Abelardo de la Espriella anunció la expedición de un decreto con ejecutabilidad desde el 7 de agosto hogaño, para crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana
Los riesgos del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana en Colombia
El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, el respaldo de varios mandatarios locales y los antecedentes del modelo CONVIVIR alimentan un debate sobre la seguridad, la institucionalidad y el riesgo de repetir uno de los capítulos más dolorosos del conflicto colombiano
Comandos Armados del Pueblo tras anuncio de Abelardo de La Espriella. Foto: cortesía de la autora
Viviana Vargas Ávila
diario-red.com/07/07/26
La historia de los Estados demuestra que pocas decisiones tienen consecuencias tan profundas como aquellas relacionadas con el uso de la fuerza; desde la consolidación del Estado moderno, uno de los principios esenciales de cualquier democracia constitucional consiste en que el ejercicio legítimo de las armas, la coerción y la seguridad permanezcan bajo el control exclusivo de instituciones estatales sometidas a la Constitución, la ley y mecanismos permanentes de control político, judicial y ciudadano; ese principio, conocido como el monopolio legítimo de la fuerza, representa una de las principales barreras frente a la violencia privada, la justicia por mano propia y la aparición de estructuras armadas paralelas.
La experiencia internacional demuestra que cuando los Estados comienzan a delegar, compartir o flexibilizar funciones de seguridad en actores civiles, las consecuencias suelen ser difíciles de controlar; Guatemala, El Salvador, Nicaragua, los Balcanes y Ruanda ofrecen ejemplos históricos en los que la organización de civiles armados, inicialmente presentada como una solución temporal frente a amenazas de seguridad, terminó favoreciendo escenarios de violencia prolongada, debilitamiento institucional y graves violaciones a los derechos humanos y, aunque cada caso responde a contextos distintos, todos comparten una enseñanza común y es que las excepciones en materia de seguridad suelen producir efectos e impactos muy graves y no resuelven los problemas que pretendían resolver.
En Colombia, se conoce esa realidad mejor que la mayoría de las democracias contemporáneas, ya que durante más de seis décadas de conflicto armado interno, el país experimentó diversas fórmulas mediante las cuales civiles asumieron funciones de vigilancia, inteligencia o colaboración armada con el Estado; algunas surgieron bajo marcos legales expresos; otras se desarrollaron al margen de la institucionalidad y al final, varias terminaron siendo aprovechadas por organizaciones criminales que encontraron en esas figuras un mecanismo para ampliar su capacidad militar, territorial y política y el resultado fue uno de los ciclos de violencia más prolongados y dolorosos de América Latina.
Precisamente por esa experiencia histórica, esta discusión adquirió una nueva dimensión el pasado 5 de julio de 2026, cuando Abelardo de la Espriella anunció la expedición de un decreto con ejecutabilidad desde el 7 de agosto hogaño, para crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una iniciativa que, según explicó, buscaría articular esfuerzos con los alcaldes de las ciudades más afectadas por la delincuencia común y el crimen organizado.
El anuncio estuvo acompañado por una convocatoria dirigida inicialmente a los mandatarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, quienes manifestaron públicamente su disposición para participar en la estrategia y reclamaron una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales frente al deterioro de la seguridad ciudadana.
Abelardo de la Espriella anunció la expedición de un decreto con ejecutabilidad desde el 7 de agosto hogaño, para crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana
A simple vista esto parecería una iniciativa más de defensa, pero aquí es donde realmente el debate trasciende la confrontación política entre gobierno y oposición, y la pregunta central no es únicamente si Colombia necesita fortalecer su política de seguridad, siendo un objetivo ampliamente compartido por distintos sectores del país, sino de qué manera debe hacerlo dentro de los límites fijados por la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y las lecciones que dejó la propia historia colombiana.
¿Puede de verdad un modelo concebido para enfrentar la criminalidad urbana reproducir dinámicas que décadas atrás facilitaron la expansión del paramilitarismo? ¿Existen diferencias sustanciales entre una coordinación institucional reforzada y mecanismos que, de manera directa o indirecta, incentiven la participación organizada de particulares en funciones de seguridad? ¿Qué enseñanzas dejaron las CONVIVIR y cuál ha sido la valoración realizada por la Corte Constitucional, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre ese episodio?
