La política colombiana entra en un
momento decisivo
No se trata únicamente de elegir un rumbo, sino de determinar si la dignidad puede sostenerse como eje de país frente a las inercias de un modelo que ha resistido a todo intento de transformación
El candidato electoral, Iván Cepeda, en la pasada manifestación del 1 de Mayo en Bogotá - Antonio Cascio / Zuma Press / Europa Press
Lucía Casado*
diario-red.com/07/05/2026
En Colombia no solo está en marcha una campaña electoral. De forma bastante evidente, también se está desplegando una operación política, mediática y económica para instalar la idea de que si gana Iván Cepeda, el país se hunde. Vamos, la versión colombiana del viejo argumento de “viene el comunismo”, pero revestido de tecnicismos financieros, encuestas y titulares de mercado.
Uno de los pilares de ese relato son las encuestas. No necesariamente porque los datos sean falsos, sino porque su construcción puede ser profundamente sesgada. La clave no siempre está en lo que responde la gente, sino en a quién se le pregunta y dónde. Una sobrerrepresentación de regiones tradicionalmente conservadoras puede inclinar el resultado hacia la derecha y lo contrario ocurre si el foco está en territorios más afines a la izquierda. Si se toman más muestras en Medellín, Santanderes o el Eje Cafetero, sube la derecha. Si tomas más en las costas o en Bogotá, sube la izquierda. La manipulación, en este sentido, es más sofisticada. No altera la respuesta, altera la muestra.
A partir de ahí se despliega la narrativa conveniente. Tras la publicación de determinadas encuestas favorables a la derecha, se instala que “los mercados reaccionan positivamente” porque Cepeda perdería en segunda vuelta. Es decir, se construye una asociación muy peligrosa. Si Cepeda sube, la economía tiembla. Si Cepeda baja, los mercados respiran. Este tipo de asociaciones construyen claramente una percepción en la que el voto se convierte, implícitamente, en un riesgo económico.
El contexto de las calificadoras de riesgo refuerza esta narrativa. Colombia perdió parte de su grado de inversión durante el gobierno de Iván Duque ante calificadoras como Standard & Poor’s y Fitch y mantiene una posición frágil en este ámbito. La eventual pérdida del último grado de inversión podría provocar una salida de capitales especulativos, presión sobre la moneda y un deterioro financiero que, en el plano político, sería rápidamente atribuido al proyecto progresista. La derecha está buscando, claramente, generar las condiciones para que cualquier turbulencia económica pueda interpretarse como prueba de la supuesta incapacidad de la izquierda para gobernar.
Sin embargo, esta lectura omite un elemento fundamental, el papel del bloqueo institucional. El gobierno de Gustavo Petro ha enfrentado la negativa a aprobar leyes clave de financiación, necesarias para cubrir el presupuesto nacional, algo que no ocurrió con administraciones anteriores. Asimismo, decisiones judiciales han anulado partes sustanciales de reformas tributarias, incluyendo medidas que buscaban aumentar la contribución de sectores muy muy rentables, como el energético. El resultado es una restricción deliberada de recursos que obliga al Ejecutivo a recurrir al endeudamiento, para luego ser criticado precisamente por ello.
No basta con hablarle a las víctimas, a los territorios o a los sectores populares. También hay que ser capaz de explicarle a la clase media que los avances del gobierno de Petro no le son ajenos
Este mecanismo configura una estrategia de asfixia política y económica. Se limitan las herramientas de gestión del gobierno, se obstaculizan sus reformas y, posteriormente, se construye un discurso que presenta esas limitaciones como prueba de ineficiencia. En ese contexto, no resulta descabellado pensar que ciertos sectores apuestan por un deterioro controlado de la economía que pueda ser utilizado electoralmente justo antes de las elecciones.
En paralelo, la figura de Iván Cepeda sigue siendo objeto de una estrategia de estigmatización. A pesar de su trayectoria institucional y de su condición de víctima directa de la violencia política, ya que su padre, el senador Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994, persisten los intentos de vincularlo con la lucha armada. Este recurso no es nuevo en la política colombiana, pero mantiene su eficacia en un escenario sumamente polarizado.
Por eso, la candidatura de Cepeda se ve obligada a defenderse en dos frentes muy claros. Por un lado, frente al estigma histórico con ese intento constante de asociarlo con las FARC o con la lucha armada, pese a que su padre fue un senador elegido democráticamente por la Unión Patriótica y víctima de la violencia estatal y paramilitar. Y por el otro, frente al miedo económico, es decir, frente a esa idea, cuidadosamente instalada, de que la izquierda supone una amenaza directa para el bolsillo de la gente.
Y aquí entra uno de los puntos más importantes. La clave electoral no reside únicamente en estos elementos mencionados, sino en la disputa por la clase media. Este sector, que agrupa a millones de colombianos, no vota necesariamente en función de principios ideológicos o consideraciones históricas, sino a partir de expectativas materiales. Es decir, el desenlace electoral no se decidirá solo con los sectores populares, quienes mayoritariamente están con Cepeda, ni se perderá solo con las élites, quienes mayoritariamente están con la derecha. La batalla real está en los estratos 3 y 4, en esos más de 17 millones de colombianos que se reconocen como clase media.
