La ofensiva contra Irán no es una cruzada por la democracia ni por los derechos humanos:
es una operación geopolítica orientada a establecer controles regionales y a imponer por la fuerza lo que no se logró por la vía diplomática
Un miembro de la USAF inspecciona las municiones de ataque directo conjunto (JDAM) en un remolque frente a un bombardero B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de EU. Foto Afp
Imanol Ordorika
jornada.com.mx/12 de marzo de 2026
La guerra contra Irán ha vuelto a colocar a amplios sectores ante un dilema tramposo: o se condena al régimen iraní –autoritario, represivo, teocrático– o se denuncia la agresión militar de Estados Unidos e Israel como nuevo episodio del imperialismo contemporáneo. Como si ambas cosas fueran incompatibles; como si la crítica a uno exigiera la absolución del otro. Esta formulación binaria empobrece el análisis y coarta la conversación pública.
No se trata de un simple problema conceptual. Esta manera de ordenar el debate opera como dispositivo político en tiempos de guerra: obliga a tomar partido en términos excluyentes y clausura posiciones autónomas. Su eficacia aumenta cuando una crisis interna profunda se cruza con una ofensiva militar externa, como ocurre hoy en Irán, tras meses de protestas sociales y represión sistemática.
El régimen iraní es indefendible, no por razones culturales o religiosas, sino por motivos políticos: negación de libertades básicas, persecución del disenso, opresión sistemática de las mujeres, control de los cuerpos y de la vida cotidiana mediante dispositivos legales, policiales y morales, y uso rutinario de la violencia estatal. Las protestas recientes –impulsadas por el colapso económico y rápidamente politizadas– fueron respondidas con apagones informativos, detenciones masivas y represión letal.
La universidad, espacio históricamente crítico, volvió a ser tratada como amenaza: presencia paramilitar en campus, criminalización de estudiantes y control directo de la vida académica.
Ahora bien, que un régimen sea indefendible no convierte en legítima su destrucción por la vía militar externa, mucho menos cuando esa agresión proviene de potencias que han hecho de la agresión unilateral, la excepcionalidad jurídica y el desprecio por el derecho internacional una práctica recurrente. La ofensiva contra Irán no es una cruzada por la democracia ni por los derechos humanos: es una operación geopolítica orientada a establecer controles regionales y a imponer por la fuerza lo que no se logró por la vía diplomática.
En este punto reaparece la retórica del “cambio de régimen” como coartada moral. Se sugiere que los bombardeos abrirán una oportunidad histórica para la democratización. Las experiencias de Irak, Libia, Afganistán o Siria confirman que la intervención imperial no produce democracia, sino estados debilitados, violencia prolongada y sociedades fracturadas. Lejos de fortalecer a las fuerzas emancipatorias internas, la guerra externa tiende a nacionalizar el conflicto, cerrar el espacio público y ofrecer al poder autoritario una narrativa de cohesión forzada. Y si estos antecedentes ya exhibían los límites del discurso justificatorio, la experiencia de Gaza terminó por derrumbarlo por completo.
En Gaza, el intento de construir un dilema moral simplemente colapsó. La magnitud de la devastación, la destrucción sistemática de infraestructura civil, el exterminio de poblaciones enteras, el asesinato masivo de mujeres, niñas y niños y el castigo colectivo impuesto a más de 2 millones de personas desbordaron cualquier marco de justificación estratégica. Frente a ese nivel de destrucción, el lenguaje de la autodefensa perdió toda credibilidad. Lo que quedó expuesto no fue un conflicto entre partes equivalentes, sino el ejercicio extremo de un poder militar contra una población indefensa, en abierta violación del derecho internacional humanitario y de los principios más elementales de la humanidad.
Aun así, esta lógica de polarización forzada persiste en el debate público.
Una constelación de intereses convergentes la reproduce: potencias agresoras y su aparato ideológico, que moralizan la guerra para neutralizar la crítica; el liberalismo occidental, que presenta la democracia como atributo externo, y el propio régimen iraní, que utiliza la agresión externa para descalificar disidencias como traición.
Este razonamiento se inscribe, además, en una erosión más amplia del derecho internacional. La apelación constante a la “autodefensa” reinterpretada de manera expansiva, la normalización de asesinatos selectivos y el vaciamiento de los mecanismos multilaterales han desdibujado normas básicas diseñadas para limitar la guerra. La legalidad internacional se invoca de forma selectiva: se exige a los adversarios y se suspende para los aliados. Así, el uso de la fuerza deja de ser excepción y se consolida como método ordinario de la política exterior.
El falso dilema también es replicado, de manera acrítica, por algunas izquierdas. En nombre del antimperialismo, optan por silenciar o relativizar la crítica a regímenes autoritarios, como si señalar la represión interna debilitara la denuncia de la agresión externa. El efecto es el contrario: se abandona a las fuerzas democráticas locales, se empobrece la crítica y se reduce la política a una lógica de bandos, donde la solidaridad con los pueblos es sustituida por alineamientos geopolíticos.
El resultado es una tecnología política eficaz: se bloquea la doble condena y se remplaza el juicio crítico por lealtades geopolíticas. Se nos obliga a elegir entre el Estado represor y el imperio agresor.
Frente a este panorama, la defensa de principios mínimos no es una posición cómoda, pero sí necesaria. Exige rechazar la idea de que la violencia externa pueda sustituir a la política y afirmar que la soberanía de los pueblos incluye el derecho a transformar sus propias sociedades sin tutela militar extranjera.
Condenar la agresión imperialista contra Irán no implica absolver a su régimen. Implica, por el contrario, tomar en serio a la sociedad iraní y a sus luchas –incluidas las de las mujeres–, no instrumentalizar su sufrimiento ni convertir la democracia en subproducto de la destrucción. La democratización –si llega– no nacerá de los misiles ni de la tutela externa, sino de procesos internos complejos que la guerra tiende a destruir.
Entre un régimen indefendible y una agresión imperialista inaceptable y condenable no hay que elegir bando: hay que elegir principios. Y uno es hoy irrenunciable: ninguna bomba libera a un pueblo, ninguna guerra construye democracia. Ni teocracia ni imperio, no a la guerra…
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