Responder estas preguntas exige ir más allá del debate coyuntural e implica revisar los antecedentes jurídicos, políticos e históricos que han marcado la relación entre seguridad, Estado y ciudadanía en Colombia; también exige distinguir cuidadosamente entre hechos comprobados, interpretaciones y escenarios de riesgo, evitando simplificaciones que impidan comprender la complejidad del problema, porque las democracias no solo se ponen a prueba cuando enfrentan amenazas a la seguridad, también se ponen a prueba cuando deciden cómo responder a ellas; y en un país cuya historia ha estado atravesada por la violencia política, cualquier propuesta que modifique el equilibrio entre seguridad, institucionalidad y participación ciudadana merece el más alto nivel de escrutinio público.
Lejos de constituir una respuesta novedosa frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país, el anuncio de Abelardo de la Espriella reabre una de las discusiones más sensibles de la historia contemporánea de Colombia y es la posibilidad de abrir espacios para la participación organizada de particulares en funciones estrechamente vinculadas con la seguridad pública; si bien resulta innegable la necesidad de adoptar medidas eficaces para enfrentar el incremento de la criminalidad, esa circunstancia no convierte automáticamente en constitucional, legítima ni históricamente acertada cualquier fórmula que pretenda alcanzarlo.
La experiencia colombiana demuestra que las políticas diseñadas para responder a escenarios de inseguridad deben examinarse no solo a partir de sus objetivos declarados, sino también de sus antecedentes históricos, sus implicaciones constitucionales y los riesgos institucionales que pueden generar porque la experiencia colombiana demuestra, precisamente, que algunas de las decisiones adoptadas bajo la promesa de recuperar el orden público terminaron facilitando la expansión de uno de los fenómenos de violencia más devastadores de la historia nacional.
El anuncio de Abelardo de la Espriella reabre una de las discusiones más sensibles de la historia contemporánea de Colombia y es la posibilidad de abrir espacios para la participación organizada de particulares en funciones estrechamente vinculadas con la seguridad pública
Por ello, la discusión no puede reducirse al falso dilema entre respaldar o no el fortalecimiento de la seguridad; el Estado colombiano tiene el deber irrenunciable, consagrado en la Constitución Política, de proteger la vida, la integridad, los bienes y las libertades de todas las personas; lo que hoy se encuentra en debate no es ese mandato constitucional, sino la naturaleza de los mecanismos que pretenden emplearse para cumplirlo y la historia del conflicto armado en Colombia, enseña que cuando el Estado desdibuja los límites entre la Fuerza Pública y la participación organizada de particulares en funciones de seguridad, los riesgos de captura institucional, infiltración criminal y graves violaciones a los derechos humanos dejan de ser una posibilidad teórica para convertirse en una realidad documentada por la justicia, la academia y los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En este sentido, las reacciones al anuncio del republicano estadounidense Abelardo de la Espriella, reflejaron la profundidad de esas preocupaciones; mientras algunos mandatarios locales expresaron su respaldo a la iniciativa, amplios sectores de la academia, organizaciones defensoras de derechos humanos, constitucionalistas y especialistas en conflicto armado advirtieron que cualquier propuesta que flexibilice, directa o indirectamente, el monopolio estatal sobre el uso legítimo de la fuerza debe ser analizada a la luz de las lecciones que dejó el paramilitarismo.
Las alertas no obedecen a un prejuicio ideológico ni a una disputa partidista, responden a una memoria histórica respaldada por las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz y múltiples decisiones judiciales que documentaron cómo mecanismos creados bajo el argumento de fortalecer la seguridad terminaron siendo infiltrados, instrumentalizados o aprovechados por estructuras paramilitares con consecuencias catastróficas para millones de colombianos e ignorar ese precedente equivaldría a desconocer una de las lecciones más dolorosas que ha dejado el conflicto armado interno; así mismo, la comparación no surge únicamente por el uso de conceptos asociados a la "defensa" o a la "seguridad" sino porque la historia colombiana ha demostrado que las decisiones adoptadas en nombre de la protección ciudadana pueden producir consecuencias radicalmente distintas a las originalmente previstas cuando los controles institucionales resultan insuficientes o cuando actores ilegales encuentran espacios para capturar mecanismos creados con fines legítimos.
