El Pacto Histórico se posiciona como la principal fuerza política al interior del Congreso colombiano. Precisamente por ello, el balance sobre sus retos y objetivos está estrechamente ligado a los próximos comicios presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo
Pereira, Colombia: el puesto de votación del Centro Cultural Lucy Tejada, 8 de marzo de 2026 Foto: @CNE_COLOMBIA
Diana Carolina Alfonso
diario-red.com/10/03/26 |10:00
En caso de que Iván Cepeda, máximo representante del Pacto y favorito en las encuestas, no logre imponerse en primera vuelta, se prevé una segunda votación para el 21 de junio. En la primera vuelta también participarán la ganadora de la Gran Consulta de la derecha, Paloma Valencia, así como Abelardo de la Espriella, principal candidato del uribismo en el entorno republicano estadounidense.
Este 8 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas e interpartidarias en Colombia. Aunque el partido de gobierno, el Pacto Histórico, no logró mayorías absolutas —algo que no ha conseguido ninguna fuerza política en el actual sistema fragmentado— sí se posicionó como el bloque más fuerte tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. El Senado está compuesto por 103 escaños y la Cámara por 183.
En las elecciones de 2022, el Pacto obtuvo inicialmente 16 escaños en el Senado, a los que se sumaron cuatro más tras el proceso de reconteo, en el que logró recuperar alrededor de 570.000 votos adicionales. Esas curules habían sido asignadas inicialmente al antaño partido de Uribe, el Partido de la U, ubicado también dentro del arco de la ultraderecha.
Con 20 escaños en el Senado, el Pacto tuvo que enfrentar una disputa asimétrica frente al Partido Liberal y al Partido Conservador, que juntos sumaban 29 curules, además de otras fuerzas aliadas al uribismo.
En la actualidad, el Pacto cuenta con 25 curules en el Senado, aunque se espera que tras el reconteo puedan recuperarse entre dos y tres escaños adicionales. Aunque la lentitud del escrutinio aún impide una lectura precisa de los resultados en la Cámara de Representantes, se estima que el Pacto podría aumentar su representación de 26 a 39 escaños, según proyecciones del Sistema de Medios Públicos RTVC.
Si se consideran las tres principales fuerzas en el Senado, la cámara alta quedaría configurada de la siguiente manera: el Pacto Histórico con 25 escaños y alrededor de 4,4 millones de votos; el Centro Democrático de Álvaro Uribe con 17 escaños y cerca de 3 millones de votos; y el Partido Liberal con 13 escaños y aproximadamente 2,2 millones de votos.
En cuanto a las elecciones interpartidarias, la ausencia del candidato de izquierda Iván Cepeda —inhabilitado para participar en estos comicios por una decisión del Consejo Nacional Electoral— contribuyó a dispersar el voto del arco progresista.
Cómo quedarán las alianzas
Para el Pacto, el arco de alianzas en el centro y el progresismo liberal se redujo cualitativamente tras las derrotas de Inti Asprilla, del Partido Verde, y de Juan Carlos Losada, del Partido Liberal. En la acera de enfrente, la derecha también sufrió pérdidas: el Clan Aguilar de Santander perdió su escaño, al igual que César Lorduy, dirigente de ultraderecha, señalado por feminicidio y hasta ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral.
A esto se suman las bajas en la llamada centro-derecha verde, que quedó sin las curules de Angélica María Lozano y Katherine Miranda.
Con este panorama, el Partido Verde —ubicado en el centro— pierde terreno tanto por la izquierda como por la derecha. En medio de esa debacle, Jota Pe Hernández, conocido por intentar imitar a Bukele en sus extravagancias políticas, se posiciona como el principal referente de un centro que parece inclinarse cada vez más hacia la derecha.
En lo que respecta a las elecciones interpartidarias, la ausencia del candidato de izquierda Iván Cepeda —inhabilitado para participar en estos comicios por una decisión del Consejo Nacional Electoral— contribuyó a dispersar el voto del arco progresista. Tras su exclusión de esta etapa, tanto el presidente Gustavo Petro como el propio Cepeda decidieron no participar en la consulta del Frente por la Vida, espacio que buscaba aglutinar a sectores de centro y de derecha aliados al Pacto.
El hecho de que Cepeda no pudiera competir en esta instancia derivó en una posible reducción de la participación electoral progresista, lo que dejó al candidato finalmente elegido por el Frente por la Vida, el exuribista Roy Barreras, con menos de 250.000 votos. En total, este frente —que representa el sector más derechista de la coalición— alcanzó una participación aproximada de 556.000 votantes.
Las elecciones de la Gran Consulta reunieron a sectores de la ultraderecha —encabezados por la uribista Paloma Valencia— y a otros representantes de la derecha, como el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo. Este frente, que aglutinó distintos sectores de las derechas colombianas, logró una participación significativa de 5.857.395 votantes en total.
