CÓMO LA NUEVA GUERRA DEL GOLFO ESTÁ CAMBIANDO EL FUTURO DE LA GUERRA MUNDIAL

Lorenzo María Pacini

strategic-culture.su/ 18 de marzo de 2026

Estados Unidos gasta miles de millones de dólares bombardeando Irán mientras el mundo observa distraídamente el desplome de los precios del petróleo; al mismo tiempo, China publica, casi inadvertidamente, el que probablemente sea el documento económico más decisivo de toda la década. Esta diferencia de atención es precisamente el meollo del problema. Mientras Occidente se centra en el escenario bélico y las fluctuaciones energéticas, Pekín sienta las bases de su arquitectura de poder tecnológico, industrial y estratégico para los próximos quince años.

El 5 de marzo se presentó ante la Asamblea Popular Nacional el XV Plan Quinquenal, un documento de 141 páginas que dista mucho de ser un mero trámite burocrático. En él, la inteligencia artificial se menciona más de cincuenta veces, lo que demuestra que no se la considera un sector más, sino la columna vertebral de toda la transformación económica. Pekín aspira a que para 2027 el 70 % de la economía nacional integre soluciones de IA y que esta cifra aumente al 90 % para 2030, convirtiendo así la IA en una infraestructura tan extendida como la electricidad o la conectividad digital.

El Plan identifica la robótica, y en particular la robótica humanoide, como uno de los pilares de la nueva fase industrial de China, con el objetivo declarado de duplicar la producción de robots en cinco años. Además, el documento describe ambiciones muy claras en el campo de las tecnologías de vanguardia: redes de comunicación cuántica entre el espacio y la Tierra, plazos indicativos para lograr la fusión nuclear controlada y el desarrollo sistemático de interfaces cerebro-computadora. En otras palabras, China no solo persigue las innovaciones existentes, sino que busca anticipar la trayectoria de las tecnologías más disruptivas.

En términos cuantitativos, el Plan establece objetivos que clarifican el alcance de esta estrategia. Se prevé que el valor total de las industrias relacionadas con la inteligencia artificial supere los 10 billones de yuanes, o aproximadamente 1,38 billones de dólares, lo que sitúa al sector de la IA entre los principales motores de la economía nacional. Al mismo tiempo, el documento anuncia «medidas extraordinarias» para lograr un alto grado de autosuficiencia en cadenas de valor consideradas críticas: tierras raras, semiconductores y componentes avanzados. Aquí, la dimensión económica se confunde abiertamente con la estratégico-militar: controlar estas cadenas de suministro implica controlar la capacidad de combate de cualquier potencia rival.

Por esta razón, calificarlo de simple plan económico es engañoso. Se trata, más bien, de un auténtico plan de guerra para un conflicto que ya está en marcha, pero que se libra en un terreno que Estados Unidos, absorto en guerras convencionales y crisis regionales, sigue subestimando. Washington concentra sus recursos y atención en la guerra abierta en Oriente Medio, mientras que Pekín estructura una guerra fría tecnológica, industrial y logística cuyo objetivo es determinar quién controlará las herramientas materiales y digitales de las guerras futuras.

La respuesta más significativa de Estados Unidos al desafío tecnológico de China ha sido, hasta el momento, la Ley CHIPS y de Ciencia, aprobada en 2022, que destinó 52.700 millones de dólares al sector de los semiconductores, incluyendo 39.000 millones en subvenciones directas, junto con un crédito fiscal del 25% sobre las inversiones. Esta medida ha impulsado más de 640.000 millones de dólares en inversión privada, distribuidos en aproximadamente 140 proyectos en 30 estados, contribuyendo a la creación de medio millón de empleos. En cualquier otro momento histórico, un programa de este tipo se consideraría un hito en la redefinición de la base industrial estadounidense.

El problema radica en que, por muy ambiciosa que sea, se centra esencialmente en un solo segmento —crucial, pero limitado— de una competencia tecnológica que, en el caso de China, abarca todo el aparato productivo, científico y militar. La asimetría es evidente: la Ley CHIPS es, de hecho, un arma dirigida a un objetivo específico —la producción de chips avanzados—, mientras que el XV Plan Quinquenal de China se asemeja a un arsenal completo que abarca todos los ámbitos: inteligencia artificial en todos los sectores, robótica como pilar de la industria, infraestructura espacial, computación cuántica y la consolidación y fortalecimiento del dominio en el procesamiento de tierras raras.

