COLOMBIA EN UNA ENCRUCIJADA DE DESARROLLO

Laura Moisá y Leonardo Rojas

IDEAS Network/Mronline.org/2026/05/25

La trayectoria económica de Colombia desde la década de 1990 dista mucho de ser lineal. Refleja las tensiones de un país que emprendió dos importantes procesos de paz, en 1990 y 2016, al tiempo que impulsaba reformas de mercado de línea dura en medio de un profundo conflicto interno, operando de hecho en lo que muchos analistas describirían como una "economía de guerra".

La década de 1990 constituye un punto de partida natural. Marcó el surgimiento de un nuevo orden institucional, moldeado por las demandas ciudadanas y la desmovilización de varios grupos guerrilleros. Sin embargo, esta apertura política —consolidada en la Constitución de 1991 y los acuerdos de paz— coincidió con el auge de las ideas neoliberales entre las élites políticas colombianas. De hecho, el cambio institucional fue de la mano de una profunda liberalización. Sectores que antes estaban firmemente en manos del Estado se abrieron a la participación privada, desde la energía y la minería hasta las finanzas. En su punto álgido, las privatizaciones alcanzaron hasta el 2,1% del PIB en un solo año.

A principios de siglo, esta transformación se desarrolló paralelamente a un auge de las exportaciones de materias primas, impulsado por el aumento de los precios del petróleo, el gas y el carbón. Esto reforzó la dependencia de Colombia de la minería y la energía, tanto en términos fiscales como productivos y externos. Al mismo tiempo, la liberalización del comercio expuso a los productores nacionales a una creciente presión competitiva. En conjunto, estas fuerzas aceleraron la erosión de la base productiva de Colombia: la participación de la industria manufacturera en el PIB cayó del 18,1 % en 1990 al 12,4 % en 2022, mientras que la intermediación financiera aumentó del 19,3 % al 22,3 %.

Como consecuencia, la inversión se desplazó de las actividades de mayor valor añadido hacia el sector primario. El empleo siguió esta tendencia, con la informalidad extendiéndose por todo el mercado laboral. Al mismo tiempo, el capital se concentró en sectores generadores de rentas (industrias extractivas y finanzas), mientras que gran parte del resto de la economía se orientó hacia bienes y servicios no comercializables de baja productividad. Este patrón se vio reforzado por la persistencia de una gran economía ilegal, cuyo capital ilícito desplazó los usos más productivos y obstaculizó el desarrollo de actividades de mayor valor añadido.

La desigualdad ha sido durante mucho tiempo una característica estructural de la sociedad colombiana, pero se afianzó aún más con las transformaciones neoliberales de finales del siglo XX. Hoy en día, Colombia sigue siendo el segundo país más desigual de la región. Como en otros casos, el avance de la agenda neoliberal coincidió con una marcada disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional durante las últimas décadas. Datos de la CEPAL (Unión de las Naciones Unidas) muestran que entre 2002 y 2022 el coeficiente de Gini de Colombia apenas varió —de 0,567 a 0,563—, manteniéndose persistentemente por encima del promedio regional.

Tras la crisis de finales del siglo XX, las tasas de crecimiento de Colombia se situaron generalmente por encima del promedio regional, pero con una escasa creación de empleo y una persistente informalidad. Esta situación dejó a la economía muy expuesta a los ciclos internacionales —tanto financieros como comerciales—, a la vez que ejerció una presión creciente sobre el gasto público como principal motor de la actividad del mercado laboral.

Un cambio de dirección

En 2022, los colombianos eligieron al primer gobierno abiertamente progresista del país en más de 200 años de historia republicana. El nuevo gobierno llegó al poder con la promesa de una transformación, con el objetivo de romper con las tendencias del pasado. Sin embargo, las limitaciones típicas del ciclo político, sumadas a una profunda inercia institucional, han dejado claro un punto: el cambio estructural requiere tiempo. Un progreso significativo exige estrategias a mediano y largo plazo, ya que las acciones a corto plazo rara vez producen resultados de gran impacto y a gran escala.

Dicho esto, el gobierno ha tomado medidas firmes en cuatro dimensiones políticas clave para comenzar a cambiar las tendencias anteriores.

Reindustrialización y diversificación. Los esfuerzos emergentes para fortalecer sectores manufactureros específicos, como la construcción naval, la producción de vehículos de pasajeros y los vínculos de mayor valor agregado dentro de las cadenas de valor existentes, están comenzando a dar resultados significativos. La inauguración de la primera planta de ensamblaje de vehículos de pasajeros y carga, con el potencial de obtener localmente hasta el 60% de sus componentes, marca un importante avance. Esta iniciativa busca tanto abastecer el mercado interno como acceder a potenciales mercados regionales. Al mismo tiempo, las exportaciones no tradicionales se han expandido tanto en términos absolutos como relativos, registrando tasas de crecimiento positivas en los últimos tres años. Estos esfuerzos se alinean cada vez más con la reforma agraria, fomentando vínculos agroindustriales más sólidos y apoyando la creación de valor interno.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ya se están produciendo cambios estructurales en lo que respecta a la diversificación de la cesta de exportaciones y los sectores generadores de empleo. Un avance notable es el creciente porcentaje de la industria manufacturera en las exportaciones, que pasó del 18,49 % en 2022 al 22,03 % en 2025, con un crecimiento positivo sostenido en los últimos años. Entre los subsectores más dinámicos se encuentran los productos químicos, los aceites esenciales y resinoides, los artículos de perfumería, así como la maquinaria y los equipos eléctricos. Al mismo tiempo, el sector agrícola aumentó su participación en las exportaciones totales del 20,31 % en 2022 al 30,49 % en 2025, impulsado no solo por el café, sino también por el sólido desempeño de las frutas, verduras y otros productos de origen animal y vegetal.

