No hay atajos ni terceras vías cuando el adversario es un sistema imperial en decadencia y en una fase especialmente violenta
Petro ensaya una narrativa de "puentes difusos" hacia la administración estadounidense, como si el problema fuera de tono diplomático y no de intereses estratégicos
Desplaza el foco desde la agresión externa hacia un supuesto "conflicto interno" simétrico; y, al hacerlo, equipara el proceso bolivariano —colectivo, popular, constituyente— con quienes han intentado destruirlo, su oligarquía tradicional y el imperialismo estadounidense y europeo
Carmen Parejo Rendón
actualidadrt.com/17 dic 2025 22:28 GMT
El presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Palacio Miraflores, Caracas, 2 de noviembre del 2022.Pedro Rances Mattey/dpa / Legion-Media
Mientras los grandes medios internacionales insisten en presentar un supuesto aumento de las "tensiones" entre EE.UU. y Venezuela como si se tratara de un conflicto bilateral, lo que tenemos delante —una vez más— es una ofensiva unilateral del imperialismo estadounidense contra Venezuela y, por extensión, contra toda América Latina.
No hay "tensiones" entre iguales cuando una potencia global despliega barcos, sanciones, chantajes financieros, operaciones encubiertas y campañas mediáticas sobre un país que lleva más de dos décadas resistiendo. Llamar "tensión" a una agresión estructural y habitual es una nueva perversión del lenguaje, que diluye la jerarquía real de fuerzas, esconde al agresor y convierte a la víctima en "polo del conflicto".
En este marco, la reciente doctrina de seguridad presentada por Donald Trump funciona como una actualización brutal —ya sin máscara— de la Doctrina Monroe. El Caribe y América Latina vuelven a ser nombrados como "zona natural" de control, un espacio donde se normaliza cualquier intervención si el objetivo es frenar proyectos populares o contener la presencia de actores como China o Rusia. Toda una carta de intenciones que, realmente, ya se está aplicando sobre el terreno. Los asesinatos de pescadores en aguas caribeñas bajo el pretexto del narcotráfico —sin pruebas ni juicio ni legalidad alguna—, ejecutados por fuerzas estadounidenses, forman parte de esta lógica de recolonización regional cada vez menos sutil.
Y es en este escenario renovado de agresión donde Gustavo Petro había logrado posicionarse como una de las voces más lúcidas del progresismo continental. Su intervención en Naciones Unidas —denunciando con firmeza el genocidio en Gaza y los crímenes impunes en el Caribe— abrió una grieta simbólica: por un instante, Colombia pareció salirse del papel histórico de satélite disciplinado de Washington. No fue solo un gesto retórico; fue una ruptura de ubicación política: hablar desde la dignidad latinoamericana en un foro diseñado para domesticarla.
Sin embargo, esa claridad se ha erosionado precisamente cuando se intensifican las amenazas contra Venezuela. Y aquí aparece la contradicción: un dirigente con experiencia política actúa como si el imperialismo pudiera ser contenido mediante concesiones. Petro ensaya una narrativa de "puentes difusos" hacia la administración estadounidense, como si el problema fuera de tono diplomático y no de intereses estratégicos.
En ese giro se inscribe su mensaje en redes, donde proyecta desde Bogotá un relato tutelar sobre lo que debería ser una "transición democrática" en Venezuela, sugiriendo además fórmulas de "amnistía" o reintegración para sectores que durante años han promovido el golpismo, el terrorismo político y la violencia de clase contra el pueblo venezolano. El significado político de esa propuesta es nítido: desplaza el foco desde la agresión externa hacia un supuesto "conflicto interno" simétrico; y, al hacerlo, equipara el proceso bolivariano —colectivo, popular, constituyente— con quienes han intentado destruirlo, su oligarquía tradicional y el imperialismo estadounidense y europeo.
En Caracas el conflicto se entiende en su naturaleza real: un asedio sistemático —bloqueos, sabotajes, intentos de golpe, guerra económica, asfixia financiera— enfrentado por un pueblo organizado que ha desarrollado formas de democracia popular desde abajo.
