La ofensiva anunciada para ocupar la ciudad de Gaza y reforzar el control colonial de Israel sobre Palestina es tan transgresora que obligó a tomar postura a los gobernantes que han sido más obsecuentes con Tel Aviv
Imagen: Amir Cohen / Reuters
lajornada.com.mx
10/08/2025
Alrededor de 100 mil personas, de acuerdo con los organizadores, salieron ayer a las calles de Tel Aviv para pedir el fin de la invasión en la franja de Gaza y urgir al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a alcanzar acuerdos que permitan el regreso de los 49 rehenes en poder del grupo armado Hamas, de los cuales se estima que al menos 27 han muerto debido a los indiscriminados bombardeos israelíes sobre el territorio palestino. La manifestación, de dimensiones no vistas desde el inicio de la masacre contra los gazatíes hace 22 meses, se produjo en respuesta a la decisión del premier y su gabinete de seguridad de tomar el control total del enclave, una medida que no sólo es rechazada por un amplio sector de la población, sino incluso por el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, Eyal Zamir, quien advirtió que la reocupación podría arrinconar a los soldados en un conflicto prolongado.
Días antes, 550 ex jefes de espionaje, militares, policías y diplomáticos, todos integrantes del movimiento Comandantes por la Seguridad de Israel (CIS), enviaron una misiva al presidente Donald Trump exhortándolo a que presione a Netanyahu, su estrecho aliado, a terminar la ofensiva militar. Los ex funcionarios –entre quienes se cuentan tres personas que dirigieron el Mossad (servicio de inteligencia exterior), cinco ex responsables del Shin Bet (servicio de seguridad interior) y tres ex jefes del Estado Mayor del ejército– sostienen que ya se han alcanzado todos los objetivos que se podían lograr por la fuerza, mientras el tercero y más importante, llevar a todos los rehenes a casa, sólo puede alcanzarse mediante un acuerdo.
La ofensiva anunciada para ocupar la ciudad de Gaza y reforzar el control colonial de Israel sobre Palestina es tan transgresora que obligó a tomar postura a los gobernantes que han sido más obsecuentes con Tel Aviv y que hasta hoy, pese a la incontestable evidencia que tienen ante a sus ojos, se rehúsan a llamar por su nombre al genocidio que perpetran militares y civiles israelíes con la intención explícita de aniquilar al pueblo palestino. Dirigentes occidentales con un vergonzoso historial de encubrir y armar a los genocidas como los primeros ministros alemán y británico, Friedrich Merz y Keir Starmer, o la teutona que preside la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instaron a dar marchar atrás en la decisión.
Resulta escalofriante que los políticos referidos, los ex integrantes de la cúpula de seguridad de Tel Aviv y la casi totalidad de la sociedad israelí omitan en sus llamados cualquier mención a las vidas de los palestinos y se opongan a los planes genocidas de Netanyahu consternados únicamente por 49 rehenes, no por 2 millones de seres humanos que en estos momentos son asesinados por inanición en Gaza, por los cientos de miles que cada día corren el riesgo de ser masacrados por soldados o por colonos sionistas en Cisjordania, ni por los 5 millones de refugiados que no pueden volver a sus tierras por la usurpación israelí. Este silencio da una medida de la deshumanización del pueblo palestino promovida por el sionismo y replicada por los medios de comunicación, la academia y las clases dominantes occidentales.
Nadie defiende la execrable toma de rehenes por parte de Hamas, pero todos los militantes que organizaron y comandaron la sustracción de civiles fueron asesinados hace meses por las fuerzas de ocupación israelíes, hecho del que el propio Netanyahu se jacta. Por lo tanto, la matanza indiscriminada de palestinos ha perdido hasta la apariencia de justificación en que se sustentaba, y sólo puede explicarse por la perversa confluencia de intereses entre la ultraderecha israelí deseosa de completar la limpieza étnica iniciada en 1948 y el primer ministro que prolonga el conflicto a fin de evadir su comparecencia ante la justicia por los señalamientos de corrupción que arrastra.
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