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AMÉRICA LATINA: LA DUALIDAD EDUCATIVA COMO MECANISMO PARA REPRODUCIR LAS DESIGUALDADES

Latinoamérica no es la región más pobre del mundo, pero sí la que presenta la mayor incidencia de desigualdad de ingresos y riqueza.
Las desigualdades que caracterizan el sistema educativo se hacen evidentes desde los primeros años de escolarización 


Mauro Morbello
lafionda.org/27 de mayo de 2026

 A diferencia de otras regiones del Sur global, como África subsahariana o el sur de Asia, donde la pobreza generalizada se acompaña de niveles de desigualdad relativamente menores, en Latinoamérica la combinación de crecimiento económico y modernización, limitada a pequeños segmentos de la población y territorios específicos, pone de manifiesto la persistencia de disparidades extremas. Esta situación ha generado una verdadera paradoja, que evidencia un dualismo estructural en el que pequeños segmentos dinámicos, bien integrados en redes globales, coexisten con vastas áreas de marginación social y económica, provocando profundas fracturas internas entre los distintos segmentos de la población. El modelo de modernización no inclusivo aplicado en Latinoamérica ha consolidado así un sistema dual de ciudadanía social, en el que la posibilidad de vivir en condiciones dignas y acceder a derechos y servicios de calidad depende del ingreso disponible, la pertenencia a un sector social determinado, el lugar de residencia o el origen étnico-racial, definidos sobre la base de una estructura segmentada que no solo perpetúa las desigualdades, sino que amplifica sus efectos.

El derecho a una educación de calidad es un ejemplo particularmente emblemático de un mecanismo diseñado para reproducir, desde su origen, desigualdades basadas en el origen económico, la residencia (urbana o rural) y la etnia. Con la amplia difusión de las políticas neoliberales, especialmente desde principios de la década de 1990, la educación pública latinoamericana ha experimentado, por un lado, una progresiva privatización de la provisión educativa y, por otro, una correspondiente reducción de la financiación real para la educación pública, particularmente en las zonas más marginadas y vulnerables. A pesar de la mejora de las tasas promedio de alfabetización, que ahora se acercan al 94%, y el acceso casi universal a la escuela primaria, la creciente segmentación estructural entre los sectores público y privado ha afianzado profundas desigualdades. De hecho, la brecha en la calidad de la provisión educativa, estrechamente relacionada con los ingresos familiares, el lugar de residencia y el origen étnico, ha significado que los resultados educativos concretos —relacionados con el nivel y la calidad del aprendizaje, la continuidad de las trayectorias y el valor de las cualificaciones— se hayan distribuido de manera marcadamente desigual y asimétrica entre las diferentes clases sociales.

En este contexto, las oportunidades educativas efectivas, capaces de garantizar habilidades sólidas y posibilidades reales de movilidad social y económica, se han concentrado gradualmente en una minoría de estudiantes privilegiados, principalmente residentes urbanos y miembros de las clases medias altas. Por el contrario, amplios sectores de la población de clase trabajadora, especialmente aquellos de origen rural e indígena, han permanecido confinados a programas educativos de baja calidad, donde la escolarización formal no se traduce en habilidades sólidas, y mucho menos en oportunidades concretas de progreso social. Las escuelas públicas, que para las familias de bajos ingresos constituyen la única opción educativa verdaderamente accesible, siguen siendo formalmente inclusivas, pero sufren de una financiación insuficiente crónica, infraestructuras precarias, falta de material didáctico, aulas superpobladas y docentes mal pagados. Esta combinación de condiciones deprime la calidad de la enseñanza y tiene un impacto directo tanto en los resultados del aprendizaje como en la continuidad y finalización de los programas escolares. Por el contrario, el segmento privado de alta calidad, accesible a los grupos sociales más adinerados, concentra recursos y oportunidades gracias a instalaciones modernas, profesores selectos, herramientas didácticas de vanguardia y redes de contactos, que facilitan el acceso a programas de educación superior de alto nivel, permitiendo posteriormente el acceso a posiciones de prestigio y poder.

