Aceleración de los planes de anexión israelí de la Cisjordania ocupada
Diario Al-Quds Libération
17 de febrero de 2026 /
El domingo, el gobierno de ocupación israelí aprobó la mayor operación de confiscación de tierras en Cisjordania desde 1967. El gobierno de la ocupación israelí está dando pasos rápidos para imponer una nueva realidad en Cisjordania ocupada, aprobando resoluciones que permiten la incautación de grandes extensiones de tierra y declarándolas ‘tierras estatales’. La medida se da en el contexto de los esfuerzos de la extrema derecha por legitimar los asentamientos y establecer el control total israelí sobre el Área C, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino contiguo.
El ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz, subrayó que esta decisión representa un cambio estratégico de seguridad destinado a garantizar el control absoluto de Israel sobre estos territorios por primera vez desde 1967. En el mismo contexto, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo que el gobierno avanza con lo que describió como la «revolución de los asentamientos», subrayando que fortalecer el control en toda Cisjordania es una prioridad máxima en la fase actual.
Por su parte, Ramallah y la Franja de Gaza advirtieron sobre las graves repercusiones de estas decisiones, describiéndolas como una anexión de facto de los territorios ocupados y un desafío flagrante a la legitimidad internacional. Fuentes oficiales indicaron que estas políticas expansionistas buscan destruir los pilares del Estado palestino y desplazar a la población de sus tierras mediante un estrechamiento sistemático y cambio del carácter demográfico de la zona.
Como parte de la medida diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino dijo que había iniciado amplios contactos con la comunidad internacional para poner fin a los planes israelíes que socavan la solución de dos Estados. El Ministerio subrayó la necesidad de una intervención internacional real más allá de declaraciones de condena, para presionar al gobierno de ocupación y detener su incursión en los asentamientos, que ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos tiempos.
A nivel regional, el Reino Hachemita de Jordania, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, condenó la medida israelí, considerándola una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Jordania advirtió que estas medidas buscan cambiar el statu quo legal e histórico existente y vulnerar el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de su estado independiente en las fronteras del 4 de junio de 1967.
En una entrevista con medios de comunicación, el portavoz de Fatah, Abdel Fattah Dawla, señaló que la ocupación intenta explotar las repercusiones de los acontecimientos del 7 de octubre para implementar grandes proyectos de asentamientos bajo el pretexto de la ‘guerra de la existencia’. Añadió que la guerra total de Israel no solo iba dirigida contra las facciones, sino que también buscaba socavar a la Autoridad Palestina y destruir sus instituciones como parte de un plan para liquidar el asunto.
La decisión israelí supone una anexión de facto de los Territorios Palestinos Ocupados y una completa desacreditación de las posibilidades de una solución de dos Estados.
Pidió la necesidad de fortalecer la posición nacional palestina formando un frente unido capaz de afrontar los desafíos actuales, paralelamente a la intensificación de la acción legal en foros internacionales. Subrayó que la firmeza del pueblo palestino en su tierra es la roca sobre la que se romperán todos los proyectos de desplazamiento y anexión que el gobierno de extrema derecha busca imponer como hecho consumado.
En Jordania, han ido creciendo voces pidiendo una revisión de los acuerdos firmados con la ocupación, con Hussein al-Amoush, miembro del Comité de Palestina del parlamento jordano, afirmando que el acuerdo de paz debe ser evaluado seriamente. Al-Ammoush explicó que Jordania se encuentra como la única parte que cumple el acuerdo a la luz de las continuas violaciones israelíes que amenazan la seguridad nacional de Jordania y los intereses comunes palestinos.
Los observadores creen que los temores de Jordania provienen de la posibilidad de que estas confiscaciones puedan ser un preludio a desplazamientos forzados a gran escala, lo que exige una postura unificada entre árabes e islámicos. Al-Ammoush subrayó la importancia de anteponer a Estados Unidos a sus responsabilidades morales y políticas, como principal apoyo de Israel, para detener acciones unilaterales que amenazan la estabilidad de toda la región.
Por otro lado, investigadores israelíes han vinculado el momento de estas decisiones con cálculos electorales internos mediante los cuales Netanyahu busca apaciguar a su base de extrema derecha. La investigadora Jackie Khoury señaló que el gobierno actual está aprovechando la debilidad de la presión internacional para implementar su agenda de asentamientos, considerando que el periodo restante del mandato de Donald Trump constituye una oportunidad de oro para resolver el asunto palestino.
Khoury explicó que existe la sensación dentro del establishment político israelí de que la comunidad internacional no tomará medidas punitivas efectivas, lo que la anima a avanzar con la política de anexión. A pesar del creciente apoyo público global a la causa palestina, este apoyo aún no se ha traducido en una presión política capaz de frenar la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania.
Las opciones palestinas y árabes siguen dependiendo de la capacidad de crear un nuevo equilibrio de poder que enfrente la arrogancia de la ocupación, ya sea mediante la resistencia popular o acciones legales internacionales. Mientras Israel continúa convirtiendo Cisjordania en cantones aislados, lo que está en juego sigue siendo la unidad de la posición nacional y la capacidad de internacionalizar eficazmente el asunto para evitar su liquidación definitiva.
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Fuente: Diario Al-Quds Libération
