DE NEGAR A MATIZAR: LA NUEVA TÁCTICA DE LA INDUSTRIA FÓSIL

cambio16.com/30/03/2026

En tribunales que van desde La Haya hasta Honolulu, transnacionales petroleras como Shell, Chevron, RWE y TotalEnergies han dejado atrás la era de la negación sistemática para admitir formalmente que la crisis climática global es una realidad grave de origen humano.

Mientras la narrativa oficial en Estados Unidos insiste en cuestionar la crisis climática y desacreditar la evidencia científica, las corporaciones energéticas han comenzado a trazar una ruta distinta en el ámbito judicial. El llamado negacionismo de esas compañías petroleras y gasíferas ha dado paso a una postura más matizada y estratégica.

Estas multinacionales de los combustibles fósiles ahora aceptan el consenso científico, pero centran sus esfuerzos legales en desvincularse de la responsabilidad directa sobre el calentamiento global. Una investigación reciente de la revista Transnational Environmental Law sostiene que este cambio de paradigma responde a un análisis sistemático de su defensa ante litigios climáticos globales.

El estudio, basado en documentos de casos emblemáticos, revela que las grandes firmas del sector fósil emplean ahora tres estrategias específicas para protegerse en las cortes mientras reconocen, finalmente, la magnitud del problema ambiental.

El argumento de esta nueva postura sostiene que el cambio climático es un fenómeno de responsabilidad colectiva, impulsado por la demanda energética de la sociedad y no por las empresas encargadas de suministrarla. En litigios presentados en distintos continentes, gigantes como Chevron y Shell han recurrido incluso a fragmentos del Quinto Informe de Evaluación del IPCC para blindar su posición.

Científicos del clima, la ONU y organizaciones ambientales han afirmado que las petroleras son las principales impulsoras de la crisis climática, responsables de cerca del 68% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero y casi el 90% de CO2. La extracción y quema de combustibles fósiles, sumado a fugas de metano, intensifica el calentamiento global. La industria enfrenta presión para reducir su aporte contaminante y adoptar la transición energética.

Sin embargo, las empresas han interpretado que factores como el crecimiento poblacional, la actividad económica y los estilos de vida de la sociedad industrial moderna son los verdaderos determinantes de las emisiones, pretendiendo diluir la responsabilidad de las corporaciones.

Bajo esta premisa, la energética alemana RWE enfrentó la demanda de un agricultor peruano, quien denunció el impacto del retroceso de los glaciares en su hogar por efectos de las operaciones petroleras. Entonces el abogado de la empresa declaró ante el tribunal que las emisiones de la compañía se habían producido «por el bien común, para garantizar un suministro energético estable».

Esta estrategia buscó replantear la producción de crudo como una respuesta pasiva al mercado, trasladando la resolución del conflicto desde los tribunales hacia los procesos políticos y gubernamentales.

Complementariamente, la industria ha desplegado una segunda estrategia de carácter técnico. Sin cuestionar el calentamiento global ni su origen antropológico, las empresas enfocan su defensa en la imposibilidad de establecer un nexo causal legal entre sus emisiones específicas y daños concretos. Un ejemplo claro ocurrió nuevamente con RWE, cuyos abogados en otra denuncia. E impugnaron estudios científicos sobre riesgos de inundación en lagos glaciares.

La petrolera alemana argumentó que, debido a las incertidumbres de los modelos climáticos y a la naturaleza indistinguible de las moléculas de CO2 en la atmósfera, resulta legalmente inviable rastrear una emisión particular hasta un perjuicio geográfico determinado.

En este escenario, Shell se ha sostenido en sus procesos de apelación —frente a las exigencias de grupos ecologistas para reducir excesivamente sus emisiones hacia 2030— que la transición energética es una responsabilidad exclusiva de los Estados y no de las corporaciones individuales. Bajo esta premisa, la producción de las petrolera se presenta como una respuesta pasiva a la demanda del mercado en lugar de un factor generador de la crisis climática, desplazando el debate desde los tribunales hacia las políticas.

Un patrón similar a la de RWE se ha manifestado en Italia, donde la energética Eni ha calificado la «ciencia de atribución» —aquella que vincula el cambio climático con fenómenos meteorológicos extremos— como un campo aún incipiente y carente de estandarización. En última instancia, la tendencia en todas las jurisdicciones es consistente. El sector fósil reconoce la validez de la ciencia climática para explicar el fenómeno global. Pero rechaza su capacidad para determinar responsabilidades legales específicas ante la justicia.

Una tercera estrategia consiste en cuestionar la credibilidad de quienes producen la información científica, recoge The Guardian. En el caso de RWE, sus abogados presentaron copias impresas de tuits de la científica climática Friederike Otto en los que señalaba que había descrito las demandas climáticas como “interesantes” para argumentar que era demasiado parcial para actuar como perito judicial. Cuando el demandante presentó un estudio de atribución independiente, los abogados señalaron que los vínculos entre los científicos constituían evidencia de una red coordinada.

ExxonMobil presenta un panorama judicial particularmente complejo porque, a diferencia de otras compañías que han adoptado una postura más conciliadora en las cortes, esta empresa ha pasado a la ofensiva legal, llegando incluso a exigir a sus propios accionistas y gobiernos estatales. La compañía ha iniciado una batalla judicial contra el estado de California para evitar el cumplimiento de dos leyes de divulgación climática que entran en vigor este año.

La empresa alega que estas leyes violan su derecho a la libertad de expresión, argumentando que el gobierno no puede obligarla a utilizar marcos de reporte que, según ellos, «culpan desproporcionadamente» a las grandes petroleras y las fuerzan a especular sobre desarrollos futuros inciertos. California busca que las empresas con ingresos superiores a mil millones de dólares reporten todas sus emisiones (incluido el Alcance 3, generado por el uso final de sus productos).

Paralelamente, Exxon es el blanco de la demanda masiva presentada por el fiscal general Rob Bonta en 2023, que sigue avanzando en 2026. Se les acusa de haber ejecutado una campaña de desinformación durante décadas (desde los años 70) para ocultar el vínculo entre los combustibles fósiles y el calentamiento global.

Además, Exxon marcó un precedente en 2024 al demandar a dos grupos de inversores climáticos (Arjuna Capital y Follow This) para bloquear una propuesta que les exigía metas de reducción de emisiones más estrictas. Es importante recordar que la petrolera obtuvo una victoria importante en Nueva York (2019), donde un juez dictaminó que la fiscalía no pudo probar que la empresa había engañado a los inversores sobre los costos financieros de la crisis climática. Sin embargo, el juez aclaró que ese fallo no absolvía a la empresa de su responsabilidad ambiental, sino del cargo de fraude bursátil.