La historia demuestra que un modelo basado en la medicina preventiva, como los que funcionaron en la URSS o la China revolucionaria, no solo es posible, sino que ha dado resultados reales y sostenibles
Revolución Obrera
agosto 3, 2025
En medio de la polarización política y los escándalos que sacuden el negocio de la salud en Colombia, el presidente Gustavo Petro, hace unas semanas volvió a lanzar un discurso frontal contra las EPS, a las que acusa de ser el corazón de un modelo fallido, corrupto y profundamente desigual. En sus alocuciones del 15 y 20 de julio señaló que el sistema de aseguramiento, instaurado desde 1993 con la Ley 100, ha devenido en una maquinaria de desfalco que enriqueció a unos pocos, mientras millones de colombianos esperan atención médica o mueren por condiciones prevenibles.
Petro presentó cifras alarmantes: las EPS acumulan deudas por más de ¡32 billones de pesos!, y solo seis cumplen los requisitos mínimos de solvencia. A esto se suma una brecha inexplicable de $2,7 billones entre los giros del Estado y los ingresos reportados, que el presidente calificó como «un robo generacional». El grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, fue señalado directamente por Petro como responsable de este desfalco, acusándolo de financiar campañas políticas, esconder recursos en paraísos fiscales y crear empresas ficticias para desviar fondos públicos, frente a lo cual, el grupo Keralty respondió amenazando con que iba a demandar al presidente Petro ante las acusaciones realizadas.
El informe de la Contraloría respalda estas denuncias: describió desvío de dineros, cobros múltiples por el mismo paciente, IPS fantasmas y una concentración del 74 % de la deuda total en las EPS intervenidas, entre ellas Sanitas, la segunda más grande del país, y de la que por cierto su dueño, el grupo Keralty, demandó al Estado colombiano por «expropiación indirecta».
Por supuesto que, ante las alocuciones presidenciales las reacciones no se hicieron esperar. Sectores del capital financiero, exfuncionarios como Alejandro Gaviria y gremios como ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), calificaron el discurso de Petro como «delirante». Pero más allá del ruido mediático, la discusión de fondo permanece: ¿debe seguir siendo un negocio la salud? o ¿es momento de construir un sistema de salud que priorice la vida sobre la ganancia?
Se parte del acuerdo de que el modelo de salud centrado en la intermediación financiera es insostenible. La deuda histórica ajustada a precios actuales podría superar los 100 billones de pesos, según lo dicho por Petro, dejando claro que el negocio de la salud no solo es un fracaso, sino que cobra la vida de más de 100 000 personas por causas evitables.
Frente a este panorama, Petro propone una reforma “estructural” que busca limitar la intermediación de las EPS, fortalecer la red pública hospitalaria, promover la atención primaria y territorial, y construir un sistema universal, público y preventivo. Un modelo donde el Estado asuma su responsabilidad constitucional y garantice el derecho a la salud sin fines de lucro, pero nosotros sabemos que la crisis de la salud es el reflejo de la crisis del capitalismo mismo. Un sistema que convierte derechos en mercancías y que solo puede ser transformado mediante la organización popular, la movilización en las calles y el poder de las Asambleas.
La historia demuestra que un modelo basado en la medicina preventiva, como los que funcionaron en la URSS o la China revolucionaria, no solo es posible, sino que ha dado resultados reales y sostenibles. Basta con recordar que por lo menos en la URSS, se contó con un sistema de salud universal basada en la prevención, centralizado, estatal y gratuito; enfocado en la medicina preventiva y la atención primaria y con la salud como derecho constitucional y obligación del Estado. Un sistema que logró la erradicación de enfermedades infecciosas como la viruela y el tifus, de hecho, dejando la vacuna contra la viruela a disposición de todo el mundo. Lograron también la masificación de la vacunación obligatoria y seguimiento pediátrico universal; una red densa de policlínicas locales, con brigadas médicas que visitaban comunidades, fábricas, escuelas, logrando disminuir la mortalidad infantil; formaron masivamente médicos y personal de salud, y, además, logró reducir la mortalidad por tuberculosis en más del 70 % gracias a dispensarios comunitarios, campañas de higiene, y controles periódicos obligatorios.
Lo propio hizo la revolución China, donde se promovió la formación de jóvenes en medicina básica, prevención, saneamiento y acupuntura, quienes eran enviados a zonas rurales para vivir y trabajar con la comunidad. Este movimiento fue conocido como los Médicos descalzos, además se consideró también la salud como servicio público. Dentro de sus logros estuvieron la reducción drástica de enfermedades endémicas (paludismo, cólera, esquistosomiasis); se aumentó la expectativa de vida pasando de 35 a más de 65 años en tres décadas (1950–1980); se usó la medicina preventiva y tradicional integrada con protocolos básicos y se desarrollaron campañas nacionales de vacunación, control natal y educación sanitaria.
Estas son experiencias que hicieron parte del avance social bajo la dictadura del proletariado que permeó a todo el mundo; sistemas de salud que incluso tuvieron que implementarse en los países imperialistas, de una u otra manera, ante su poderosa influencia. Es por esto que la lucha por una salud digna para el pueblo colombiano no es un asunto de poca monta, es prácticamente la lucha por la vida. Las cifras, las vidas perdidas y los desfalcos no dejan lugar a dudas, hay que acabar con las EPS y con el negocio de la enfermedad. Solo un sistema público, universal y gratuito podrá garantizar el derecho a la salud para el pueblo colombiano. Y para conquistar ese derecho, como todo lo que vale la pena, hay que luchar por las reivindicaciones contenidas en el Programa Inmediato: salud de calidad para el pueblo; por abolición de las EPS y la intermediación del capital financiero en salud; suprimir el aporte del 16% cobrado a los pensionados; fortalecimiento material y científico de la estructura sanitaria; mejoramiento de las condiciones laborales y de seguridad industrial para el personal vinculado al sector salud.
Entonces no puede hacerse esperar la necesaria organización de los trabajadores de la salud que junto a las organizaciones de los «usuarios» una su lucha a la del pueblo colombiano en las Asambleas Populares, para decidir por fin un sistema de salud que no siga jugando con la vida de los desposeídos en beneficio de los monopolios del capital financiero y farmacéutico.
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