Las alertas no obedecen a un prejuicio ideológico ni a una disputa partidista, responden a una memoria histórica
La memoria histórica obliga a formular preguntas que cualquier democracia responsable debería responder antes de modificar la arquitectura institucional de la seguridad pública y Colombia aprendió, a un costo inmenso en vidas humanas, que entre una política pública concebida para apoyar al Estado y un mecanismo susceptible de ser aprovechado por organizaciones armadas puede existir una distancia mucho menor de la que inicialmente parecen mostrar los textos normativos.
Por esa razón, antes de valorar los alcances jurídicos y políticos del denominado Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, resulta indispensable volver la mirada hacia los antecedentes que marcaron la evolución de la seguridad en Colombia, porque las instituciones no se construyen en el vacío, y las propuestas que hoy ocupan el centro del debate nacional solo pueden comprenderse plenamente a la luz de las decisiones que, hace varias décadas, transformaron para siempre la relación entre el Estado, los civiles y el uso de la fuerza.
Para comprender por qué el anuncio del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana ha despertado tantas alertas, resulta indispensable retroceder varias décadas en donde la discusión no comienza en 2026, ni siquiera en la creación de las CONVIVIR durante la década de los noventa; sus raíces se encuentran en una concepción de la seguridad que dominó buena parte de América Latina durante la Guerra Fría y la denominada doctrina del enemigo interno.
Bajo esa lógica, los principales riesgos para la estabilidad de los Estados ya no provenían exclusivamente de amenazas externas, sino de actores considerados enemigos dentro del propio territorio nacional; inspirada en las doctrinas de seguridad nacional impulsadas por los Estados Unidos en el contexto de la confrontación bipolar, esta visión transformó profundamente el papel de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y la misión tradicional de defender las fronteras comenzó a combinarse con funciones de control interno dirigidas a combatir insurgencias, organizaciones revolucionarias y cualquier actor considerado una amenaza para el orden público.
Colombia no fue ajena a ese fenómeno porque desde mediados de la década de 1960 el Estado colombiano adoptó normas que permitían ampliar la participación de particulares en actividades relacionadas con la seguridad; uno de los antecedentes más importantes fue el Decreto 3398 de 1965, expedido durante el estado de sitio y posteriormente convertido en legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968; aunque dichas normas respondían al contexto de violencia política que atravesaba el país, también introdujeron la posibilidad de que civiles colaboraran con la Fuerza Pública bajo determinadas circunstancias, incorporando progresivamente la idea de que la seguridad podía ser una responsabilidad compartida entre instituciones estatales y particulares.
En ese momento, la discusión parecía responder a necesidades coyunturales derivadas del conflicto armado, sin embargo, con el paso de los años, diversos investigadores señalarían que esas disposiciones terminaron sentando las bases jurídicas y doctrinales para el desarrollo de posteriores estructuras de autodefensa; la idea de organizar civiles para apoyar labores de seguridad fue normalizándose paulatinamente hasta convertirse en un componente recurrente de la política contrainsurgente colombiana.
Ese proceso no produjo de inmediato los efectos que décadas después conocería el país, como ocurre con frecuencia en la evolución de los conflictos armados, los cambios fueron graduales. Primero aparecieron mecanismos de cooperación e intercambio de información entre civiles y autoridades; posteriormente surgieron grupos privados de autodefensa financiados por grandes propietarios rurales y organizaciones vinculadas al narcotráfico, entre ellos el conocido grupo Muerte a Secuestradores (MAS) durante la década de 1980; con el tiempo, esas estructuras regionales comenzaron a articularse hasta conformar organizaciones armadas cada vez más complejas, con capacidad militar, influencia política y control territorial.
Fue en ese contexto cuando el Gobierno de César Gaviria expidió el Decreto Ley 356 de 1994, conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. La norma creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Vigilancia Rural, popularmente conocidas como CONVIVIR, concebidas como organizaciones integradas por particulares autorizados para colaborar con las autoridades mediante labores de vigilancia, recolección de información y apoyo preventivo en zonas afectadas por la violencia.
