UNA ENTREVISTA CON
ITAYOSARA ROJAS
Trabajador colombiano recolectando granos de café. (Vía Wikimedia Commons)
Itayosara Rojas, asesora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, reflexiona sobre el carácter climático y de clase de la reforma agraria que hoy está transformando uno de los sectores más importantes de la economía colombiana.
Martín Arboleda
jacobinlat.com/22/02/2026
En estos tiempos de oscuridad, cuando el auge de las ultraderechas y la degradación en las condiciones materiales de la vida parecen ser un fenómeno inevitable, es necesario volver la mirada hacia experimentos y proyectos emancipatorios que puedan servir de guía.
El gobierno del Pacto Histórico en Colombia emerge como uno de los faros que hoy arrojan luz sobre un presente en desconcierto. En su cuarto año en el poder, el Pacto Histórico ha demostrado que es posible construir una izquierda popular, con amplio arraigo en las masas y comprometida con las transformaciones más urgentes.
Siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo en términos de la estructura de tenencia de tierras, la Reforma Agraria es quizás uno de los principales pilares del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Algunos de los resultados de la Reforma Agraria hablan por sí mismos. A diciembre de 2025, y de acuerdo con datos oficiales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se habían reconocido y entregado títulos por un total de 1,8 millones de hectáreas de tierra a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Esta redistribución masiva de tierras ha venido también acompañada de un programa de fomento productivo que permitió aumentos sostenidos en la productividad del trabajo, la seguridad alimentaria, la generación de empleo y las exportaciones. En 2024, el sector agropecuario tuvo un crecimiento de 8,1%, consolidándose como el sector más dinámico de toda la economía colombiana.
Parte de lo que hace tan novedoso y audaz este proyecto de transformación agraria es que no solamente reconoce a los campesinados como parte de la clase trabajadora y por tanto como sujeto histórico, sino que, además, ese carácter de clase de la reforma se conjuga con un fuerte compromiso con objetivos climáticos, al tiempo que se inserta en un programa de desarrollo orientado a la transformación productiva de la economía colombiana.
En conversación con Martín Arboleda para Revista Jacobin, Itayosara Rojas discute algunas de las principales características de la Reforma Agraria en Colombia, explicando sus logros, sus desafíos, así como la manera en que se inserta en una visión más amplia de organización política rural y educación popular de masas. Además, rescata los mejores elementos del legado maoísta de Colombia y de la región —su foco en la educación popular, en el desarrollo científico de las fuerzas productivas, en la agencia política de la clase trabajadora agraria— para reflexionar sobre los principales desafíos que plantea la crisis climática planetaria en el siglo XXI.
Asesora del Ministerio de Agricultura y autora de diversas y relevantes publicaciones sobre transformaciones agrarias globales, Rojas hace parte de una nueva generación de cuadros políticos que está transformando la estructura de poder al interior del Estado colombiano —uno de los más oligárquicos del planeta— en beneficio de las mayorías. Como investigadora doctoral en el Instituto de Estudios Sociales de Erasmus University Rotterdam, Reino de los Países Bajos, Rojas también ha participado en debates académicos internacionales sobre acaparamiento de tierras y justicia climática agraria.
Esta destacada trayectoria como intelectual comprometida y como cuadro técnico del gobierno del cambio le da una visión de conjunto en la cual el proceso colombiano no aparece como una anomalía, sino como síntoma y reflejo de la dinámica general de desarrollo desigual y combinado del capitalismo global. En momentos en los que el progresismo debe pensarse y repensarse para volver a ofrecer un proyecto de futuro que sea viable y convocante, las tecnocracias populares colombianas, de las que Rojas hace parte, señalan posibles caminos en esa dirección.
MA
¿Por qué el problema de la tierra es importante para entender la historia de conflicto y de desigualdad de Colombia?
IR
No hay duda de que la cuestión de la tierra constituye el problema más grande de la democratización de la sociedad colombiana en general. Democratizar la sociedad, sus instituciones y derechos pasa necesariamente por desmontar las formaciones o constelaciones sociales del latifundio, como argumentaba el maestro Antonio García Nossa, es decir, las formaciones sociales asociadas a la concentración de la tierra.
En esas constelación social del latifundio, el poder sobre la tierra, ha significado también poder sobre la fuerza de trabajo, sobre la gente y, con ello, poder sobre los votos y el electorado. En otras palabras, la concentración de la propiedad en manos de un grupo social —ya sean hacendados, latifundistas o corporaciones transnacionales— implica no solo el control sobre los recursos, sino también el control sobre las personas, la naturaleza y el sistema político.