La clase media no vota necesariamente por justicia social o reparación a las víctimas, muchas veces vota con el bolsillo. Quiere estabilidad, ascenso, consumo, colegio para los hijos, vacaciones, seguridad mínima y no perder lo que ha conseguido. No tiene tanto conciencia de clase como conciencia de estatus. Y si alguien le convence de que Cepeda amenaza ese estatus, puede girar a la derecha aunque se haya beneficiado de políticas progresistas.
Y ahí hay una autocrítica necesaria para la izquierda. No basta con hablarle a las víctimas, a los territorios o a los sectores populares. También hay que ser capaz de explicarle a la clase media que los avances del gobierno de Petro no le son ajenos. Que los avances se traducen en más poder adquisitivo, en una inflación más contenida, en mejores datos de empleo y en una economía que empieza a moverse con más dinamismo. Que no se trata de quitarle el futuro, sino de sostenerlo. Y ahí los datos importan. En estos años el salario real ha crecido con fuerza, Colombia ha mejorado su posición regional en salario mínimo, millones han salido de la pobreza y se han ampliado beneficios sociales. Pero si eso no se cuenta bien, la derecha ocupa el espacio con miedo: “le van a subir impuestos”, “se va a caer la economía”, “se van a ir los empresarios”, “esto será Venezuela”. Lo de siempre.
Cepeda llega fuerte, liderando encuestas, con plazas llenas y una campaña austera, sin grandes vallas ni financiación opaca. Pero eso no basta
También hay que desmontar el relato tributario. No es lo mismo la reforma de Duque y Carrasquilla, que pretendía gravar productos básicos en plena pandemia, que las propuestas de Petro orientadas a yates, vehículos de lujo, apuestas, vapeadores, patrimonio de los ultra ricos y sectores extractivos. Es decir, la disputa sobre quién debe sostener el esfuerzo fiscal en una sociedad colombiana especialmente desigual.
Esa desigualdad obscena es, precisamente, uno de los elementos estructurales del conflicto colombiano. El 40% del 0,01% más rico de Colombia habría admitido evadir impuestos, sin que eso produzca ningún escándalo nacional. Según informes difundidos por el diario El País América, esa evasión tributaria en Colombia equivale a cerca del 8% del PIB, es decir, unos 136 billones de pesos anuales. Sí, 136 billones, cada año.
Luego está el tema de la tierra. El llamado paro por el predial rural, es decir, el impuesto que pagan los propietarios de tierras en función del valor de sus fincas, se está presentando como una protesta campesina contra el gobierno de Petro. Sin embargo, conviene aclarar dos cosas. Primero, que la norma que está en el origen de esa subida no es nueva, sino que fue aprobada durante el gobierno anterior de Iván Duque. Y segundo, que existe un problema estructural mucho más profundo con la tierra. En Colombia, muchas de las grandes propiedades rurales, algunas de miles de hectáreas, pagan impuestos muy bajos porque su valor oficial catastral no está actualizado. Esto provoca situaciones paradójicas, como que un piso de clase media en una ciudad pueda pagar más impuestos que una enorme finca en el campo que, en muchos casos, ni siquiera se utiliza para producir.
Así que, esto conecta con uno de los grandes logros que se quiere defender, la reforma agraria. En Colombia, la tierra es el corazón del conflicto. La entrega y formalización de tierras no solo tiene un impacto económico, sino también político y social porque cuestiona directamente la distribución histórica del poder.
Cepeda llega fuerte, liderando encuestas, con plazas llenas y una campaña austera, sin grandes vallas ni financiación opaca. Pero eso no basta. La derecha va a intentar convertir la elección en un plebiscito del miedo. Miedo económico, miedo a la izquierda, miedo a la paz, miedo al cambio.
Lo que habría que decir, entonces, es que la candidatura de Cepeda debe disputar esa idea de estabilidad. No basta con defender la justicia social, es necesario demostrar que el cambio también garantiza certidumbre económica y continuidad en los avances alcanzados. Lo que está en juego en las elecciones del 31 de mayo no es únicamente un relevo presidencial. Se trata de decidir si Colombia profundiza en un ciclo de reformas orientadas a reducir la desigualdad o si retorna a un modelo caracterizado por la concentración de recursos y riqueza.
¿O piensan las colombianas y los colombianos que los gobiernos que vengan van a devolverle las tierras a los campesinos? ¿O que van a tocar los bolsillos de los ultra ricos? ¿O que van a sostener el bono pensional, las horas extras, los recargos nocturnos o el salario mínimo real?
Creo que ahora, más que nunca, vuelven a mí unas palabras que una vez le escuché a la poetisa y escritora colombiana Piedad Bonnett, la dignidad del pueblo colombiano, no se negocia.
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*Politóloga especializada en geopolítica y relaciones internacionales. Analista de política internacional.
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