La denuncia es grave y ahora es preciso que el el Presidente revele nombres
OMAR ROMERO DÍAZ
cronicon.net.
El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y los recientes atentados en Cali, Medellín, Jamundí y el Catatumbo han vuelto a abrir la herida de un país atrapado en la violencia. Lo que para muchos parecen hechos aislados, para el presidente Gustavo Petro obedecen a una misma causa: la acción de lo que él ha denominado “la Junta del narcotráfico”, una estructura transnacional que controla el tráfico de cocaína en las fronteras, los Llanos orientales y hasta la sabana de Bogotá.
En su declaración, Petro fue categórico: detrás de este negocio no está el “Cartel de los Soles”, esa narrativa usada como excusa para invadir países, sino una familia poderosa en Colombia con nexos directos con esa organización. Incluso, afirmó que un político liberal participa en sus reuniones.
La denuncia es grave y ahora es preciso que el el Presidente revele nombres.
El silencio como estrategia
Si la información está en manos de Estados Unidos y de las agencias de inteligencia europeas como él mismo aseguró, ¿qué impide al jefe de Estado colombiano hablar con toda la verdad? El silencio, lejos de proteger al país, alimenta la sensación de que existe un pacto de las oligarquías para no tocar a los intocables.
Mientras se señala a campesinos cocaleros, raspachines o a grupos armados como responsables de la violencia, la verdad incómoda es que el gran narcotráfico no se sostiene sin sectores políticos, financieros y empresariales. El crimen organizado no es un mundo paralelo: es una estructura que se mezcla con el Estado mismo.
El asesinato de Uribe Turbay y los atentados recientes no son simples actos de violencia. Son mensajes mafiosos: recordatorios de que nadie está a salvo cuando los intereses de esta junta se sienten amenazados.
La verdad que el país merece
El pueblo colombiano tiene derecho a saber quiénes son los integrantes de esa mafiosa “junta”. No basta con insinuaciones. No bastan las denuncias a medias. Porque cada día de silencio significa más muertos en los barrios, más miedo en las regiones, más jóvenes reclutados por un negocio que no controlan, pero que los condena.
La tarea del Gobierno no puede quedarse en señalar sin actuar. Y la tarea del país no puede limitarse a esperar nombres que tal vez nunca se digan. Se requiere una ruptura real con las mafias enquistadas en la política y en la economía. De lo contrario, Colombia seguirá atrapada en el mismo ciclo de violencia: los pobres pagan con su vida mientras los verdaderos responsables permanecen ocultos detrás de cortinas de humo.
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