¿Es este el tipo de gobierno que se presenta al mundo como ejemplo de los valores democráticos?
LOS ÁNGELES, 10 de junio de 2025 -- Manifestantes se enfrentan a soldados de la Guardia Nacional de California frente a un edificio federal. Esta demostración de fuerza militar sin precedentes en las calles estadounidenses se produce en medio de una crisis constitucional entre la administración Trump y el estado de California por la aplicación de la ley migratoria. Qiu Chen / Xinhua News / ContactoPhoto
Jorge Luis Sierra
Diario Red 11/06/25
Con el despliegue de 700 Marines del Segundo Batallón desde la base de Twentynine Palms y 2,000 elementos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, el gobierno de Donald Trump ha dado un paso sin precedentes: utilizar a las Fuerzas Armadas como herramienta principal para responder a protestas civiles mayoritariamente pacíficas. La medida, ejecutada sin consultar al gobierno estatal de California, aviva un debate profundo sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la erosión de las libertades civiles y la politización del aparato militar. Hemos visto ese debate en las políticas internas de otras sociedades, pero esta es la primera vez que lo vemos en la vida doméstica de Estados Unidos.
Esta estrategia no surge de la nada. En 2020, durante su primer mandato, Trump ya había intentado desplegar al Ejército para reprimir las manifestaciones en Washington, D.C., tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. En ese entonces, los jefes del Pentágono, Mark Esper (secretario de Defensa) y Mark Milley (jefe del Estado Mayor Conjunto), frenaron el intento, advirtiendo que se violaría la Posse Comitatus Act de 1878, que prohíbe el uso de las fuerzas armadas para hacer cumplir la ley en territorio nacional. Trump finalmente cedió, aunque la presión derivó en una crisis interna que terminó con el despido de ambos funcionarios.
El gobierno de Donald Trump ha dado un paso sin precedentes: utilizar a las Fuerzas Armadas como herramienta principal para responder a protestas civiles mayoritariamente pacíficas
Cinco años después, el panorama ha cambiado. Rodeado ahora de colaboradores incondicionales como Pete Hegseth, su actual secretario de Defensa, y Dan Caine, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Trump ha encontrado el clima político propicio para reactivar una de sus obsesiones: responder con fuerza militar a cualquier muestra de oposición civil. La nueva narrativa en su administración califica las protestas como insurrecciones internas, permitiéndole recurrir al Insurrection Act de 1807, una legislación que otorga al presidente facultades excepcionales para movilizar tropas dentro del país en caso de rebelión o violencia masiva.
Sin embargo, las manifestaciones en Los Ángeles no tienen el carácter de una insurrección. Los manifestantes, mayoritariamente pacíficos, se han concentrado para denunciar las políticas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo deportaciones sumarias, separación de familias y uso excesivo de la fuerza contra migrantes. Las protestas no solo son legítimas, sino que están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El despliegue militar en una ciudad santuario como Los Ángeles —una de las regiones más diversas y abiertamente críticas de la agenda anti inmigrante de Trump— resulta inquietante. La medida no sólo ignora la soberanía estatal y municipal, sino que también envía un mensaje político de advertencia a otras jurisdicciones que han protegido a comunidades migrantes frente a políticas federales agresivas. Ciudades como Chicago o Nueva York están muy atentas a cada nuevo desarrollo en Los Ángeles.
Trump califica las protestas como insurrecciones internas, permitiéndole recurrir al Insurrection Act de 1807, una legislación que otorga al presidente facultades excepcionales para movilizar tropas dentro del país en caso de rebelión o violencia masiva. Sin embargo, las manifestaciones en Los Ángeles no tienen el carácter de una insurrección
El costo de la operación, estimado en 134 millones de dólares, se suma al costo de mantener a más de 10,000 efectivos de la Guardia Nacional ya desplegados en la franja fronteriza entre El Paso, Texas, y San Diego, California. Esta zona ha sido transformada, en la práctica, en un corredor militarizado cuyo objetivo es disuadir la migración irregular. Un patrón de autoritarismo está siendo cada vez más claro: saturar con presencia militar tanto los puntos de cruce fronterizo como las ciudades críticas de oposición interna.
El uso reiterado de las fuerzas armadas para controlar protestas ciudadanas representa un desvío peligroso de las funciones tradicionales del aparato militar. En lugar de servir a la nación para protegerla frente a amenazas externas, el ejército es convertido en herramienta de intimidación interna, lo que erosiona su legitimidad y rompe el principio democrático de la neutralidad política del poder militar.
Además, esta saturación de soldados para contener las manifestaciones de Los Ángeles tiene efectos corrosivos sobre la cohesión institucional. La Posse Comitatus Act, que durante más de un siglo y medio ha funcionado como un dique legal contra la militarización del orden público, queda relegada por interpretaciones maximalistas de la Insurrection Act. El precedente que se sienta es inquietante: un presidente puede redefinir las protestas sociales como amenazas a la seguridad nacional y justificar así su represión armada.
Este giro autoritario no ha pasado desapercibido en la academia ni en los medios de comunicación. Crece la inquietud de que la administración actual está instaurando una nueva doctrina de seguridad nacional donde la migración se considera amenaza, el desacuerdo, subversión y la protesta, insurgencia. En ese contexto, no es exagerado afirmar que los principios democráticos de Estados Unidos enfrentan una prueba crítica.
La medida no sólo ignora la soberanía estatal y municipal, sino que también envía un mensaje político de advertencia a otras jurisdicciones que han protegido a comunidades migrantes frente a políticas federales agresivas
Frente a este escenario, algunas preguntas existenciales sobre la democracia cobran un nuevo valor: ¿Es este el tipo de gobierno que se presenta al mundo como ejemplo de los valores democráticos? Si el poder militar sirve como recurso ordinario del gobierno federal para controlar a su población civil, ¿estamos frente a una dictadura en ciernes?
La historia juzgará la decisión de convertir a los Marines y la Guardia Nacional en herramientas para sofocar la disidencia. Pero mientras tanto, corresponde a la sociedad civil, los gobiernos estatales y las organizaciones de derechos humanos alzar la voz y exigir que las fuerzas armadas regresen a su función original: proteger, no reprimir.
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