Este poder sobre la tierra y sobre las personas conllevó a que desde 1920 se produjera un auge en los conflictos entre hacendados y aparceros, campesinos que eran súbditos de los propietarios de la tierra. En el marco de este conflicto surgen las primeras ligas agrarias para combatir los abusos y la explotación al interior de las haciendas, y esas luchas influenciaron las primeras legislaciones destinadas a resolver la conflictividad agraria, como fue la Ley 200 de 1936. En esta ley se incorporó el concepto de la función social de la propiedad, es decir, que la propiedad debe prestar un beneficio social.
Sin embargo, las élites políticas y económicas nunca alcanzaron entre ellas un consenso sobre cómo abordar estos asuntos y, en consecuencia, los aspectos progresivos que existían en esa ley fueron desvirtuados y se iniciaron sus desmontes, sobre todo en la década de 1940, con la hegemonía conservadora. Así empieza un patrón histórico en la historia de Colombia del siglo XX que estamos intentando romper en este momento, y es que por cada intento de reforma agraria viene una ola de contrarreforma.
Las élites económicas, liberales y conservadoras estuvieron en pugna, pero nunca vieron con buenos ojos la redistribución de la tierra como uno de los mecanismos para solventar los conflictos. De hecho, los terratenientes eran caudillos de los partidos tradicionales, y utilizaron el enfrentamiento que sostuvieron durante el siglo XX como una fachada para incrementar el acaparamiento de tierras y poder. Esto lo explican de manera magistral los maestros Orlando Fals-Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña Luna en el primer estudio sistemático que existe sobre la violencia en Colombia.
Estas dinámicas conflictivas de las transformaciones agrarias, sin embargo, no son algo distintivo de Colombia exclusivamente. Se trata de un fenómeno sociohistórico que ha tenido lugar en muchos otros contextos, como en los casos de Sierra Leona, Costa de Marfil o el Congo, por nombrar solo algunos casos.
Este fenómeno de contrarreformas se consolida con el Pacto de Chicoral, que es el acuerdo entre las élites hacendatarias de los dos partidos tradicionales para revertir los avances de las leyes: la 135, de 1961, y la 1, de 1968, que buscaban concretar y materializar las demandas de reforma agraria. Con el Pacto de Chicoral, las élites acuerdan usar la represión para perseguir al movimiento campesino en tanto fuerza social viva de la reforma agraria, para fragmentarlo y disminuir su capacidad de movilización.
Esta situación, además, se agrava con dos fenómenos de orden internacional: el primero es el auge del narcotráfico desde la década de 1980, que es un problema con raíces agrarias, pues en la frontera agrícola hay tierra disponible y mano de obra barata. El segundo proceso tiene que ver con las transformaciones estructurales en la agricultura impulsadas por la apertura neoliberal de 1990. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día la reforma agraria en Colombia tiene dos desafíos fundamentales: primero, el desmonte de la estructura neoliberal que durante más de treinta años relegó la producción campesina, negó derechos y desmanteló las instituciones al servicio de las comunidades rurales; segundo, la superación de las estructuras sociales e históricas que por más de un siglo han servido a la concentración de la tierra y el poder.
MA
¿Cuáles son las principales características de la reforma agraria que se está implementando ahora en Colombia? ¿Cuáles son sus desafíos y cuáles sus logros?
IR
Lo que quisiera mencionar al respecto es que la reforma agraria, en su sentido estricto y clásico, más clásico, es un proceso redistributivo que históricamente se ha adelantado desde la centralidad de los Estados para desmontar el poder de la clase terrateniente. Sin embargo, esta concepción fue paulatinamente remplazada por los arreglos de mercado o por el papel del mercado en este proceso de redistribución. Entonces, desde 1980 se empieza a construir un nuevo paradigma de reforma agraria, denominado como «reforma agraria asistida por el mercado», que se consolida en la década de los 90.
Hay varios ejemplos de ese modelo de reforma agraria: en Sudáfrica tras el fin del apartheid o en los países centroamericanos después de sus respectivos procesos de paz. En este paradigma de la reforma agraria asistida por el mercado, el Estado deja de ser el mecanismo para redistribuir la tierra y los activos productivos vinculados a la producción agropecuaria y a la agricultura y su lugar lo ocupa exclusivamente el mercado.
