LA ENORME CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR Y SU IMPACTO EN LA PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

Vicenç Navarro*

diario-red.com/26/06/2026

Estados Unidos gasta más que nadie en sanidad, pero millones de ciudadanos no pueden permitirse recibir atención médica. Esa contradicción resume el fracaso de un modelo que amenaza también a Europa

La cobertura mediática española del mundo político y económico de Estados Unidos se centra casi exclusivamente en la figura de Trump, considerándosele la causa del terremoto político que está ocurriendo en ese país, que está afectando al mundo entero. Una consecuencia de ello ha sido, en la Unión Europea, la atención de los grandes medios que se centra en gran medida en lo que se presenta como una urgente necesidad de sustituir los apoyos militares de Estados Unidos a la OTAN mediante el establecimiento de su propio sistema de seguridad, término que en Europa se utiliza para definir el rearmamento militar a nivel continental.

Como he indicado en varias ocasiones, en Estados Unidos, Trump no es la causa de su enorme crisis política actual, sino la consecuencia de lo que ha estado ocurriendo últimamente en este país, sobre todo, desde los años 80 hasta la actualidad (ver: V. Navarro, “La Información Divulgada por los Mayores Medios de Información Españoles es Errónea y Manipulada”, Diario Red, 10/10/25). En realidad, el fenómeno del trumpismo era previsible, y algunos así lo señalamos incluso antes de que dicho personaje apareciera en el panorama político del país. (V. Navarro, Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Consequences for Health and Quality of Life, Baywood, 2007).

Para entender el crecimiento del trumpismo hay que ver qué ocurrió antes de su aparición y expansión, y comprender lo sucedido en EE.UU. desde los años 80. Lo más llamativo ha sido el enorme crecimiento de la polarización por clase social, que se ha estado desarrollando en dicho país (y también, en menor intensidad, en la Europa Occidental), como resultado del gran declive de la capacidad adquisitiva (lo que en EE.UU. se llama “purchasing power”) de la mayoría de las clases populares y, muy en especial, de la clase trabajadora —98 millones de personas en EE.UU. — que representa, según estudio de la Fundación Ford de 2023, el 60% de la población laboral del país (U.S. labor force).

Su capacidad adquisitiva ha estado en declive desde el inicio de las políticas neoliberales globalizadoras de los 80, iniciadas por el presidente Reagan en los Estados Unidos y la Señora Thatcher en Gran Bretaña, y posteriormente aplicadas también por gobiernos liberales, conservadores e incluso socialdemócratas, como el de Tony Blair en Gran Bretaña, por la administración Schroeder en Alemania y la de Zapatero en España, entre muchos otros. En España, de hecho, Zapatero reformó la Constitución para incorporar este modelo económico, promovido por el apoyo mayoritario del Partido Socialista en el Parlamento, y que contribuyó al surgimiento de la rebelión popular del 15M. El trasfondo de tal agitación social fueron los muy marcados recortes en políticas sociales y reducción del Estado de bienestar, que se justificaron con el lema “No hay alternativas”, lo cual era fácilmente rechazable mirando los datos (véase: V. Navarro, J. Torres, A. Garzón, Hay Alternativas: propuestas para crear empleo y bienestar social en España, Ediciones Sequitur, 2011, que se convirtió en punto de referencia para tal movimiento).

Este modelo implicó un enorme crecimiento de la capacidad adquisitiva de los propietarios y gestores del capital —los llamados billonarios—, a costa de un fuerte descenso de tal capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. Es importante señalar este hecho, pues con frecuencia se afirma en los medios de información que los salarios han crecido desde los años 80. Sin embargo, lo que determina el nivel de vida y el bienestar de la población es la capacidad adquisitiva que depende no solo de los salarios, sino también de la inflación y del coste de vida.

