la izquierda necesitó durante años encontrar fuera de sí misma aquello que todavía no ha sido capaz de construir, entonces la derrota habrá proporcionado al menos un conocimiento útil.

No se trata de preservar la moral evitando mirar frontalmente a los hechos, sino justamente de lo contrario. No es posible construir un proyecto para la transformación de la sociedad que se sustente en una esperanza que necesita ignorar la realidad. Comprender qué ocurrió en Venezuela, qué fue realmente aquel proceso y por qué terminó donde ha terminado es la única forma de impedir que la pérdida de una referencia se convierta también en pérdida de confianza en la posibilidad de de contruir una alternativa de cambio real.

La alternativa a una ilusión derrotada no puede ser otra ilusión. Tiene que ser una comprensión más exacta de la realidad y, sobre esa base, la organización de una fuerza propia capaz de modificarla.

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Enzo Traverso — Left-Wing Melancholia.

-Karen Beckwith — Narratives of Defeat.

-Steve Ellner — Rethinking Venezuelan Politics.

-Helen Yaffe — Venezuela: Building a Socialist Communal Economy?

-Carlos Aponte Blank — estudio sobre gasto social bajo Chávez.

-Chodor y McCarthy-Jones — Chávez y el nuevo regionalismo latinoamericano.

-Casa Blanca, 31 de agosto de 2026 — documento primario del acuerdo petrolero.

-Reuters, 31 de agosto, 1 y 4 de septiembre de 2026 — contraste independiente de sus términos y respaldo institucional.