El diseño de todo esto fue responsabilidad del Banco Mundial en la década del noventa, y Colombia no fue la excepción de ese proceso. Nuestra actual ley de reforma agraria, la Ley 160 de 1994, está fuertemente inspirada en estos principios pero también contiene aspectos progresivos. Esto es algo que quiero señalar, pues la ley también contiene aspectos progresivos, como la figura de las «zonas de reserva campesina». Pero muchos de los elementos positivos de esa ley, que además correspondían a demandas históricas del movimiento agrario, nunca fueron implementados. Estos mecanismos tienen que ver, por ejemplo, con la articulación institucional, los mecanismos de participación y planeación de los campesinos y de los beneficiarios de la reforma agraria.
Hoy los elementos positivos de la Ley 160 están siendo retomados. Este gobierno, por ejemplo, ha constituido más de veinte zonas de reserva campesina. Desde que apareció la figura, antes de este gobierno, solamente había siete. Asimismo, el gobierno nacional ha implementado la estrategia de Núcleos de Reforma Agraria y se han adelantado adecuaciones normativas, sobre todo para posibilitarle al Estado la compra de tierras para entregarlas a campesinos.
Ahora existe un programa especial de dotación de tierras para sujetos campesinos para la producción de alimentos. Puede sonar como algo menor, pero no es menor: contamos con un decreto presidencial que lo permite. Se ha realizado todo un rediseño institucional que fomenta la adquisición directa de tierras por parte del Estado colombiano para que sea redistribuido entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, para que estos campesinos, con el apoyo de las instituciones del Estado en su conjunto, generen mecanismos cooperativos y de asociatividad para la producción agropecuaria.
A grandes rasgos, el paradigma de reforma agraria que implementamos busca la organización del campesinado en dos aspectos fundamentales: el proceso productivo y el proceso político. Yo creo que allí radica la esencia de lo que estamos haciendo con las herramientas legales con las que contamos en este momento. El gobierno nacional ha implementado esta estrategia de adquisición directa de tierra para su redistribución en los núcleos de reforma agraria y ha hecho una delimitación de las tierras que están altamente concentradas, subutilizadas, pero que además cuentan con buenas calidades agrológicas.
Esta estrategia, además, se articula con la planificación territorial de la reforma agraria a través de los Comités de Reforma Agraria (también presentes en la Ley 160 del 94, pero nunca implementados). Hoy estos comités constituyen el eje central de la reforma agraria porque ayudan a dirigir tanto el proceso de adquisición directa de tierra como la planificación del ordenamiento productivo. Es decir, la redistribución que estamos fomentando tiene un enfoque muy productivo en el sentido de que no es solamente la redistribución de la tierra, sino la redistribución de los activos necesarios para la producción agropecuaria, considerando las necesidades de los productores de alimentos, que son los campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
MA
¿En qué tipo de iniciativas se puede evidenciar este enfoque productivo de la Reforma Agraria? ¿Qué clase de activos, además de la tierra, se redistribuyen, y qué tipo de producción se fomenta?
IR
Además de la redistribución de tierras, estas acciones se complementan con la recuperación de infraestructura y bienes públicos que estaban bajo el control de unos pocos para ponerlos al servicio de los pequeños y medianos productores de alimentos. El enfoque productivo también se evidencia en la asignación del crédito agropecuario: entre 2022 y 2025 se otorgaron 115,9 billones de pesos para crédito agropecuario beneficiando especialmente a pequeños productores y de bajos ingresos.
La producción que se fomenta es la de alimentos, lo que se pone de manifiesto también en el desempeño de los indicadores macroeconómicos del sector. El año pasado, por ejemplo, el sector aportó el 9,3% del PIB. Más importante aún, el café ha venido superando las exportaciones de carbón, lo que sugiere que vamos por buen camino en cuanto a la superación de un modelo extractivo.
MA
Un aspecto muy relevante de tu agenda de investigación es el hecho de que incorpora un fuerte componente de clase al análisis de los procesos agrarios y que, además, reivindica el rol del Estado en los procesos de transformación. Incluso has hablado de una «estrategia sándwich» para referirte a la relación sinérgica que podrían tejerse entre los movimientos y el Estado.
IR
El multiculturalismo neoliberal de los noventa generó que en Colombia y en varias partes del mundo se impulsen procesos de distinción entre identidades culturales y políticas. Yo me aparto de esta visión, porque considero que tanto los pueblos indígenas como las comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas comparten una realidad material concreta en dos aspectos fundamentales. El primero es que son personas sin tierra; el segundo es que su subsistencia se deriva de la venta de su fuerza de trabajo.