Considerando estos factores, es claro que la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora en Estados Unidos ha estado descendiendo desde el principio de la revolución neoliberal de los años 80. Los salarios han aumentado un 19 % entre 1979 y 2025, pero la productividad laboral ha crecido un 65 %, la inflación un 321 % y el coste de vida —especialmente en servicios esenciales como la sanidad— un 488 %. Los costes de cuidado infantil, por su parte, crecieron un 803 %. Estos datos muestran claramente una fuerte pérdida de poder adquisitivo que se ignora en tales medios.

Esta pérdida de poder adquisitivo ha generado graves problemas de asequibilidad en tal sector. En el ámbito sanitario, el precio de los medicamentos ha crecido, por ejemplo, hasta tal punto que más del 40 % de la población no puede costeárselos. Asimismo, el encarecimiento de los seguros privados sanitarios ha generado también problemas de asequibilidad para amplios sectores sociales. El 38 % de las personas con enfermedades terminales expresa preocupación por no poder pagar los tratamientos necesarios. La gravedad y extensión del problema quedan expresadas en este dato: la deuda médica representa el 58 % del total de deudas de los hogares en EE.UU.

La creciente comercialización del sistema sanitario ha sido clave en este proceso. Aunque el gasto público sanitario en EE.UU. es el más alto entre los países desarrollados, el acceso y la compra de tales servicios son de los más problemáticos de tal sector. En 2025, el gasto sanitario per cápita superaba los 10.000 dólares, pero el 48 % de la población tiene dificultades para pagar la atención médica. Se estima que unas 35.000 personas mueren cada año en ese país por falta de seguro médico.

El problema, por tanto, no es la falta de recursos, sino su distribución y el modelo de gestión, dominado por empresas privadas con ánimo de lucro.

Los datos de esta sección del artículo provienen de la reciente conferencia internacional “Medical Care Commercialization and Affordability in the U.S.: Trends and Responses in Other Countries”, que tuvo lugar en la Universidad Johns Hopkins el pasado 21 de abril de 2026, en donde reconocidos investigadores de EE.UU., Canadá, Gran Bretaña y Países Bajos analizaron las causas y las consecuencias de la creciente comercialización de la sanidad.

La aplicación de las políticas neoliberales globalizadoras, incluyendo la desregulación del mercado de trabajo, junto con la libre movilidad de las industrias y servicios, así como de recursos humanos a nivel mundial, incluyendo la desregulación de la inmigración (muy acentuada también a partir de los años 80), contribuyeron a un gran debilitamiento de las clases trabajadoras, que coincidió en EE.UU. con el gran crecimiento de las instituciones comerciales con ánimo de lucro en todos los sectores económicos, incluyendo el de los servicios, entre ellos, los sanitarios.

Tal movimiento ocurrió luego del gran crecimiento del gasto público sanitario, resultado de los cambios en los años 70, con la creación de Medicare (servicios para los ancianos) y Medicaid (servicios para la población por debajo del límite de pobreza). Estos programas fueron aprobados en los años 70 como resultado de la agitación social de los años 60. Desde entonces, ha habido un gran crecimiento del gasto público en salud del país, siendo hoy el más alto entre los países considerados democráticos con un desarrollo económico comparable al de los EE.UU., tales como los de la OCDE.

En 2025, si se dividiera el gasto sanitario público por el número de habitantes, resultaría que en los Estados Unidos sería de 10,253 dólares per cápita, una cantidad mucho mayor que en otros países como Alemania (7,550 dólares), Países Bajos (6,540 dólares), Suecia (6,280 dólares), Canadá (7,550 dólares), Francia (5,850 dólares), Gran Bretaña (5,340 dólares), etc. Este enorme gasto sanitario contrasta, sin embargo, con los enormes déficits de recursos y grandes problemas de acceso a los servicios sanitarios en ese país, que a la vez tiene las mayores dificultades para acceder y costear tales servicios, en donde un 48% de la población no puede pagarlos y el 62% está endeudado por ello.