El Gobierno de César Gaviria expidió el Decreto Ley 356 de 1994, conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. La norma creó las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Vigilancia Rural, popularmente conocidas como CONVIVIR
Desde el punto de vista jurídico, las CONVIVIR fueron presentadas como un mecanismo de participación ciudadana destinado a fortalecer la presencia institucional en regiones donde el Estado enfrentaba enormes dificultades para garantizar la seguridad; sus promotores, entre ellos, Álvaro Uribe Vélez, sostenían que permitirían mejorar la obtención de inteligencia, facilitar la cooperación con la Fuerza Pública, prevenir secuestros y fortalecer la protección de las comunidades rurales frente al accionar de los grupos guerrilleros.
La etapa de mayor crecimiento de estas cooperativas coincidió con la administración de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997; bajo su administración se promovió intensamente este modelo como una herramienta para enfrentar el deterioro de la seguridad rural y Antioquia terminó convirtiéndose en el departamento con el mayor número de cooperativas autorizadas en el país, una política que Uribe defendió públicamente argumentando que permitía fortalecer la colaboración entre ciudadanía y Fuerza Pública, mejorar la obtención de información y recuperar territorios afectados por la violencia.
Sin embargo, con el paso de los años, múltiples investigaciones judiciales, informes oficiales y reconstrucciones históricas documentaron que varios comandantes paramilitares mantuvieron vínculos con algunas de esas cooperativas o utilizaron dichas estructuras para facilitar la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en distintas regiones y en este punto es válido decir que las cifras ilustran la magnitud de esa tragedia; según el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y diversos estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, las estructuras paramilitares fueron responsables de decenas de miles de homicidios, miles de masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y graves violaciones a los derechos humanos que transformaron la vida de millones de colombianos y más allá de las cifras, el paramilitarismo alteró profundamente la democracia colombiana mediante procesos de captura institucional, control territorial, infiltración política y economías ilegales cuyos efectos aún persisten en numerosas regiones.
Por esa razón, cada vez que en Colombia surge una propuesta relacionada con la participación organizada de civiles en asuntos de seguridad, el debate trasciende inmediatamente la coyuntura política porque no se trata únicamente de discutir una nueva estrategia gubernamental, sino de confrontarla con una memoria histórica construida sobre décadas de conflicto armado y miles de víctimas.
La experiencia de las CONVIVIR demuestra que en materia de seguridad pública no basta con analizar las buenas intenciones de una política sino que las instituciones deben diseñarse teniendo en cuenta el peor escenario posible, especialmente en países atravesados por conflictos armados, economías ilegales y organizaciones criminales con capacidad para infiltrar estructuras estatales.
Cada vez que en Colombia surge una propuesta relacionada con la participación organizada de civiles en asuntos de seguridad, el debate trasciende inmediatamente la coyuntura política
En diferentes decisiones, la Corte insistió en que la seguridad constituye una responsabilidad indelegable del Estado y recordó que el artículo 216 de la Constitución establece quiénes integran la Fuerza Pública, mientras que el artículo 223 reserva al Estado el control exclusivo sobre las armas de guerra porque no se trata únicamente de una regla administrativa, constituye uno de los pilares que garantizan que el uso de la fuerza permanezca sometido al derecho y no a intereses particulares, económicos o políticos.
A ello se suma un elemento adicional que explica la preocupación de diversos sectores; durante los días posteriores al anuncio presidencial comenzaron a circular en redes sociales videos, convocatorias y mensajes de grupos de particulares que promovían entrenamientos de combate urbano, hablaban de "limpieza social", utilizaban un lenguaje propio de confrontación armada e incluso hacían referencias a una eventual "guerra civil".
Una de ellas fue difundida por un grupo que se identifica como "Tercera Fuerza", cuyo material promocional invita abiertamente a participar en un "Entrenamiento Táctico Militar – Guerra Civil", fijando una fecha, un lugar privado, una hora específica e incluso un valor económico de inscripción; la pieza publicitaria utiliza un lenguaje inequívocamente militar, uniformes camuflados, formación táctica, helicópteros, símbolos de guerrra y expresiones como "guerra civil", "entrenamiento táctico" y "Tercera Fuerza" no corresponden al lenguaje habitual de actividades recreativas o deportivas; se trata de una narrativa que evoca preparación para escenarios de confrontación interna entre colombianos, precisamente el tipo de imaginarios que el país ha intentado superar tras décadas de conflicto armado.