Medios de comunicación como Blu Radio, El Tiempo, Caracol y Semana se han encargado de restarle importancia a los triunfos del Pacto Histórico
La ganadora fue la candidata de Álvaro Uribe, Paloma Valencia. Proveniente del esclavista clan Valencia del Cauca colombiano, su victoria en la consulta con cerca de 3,2 millones de votos no solo la convierte en una opción real de poder, sino que también le permite condicionar a su contendiente por la derecha, Abelardo de la Espriella. Este último no logró consolidar a su partido, Salvación Nacional, que apenas alcanzó un 3,6% del umbral necesario para mantener vivo a su partido.
La gran sorpresa de la jornada, sin embargo, fue Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo alrededor de 1,2 millones de votos. Este resultado lo deja bien posicionado para disputar la vicepresidencia dentro de ese bloque político o, eventualmente, para proyectar una futura candidatura a la Alcaldía de Bogotá, capital del país.
Mentiras y saldos negativos
Medios de comunicación como Blu Radio, El Tiempo, Caracol y Semana se han encargado de restarle importancia a los triunfos del Pacto. Uno de sus principales argumentos es que los 3,2 millones de votos obtenidos por Paloma Valencia duplican el 1,5 millón de votos de la consulta interna que realizó el Pacto en octubre de 2025, la cual otorgó la candidatura de la izquierda a Iván Cepeda.
Sin embargo, no es comparable la elección de un frente político con múltiples expresiones partidarias con una consulta interna de un solo partido. Menos aún cuando su principal contendiente no pudo participar debido a una serie de decisiones que vulneraron su derecho a la participación política.
En todo caso, la comparación más pertinente debería hacerse con la consulta de 2022, en la que Gustavo Petro se impuso frente a Francia Márquez. En esa misma instancia, cuatro años atrás, Petro logró convocar alrededor de 4,4 millones de votos. Es cierto que Valencia cumplió el objetivo que se había planteado en campaña —superar los 3 millones de votos—; sin embargo, no logró sobrepasar la convocatoria que, en condiciones comparables, alcanzó la izquierda en los comicios anteriores.
Por lo demás, la alta votación de Paloma Valencia no consiguió arrastrar nuevos votantes por fuera del arco del Centro Democrático en las elecciones legislativas.
El arco partidario de Álvaro Uribe, encabezado por los partidos Centro Democrático y Conservador, no ha sido juzgado por sus sistemáticas alianzas con genocidas, paramilitares, narcotraficantes, criminales de cuello blanco y apropiadores de tierras.
¿Recomposición conservadora?
La supuesta derrota del ahora excandidato al Senado, Álvaro Uribe, tiene algo de cameo político. El ascenso de su partido, el Centro Democrático, y el estrepitoso descenso del Partido Conservador —hoy quinta fuerza del país con cerca de 1,8 millones de votos— deben leerse menos como una derrota ideológica que como una reconfiguración táctica, casi como un armado de fútbol. En este momento, el Centro Democrático ocupa la posición ofensiva, mientras que el Conservador se desplaza hacia las bandas.
Históricamente, el Partido Conservador ha funcionado como la cantera de cuadros administrativos de la extrema derecha, es decir, su coartada más institucional. Hoy parece evidente que la derecha está necesitando perfiles más ofensivos. De hecho, los sectores ligados al ascenso de Álvaro Uribe siempre han expresado el núcleo duro del poder real, el que va más allá de las urnas.
En los años noventa, cuando fue congresista, su principal base de apoyo estuvo asociada al Cartel de Medellín; y durante la década de 2000, como lo demostraron las investigaciones de los congresistas Gustavo Petro e Iván Cepeda, más del 35 % del Congreso —que mantenía alianzas directas con el entonces presidente Uribe— fue investigado por vínculos con estructuras criminales de ultraderecha como las Autodefensas Unidas de Colombia y sus redes de narcotráfico.
Hasta la fecha, el arco partidario de Álvaro Uribe, encabezado por los partidos Centro Democrático y Conservador, no ha sido juzgado por sus sistemáticas alianzas con genocidas, paramilitares, narcotraficantes, criminales de cuello blanco y apropiadores de tierras. Esto convierte a la plata dulce en una variable no menor a la hora de analizar el movimiento y la recomposición de la derecha en el Congreso.
La actual recomposición conservadora ha incentivado nuevamente estrategias de urdimbre criminal, tal como en su momento lo denunciaron los propios líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
De hecho, en los últimos días el Plan Democracia de la Policía incautó alrededor de 4.000 millones de pesos en operaciones contra la compra de votos, lo que probablemente constituye apenas la punta del iceberg. Estos operativos evidenciaron reiteradas prácticas de tráfico de votos por parte de dos de las fuerzas de derecha que encabezan las listas al Congreso: el Centro Democrático y el Partido Liberal, como lo muestran los escándalos registrados en Leticia y Arauca, respectivamente.
Esto sugiere que la actual recomposición conservadora ha incentivado nuevamente estrategias de urdimbre criminal, tal como en su momento lo denunciaron los propios líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando reconocieron que, a través de pactos como los de Ralito y Chibolo, acompañaron las campañas de los clanes departamentales aliados a Álvaro Uribe para la toma del Congreso entre 2002 y 2010. Sin embargo, las investigaciones judiciales nunca lograron poner un verdadero freno a estas dinámicas.