La cuestión de las tierras raras es donde el aparente “plan económico” se cruza más claramente con la dimensión bélica. Hoy, Pekín controla cerca del 90% de la capacidad mundial de procesamiento de estos elementos cruciales, convirtiendo la dependencia industrial en vulnerabilidad estratégica. Cada avión de combate F-35 requiere cientos de kilogramos de tierras raras; cada batería de misiles Patriot, cada interceptor THAAD, cada munición guiada lanzada sobre Irán por miles cada semana depende de materiales refinados en China. La referencia a “medidas extraordinarias” en el Plan no indica una postura cautelosa: representa la consolidación de una cadena de suministro sin la cual el aparato militar estadounidense simplemente no puede operar.

Esta presión ya se ha ejercido: en abril de 2025, Pekín impuso controles a las exportaciones de los 17 elementos clasificados como tierras raras, transformando una dependencia histórica en un instrumento directo de presión. En el frente estadounidense, al mismo tiempo, se acerca el plazo de enero de 2027 fijado por el DFARS, que obliga al Pentágono a eliminar su dependencia de China para las tierras raras utilizadas en contratos de defensa. Esto abre una ventana de vulnerabilidad que podría durar diez, quizás quince años, durante los cuales Estados Unidos se encuentra atrapado en una contradicción: por un lado, libra una guerra con un consumo de municiones extremadamente alto, mientras que, por otro, intenta construir cadenas de suministro alternativas que aún no están plenamente operativas.

En la práctica, la guerra contra Irán consume rápidamente interceptores y sistemas de armas guiadas, mientras que China, al intensificar el control sobre el procesamiento de tierras raras, reduce gradualmente el cuello de botella industrial del que depende la posibilidad misma de reemplazar esas municiones. El XV Plan Quinquenal formaliza y legitima este proceso como parte integral de la estrategia nacional, transformando lo que podría parecer un problema logístico en un verdadero instrumento de poder geoestratégico. Quien controla los materiales esenciales para el armamento militar también controla el ritmo y la sostenibilidad de las guerras de otros.

En este contexto, la guerra en Oriente Medio adquiere las características de una «opción Sansón» que no solo es militar, sino también energética y medioambiental. Tras el ataque a la infraestructura de Haifa (Israel), las refinerías de Bapco en Baréin también fueron atacadas: esta fue la respuesta predecible, casi automática, desde el punto de vista de la lógica bélica, al ataque previo contra las refinerías de Teherán, que producían alrededor de 250.000 barriles de petróleo al día. Al atacarlas, Israel estableció —o más bien reafirmó, puesto que no era la primera vez que atacaba infraestructuras petroleras, como en la Guerra de los Doce Días o en 2006 con el bombardeo de las instalaciones de Jiyeh en Líbano— un precedente muy grave: en la guerra, lo que se le hace a los enemigos se convierte inmediatamente en algo legítimo para replicar contra uno mismo.

La misma dinámica se repite hoy, con un salto cualitativo aún mayor. Al atacar las plantas desalinizadoras de Qeshm junto con Estados Unidos, Washington y Tel Aviv han autorizado de hecho a Teherán a atacar la infraestructura desalinizadora israelí, de la que depende más del 60% del suministro de agua del país y, por extensión, la de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que dependen de ella en mayor medida. Para algunos estados del CCG, la proporción de agua potable proveniente de la desalinización supera el 80-90%, lo que convierte a estas plantas en el equivalente hídrico de una central eléctrica o una refinería de petróleo. Si estos sistemas dejaran de funcionar, las poblaciones que han crecido exponencialmente durante años de "prosperidad tranquila" se verían obligadas a huir con urgencia.

