¿Por qué estos hechos no se han investigado a fondo? Porque en Colombia la justicia llega solo hasta donde el dinero lo permite
POR OMAR ROMERO DÍAZ
cronicon.net
La dirigente Piedad Córdoba Ruiz (1955-2024), según testimonios de jefes paramilitares ante la justicia colombiana, fue víctima del “patriarca” antioqueño Hernán Echavarría Olózaga (1911-2006), quien la mandó a secuestrar y dio instrucciones para que la ultimaran en su cautiverio en el año de 1999.
En Colombia, los dueños del gran capital no solo han dictado el rumbo de la economía, también han influido en la política, la justicia y, lo más grave, en la guerra. No es exagerado decir que, mientras el pueblo contaba los muertos, ellos contaban las utilidades.
El poder económico que manda más que el Estado
Durante décadas, la narrativa oficial nos vendió la idea de que los empresarios eran los “motores del progreso”. Pero la historia del juego cuando se la mira sin miedo revela otra verdad: los imperios económicos de este país se levantaron en medio de sangre obrera, desplazamientos campesinos y silencios comprados.
Empresas que hoy se presentan como ejemplos de “responsabilidad social” fueron sostenes financieros o beneficiarias directas de la violencia paramilitar. Las alianzas entre gremios empresariales, altos mandos militares y políticos de extrema derecha tejieron un país donde el poder no solo se mide en dinero, sino en la capacidad de decidir el destino de quienes se atrevieron a cuestionarlos.
La orden de fusilar a una senadora
El caso de la senadora fallecida el año pasado Piedad Córdoba Ruiz (1955-2024) es una herida abierta que muestra hasta dónde llega esa fusión perversa entre dinero y sangre. Según testimonios recogidos en procesos de la jurisdicción de Justicia y Paz, durante su secuestro en 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) recibieron instrucciones del poderoso empresario antioqueño DE ultraderecha Hernán Echavarría Olózaga (1911-2006), uno de los fundadores de la Organización Corona (Grupo Corona): conglomerado industrial centrado en productos para la construcción, porcelanas, sanitarios, y pinturas.
Empresas vinculadas con el paramilitarismo
De acuerdo con las pesquisas judiciales del entramado empresarial que ha promovido el paramilitarismo en diversas regiones de Colombia hacen parte las siguientes compañías: Homecenter: cadena de tiendas de mejoramiento del hogar, parte del Grupo Corona. Rosales S.A. Cargill (alianzas o participaciones). Playa Blanca Barú S.A.S. Situm (probablemente en inversiones o alianzas). Compas. Muelles El Bosque Operadores Portuarios S.A. Colcerámica S.A. Laboratorios La Santé S.A. Sodimac Colombia S.A. Naves Colombia. Microsoft (posibles alianzas estratégicas o participaciones) Postobón S.A. Grupo Argos. Ladrillera La Clay. Veolia. Dunkin Donuts de Colombia. Exxon Mobil. Cemex. Nutrimos y Servimos Ltda. Hotel Decameron y Hotel Decameron Barú. Biogen Laboratorios de Colombia. S.A. Carulla Vivero S.A. Johnson & Johnson de Colombia S.A. Colgate Palmolive. Frito Lay de Colombia Ltda. Merck S.A. Pepsico Alimentos de Colombia Ltda. Cooperativa Especializada de Educación Comunidad de Puente Piedra. Corama S.A. Laboratorios Merck. Novartis de Colombia S.A. Prodegi. Dow Química. Acuacar Komogu Consultores. Inmobiliaria Segrera Mutis S.A.S. El Universal de Cartagena. Sociedad Portuaria Puerto Bahía.
Estas relaciones no necesariamente son siempre propiedad directa, sino que pueden incluir alianzas, inversiones o roles de dirección o fundacionales en el contexto del conglomerado familiar y sus extensiones. Hernán Echavarría Olózaga también participó en labores filantrópicas y educativas relacionadas con este grupo.