Transición energética justa. El objetivo principal ha sido orientar la matriz energética hacia una mayor proporción de energías renovables, tanto en el suministro como en el consumo final. Esta transición busca no solo reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles, sino también ampliar el acceso, disminuir la pobreza energética y promover una mayor participación comunitaria. Entre los logros más destacados se encuentran la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y el aumento de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, que pasó del 2 % de la matriz eléctrica en 2022 al 15 % en 2025.

Estas medidas han dado resultados positivos, no solo por la acción gubernamental, sino también porque han coincidido con condiciones globales favorables. Por un lado, las fluctuaciones de precios que afectan a productos agrícolas clave; por otro, el dinamismo de sectores vinculados a cambios en la demanda de ciertas tecnologías, impulsados ​​en parte por el aumento de los precios de la energía fósil.

Dicho esto, los mayores avances han provenido de las políticas sociales y de redistribución, que han contribuido más a sostener la actividad económica que las propias iniciativas productivas; un patrón que refleja no solo la experiencia reciente de Colombia, sino también la de varios gobiernos progresistas de la región.

Estos resultados se desarrollan en un contexto global más amplio, marcado por las políticas migratorias estadounidenses y los cambios en las condiciones del comercio internacional. En conjunto, han contribuido al aumento de las entradas de divisas mediante transferencias netas, al incremento del turismo y al alza de los precios de algunos productos agrícolas y minerales. Sin embargo, es probable que estos impulsos sean temporales, lo que pone de manifiesto la gran cantidad de trabajo que aún queda por hacer en el ámbito productivo.

Para mantener los avances recientes en la distribución del ingreso e impulsar una transformación más profunda de la estructura productiva de Colombia, es necesario repensar el modelo de desarrollo del país. Esto va más allá de definir políticas y prioridades sectoriales; exige un enfoque más deliberado sobre cómo se planifica, gestiona e implementa el desarrollo.

La experiencia en América Latina y otras regiones deja algo claro: no existen modelos universales para el desarrollo. Las estrategias exitosas requieren análisis y diseño adaptados a cada contexto. Desde esta perspectiva, una forma de abordarlo es mediante el triángulo virtuoso del desarrollo: un modelo en el que la estrategia se configura y ejecuta a través de la interacción de tres actores: el Estado, el sector productivo (trabajadores y empleadores) y las comunidades.

La historia reciente de Colombia, marcada por conflictos políticos, sociales y ambientales, nos recuerda el potencial de la convergencia de estos tres actores. Su convergencia no solo es clave para generar consenso en torno a los objetivos de desarrollo, sino también para garantizar su implementación efectiva y sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental.

La integración del triángulo virtuoso en el diseño de políticas permite una perspectiva de sistemas complejos, que alinea los objetivos económicos con la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, al tiempo que amplía el apoyo y reduce las fricciones en la implementación. En esencia, este enfoque se basa en una premisa simple: que una transformación exitosa depende no solo de decisiones políticas acertadas, sino también de la capacidad institucional para planificarlas e implementarlas. Por lo tanto, el triángulo virtuoso debe entenderse como parte de una tradición más amplia del pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo, que incluye a Celso Furtado, Osvaldo Sunkel y Carlos Matus, entre otros, quienes enfatizan la necesidad de alinear instituciones, actores y estrategias en torno a una trayectoria de desarrollo coherente y adaptada al contexto.

Desde esta perspectiva, emergen tres frentes estratégicos a través de los cuales se pueden articular objetivos y políticas dentro del marco del triángulo virtuoso. El primero es la transformación agraria. Esta es fundamental no solo para la redistribución de la renta y la propiedad, sino también para ampliar el acceso a la financiación y aliviar las presiones inflacionarias. Como subraya la tradición kaleckiana, los sectores agrícola y primario son especialmente vulnerables a las perturbaciones de precios del lado de la oferta. Por lo tanto, fortalecer las capacidades productivas en estos sectores puede contribuir a estabilizar los precios y mitigar las vulnerabilidades relacionadas con las limitaciones de la oferta. Al mismo tiempo, impulsar la agroindustrialización ofrece una vía para la creación de empleo y la reconstrucción de los vínculos entre la industria manufacturera y la agricultura, lo que a su vez puede fundamentarse en objetivos de exportación concretos para generar divisas.