La implicación es grave: se introduce la idea de que la "paz" latinoamericana pasa por devolver legitimidad y cuotas de poder a los agentes históricos del despojo. Y aquí la pregunta no es moral, sino estructural: ¿aplicaría Petro esa misma lógica en Colombia? ¿Aceptaría una "amnistía política" para el uribismo como condición de estabilidad, pese a su historial de paramilitarismo, crímenes y saqueo? Si la respuesta es no, entonces queda expuesto el doble rasero: a Venezuela se le exige lo que ningún pueblo aceptaría para sí mismo. La experiencia venezolana ya dejó la lección escrita en sangre: la revolución democrática real no se negocia con quienes te quieren muerto.
Mientras desde Bogotá se busca reducir la contradicción a un terreno administrable, en Caracas el conflicto se entiende en su naturaleza real: un asedio sistemático —bloqueos, sabotajes, intentos de golpe, guerra económica, asfixia financiera— enfrentado por un pueblo organizado que, bajo fuego constante, ha desarrollado formas de democracia popular desde abajo. Por eso, en medio de la amenaza, lo que crece no es la retórica de la resignación, sino la capacidad de defensa del propio proceso: organización, cohesión y disposición a sostener el proyecto, incluso con las armas.
Aún con todo, y como era previsible, Washington no ha respondido premiando la prudencia de Petro, sino endureciendo el cerco contra él: hostilidad pública del trumpismo, presión legislativa, disciplinamiento institucional y guerra judicial orientada a paralizar tanto su gobierno como el horizonte político que lo rodea. La secuencia es conocida en América Latina: la concesión no garantiza seguridad. No se trata de un error de comunicación, sino de lectura del poder: el imperialismo no reacciona a la buena voluntad, sino a la correlación de fuerzas. Cada gesto conciliador se interpreta como señal de vulnerabilidad y como evidencia práctica de que existe "margen de maniobra" para apretar más.
Washington no ha respondido premiando la prudencia de Petro, sino endureciendo el cerco contra él: hostilidad pública del trumpismo, presión legislativa, disciplinamiento institucional y guerra judicial.
Lo ocurrido en Chile es una advertencia brutal para cualquier gobierno que crea que puede "moderar" sus compromisos con el pueblo en nombre de la "gobernabilidad". El triunfo electoral del pinochetismo —en un país que hace apenas unos años protagonizó una de las revueltas sociales más potentes del continente— no puede entenderse como un simple "giro cultural" del electorado. Es, ante todo, una consecuencia política. Y en esa consecuencia hay una responsabilidad directa del ciclo encabezado por Gabriel Boric.
Boric llegó como promesa de ruptura y terminó operando como garantía de continuidad. Priorizando el diálogo con las élites tradicionales —y la alineación con Washington— por encima de la fuerza social que lo llevó al poder fue una decisión estratégica que desplazó el centro de gravedad desde el pueblo movilizado hacia el Estado y sus pactos. En vez de profundizar el impulso constituyente abierto por la revuelta, su gobierno lo contuvo; en vez de ampliar la organización popular, la desactivó; en vez de desarmar el andamiaje represivo heredado, lo normalizó. El resultado fue la recomposición del bloque oligárquico y la restauración del sentido común del orden.
Chile demuestra así una ley política que en América Latina se repite con precisión: el fascismo no entra solo por la propaganda, entra también por la puerta abierta de la desmovilización. El retroceso no nace únicamente de la fuerza del enemigo; nace, sobre todo, del debilitamiento del sujeto popular. Y ese debilitamiento ocurre cuando gobiernos nacidos de una ola social pasan a gestionar esa ola como si le fuera ajena.
Por eso, lo que está en juego desde Bogotá no es únicamente la supervivencia de un gobierno, sino la continuidad —o la derrota— de los procesos de transformación que los pueblos han empujado con sacrificio. No hay atajos ni terceras vías cuando el adversario es un sistema imperial en decadencia y en una fase especialmente violenta: el imperialismo no pacta con quienes ceden; interpreta la cesión como debilidad disponible y convierte ese "margen" en oportunidad de ataque.
Así, la historia latinoamericana enseña otra cosa: los únicos procesos que han resistido embestidas sostenidas del capital —y especialmente de Washington— han sido aquellos que profundizaron su base social, como son los casos de Cuba y Venezuela, que desplazaron el centro de gravedad desde el palacio hacia el pueblo organizado, que entendieron que la disputa no es solo electoral, sino sobre todo estructural. Porque, al final, el dilema no es moral ni discursivo. Es político y estratégico: o se profundiza el cambio con el pueblo como sujeto central, o se abre la puerta a que los enemigos del pueblo retomen el control por cualquier vía y desplieguen su revancha.
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