Se estima que 35.000 estadounidenses mueren anualmente por falta de seguro médico y, en un período de cuatro años, más de uno de cada cuatro estadounidenses enfrenta costos médicos inasequibles. Por lo tanto, la mayoría de las quiebras personales de Estados Unidos están impulsadas, al menos en parte, por facturas médicas, incluso entre quienes ya tenían seguro de salud cuando enfermaron. El gran problema de la sanidad en los EE.UU. no es la cantidad de dinero gastada, sino su distribución, lo cual lleva al análisis de la gestión de tal cantidad de dinero.

En realidad, Estados Unidos es uno de los países de la OCDE con menor utilización de sus servicios sanitarios, en parte por su escasez de recursos. En el año 2025 se publicó que el número promedio de días de hospitalización por habitante era de los más bajos entre los países de avanzado desarrollo económico (0,51 días, comparado con 0,6 en Canadá, 0,7 en Francia, 0,8 en UK, 1,0 en Suiza y 1,5 en Alemania).

Era también el que tenía un número menor de visitas al médico por habitante por año (3,2 Estados Unidos, 5,5 Francia, 6,8 Canadá, 9,6 Países Bajos, 9,8 Alemania). También tiene el número menor de enfermeras por 1.000 habitantes.

Por otra parte, tiene el mayor número de personal administrativo, con mayor cantidad de normas y control del personal sanitario, con elevadas tasas de descontento del personal, incluyendo al facultativo. Y entre la población existe un gran descontento, con el mayor porcentaje de población que presenta deficiencias de asequibilidad a los servicios sanitarios, la mayor entre los países de semejante desarrollo económico a los EE.UU. En realidad, indicadores de salud de ese país, tales como la mortalidad infantil, son de los peores entre los países de semejante desarrollo económico. Y lo que es muy relevante es que el mejoramiento de tales indicadores, como el de la esperanza de vida, que había crecido en tasas semejantes a las de países de semejante desarrollo económico hasta finales de los años 70, se enlenteció más que en tales países a partir de los años 80, cuando las reformas neoliberales globalizadoras comenzaron.

La característica que más diferencia el sistema de salud de Estados Unidos del de la mayoría de los países de la OCDE es la mercantilización y comercialización de las empresas que gestionan el sistema sanitario. Este sistema se inició en los años 80 y ha alcanzado sus mayores dimensiones desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI especialmente durante la pandemia, cuando las desigualdades de clase se acentuaron aún más.

El sistema tiene una financiación pública, pero no una gestión pública, sino privada, en la que la mayoría de las gestiones son realizadas por compañías de seguros; la mayoría son privadas (95%), con ánimo de lucro. Su mayor interés y objetivo son alcanzar el máximo de beneficios económicos para sus empresas, incluso a costa de la atención a los pacientes.

La escasez de recursos no se debe a una financiación insuficiente, sino a la distribución de dichos recursos, configurada por el sistema de gestión existente. La tasa de beneficios de estas empresas, como se indicó anteriormente, está entre las más elevadas en el sector económico financiero del país. Un tanto semejante ocurre con la industria farmacéutica, cuyos costes son enormemente elevados, lo cual también causa la incapacidad por parte de los pacientes para poder pagar sus prescripciones.

La otra característica del sector sanitario de los Estados Unidos es que no existe la universalidad del derecho de acceso a tales servicios, como sí ocurre en la gran mayoría de los países de la OCDE, donde existe jurisdicción que garantiza el acceso a todos los ciudadanos y residentes de tales países a los servicios sanitarios.

Esta universalización no existe en el sistema estadounidense, y ello no es porque la gente no lo quiera. Al contrario, la gran mayoría de la población, y con mayorías muy marcadas entre las clases populares y la clase trabajadora, desea estas reformas orientadas a la universalización de dicho derecho.