Grupo que se identifica como "Tercera Fuerza", cuyo material promocional invita abiertamente a participar en un "Entrenamiento Táctico Militar – Guerra Civil", fijando una fecha, un lugar privado, una hora específica e incluso un valor económico de inscripción
Naturalmente, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes establecer quiénes promovieron dicha convocatoria, cuál era su verdadero propósito, si existió entrenamiento efectivo, si hubo utilización ilegal de uniformes o armas, o si los hechos descritos pueden constituir alguna conducta penal; precisamente por esa razón, la autora del presente artículo presentó una denuncia formal para que sean las instituciones del Estado quienes esclarezcan los hechos, identifiquen a los responsables y determinen las eventuales responsabilidades a que haya lugar.
Sin embargo, aun antes de que concluyan esas investigaciones, la sola circulación pública de una convocatoria de estas características plantea interrogantes que trascienden el caso concreto. ¿Por qué, en una democracia constitucional, comienza a hablarse nuevamente de "guerra civil" como si se tratara de un escenario susceptible de preparación? ¿Qué tipo de organizaciones consideran legítimo convocar a civiles para recibir entrenamiento táctico bajo ese lenguaje? ¿Qué lectura están haciendo determinados sectores del nuevo ambiente político para considerar aceptable este tipo de iniciativas?
Ninguna de las grandes estructuras paramilitares apareció de un día para otro con decenas de miles de hombres armados; antes de convertirse en ejércitos ilegales existieron discursos, justificaciones, organizaciones aparentemente transitorias y narrativas que presentaban la violencia privada como una respuesta necesaria frente a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la historia demuestra que las guerras no comienzan con el primer disparo; comienzan cuando la sociedad empieza a aceptar que determinados ciudadanos pueden organizarse para asumir funciones que corresponden exclusivamente a las instituciones democráticas.
El riesgo no consiste únicamente en que existan grupos que utilicen un lenguaje de confrontación, el verdadero peligro radica en que esas narrativas encuentren legitimidad política o social hasta convertirse, progresivamente, en parte del paisaje cotidiano porque la normalización constituye el primer paso de casi todos los procesos de degradación democrática; primero se normaliza el lenguaje, después se normaliza la organización, posteriormente se normaliza el entrenamiento y finalmente se termina normalizando la violencia.
Durante toda la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella construyó buena parte de su discurso alrededor de la idea de un país dividido entre quienes representaban el orden y quienes, según él, encarnaban el caos y en distintos escenarios utilizó expresiones de confrontación contra sus adversarios políticos, prometió una política de "mano dura", habló de "destripar" a sus opositores y presentó la seguridad como el eje central de su proyecto de gobierno.
Sin embargo, precisamente porque el país enfrenta una coyuntura de alta polarización, las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo deben analizarse con especial rigor constitucional y la seguridad pública no puede convertirse en un escenario donde la línea que separa la persecución del delito de la confrontación política termine desdibujándose.
Quizá la pregunta más importante no sea si el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana logrará reducir los índices de criminalidad. La verdadera pregunta es otra ¿está Colombia construyendo una política de seguridad para fortalecer el Estado Social de Derecho o está abriendo, una vez más, espacios que la historia ya demostró extraordinariamente difíciles de controlar?
Las respuestas no las ofrecerá el discurso político ni la propaganda electoral, las ofrecerán el texto definitivo del decreto, el control constitucional que pueda ejercer la justicia, la vigilancia de la ciudadanía y, sobre todo, la memoria de un país que ya pagó un precio demasiado alto por creer que la violencia privada podía convertirse en una política pública.
Porque las democracias no mueren únicamente cuando se rompe el orden constitucional; también empiezan a debilitarse cuando olvidan las lecciones de su propia historia y Colombia, que ha enterrado a cientos de miles de víctimas del conflicto armado, tiene la obligación ética, jurídica y política de impedir que el miedo vuelva a convertirse en la puerta de entrada para repetir los errores que tanto costó superar.
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