El segundo aspecto es la transición energética. Esta agenda abarca tanto la oferta como la demanda. Los recientes conflictos geopolíticos, desde la guerra en Ucrania hasta la guerra en Irán, han puesto de manifiesto la volatilidad de los mercados mundiales de combustibles fósiles, lo que ha llevado a muchos países a replantearse su seguridad energética y reducir su dependencia de los combustibles importados. En este contexto, la transición hacia las energías renovables no solo es un imperativo ambiental, sino también económico, con implicaciones directas para los costes y la competitividad.

De hecho, ampliar la capacidad de energías renovables puede contribuir a reducir los costes energéticos y mejorar la resiliencia, además de generar nuevas oportunidades en sectores clave. Por el lado de la demanda, la transformación tecnológica y la sustitución asociadas a los nuevos vectores energéticos probablemente incrementarán la demanda de tecnologías nuevas, eficientes y limpias. Sin embargo, para materializar este potencial se requieren políticas industriales coherentes que fortalezcan las capacidades nacionales en la producción de estas tecnologías. De lo contrario, la transición energética corre el riesgo de convertirse en poco más que un proceso de importación de equipos, en lugar de un motor de las cadenas de valor nacionales. Asimismo, posee un gran potencial como herramienta para la redistribución de la renta y la reducción de la pobreza energética, así como para la generación de empleo en sectores estratégicos.

La tercera es una estrategia macroeconómica con profundo impacto social, centrada en la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales existentes. En esencia, esto implica fortalecer los sectores vinculados a la agricultura, la agroindustria y las actividades manufactureras asociadas a la transición energética, al tiempo que se profundizan las estrategias productivas en otros ámbitos clave de la economía. Un enfoque centrado en el empleo puede servir no solo para reducir la pobreza y mejorar las condiciones laborales de quienes ya trabajan, sino también para reducir las persistentes desigualdades de ingresos.

Para que el triángulo virtuoso del desarrollo funcione, el Estado debe desempeñar un papel central de coordinación entre el sector privado y las comunidades. Impulsar los tres frentes estratégicos mencionados requiere no solo un gasto público eficiente, sino también superar la dicotomía Estado-mercado y avanzar hacia un modelo basado en la gobernanza compartida. Esto implica una planificación e implementación basadas en prioridades definidas conjuntamente. En este marco, el Estado debe tener la capacidad de regular y equilibrar las dinámicas de poder, fomentar el consenso en torno a los objetivos de desarrollo y proporcionar mecanismos claros y creíbles para resolver conflictos, tanto sobre la dirección a largo plazo como sobre proyectos específicos.

En última instancia, el éxito y la sostenibilidad de esta estrategia de desarrollo dependen de la voluntad —y la capacidad— de los tres actores para cumplir con los compromisos compartidos. Más que acciones inconexas o incluso duplicadas, Colombia necesita un pacto de desarrollo que reconozca y legitime a cada actor dentro de este triángulo. Solo así el país podrá trazar su propio camino: uno en el que el Estado no solo regule, sino que también participe activamente, y en el que tanto las comunidades como el sector productivo compartan los beneficios y las responsabilidades del desarrollo. Dicho camino requiere un marco de inversión pública diseñado por consenso, una iniciativa privada sólida y una distribución más equitativa del ingreso, todo ello sustentado en un marco diseñado colectivamente, con amplio respaldo y construido para perdurar.

La persistente dificultad de Colombia para implementar estrategias de desarrollo soberano debe abordar dos desafíos interrelacionados: uno estructural y otro coyuntural. La limitación estructural se deriva de la persistencia de élites industriales rezagadas económica y tecnológicamente, junto con estructuras de tenencia de la tierra improductivas y rentistas. Esto se refleja, por ejemplo, en la composición del empleo industrial —donde solo el 18% de los puestos en medianas y grandes empresas están ocupados por profesionales, técnicos y tecnólogos— y en la extrema concentración de la propiedad de la tierra, con un coeficiente de Gini de 0,8 y porciones significativas de tierra subutilizadas. Superar estas limitaciones históricas requiere renovar la estructura industrial, centrada en la innovación y la generación de valor agregado nacional. Este proceso debe fomentar y consolidar un segmento del sector industrial comprometido con los objetivos de desarrollo nacional, a la vez que promueve una integración más estratégica y menos subordinada en las cadenas de valor globales. Lograr esta transformación depende de una planificación eficaz y una coordinación sostenida entre los principales actores públicos y privados dentro del triángulo virtuoso. El segundo desafío, de carácter más coyuntural, se relaciona con el creciente predominio de la acumulación de riqueza financiera, que ha transformado cada vez más a los Estados en agentes financieros y ha limitado su capacidad para financiar el desarrollo a largo plazo. A nivel internacional, un sistema financiero asimétrico refuerza estas presiones. A nivel interno, esta dinámica se reproduce mediante marcos de política ortodoxos que tienden a priorizar el control de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio en detrimento de la transformación productiva e industrial. Para abordar esta limitación se requiere una mayor coordinación entre las instituciones nacionales de política económica, junto con una cooperación regional más profunda para impulsar reformas en la arquitectura financiera internacional y garantizar un mayor acceso a los recursos soberanos para financiar inversiones estratégicas.