Es sobre esta noción que hemos elaborado también —inspirados en el pensamiento africano— la noción de Pueblo Trabajador Agrario. En última instancia, estas diferencias que parecen también ser orquestadas en una estrategia de «dividir para vencer» por parte del Estado y del capital, resultan funcionales a los intereses de la concentración del poder y los recursos, fragmentando las luchas. En ese sentido, es fundamental volver a una noción sombrilla que agrupe las luchas y que agrupe las luchas en esos dos niveles: las luchas por la tierra y las luchas de los trabajadores agrarios, quienes tienen que vender su mano de obra para poder subsistir.
En cuanto a la «estrategia sándwich», Jonathan Fox la denominó así para dar cuenta de ese proceso de coordinación y sinergia que puede existir cuando, por un lado, los movimientos sociales presionan de abajo hacia arriba y, por otro, los reformistas al interior del gobierno entran en coordinación con esos movimientos para producir cambios sustanciales. Esta estrategia se presentó en el México post-Cárdenas, luego del proceso de modernización de las décadas de 1930 y 1940, aplicando programas de abastecimiento de alimentos que derivaron en procesos de organización popular entre los beneficiarios del programa, similar a lo ocurrido en Colombia durante la Reforma Agraria de Lleras en el 60.
Es esa experiencia histórica la que buscamos recuperar hoy en día. Este tipo de estrategia sándwich la hemos formulado también para revertir los efectos nocivos del Pacto de Chicoral, un pacto entre terratenientes en contra del campesinado. Esa sinergia entre reformistas dentro del gobierno que hoy dirigen la Reforma Agraria, que tienen la voluntad política de implementarla, se posibilita también mediante los mecanismos de presión y de movilización del movimiento agrario de abajo hacia arriba.
El salto cualitativo que tenemos que dar es el salto hacia la producción. No se trata solamente de redistribuir los activos; hay que redistribuir también la producción de riqueza, establecer otras vías, distintas, para la apropiación de esa riqueza. Ese es el siguiente paso. Es un desafío que tendremos en los próximos años como movimiento social, como fuerza impulsora del proceso de transformación y de democratización, tanto del campo colombiano como de la sociedad colombiana en su conjunto.
MA
¿Cuál es la relación de la Reforma Agraria con los objetivos más generales del gobierno en materia climática o de transición energética? En tu trabajo hablas incluso de «justicia climática agraria». ¿Por qué una reforma agraria podría ser una solución climática en sí misma?
IR
Es sumamente importante porque además, la separación entre la agenda ambiental y agraria para el caso de Colombia ha jugado un papel determinante a la hora de restringir el acceso a la tierra y a los recursos a las personas que no los tienen. El reconocimiento de esa conexión real y orgánica que existe entre lo agrario y lo ecológico es el primer paso.
La tierra cumple una función social, claro, para la producción. En este caso —sobre todo para la producción de alimentos—, es fundamental para el abastecimiento de las ciudades y de la sociedad en general. Pero, por otro lado, también cumple una función ecológica, relacionada con la protección de la biodiversidad, lo que crece por encima de ella y debajo de ella, las emisiones que captura (también es un sumidero de emisiones, no conviene olvidar esto) y, en este sentido, tiene que entenderse de manera integral.
De esas interrelaciones entre lo agrario y lo ecológico surge la noción de la justicia climática agraria. No hay transición energética o transformación de la matriz productiva sin transición agraria. Esta visión de conjunto hace parte del núcleo de las transformaciones estructurales que se encuentran en este programa de gobierno. El concepto de justicia climática agraria también está inspirado en la noción de interconexión de las múltiples crisis.
Además, la posibilidad de la acción colectiva del pueblo trabajador agrario en su conjunto inspiró también los principios de la redistribución de la tierra, la restitución de los derechos y la regeneración de los suelos y de los ecosistemas afectados por prácticas insostenibles de producción. También permite la recalibración de las relaciones sociales y ecológicas de producción, es decir, cambiar la forma en la que se produce y los objetivos para los cuales se produce, a la vez que abre puertas al reconocimiento de derechos, no solamente en tanto sujetos de derechos, sino también del liderazgo político y de direccionamiento que tiene el pueblo trabajador en estas transformaciones estructurales.
MA
El maoísmo ha sido una corriente de pensamiento muy influyente en las luchas campesinas y populares de Colombia y del Sur global. De hecho, Isaac Deutscher plantea que el maoísmo es el leninismo de los países de la periferia. ¿Qué aspectos del maoísmo crees que pueden ser rescatados para pensar el actual proceso histórico en su complejidad climática, política y demás?
