Tras los asesinatos cometidos por el ICE en Estados Unidos, Europa sintió la necesidad de diferenciarse. Sin embargo, la política migratoria de la UE no es en absoluto más humana; la única diferencia es que aquí la violencia se traslada al sin ley se traslada al Mediterráneo y al norte de África.
En junio de 2025, 86 personas fueron rescatadas en el Mediterráneo. Algunas de ellas habían saltado previamente de su embarcación, presas del pánico ante la llegada de la guardia costera libia. (IMAGO / Anadolu Agency)
Bafta Sarbo
jacobinlat.com
Traducción: Joaquín Arias Lemos
En los últimos meses todas las miradas se han centrado en Estados Unidos y en la violencia de su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La escalada de violencia en grandes ciudades como Chicago y Minneapolis provocó el asesinato a tiros en plena calle de dos ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades. La ola de indignación global que generaron estos hechos también provocó cierta exigencia de distanciamiento en Europa.
Luego de que Trump anunciara su intención de enviar agentes del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, los presidentes del grupo de izquierda en el Parlamento Europeo, Martin Schirdewan y Manon Aubry, presentaron una moción a Ursula von der Leyen, Kaja Kallas y Antonio Costa para que los agentes del ICE no puedan entrar a la Unión Europea.
Pero lo cierto es que el accionar de los Estados miembros de la UE respecto a la cuestión migratoria no es muy distinto que el del ICE. La diferencia es que ellos han conseguido establecer una política en la que los aspectos «desagradables» —es decir, mortales— de la protección de las fronteras se trasladan al exterior, donde se vuelven invisibles para la mayoría de los ciudadanos europeos.
El costo del aislamiento
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que, en enero de 2026, las autoridades libias descubrieron 195 prisioneros y 21 cadáveres en Adjdabia, en el sureste del país. En una operación separada, 221 personas fueron liberadas de una prisión subterránea de tres metros de profundidad en Kufra. Al menos diez de ellas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento de urgencia. Al parecer, las redes de milicias criminales las retenían para extorsionar a sus familiares.
No es la primera vez que se producen hallazgos tan espeluznantes: en marzo de 2024, la OIM anunció que se habían encontrado 65 cadáveres de migrantes en el suroeste del país. En febrero de 2025 se encontró una fosa común con diecinueve personas en Jakharrah, así como otra en el desierto de Kufra con treinta cadáveres más. La OIM también estimó que había otros setenta cadáveres y varios cientos de prisioneros fueron liberados de las manos de las milicias.
Muchos refugiados de África emprenden el camino hacia Libia o a través de ella. Sin embargo, la situación de los derechos humanos allí es aterradora. En los videos que circulan en las redes sociales se ven repetidamente mercados de esclavos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó en un informe de septiembre de 2020 que Libia no es un país seguro. Sin embargo, esto no ha cambiado mucho la estrecha colaboración de la UE con el Estado libio y con milicias como la denominada «guardia costera libia». Las graves violaciones de los derechos humanos en Libia son bien conocidas, pero la Comisión Europea rechazó el pasado mes de septiembre una petición al respecto presentada por 42 organizaciones no gubernamentales.
La mala situación de los derechos humanos en Libia es, en sí misma, resultado de la política exterior europea, concretamente del ataque de la OTAN a Libia en 2011, en el que fue derrocado el gobernante Muamar el Gadafi. Desde entonces, el país está gobernado de forma descentralizada por señores de la guerra y milicias armadas que compiten por el poder en el Estado, sin que exista un monopolio de la fuerza. La entonces canciller federal Angela Merkel también reconoció en 2017, en una cumbre especial celebrada en Malta, la necesidad de una solución política, en la que se codificó la defensa conjunta de la migración con Túnez y Libia, a pesar de las advertencias de explotación y tortura de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Sin embargo, en los años siguientes no se buscó esta solución política. En su lugar, se apostó por la violencia. La UE apoya a la «guardia costera libia» para la defensa migratoria directamente con fondos y formación. Entre 2015 y 2021, Libia recibió un total de 465 millones de euros. Esto se hizo a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, creado en 2015, que se ha fijado el objetivo de combatir la «migración irregular» y sus raíces. La financiación continúa desde 2021 a través del instrumento financiero NDICI-GE, que hasta 2027 destinará 65 millones de euros a la «gestión de fronteras».