Atacar las refinerías y almacenes de Teherán no solo fue una decisión cuestionable desde el punto de vista militar, sino también una mala idea en términos atmosféricos, sanitarios y políticos. La operación es similar en lógica e impacto a la «Opción Sansón» evocada en el ámbito nuclear: si bien no utiliza armas atómicas, produce efectos comparables a un ataque químico no convencional, debido a la enorme cantidad de sustancias tóxicas liberadas al aire. El cielo y las calles de Teherán están envueltos en una nube venenosa que no se detiene en los límites de la ciudad, sino que se extiende hacia el norte y el noreste, alcanzando Turkmenistán y Asia Central, con consecuencias para la salud que se manifestarán en un periodo de veinte o treinta años.

Las repercusiones políticas son igualmente profundas. La imagen de Israel, ya gravemente comprometida, se ve aún más empañada, y la acción pesa considerablemente sobre las relaciones con los países de Asia Central, con los que Tel Aviv había forjado importantes acuerdos en los últimos años, atraído por sus recursos energéticos y minerales. Al mismo tiempo, surge fricción con su aliado estadounidense: Washington había sido advertido de la operación, pero no de su alcance real, y ahora se encuentra teniendo que gestionar las consecuencias diplomáticas y geoeconómicas de un acto que expone gran parte de la infraestructura energética del Golfo a represalias.

Para Estados Unidos, el riesgo es triple. Primero, el deterioro de las relaciones con los países productores de la zona, que consideran sus instalaciones —refinerías, terminales, plantas desalinizadoras— como objetivos que se han vuelto «legítimos» a raíz del precedente establecido. Segundo, la vulnerabilidad de otros complejos petroleros y energéticos en el propio Golfo, que, de ser atacados, podrían provocar un aumento vertiginoso del precio del crudo, que ya supera los 110-115 dólares por barril y sigue subiendo. Por último, el impacto sistémico en la economía global y en la ya precaria situación financiera interna de Estados Unidos, ya que el aumento de los precios de la energía podría alimentar la inflación, las tensiones sociales y una nueva inestabilidad política.

En un contexto marcado por una escalada casi automática, ya no son solo las bases y objetivos militares estadounidenses e israelíes —o lo que queda de ellos, tras la propaganda— los que se convierten en objetivos prioritarios, sino también recursos vitales para la supervivencia humana, como el agua, y centros neurálgicos para la economía, como el petróleo. Esto también constituye una forma de «opción Sansón»: no necesariamente nuclear, sino energética-humanitaria, capaz de producir efectos humanos, geopolíticos y geoeconómicos de magnitud telúrica. La explosión de esta «bomba» —con la aniquilación progresiva de los símbolos materiales de la presencia y el dominio estadounidenses en Oriente Medio— coincide con el colapso, ante nuestros propios ojos, de un orden internacional que Washington, Tel Aviv y sus aliados (Europa, Japón, etc.) han mantenido con vida durante décadas mediante una especie de reanimación boca a boca.

Así, un orden supuestamente basado en normas, que solo existía de nombre pero que en realidad se fundamentaba en la explotación de los ingresos petroleros y el control cuasi colonial de Oriente Medio como zona de influencia energética del Occidente industrial, está llegando a su fin. El hecho de que la batalla actual se libre por refinerías, terminales, plantas desalinizadoras, cables submarinos, centros logísticos y cadenas de suministro de tierras raras ilustra claramente lo que, hace muchos años, se describía en términos de «estructura y superestructura». La infraestructura material —energía, recursos, logística, tecnologías críticas— constituye la estructura; los discursos sobre «democracia liberal», «orden internacional basado en normas» y «alianzas de valores» son la superestructura. Hoy, bajo la presión de la guerra abierta en Oriente Medio y la guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, vemos cómo la estructura se resquebraja y la superestructura pierde credibilidad con ella.

Aquí es donde el contraste entre los líderes se vuelve simbólico: por un lado, el presidente Trump confía su postura estratégica a lemas como «Muerte, fuego y furia», amplificados en las redes sociales para reforzar su imagen de decisión y contundencia inmediata. Por otro lado, Xi Jinping aprueba y difunde un plan de 141 páginas que detalla cómo asegurar el control de los materiales, las tecnologías y la infraestructura sin los cuales «muerte, fuego y furia» no es realmente posible.

Un líder está librando una guerra, el otro trabaja para lograr la paz, entendida como la capacidad de determinar las condiciones estructurales que hacen que la guerra sea sostenible para uno mismo e insostenible para los demás.