La campaña contra Venezuela es, fundamentalmente, la continuación de un esfuerzo de dos siglos por mantener el control imperial sobre la región
Manolo De Los Santos
elviejotopo.com 27 octubre, 2025
Durante las últimas semanas, Washington ha intensificado sus amenazas y hostilidades contra Venezuela, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado abiertamente que ha autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas contra el país. Estas acciones son preocupantes y representan una grave intensificación de la campaña bélica contra el país caribeño, además de confirmar lo que muchos llevan años diciendo: que los Estados Unidos está muy interesado en lo que ocurre en Venezuela y no temen utilizar todos los medios a su alcance para imponer sus intereses.
“¿Alguien puede creer realmente que la CIA no ha estado operando en Venezuela durante 60 años?”, preguntó el presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que Trump anunciara la autorización de la actividad de la CIA en su país.
La respuesta, cuando se analiza a través del registro histórico de dos siglos, confirma un patrón de interferencia continua destinado a afirmar el dominio de los Estados Unidos sobre todo el hemisferio. Las crecientes amenazas de guerra que emanan de la administración Trump contra Caracas no representan una nueva política, sino la culminación de un proyecto de cambio de régimen de larga data, que guarda profundas y preocupantes similitudes con la campaña bélica contra Irak de la administración Bush.
Washington siempre ha visto a América Latina y el Caribe a través del prisma de la Doctrina Monroe, reservando unilateralmente la región para el dominio geopolítico estadounidense. Los últimos doscientos años confirman un patrón de intervención agresiva y repetida. Entre los ejemplos recientes más notorios, en los que la participación de los Estados Unidos abarcó el apoyo político, las operaciones de inteligencia y la intervención militar directa, se encuentran el golpe de Estado de 1954 contra Jacobo Arbenz en Guatemala, la invasión de la República Dominicana en 1965 que frustró el regreso de un Gobierno progresista liderado por Juan Bosch, el golpe de Estado de 1973 que desmanteló el proyecto socialista de Salvador Allende en Chile, el complot de 1983 para derrocar al Gobierno de Maurice Bishop y la invasión de Granada, y los repetidos derrocamientos del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en 1991 y 2004. El golpe de Estado de 2009 en Honduras contra el gobierno de Mel Zelaya continuó esta tradición.
Sin embargo, Venezuela se ha convertido en el objetivo definitivo, enfrentándose a más intentos de cambio de régimen respaldados por los Estados Unidos que cualquier otro país latinoamericano en el último cuarto de siglo. La obsesión por recuperar el control del país comenzó poco después de la elección de Hugo Chávez en 1998, una victoria que supuso un cambio radical con respecto a las políticas neoliberales patrocinadas por los Estados Unidos y el comienzo de un período de grandes transformaciones, desde la reducción de la pobreza hasta la integración regional, liderado por una ola de Gobiernos de izquierda en América Latina. Washington apoyó activamente numerosos esfuerzos para derrocar a Chávez, en particular un golpe militar en 2002 que fue derrotado por un levantamiento popular y el paralizante bloqueo petrolero de 2002-2003 destinado a cerrar la fuente de ingresos más importante del país.
Tanto bajo el mandato de George W. Bush como bajo el de Barack Obama, se destinaron millones de dólares para impulsar a los grupos de derecha de Venezuela, a menudo carentes de base social, a una confrontación directa con el Gobierno venezolano mediante tácticas que iban desde complots de asesinato hasta acciones terroristas. Esta fuente de financiación apoyó a grupos y líderes que, aunque se presentaban como oposición democrática u organizaciones no gubernamentales, han defendido constantemente la destitución violenta del Gobierno democráticamente elegido del país. Una notable beneficiaria de los fondos estadounidenses, María Corina Machado, la líder de extrema derecha que recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz, construyó su carrera política sobre décadas de defensa de la intervención extranjera de los Estados Unidos e Israel.