Según las estimaciones, en los últimos años entre 350 000 y un millón de personas han intentado huir de Sudán a través de la frontera sur de Libia. La mayoría de los migrantes que se han encontrado en los campos de refugiados libios proceden de Eritrea y Somalia, y Sudán es un país de tránsito para los refugiados de estos países. Además, en el propio Sudán hay una guerra civil que ha obligado a huir a 12 millones de personas. La milicia RSF es responsable de las masacres y la limpieza étnica en Sudán, especialmente en zonas como Darfur. Se dice que la UE también ha apoyado financieramente a la RSF con el fin de frenar la migración.
Cuando se criminaliza la migración
La UE sigue la estrategia de impedir que los refugiados africanos lleguen al Mediterráneo, para que no puedan continuar su viaje hacia Europa. De este modo, las fronteras de Europa se desplazan cada vez más hacia el exterior, es decir, también al continente africano. Para ello, se apoya financieramente a los países del norte y el oeste de África o se ejerce presión sobre ellos, por ejemplo, vinculando la ayuda al desarrollo a determinadas condiciones. Allí se forma a los funcionarios en la defensa contra la migración, se construyen campamentos para acoger a los migrantes deportados o se promulgan leyes que criminalizan la migración.
Un ejemplo de ello es la ley nigeriana 2015-036, que penaliza la migración y su apoyo. Según esta ley, impulsada por la UE, se consideraba apoyo el simple hecho de transportar a migrantes, ofrecerles un lugar para dormir o incluso venderles comida. El responsable de Refugio y Migración de medico international, Kerem Schamberger, describe que esto no impide la migración, sino que la hace más mortal.
Desde el golpe militar de 2022, Níger está gobernado por una junta militar. Entretanto, este país de África Occidental se ha retirado de esta cooperación y ha derogado la ley 2015-036. Esto supuso un respiro para la región, pero en Europa se consideró una señal problemática. El periódico Süddeutsche Zeitung tituló «La materia de la que están hechas las pesadillas de Europa».
La criminalización de la migración adopta diferentes formas. Una de ellas es la criminalización de los llamados traficantes. A primera vista, esto no parece problemático, ya que las bandas de traficantes suelen explotar a los migrantes y lucrarse con su huida. Sin embargo, en la realidad, esto suele dar lugar a penas de prisión elevadas para personas que han huido de la guerra, la tortura y la esclavitud.
La ONG de:criminalize documenta algunos de estos casos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Garan, que huyó de la guerra en Sudán del Sur y sufrió torturas y trabajos forzados en Libia. Este joven de dieciséis años se enfrenta ahora a un juicio en Grecia por conducir a punta de pistola la embarcación en la que él y muchos otros migrantes intentaban llegar a Europa. Aunque es menor de edad, será juzgado como adulto, lo que significa que puede esperar una pena de cadena perpetua. Hay muchos casos como este. Los procesos judiciales duran una media de 37 minutos, las penas de prisión ascienden a una media de 46 años y se imponen multas adicionales de 330 000 euros.
La UE sigue una estrategia similar de externalización de sus fronteras con el llamado acuerdo UE-Turquía, aprobado en 2016. En virtud de este acuerdo, se financia al Gobierno turco para que readmita a los refugiados que llegan a Grecia y, por tanto, a la UE, a través de Turquía. Para ello, se ha dotado a Turquía con aproximadamente 9000 millones de euros.
La mayoría de los refugiados proceden de Siria y Afganistán y suelen solicitar asilo directamente en Grecia, pero como Turquía se considera un país seguro, a pesar de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde el fallido intento de golpe de Estado de 2016, la mayoría de las solicitudes son rechazadas por inadmisibles. El problema radica también en que la Convención de Ginebra sobre los Refugiados solo se aplica en Turquía a los refugiados europeos. Aquí también la situación de los derechos humanos es alarmante, ya que los refugiados, incluidos los menores, son detenidos de forma generalizada. Desde que Turquía se negó a readmitir a los refugiados procedentes de Grecia en el contexto de la pandemia de COVID-19, las personas se concentran allí en campos de acogida.
Otro problema que conlleva este acuerdo es que, a cambio, Turquía ha podido exigir a los Estados de la UE una represión más dura contra la izquierda turca y, en particular, contra el movimiento de liberación kurdo. En Alemania, esto se aplica jurídicamente sobre todo mediante la prohibición del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Las estrechas relaciones con Turquía obstaculizan la despenalización. Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, Turquía lleva décadas librando una guerra de ocupación contra la población kurda y exigiendo el apoyo de los Estados de la UE a esta política.