El mayor impedimento para que ello ocurra tiene que ver con la gran influencia de las grandes empresas que gestionan el sistema sanitario y que, a través de la financiación directa e indirecta del proceso electoral, influyen sobre las instituciones políticas federales, incluyendo la Presidencia y el Congreso (tanto el Senado como la Cámara de Representantes). Esta privatización del proceso electoral permite, en la práctica, la compra de políticos y explica por qué la gran mayoría de los miembros del Congreso han recibido fondos de alguna empresa vinculada al sector sanitario.

Las consecuencias de este sistema antidemocrático están detalladas en este artículo. Conviene destacarlo, ya que existe una percepción incorrecta de que el sistema estadounidense se basa en una democracia plena, lo cual, en aspectos fundamentales, no es cierto. La privatización del proceso electoral implica una gran influencia de quienes lo financian, incluidas las élites económicas. De ahí el gran malestar existente entre las clases populares, y muy especialmente entre la clase trabajadora, lo que permite entender mejor la crisis política actual y el aprovechamiento electoral de dicho malestar por parte del trumpismo.

La abstención en el proceso electoral es muy elevada en los Estados Unidos, en especial por parte de la clase trabajadora. Quienes en esta sí solían votar, solían hacerlo al Partido Demócrata, el cual ha venido por años perdiendo su apoyo, debido a sus impopulares políticas neoliberales globalizadoras. Tanto así, que la dirigente demócrata, la candidata presidencial en las últimas elecciones, Kamala Harris, perdió gran capacidad de influencia entre los sectores populares y la clase trabajadora, quienes están muy enfadados tanto con el sistema como con el Partido Demócrata. Cabe recordar que dicho partido, y tal y como fue confirmado por la candidata Harris en su campaña presidencial, pasó de identificarse como “el partido de la clase trabajadora” a ser en su lugar ahora “el partido de las clases medias”. El actual fracaso del Partido Demócrata se debe precisamente a que se le identifica más como parte del problema que como una alternativa para su solución, lo que le ha hecho perder credibilidad.

El surgimiento de las ultraderechas en la Unión Europea es semejante a lo ocurrido en los Estados Unidos con el trumpismo, con movimientos de protesta que pueden darse predominantemente entre gente joven y también entre miembros de la clase trabajadora que desean cambios radicales por parte de sus gobiernos. En realidad, ven a los gobiernos neoliberales, conservadores y también a los socialdemócratas como parte del problema.

Este enfado aparece también en relación a lo que sucede en todos los sectores de Estado de bienestar, incluyendo los sectores médicos y sanitarios, los de educación y de vivienda, y otros.

Los problemas de asequibilidad de los servicios médicos y sanitarios en Europa aparecen primordialmente en dos tipos de países: unos son los países del este de Europa, que habían sido parte de la Unión Soviética, y en los que, luego de su disolución, aparecieron sistemas de cobertura sanitaria muy insuficientes. Gran parte de los gobiernos de estos países han estado desde entonces bajo gran influencia de los Estados Unidos. El segundo grupo consta de países del sur de Europa, que fueron gobernados por gobiernos de sensibilidad fascista por un largo periodo de tiempo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tales países, como España, heredaron un enorme déficit social que todavía persiste. Los países del centro y norte de Europa son los que tienen los servicios sanitarios más desarrollados, bien a través de “servicios nacionales de salud” o de “seguros nacionales de salud”, en los cuales tanto la financiación como la gestión son públicas.

Pero todos ellos están sujetos a grandes presiones para que ocurra el fenómeno de la comercialización, de manera que empresas privadas con ánimo de lucro puedan llenar los vacíos que está dejando la reducción del presupuesto del sector para poder satisfacer las necesidades de militarización de estos países. Los Países Bajos, por ejemplo, donde la ley exige que la atención sanitaria sea sin ánimo de lucro, están viendo crecer la cantidad de clínicas quirúrgicas ambulatorias a un ritmo del 7,5% anual: una tendencia que refleja las señales de alerta temprana de los EE.UU. en los años 80.