El patrón de apoyo al cambio de régimen continuó tras la sospechosa muerte de Chávez en 2013, lo que llevó a muchos a preguntarse si se trataba de un complot de la CIA. Tras la elección de Nicolás Maduro, la administración Obama respaldó una violenta ola de protestas en 2014, denominada guarimbas, caracterizada por linchamientos racistas de simpatizantes negros del Gobierno por parte de turbas de extrema derecha. Maduro se enfrentó a otro período prolongado de protestas violentas respaldadas por los Estados Unidos en 2017. Orlando Figuera, un afrovenezolano de 21 años, fue atacado y quemado vivo en Caracas por activistas de la oposición en mayo de 2017.
Se intensificó el asedio económico
En 2015, el presidente Obama intensificó la presión retórica y económica al declarar a Venezuela una “amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Esta acusación fue ampliamente reconocida como carente de base factual y fue rechazada inicialmente incluso por algunos líderes de la oposición venezolana. Sin embargo, la declaración proporcionó el pretexto legal para la imposición de sanciones, que iniciaron el colapso de la industria petrolera y devastaron la economía venezolana.
En el primer año del mandato de Trump, los Estados Unidos impuso sanciones aún más duras, dirigidas directamente al sector petrolero venezolano. Antes de las sanciones de 2017, la disminución media mensual de la producción petrolera era de aproximadamente el 1%. Tras la orden ejecutiva de agosto de 2017 para bloquear el acceso de Venezuela a los mercados financieros estadounidenses, la tasa de descenso se disparó, cayendo a más del triple de la tasa anterior. Las sanciones de agosto de 2019 crearon el marco “legal” para confiscar miles de millones en activos extranjeros de Venezuela y, al apuntar específicamente a la empresa petrolera estatal PDVSA y prohibir las exportaciones al mercado estadounidense, que anteriormente absorbía más de un tercio del petróleo de Venezuela, provocaron un impacto catastrófico.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) documentó que estas sanciones provocaron que el Estado venezolano perdiera entre 17.000 y 31.000 millones de dólares en ingresos petroleros potenciales. Esta pérdida de divisas fuertes redujo directamente la capacidad del Estado para importar alimentos, medicinas y bienes esenciales, lo que aumentó las tasas de mortalidad y creó una verdadera crisis humanitaria. La intensificación de las sanciones estadounidenses, en particular las que comenzaron en 2017, contribuyeron a que Venezuela experimentara la mayor contracción económica de la historia de América Latina, con una reducción estimada del 74,3% de su producto interno bruto entre 2014 y 2021.
El manual de Irak, actualizado: las sanciones como guerra económica
La primera administración Trump aplicó una política de “máxima presión” para derrocar a Maduro, formalizando el objetivo de un cambio de régimen con una agresividad sin precedentes. Además de la aplicación de sanciones petroleras punitivas, también condujo al ridículo respaldo de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente en enero de 2019. Esto también condujo al despliegue de buques de guerra estadounidenses y a la designación del Gobierno de Maduro como entidad “narcoterrorista”, haciéndose eco de los pretextos para la invasión de Irak en 2003. Esto culminó con la posterior financiación de la Operación Gideon, una ineficaz invasión marítima por parte de mercenarios respaldados por los Estados Unidos en mayo de 2020, que ahora se recuerda como la “bahía de los lechones”.
Las similitudes retóricas entre las dos campañas son sorprendentes. En 2003, la administración Bush justificó la guerra basándose en afirmaciones falsas sobre la posesión por parte de Saddam Hussein de “armas de destrucción masiva” (ADM) y sus supuestos vínculos con el terrorismo. De manera similar, la administración Trump ha tratado de justificar la acción militar y encubierta en Venezuela invocando la narrativa del “narcoterrorismo”. Ambos fueron intentos de transformar un conflicto político en una amenaza de seguridad preventiva que requería una respuesta militar.