Las desigualdades que caracterizan el sistema educativo se hacen evidentes desde los primeros años de escolarización. Ya en la primaria, los alumnos de escuelas privadas urbanas obtienen puntuaciones entre un 25 % y un 30 % superiores en las pruebas de lectura y matemáticas que sus compañeros de escuelas públicas. A esto se suma el problema del fracaso escolar, es decir, la matriculación en un curso inferior al correspondiente a su edad, que afecta a un promedio de más del 20 % de los alumnos rurales, especialmente a los indígenas, una tasa que triplica la de las zonas urbanas. Este fracaso se acumula en los años siguientes y afecta a todo el currículo escolar desde el principio, aumentando el riesgo de abandono escolar y de no completar el curso.

La brecha, aunque ya evidente en la educación primaria, se amplía y se acentúa con la transición a la educación secundaria. Evaluaciones recientes de UNICEF indican que aproximadamente el 86% de los estudiantes que viven en zonas urbanas completan la educación secundaria, al igual que el 94% de los jóvenes de los sectores más ricos de la sociedad que asisten a escuelas privadas de élite, con matrículas que pueden superar los 1000 dólares mensuales y reservadas para una pequeña minoría de la población. Por el contrario , solo el 66% de los estudiantes de escuelas públicas rurales completan la educación secundaria, y apenas el 60% de los provenientes de los sectores más marginados, en su mayoría indígenas. Con la transición a la universidad, las diferencias se vuelven aún más pronunciadas, ya que las desigualdades establecidas a lo largo de toda la trayectoria educativa anterior se cristalizan . Un claro reflejo de esta situación es el acceso a la educación superior basado en el estatus socioeconómico y la ubicación geográfica. Los datos disponibles indican que, en promedio, entre el 60 % y el 75 % de los graduados de escuelas secundarias privadas acceden a la universidad, en comparación con el 40-45 % de los jóvenes que asistieron a escuelas públicas en zonas urbanas, el 15-20 % de los jóvenes de zonas rurales y apenas el 5 % de los niños indígenas. Además de la diferencia en los niveles de aprendizaje previos, estas diferencias se deben a que la mayor contracción de la oferta pública se observa en la educación superior, en paralelo con la creciente penetración de grupos empresariales privados y grupos de presión educativos, que han identificado al sector como un área particularmente rentable para la inversión.

Esto ha dado lugar a una marcada expansión del sector universitario privado, hasta el punto de que Latinoamérica se encuentra entre las macrorregiones con las mayores proporciones de instituciones y matrículas fuera del sistema público, con algunos países que representan más del 70% de las instituciones de educación superior. La oferta de estudios universitarios se ha convertido así en gran medida en un mercado y, en consecuencia, la educación se ha transformado esencialmente en un producto regido por la lógica de la oferta y la demanda, en un contexto que ha propiciado regulaciones laxas, incentivos fiscales y controles de calidad débiles por parte de los organismos reguladores estatales. Sin embargo, las miles de instituciones privadas de educación superior en Latinoamérica no son todas iguales; por el contrario, presentan diferencias significativas en la calidad académica . Por un lado, existen algunas universidades privadas muy costosas , a las que asisten estudiantes de familias de altos ingresos, con amplios recursos, infraestructura moderna, programas bilingües y sólidas conexiones internacionales. Por otro lado, existe una amplia constelación de instituciones de menor costo , de perfil medio a bajo , las únicas que pueden permitirse las personas con menos recursos, a un alto costo. Estas instituciones generalmente ofrecen una calidad educativa desigual y una baja asistencia . Este dualismo implica que, incluso dentro del sector privado de la educación superior, por un lado se ofrecen programas educativos que facilitan el acceso a puestos profesionales de alto nivel, mientras que, por otro, se otorgan titulaciones de menor valor, sin garantizar una verdadera movilidad social.

En este contexto, los jóvenes de entornos humildes, que han invertido considerablemente en su educación hasta la universidad con la esperanza de convertirla en una herramienta para su superación personal, casi siempre ven sus expectativas frustradas. Como resultado, las oportunidades profesionales, el crecimiento y el desarrollo personal siguen estando, en la práctica, ligados a los ingresos familiares, la región de origen y la etnia, en lugar de al mérito o el compromiso individual. Esto genera una dinámica de exclusión que, además de reproducir las desigualdades existentes, priva a la región de un capital humano esencial: jóvenes a quienes se les ha negado la oportunidad de contribuir a su desarrollo.

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