En otras palabras, se trataría del intento de retorno de ese poder real que se nutre de las economías del narcotráfico, que amplía el uso de las armas cuando pierde el control territorial, que utiliza las urnas como plataforma política y que se ha visto parcialmente contenido por el programa del Pacto Histórico.
Este programa ha puesto en cuestión su estructura económica al dirigir su ofensiva contra las cúpulas de ese negocio transnacional y no contra el campesinado, lo que le ha valido al presidente Gustavo Petro enfrentar decenas de intentos de magnicidio atribuidos a la llamada “Junta del Narcotráfico”, que, según diversas denuncias, operaría actualmente desde Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Ese es el poder real con el que se va a chocar el Pacto Histórico.
En diálogo con Diario Red, la congresista María José Pizarro detalló el conflicto derivado de las arbitrariedades del Consejo Nacional Electoral CNE de Colombia
Peligro: autocracia en pie
La ausencia de mayorías claras indica la persistencia de dinámicas autocráticas en Colombia. Del Congreso se desprende la elección de los magistrados del cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) y, de manera indirecta, también la designación de varios de los principales órganos de control y de justicia del país.
En diálogo con Diario Red, la congresista María José Pizarro detalló el conflicto derivado de las arbitrariedades del CNE:
En el caso de Iván Cepeda, las autoridades electorales sostuvieron que se trataba de una consulta interpartidista. Sin embargo, los partidos UPE y Partido Comunista se retiraron del proceso precisamente porque no se logró concretar la fusión del Pacto Histórico. En consecuencia, la consulta terminó siendo, en la práctica, una consulta partidista, esencialmente del Polo Democrático Alternativo, ya que los dos candidatos que finalmente participaron pertenecían a ese partido.
A pesar de ello, esa no fue la interpretación adoptada al momento de excluir a Iván Cepeda de la consulta. Simplemente se argumentó que se trataba de una consulta interpartidista y, bajo ese criterio, no se habilitó su participación. Paradójicamente, Daniel Quintero sí fue habilitado para participar con argumentos contradictorios, lo que evidencia un sesgo evidente en relación con el caso de Cepeda.
Además, esta decisión implica una vulneración de los derechos políticos de los electores que participaron en la consulta del 26 de octubre, quienes buscaban ejercer su derecho al voto para definir una candidatura única. En los hechos, se ha limitado la capacidad de decisión de los militantes y de las bases políticas del Pacto Histórico para organizarse, fusionarse, constituir un partido único y, en consecuencia, participar plenamente en la consulta presidencial.
Al preguntarle, cómo es que el CNE llega a tener un poder autocrático tan impresionante, Pizarro explicó a Diario Red que:
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) son elegidos por el Congreso de la República. Cada partido político, de manera individual o mediante alianzas, presenta planchas de candidatos que posteriormente son votadas en el Congreso. Por esta razón, quienes integran el CNE son, en muchos casos, personas que militan directamente en partidos políticos.
Un ejemplo es el de Álvaro Hernán Prada, uno de los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral, quien está vinculado al proceso judicial por fraude procesal y soborno de testigos relacionado con el caso que involucra a Álvaro Uribe Vélez y que fue impulsado por las denuncias del senador Iván Cepeda.
Esto evidencia que no existe un verdadero equilibrio ni neutralidad en las decisiones del Consejo Nacional Electoral, ya que su composición responde a correlaciones de fuerza partidarias dentro del Congreso. En consecuencia, la oposición política puede terminar teniendo mayorías dentro del organismo y tomar decisiones en función de intereses políticos, especialmente en escenarios sensibles como una eventual reforma política o un proceso constituyente.
Hoy se presenta la paradoja de que los hijos de quienes constriñeron al electorado para posicionar a Álvaro Uribe formen parte de esa misma cohorte, utilizando los escaños destinados a la paz
También resulta profundamente preocupante la posición que continúan ocupando perfiles como el de Jorge Tovar, hijo del masacrador de las AUC Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, en las curules de paz surgidas del Acuerdo de Paz de 2016. Estas curules buscaban democratizar la participación política en las periferias rurales del país, históricamente subrepresentadas.
Sin embargo, hoy se presenta la paradoja de que los hijos de quienes constriñeron al electorado para posicionar a Álvaro Uribe formen parte de esa misma cohorte, utilizando los escaños destinados a la paz.
Aun así, la presencia de figuras surgidas de la resistencia frente a los genocidios mantiene viva la esperanza de avanzar en justicia, paz y garantías de no repetición dentro del Congreso colombiano. Este es el ejemplo de Carmen Mayusa, representante por el Meta.
¿Hacia una reforma política?
La dirigencia Pacto Histórico ha sido taxativa al enunciar que, de continuar el secuestro institucional en manos de la derecha y sus aliados, la opción sería una Constituyente: “Se trata de cinco temas: una reforma a la justicia, incorporar elementos ambientales en la constitución, la garantía de los derechos sociales y la paz. Esos son los temas centrales de la discusión que nosotros hemos planteado alrededor de una constituyente”, afirma María José Pizarro.
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