Los soldados no deben cumplir órdenes claramente ilegales. Ejecutar prisioneros, atacar civiles o usar fuerza letal fuera del marco jurídico son actos punibles
Un grupo de senadores pide a los soldados desobedecer las órdenes ilegales del presidente
El juramento militar en Estados Unidos no se hace a un presidente ni a un partido, sino a la Constitución, es ese texto —y la promesa de defenderlo “contra todos los enemigos, externos e internos”— el que sostiene el equilibrio entre poder y derecho
Operación militar de EEUU - Jensen Guillory/Planetpix / Zuma Press / ContactoPhoto
Jorge Luis Sierra
diario-red.com 26/11/25 |10:00
Mark Kelly, senador por Arizona, le recordó a las fuerzas armadas que deben rechazar órdenes ilegales. Lo que en tiempos normales sería un acto de civismo elemental, en la era de Trump ese acto se ha convertido en una “ofensa sediciosa” que, el propio presidente afirma, debe ser castigada con el ahorcamiento.
El Pentágono abrió una investigación contra el senador Mark Kelly, ex astronauta y capitán retirado de la Marina, por grabar un video en el que recordaba a los militares un principio básico del derecho internacional humanitario: nadie está obligado a obedecer una orden ilegal. Ahora, los seis senadores afirman que han recibido amenazas de muerte.
Kelly, acompañado por otros cinco legisladores con pasado militar o en inteligencia, repitió una frase que millones de soldados estadounidenses han escuchado en su entrenamiento: “Nuestras leyes son claras. Puedes negarte a cumplir una orden ilegal.”
El mensaje no hacía referencia directa a ningún caso específico, pero en el contexto aún pesan dos temas graves de abuso de las Fuerzas Armadas: uno consiste en las 21 incursiones armadas en el Caribe ordenadas por el presidente Trump contra pequeñas embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, el segundo tiene que ver con el uso del ejército contra manifestantes en ciudades como Chicago o Los Ángeles.
Estamos ante un momento en el que una fracción del espectro político en EEUU tiene el control total de las Fuerzas Armadas y está pasando por encima de la ley tomando al Ejército como un instrumento para lanzar amenazas contra la gente y sus representantes
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó el mensaje de Kelly como “repugnante, irresponsable y falso”. En un comunicado, lo llamó “el manifiesto de los Seis Sediciosos”, acusándolos de incitar a los soldados a desobedecer a sus comandantes.
Trump fue más lejos: desde su cuenta de redes sociales, exigió la horca como pena de muerte para los senadores.
El caso de Kelly es algo más grave que la mera persecución política. Estamos ante un momento en el que una fracción del espectro político en Estados Unidos tiene el control total de las Fuerzas Armadas y está pasando por encima de la ley tomando al Ejército como un instrumento para lanzar amenazas contra la gente y sus representantes.
Desde Núremberg hasta Guantánamo, la historia militar moderna ha enfrentado una tensión constante entre la obediencia debida y la responsabilidad moral individual.
El Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) establece con claridad que los soldados no deben cumplir órdenes claramente ilegales. Ejecutar prisioneros, atacar civiles o usar fuerza letal fuera del marco jurídico son actos punibles, incluso si se cumplen bajo órdenes superiores.
El video de Kelly y los otros legisladores no hacía más que recordar esa norma básica. Sin embargo, el hecho de que el secretario de Defensa considere sedicioso ese mensaje muestra que este liderazgo busca un cambio profundo en la cultura institucional del Pentágono.
Analistas militares como Eliot A. Cohen, ex funcionario del Departamento de Estado, consideran la amenaza de juzgar a Kelly “absurda e improcedente”. Pero advierten que la intención política de Trump es crear un efecto disuasivo.
“Cuando un gobierno empieza a castigar a quienes recuerdan la ley, el mensaje es que la ley ya no es el límite del poder”, afirmó un ex oficial citado por The New York Times.
El intento de someter a Kelly al Código de Justicia Militar, pese a estar retirado desde hace años, rompe además con todas las tradiciones jurídicas del país.
El derecho militar sólo contempla la reactivación de oficiales retirados por delitos cometidos en servicio o en casos graves de espionaje o traición.
Nunca, hasta ahora, se había amenazado con una acción penal por un discurso político protegido por la Constitución.
El propio Charlie Swift, abogado y ex teniente comandante de la Marina, recordó que el senador no violó ninguna norma. “Lo que dijo es legalmente correcto y está protegido por la cláusula de discurso y debate del Congreso”, explicó.
El contexto amplifica la gravedad del caso. En las últimas semanas, el gobierno ha incrementado las operaciones militares internas, desplegando tropas en las calles y drones sobre manifestaciones.
El debate sobre las órdenes ilegales no es teórico. Las recientes operaciones navales en el Caribe —con ataques a embarcaciones que transportaban migrantes y pescadores— han generado desmoralización en las filas
Al mismo tiempo, ha reactivado un discurso de pureza ideológica en las fuerzas armadas, exigiendo lealtad personal al presidente.
Las purgas dentro del Pentágono, los despidos de altos mandos y la vigilancia a oficiales críticos no son hechos aislados: forman parte de una reestructuración política del aparato militar.
El debate sobre las órdenes ilegales no es teórico. Las recientes operaciones navales en el Caribe —con ataques a embarcaciones que transportaban migrantes y pescadores— han generado desmoralización en las filas. Varios oficiales, bajo anonimato, han expresado su preocupación por la falta de justificación legal.
“Nos dicen que son narcos, pero no hay pruebas. Disparamos sin saber quién estaba a bordo”, dijo un oficial de la Marina a NBC.
Kelly se refirió justamente a ese tipo de dilemas. “¿Qué significa para el futuro de nuestros soldados si descubren después que actuaron sin base legal?”, preguntó.
Esa pregunta —cuándo desobedecer una orden— es la línea más delicada en la ética militar. Las academias enseñan que los soldados no deben actuar como jueces de sus superiores, pero también que deben reconocer los límites morales de la obediencia.
El juramento militar en Estados Unidos no se hace a un presidente ni a un partido, sino a la Constitución. Es ese texto —y la promesa de defenderlo “contra todos los enemigos, externos e internos”— el que sostiene el equilibrio entre poder y derecho
Cuando el comandante en jefe usa el lenguaje de la venganza o del exterminio, la obediencia deja de ser una virtud y se convierte en complicidad.
La investigación contra Kelly ilustra un fenómeno más amplio: la conversión del Pentágono en herramienta de coerción política.
En lugar de usar el Departamento de Justicia para castigar adversarios —como ocurrió en administraciones anteriores—, la Casa Blanca ha instrumentalizado el aparato militar para imponer lealtad.
El uso del término “sedición” en un contexto político civil recuerda a los tribunales militares de otros tiempos, cuando disentir equivalía a traicionar.
El juramento militar en Estados Unidos no se hace a un presidente ni a un partido, sino a la Constitución. Es ese texto —y la promesa de defenderlo “contra todos los enemigos, externos e internos”— el que sostiene el equilibrio entre poder y derecho.
El caso de Mark Kelly no es solo una disputa entre un senador y un secretario de Defensa. Es un espejo que refleja una fracción política que confunde patriotismo con sumisión, y ley con poder. En ese reflejo, el futuro de la democracia estadounidense depende de un principio tan simple como peligroso: el derecho —y el deber— de decir no.
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