Frente a esta ofensiva sincrónica, se trata de fortalecer la autonomía y la capacidad crítica
La ofensiva contra las universidades combina cuestionamientos ideológicos, presiones presupuestales y debates sobre su autonomía
Foto Luis Castillo / Archivo
Imanol Ordorika
jornada.com.mx/13 de agosto de 2026 00:02
Hace casi un año escribí en estas páginas que las universidades públicas se habían convertido en “un nuevo y decisivo campo de batalla ideológico para la derecha global” (“Ultraderechas contra universidades públicas: un campo de batalla ideológico”, La Jornada, 6/11/25 de 2025). Documentaba entonces la sincronía entre los ataques de Trump a Harvard y Columbia, el desmantelamiento orbanista de la Universidad Centroeuropea en Hungría, y una narrativa compartida: la universidad como bastión de la izquierda que debe ser “disciplinado o transformado”.
El mismo patrón se repitió antes en el Brasil de Bolsonaro, con su ofensiva contra universidades federales y ciencias humanas, y sigue vivo hoy en la Comunidad de Madrid, en la India de Modi, en la Polonia del nacionalismo conservador y en Israel bajo Netanyahu. Diez meses después, esa ofensiva se ha renovado y regionalizado: en América Latina encontró nuevos protagonistas que reproducen el mismo guion con una fidelidad que parece más que simple coincidencia.
En 2026, tres países estrenaron gobiernos de derecha o ultraderecha casi simultáneamente, y los tres recurrieron al mismo repertorio discursivo.
En Chile, José Antonio Kast inauguró su campaña, en enero de 2025, prometiendo “quitar la cultura woke” del país. Ya como presidente electo, evocó una agresión que sufrió en 2018 en la Universidad Arturo Prat atribuyéndola no a quienes lo agredieron, sino a “la ideología” que, según él, les impidió “ver la realidad”. La universidad, en ese relato, no es sujeto de derechos, sino territorio secuestrado por un enemigo interno.
En Colombia, Abelardo de la Espriella tomó posesión el 7 de agosto con una fórmula casi calcada: “La educación no puede convertirse jamás en un instrumento de adoctrinamiento ideológico.” En campaña había sido más explícito: prometió “rescatar a las universidades públicas de la politiquería y la corrupción, porque muchas de ellas han sido cooptadas y secuestradas”. El vocabulario –captura, secuestro, rescate– es el mismo que ya documenté en Trump y Orbán. La “batalla cultural”, dijo, deberá librarse “para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina... la creencia en Dios.”
En Perú, el patrón se matiza: Keiko Fujimori prometió en campaña elevar 50% la matrícula pública y llevar el gasto educativo al 6% del PIB, pero su gobierno ya enfrenta a un sindicato docente movilizado y colocó al frente de Educación a un exrector de universidad privada. La distancia entre la retórica de campaña y la práctica de gobierno es, en sí misma, parte del repertorio.
A esto se suma Argentina, donde Javier Milei –quien desde 2022 llama a las universidades públicas “centros de adoctrinamiento”– ejecuta un ajuste presupuestal que ya representa una caída real de 45.6% respecto de 2023, y El Salvador, donde Nayib Bukele adeuda cerca de 53 millones de dólares a la única universidad pública del país, heredera de una larga historia de intervenciones militares al campus.
Lo que emerge no son episodios aislados, sino la expresión regional de un régimen ideológico-punitivo que opera sobre la educación superior a escala global, con una dimensión discursiva –adoctrinamiento, captura, batalla cultural– y una punitiva que en América Latina toma forma de asfixia presupuestal, desregulación disfrazada de libertad, y sustitución de la función pública por alianzas privadas. Kast, De la Espriella y Milei no improvisan: repiten, con variaciones nacionales, un guion que ya habíamos visto en Washington, Budapest, Madrid, Nueva Delhi, Varsovia y Jerusalén, ahora con acento sudamericano.
Frente a esta ofensiva sincrónica, se trata de fortalecer la autonomía y la capacidad crítica no sólo para preservar a las universidades, sino como condición misma para recobrar y ampliar la democracia en América Latina: sólo universidades públicas autónomas, con gobierno propio y pensamiento libre de tutelas políticas, pueden sostener el pluralismo y producir el conocimiento independiente que las democracias de la región necesitan para no sucumbir ante el mismo guion que hoy las asedia.
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