Sin embargo, la similitud más profunda radica en la estrategia de estrangulamiento económico utilizada contra ambas naciones. Desde 1990 hasta la invasión de 2003, se impusieron sanciones multilaterales exhaustivas a Irak, que devastaron a su población civil sin lograr derrocar a Saddam Hussein. Estas medidas impusieron severas restricciones a las exportaciones de petróleo de Irak y controlaron estrictamente la importación de mercancías. El efecto fue una catástrofe humanitaria: según algunos estudios, las sanciones contribuyeron a la muerte de cientos de miles de niños menores de cinco años debido a la desnutrición y a la falta de agua potable y medicinas. El exsubsecretario de las Naciones Unidas, Denis Halliday, que dimitió en señal de protesta, calificó las sanciones de “genocidas”. La brutalidad de esta política quedó resumida de forma infame por la entonces embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Madeleine Albright, quien, cuando se le preguntó si la muerte de medio millón de niños iraquíes “merecía la pena”, respondió: “Creemos que el precio vale la pena”.
Las sanciones a Venezuela, en particular las impuestas en 2019 contra la industria petrolera, replicaron esta estrategia de castigo colectivo con una severidad inicial aún mayor. A diferencia de Irak, que finalmente recibió cierto alivio a través del Programa “Petróleo por Alimentos” administrado por la ONU (a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y Reino Unido por bloquear los suministros humanitarios vitales bajo el pretexto del “doble uso”), el Gobierno venezolano se vio inmediatamente privado de su principal fuente de divisas. El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) argumentó que el carácter radical de las sanciones de 2019 creó un embargo comercial casi total que posiblemente fue “más draconiano” que las sanciones impuestas a Irak antes de la guerra, señalando la ausencia de cualquier mecanismo humanitario comparable para mitigar la pérdida de miles de millones en ingresos petroleros.
La hegemonía y el desafío ideológico
El interés de los Estados Unidos en Venezuela va más allá de simplemente tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo. El objetivo principal es ideológico y político: derrocar a un Gobierno independiente en Venezuela que ha sido tanto una fuente de apoyo para otros gobiernos progresistas como un obstáculo para los planes de los Estados Unidos de imponer gobiernos de extrema derecha en la región. El Gobierno de Venezuela representa un nodo de resistencia, y su derrocamiento reafirmaría el dominio de la política exterior estadounidense en la región, enviando un mensaje claro a otras naciones que están considerando trazar un rumbo político y económico independiente. Por lo tanto, la amenaza de intervención no solo tiene que ver con la economía, sino con la defensa de la integridad ideológica de la Doctrina Monroe en el siglo XXI.
La última ronda de escalada de hostilidad hacia Venezuela bajo el mandato de Trump representa una fase aguda y peligrosa, marcada por recientes ataques extrajudiciales en el Caribe y amenazas explícitas de ataques terrestres. Hasta ahora, al menos 32 personas han muerto en al menos siete ataques de este tipo desde principios de septiembre. Se ha confirmado que algunas de las víctimas eran ciudadanos de Colombia y Trinidad y Tobago. La administración ha acusado a las víctimas de ser “narcoterroristas” sin aportar pruebas concretas, mientras que sus familias afirman que los fallecidos eran pescadores.
La campaña contra Venezuela es, fundamentalmente, la continuación de un esfuerzo de dos siglos por mantener el control imperial sobre la región. La loca e implacable campaña de Trump para derrocar a Nicolás Maduro, como parte de una compulsión histórica por afirmar su dominio, no solo mediante sanciones y apoyo a los disturbios internos, sino ahora también mediante ejecuciones extrajudiciales en el mar y amenazas de operaciones terrestres, ha llevado a la región al borde de un conflicto masivo. Una guerra de este tipo no solo sería un desastre que requeriría un vasto despliegue de tropas, sino que casi con toda seguridad desestabilizaría toda América Latina y se extendería mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses se han mostrado en contra del uso de la fuerza militar para invadir Venezuela y se ha presentado una resolución bipartidista por parte del senador de California Adam Schiff y el senador de Kentucky Rand Paul para impedir que Trump utilice la fuerza contra Venezuela. Sin embargo, el control definitivo de esta peligrosa aventura puede recaer aún en la ciudadanía estadounidense, que debe exigir transparencia y el fin inmediato de la marcha hacia otra guerra desastrosa.
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Fuente:
Globetrotter y Peoples Dispatch