La presidenta de la Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen, quien tipifica la mentalidad neoliberal de tal comunidad, ha propuesto el rearmamento de Europa, en gran manera con compra de equipamiento militar a los EE.UU., financiado en parte con medidas de austeridad en la Europa social, aumentando la desregulación de toda la actividad económica, incluyendo la del sector de la sanidad, facilitando así su comercialización, cuyas consecuencias ya he analizado en este artículo. Es, en otras palabras, la continuación de la americanización de Europa con otras fórmulas.

Al igual que en EE.UU., en Europa, la aplicación general de las políticas neoliberales globalizadoras ha tenido también un impacto negativo sobre la capacidad adquisitiva de sus clases trabajadoras, por las mismas razones por las que ha ocurrido en ese país. En Europa, el aumento de los salarios desde los años 80 ha sido sobrepasado por el aumento de la inflación y, sobre todo, por el aumento del coste de vida, incluyendo el de los servicios sanitarios, afectando así su asequibilidad por parte de la clase trabajadora. Ello explica, primero, el desencanto de la clase trabajadora con los partidos gobernantes de izquierda que han hecho suyas las políticas neoliberales globalizadoras, incluyendo la gran desregulación de los mercados laborales. Un gran atractivo de las ultraderechas en este continente ha sido precisamente poder atraer electores al identificarse con este enfado.

La crisis de asequibilidad de los servicios sanitarios en Estados Unidos es estructural: este país gasta más en atención médica, incluso más en fondos públicos per cápita que cualquier país comparable, y, sin embargo, tiene la mayor proporción de población incapaz de acceder a o pagar la atención. Esto no es una paradoja; es el resultado previsible de un sistema sanitario organizado en torno a la extracción de beneficios económicos particulares en lugar de la atención al paciente.

La comercialización es el principal motor de este problema: la creciente comercialización del sistema de salud estadounidense desde la década de 1980 —desde aseguradoras hasta hospitales y consultas médicas— ha desviado sistemáticamente los recursos de la prestación de servicios hacia los rendimientos para inversionistas, los costos administrativos y la consolidación del mercado. Esta realidad, claramente existente en EE.UU., se está expandiendo ahora en la Unión Europea.

Los modelos internacionales ofrecen evidencia clara: Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido y muchos otros países logran una cobertura universal o casi universal, con una mayor satisfacción pública y un mejor control de costos que los Estados Unidos, a través de distintos modelos de financiación y prestación. Lo que comparten es un compromiso político con la atención sanitaria como un derecho, no como una mercancía. Esta situación, sin embargo, se encuentra amenazada por una creciente comercialización de los servicios sanitarios del país, como consecuencia de la creciente influencia de las grandes corporaciones sanitarias o corporaciones financieras sobre las instituciones políticas, lo cual está creando una crisis de legitimidad de tales instituciones.

La reforma sanitaria a favor de los pacientes y la población, en lugar de la priorización del beneficio empresarial, requiere voluntad política: los mecanismos legales, regulatorios y de política pública para realizar las reformas para garantizar la universalización de tales derechos existen. La limitación principal no es técnica, sino política: la concentración de la influencia de tales corporaciones sobre los procesos electorales y legislativos bloquea reformas que cuentan con el apoyo mayoritario de la población. La respuesta debe ser una movilización de tales mayorías, recuperando la vocación democrática que tales instituciones deberían promover.

La experiencia aportada por los gobiernos de ultraderecha para solucionar el creciente problema de asequibilidad de los servicios sanitarios tiene claramente enormes insuficiencias, que carecen también de un análisis correcto de las causas del problema. De ahí la necesidad de que las nuevas fuerzas progresistas reviertan las políticas neoliberales mediante medidas mucho más radicales y de signo opuesto, en muchas ocasiones, a las que han ido aplicando en estos años de neoliberalismo.