Alias ‘Ernesto Báez’, exjefe paramilitar, y otros desmovilizados relataron que Echavarría Olózaga consideraba que dejarla viva a la congresista Piedad Córdoba sería un “acto de irresponsabilidad contra la patria”. Aunque esos testimonios no se han traducido en una sentencia judicial definitiva, sí quedaron consignados en los archivos de memoria histórica y en audiencias públicas.
La propia Piedad Córdoba denunció que, durante una comisión en Estados Unidos, le confirmaron que su secuestro y posible ejecución habían sido ordenados por la cúpula paramilitar con la participación de José Miguel Narváez, asesor del Ministerio de Defensa y subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y bajo la influencia de empresarios que veían en ella una amenaza política.
Según declaraciones del excomandante del Bloque Central Bolívar, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, el empresario Hernán Echavarría Olózaga envió un mensaje al jefe paramilitar Carlos Castaño al momento del secuestro de la senadora Piedad Córdoba, indicando que liberarla con vida sería “un acto de irresponsabilidad contra la patria”. Báez relató estos hechos en su proceso ante los mecanismos de justicia transicional.
El poder que no se toca
¿Por qué estos hechos no se han investigado a fondo? Porque en Colombia la justicia llega solo hasta donde el dinero lo permite.
Mientras campesinos y sindicalistas son condenados sin pruebas, los responsables de la guerra económica y del exterminio político se pasean por foros empresariales y universidades hablando de ética y productividad.
José Miguel Narváez, cerebro ideológico del paramilitarismo y hombre de confianza del alto mando militar, cumple su condena en una base militar, no en una cárcel común. Privilegios de clase, de uniforme y de silencio. Lo mismo ocurre con quienes han financiado o instigado la violencia desde los escritorios del poder: ninguno ha visto un día de cárcel.
El “patriarca” antioqueño Hernán Echavarría Olózaga, patrocinador de los grupos paramilitares en Colombia, era el que señalaba quiénes de los dirigentes políticos progresistas o de izquierda podían vivir o morir en este país.
La violencia como instrumento de clase
La eliminación de líderes políticos, sindicales o sociales no fue un accidente ni un exceso. Fue una política de defensa de intereses económicos. Matar a quien propone reformas, amenaza monopolios o denuncia corrupción ha sido una práctica histórica de la oligarquía colombiana.
Desde el humorista Jaime Garzón hasta el defensor de derechos humanos Jesús María Valle; desde los sindicalistas de la Drummond hasta los líderes comunitarios del Bajo Cauca, la bala ha sido la respuesta de un modelo económico que no tolera la igualdad.
En ese esquema, los paramilitares no fueron monstruos aislados, sino brazo armado del capital, custodios de haciendas, rutas, contratos y silencios.
Buena parte del empresariado colombiano, según investigaciones judiciales, está involucrado en negocios turbios.
La impunidad como política de Estado
La cadena de impunidad que protege a estos poderosos no es casual: está diseñada. Cuando los responsables tienen apellidos que pesan en los gremios, la Fiscalía se demora, los jueces dudan, los medios callan y las pruebas se extravían.
Esa es la forma más refinada del poder: no solo dominar la economía, sino también el relato.
El resultado es un país donde las víctimas piden justicia y los victimarios dictan conferencias sobre “reconciliación”.
Un llamado a despertar
Colombia necesita romper el pacto del silencio. No se trata de venganza, sino de verdad. De saber por qué, en nombre del “desarrollo”, se justificó la eliminación de quienes soñaron con un país justo y democrático.
La pregunta es simple y dolorosa: ¿cuántas Piedad Córdoba, cuántos Garzón, cuántos Valle tendrán que morir para que entendamos que la paz no se firma con empresarios que nunca han pedido perdón ni han entregado la verdad?
Mientras los malhadados dueños del país sigan decidiendo quién asciende, quién calla y quién muere, no habrá democracia en Colombia, sino un feudo con bandera.
14 octubre, 2025
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