La jornada electoral constituye una prueba del respaldo social del que, guste o no, goza el proyecto bolivariano a pesar de los múltiples desafíos que enfrenta
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De acuerdo con los resultados conocidos hasta el momento, el chavismo obtuvo 82 por ciento de los votos en las elecciones regionales y parlamentarias efectuadas el domingo pasado en Venezuela, por lo que se hizo con 23 de 24 gubernaturas y 34 de 40 cargos adjudicados por lista nacional para el Poder Legislativo.
Como reconoció el diputado electo y ex candidato presidencial Henrique Capriles, el aplastante triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela ocurrió, en parte, debido al llamado a boicotear los comicios hecho por la extrema derecha liderada formalmente por María Corina Machado y dirigida desde la embajada estadunidense. Otro opositor de alto perfil denunció que con la estrategia ultra lo único que se ha logrado es volver a la situación de hace dos décadas, cuando el llamado al abstencionismo del antichavismo entregó al movimiento bolivariano la totalidad del Congreso.
Estos comicios deben leerse a la luz de la contienda presidencial de hace casi un año, cuando Machado y sus seguidores creyeron que finalmente había llegado su hora de poner fin a un cuarto de siglo de chavismo. Ante la victoria de Nicolás Maduro, denunciaron un fraude electoral, inventaron sus propias actas y, como es su costumbre, corrieron a buscar el cobijo de Washington y Bruselas para que los declarasen ganadores y financiaran un enésimo intento de derrocar al gobierno constitucional. Tanto el boicot como los resultados electorales confirman la inexistencia del fraude, la admisión tácita de la ultraderecha de que se encuentra en minoría y el círculo vicioso de desconocimiento de la democracia en que se ha embarcado la oposición.
Asimismo, la jornada electoral constituye una prueba del respaldo social del que, guste o no, goza el proyecto bolivariano a pesar de los múltiples desafíos que enfrenta: desde sus propios errores en la conducción económica y política hasta el ilegal cerco impuesto por Estados Unidos para hacer insoportable la vida del pueblo venezolano a fin de empujarlo a la insurrección, pasando por la desestabilización violenta de los sectores ultras y los legítimos intentos de la oposición de revertir las preferencias populares en las urnas.
También cabe ver en la renovada confianza otorgada a Maduro un desengaño frente a la oposición golpista, cuyos líderes lo apuestan todo a su relación con Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, los hombres que envían a venezolanos inocentes a los campos de concentración de Nayib Bukele en El Salvador. De este modo, la ultraderecha exhibe que el bienestar de sus connacionales nunca ha estado en su agenda de restauración oligárquica y que la situación de los más vulnerables no le merece sino desprecio, con lo que se ha enajenado el apoyo de segmentos populares que en algún momento hubieran creído en sus promesas de generar una mejoría para todos.
Se trata, en suma, de una coyuntura propicia para que los críticos internacionales del gobierno venezolano acusen recibo de la realidad y rectifiquen los señalamientos de fraude en torno a las elecciones del 28 de julio de 2024, pues ha quedado claro que al hacer tales acusaciones o mienten deliberadamente, o se equivocan debido a la densidad de sus prejuicios.
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