IR
Son varios aspectos. El primero tiene que ver con el rol y la centralidad que ocupa el campesino como sujeto político revolucionario y, sobre todo, la comprensión de los procesos históricos a la luz de las experiencias propias y concretas. Además de poner el énfasis propiamente en las relaciones reales de producción y económicas, también hay una dimensión política, y el maoísmo se fundamenta en esa dimensión política que reconoce al sujeto campesino como impulsor. Un sujeto impulsor no solamente del proceso de organización política, sino de la organización del proceso productivo alrededor de los alimentos. Este es uno de los primeros aspectos.
El segundo aspecto tiene que ver con la pedagogía popular, el proceso de organización de la pedagogía popular para la organización y movilización del campesinado. Orlando Fals-Borda bebe mucho de estas fuentes y esta experiencia histórica en su proceso de apoyo a la organización campesina de la reforma agraria, sobre todo en el Caribe colombiano. Estos enfoques conllevaron también a prácticas concretas pedagógicas y de difusión como las caricaturas, las explicaciones de las luchas por la tierra y demás.
Un último aspecto, posiblemente el rasgo más contemporáneo del proceso chino como tal, tiene que ver con los programas de revitalización rural. Sobre esto sí me gustaría ser bastante clara, porque existen prejuicios sobre la transformación china y el costo ambiental, en el sentido de asumir que esta experiencia no ha considerado los costos ambientales o no considera la dimensión ecológica de su transformación, y eso no es tan cierto.
Cuando el proceso chino logra erradicar la pobreza extrema en las áreas rurales —no existe ningún otro país que haya logrado algo semejante—, lo hace también volviendo sobre la agenda y las políticas agrarias. El proceso de revitalización rural tiene unos componentes culturales, ambientales, de producción, de asociatividad y de cooperación que son hijos también de la experiencia histórica de la Revolución China. Creo que ahí hay una experiencia y un acervo de conocimiento muy importantes de los que los países de la periferia podemos beber a la hora de impulsar transformaciones estructurales.
MA
Es muy interesante el énfasis que haces en la agencia política de la clase trabajadora. ¿De qué maneras concretas la reforma agraria impulsa la organización rural y los procesos de pedagogía popular?
IR
Es un proceso de retroalimentación entre la reforma agraria y el movimiento campesino. Primero, porque la reforma agraria requiere de la fuerza, la movilización y organización del movimiento campesino para concretarse. Segundo, porque las conquistas de la reforma agraria retroalimentan y cualifican la acción política del campesinado y del pueblo trabajador agrario.
El diseño institucional de la reforma agraria fomenta la organización del pueblo trabajador agrario en los Comités de Reforma Agraria e invita a la planeación del ordenamiento territorial y productivo de las territorialidades campesinas, como en el caso de los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina, por citar un ejemplo. Pero, por sobre todo, la fuerza motriz de la reforma agraria es la capacidad de organización del pueblo trabajador, que se refuerza a partir de la educación y la pedagogía popular alrededor de la acción colectiva.
MA
Muchas gracias por tu tiempo. Para cerrar, me gustaría una última reflexión acerca de la importancia de hablar hoy de la reforma agraria.
IR
Me gustaría decir que la reforma agraria no es un arreglo técnico ni un simple instrumento de política pública. La reforma agraria corresponde a un proceso histórico, es el punto de partida de transformaciones estructurales para construir futuros distintos, y esto me parece sumamente importante y vigente a la luz de las crisis que enfrentamos.
Lejos de ser un «viejo debate» que ya en pleno siglo XXI pierde vigencia, los desafíos ambientales contemporáneos que enfrenta la humanidad le otorgan una actualidad permanente. La reforma agraria es parte de la solución a la crisis climática global: nos convoca a reflexiones sobre la acción política de las y los trabajadores del mundo en los campos y las ciudades. Hace parte del repertorio de demandas necesarias para lograr transformaciones estructurales y alternativas históricas.
La reflexión política alrededor de la reforma agraria invita a pensar en las formas y medios mediante los cuales buscamos estas transformaciones, cómo actuar de manera más contundente posible, y eso implica volver a lo que compartimos, a las categorías universales como clase social y lucha de clases.Compartir este artículo FacebookTwitter Email
Itayosara Rojas
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Itayosara Rojas es asesora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.
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