ICE en el Mediterráneo
Sin embargo, muchos refugiados ni siquiera tienen la oportunidad de solicitar asilo, a pesar de llegar a Europa. La agencia europea de protección de fronteras Frontex es objeto de críticas por llevar a cabo o participar en devoluciones ilegales según el derecho internacional, es decir, devolver ilegalmente al Mediterráneo embarcaciones con refugiados para que se encuentren fuera de la zona de influencia europea.
Para ello, por ejemplo, se disparan contra botes inflables en los que hay personas o se destruyen los motores y luego se abandonan los botes en aguas turcas. Según las investigaciones de la revista Der Spiegel, la policía federal alemana también participa en estas actividades. Sigue siendo controvertido si el rescate marítimo también entra dentro del ámbito de competencias de Frontex. Independientemente de ello, la propia autoridad está implicada en el peligro, en algunos casos mortal, que corren los migrantes.
La agencia, con sede en Varsovia, se creó inicialmente para coordinar las actividades de protección de fronteras en varios países europeos. En el contexto de la llamada crisis de los refugiados de 2016, se le dotó de competencias y personal adicionales. Mientras que en 2005 su presupuesto era de 6 millones de euros, hoy en día asciende a 1200 millones de euros. Es una de las mayores agencias de Europa y ahora es capaz de «proteger» las fronteras y obligar a los Estados miembros de la UE a reforzar la protección de las fronteras y deportar a más personas.
El endurecimiento de las fronteras exteriores de la UE se produjo inicialmente en paralelo al proceso de integración europea, en el que se liberalizaron las fronteras dentro de Europa mediante el espacio Schengen. Por lo tanto, ya no se realizaban controles fronterizos en las fronteras alemanas. En su lugar, la policía federal controlaba cada vez más a personas que, por el color de su piel o su apariencia física, se sospechaba que residían ilegalmente en Alemania en nodos de transporte como aeropuertos, estaciones de tren y trenes. Sin embargo, en 2023, Nancy Faeser volvió a introducir los controles fronterizos. La policía federal puede ahora volver a realizar controles fronterizos hasta 30 kilómetros después de la frontera. Esto significa que los controles se amplían en general, al igual que las facultades de vigilancia.
El rearme de Frontex es inseparable de la militarización general. En diciembre de 2024, la agencia firmó un nuevo contrato con el fabricante de armas israelí IAI por valor de 192 millones de euros para un periodo de dos años. Frontex quiere utilizar drones y tecnologías de vigilancia israelíes contra los migrantes, que también se utilizaron durante el genocidio de Gaza.
Cómo lidera Alemania
Cuando en octubre de 2013 murieron 500 refugiados frente a la isla italiana de Lampedusa, se desató la indignación mundial. La mayoría de ellos procedían de Somalia y Eritrea y habían escapado de los campos de tortura libios. El nombre de la isla italiana se convirtió en símbolo de una política migratoria inhumana en Europa. Martin Schulz, entonces presidente del Parlamento Europeo, dijo: «Lampedusa debe ser un punto de inflexión para la política migratoria europea».
Sin embargo, desde entonces, se ha endurecido aún más precisamente la política que provocó Lampedusa. Los proyectos de rescate marítimo, como la operación naval «Mare Nostrum» del gobierno italiano, que salvó la vida de 150 000 personas, tuvieron que suspenderse por falta de financiación. En su lugar, se sigue reforzando Frontex y se socavan las rutas de huida seguras. Cada año mueren alrededor de 3000 personas al intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Y esas son solo las cifras oficiales, el número real es sin duda mucho mayor.
Hoy en día estamos viviendo una nueva movilización masiva de la derecha, impulsada en gran medida por una política antimigratoria. Esta movilización ha sido y sigue siendo impulsada activamente por la coalición semáforo y la coalición negro-roja. La moción del grupo parlamentario de izquierda en el Parlamento Europeo puede tener buenas intenciones, pero al final es una especie de rescate del honor de los valores europeos y mantiene la imagen falsa de una UE humanista.
Lo cierto es que Alemania y la Unión Europea no solo aceptan las violaciones de los derechos humanos, sino que las utilizan como medio para imponer la política migratoria europea. ¿Con qué autoridad moral decidiría entonces la UE restringir los viajes de los funcionarios de ICE?
Bafta Sarbo
Editor de Jacobin Deutschland.
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