LAS CALLES SE LEVANTAN ESTE 18 MARZO A DEFINIR EL DESTINO DE LA REFORMA LABORAL

En Colombia, la lucha de clases no es solo una teoría abstracta ni una vieja consigna de libros de historia, sino una guerra diaria, palpable en cada rincón del país. En las montañas, las ciudades y los campos, el pueblo siente en carne propia cómo las estructuras de poder continúan reproduciendo las mismas injusticias desde hace décadas. La oligarquía colombiana ha sabido preservar su dominio a través de mecanismos de represión, cooptación institucional, y, por supuesto, el saqueo de lo público. Mientras las grandes familias concentran el poder y la riqueza, las mayorías viven condenadas a la miseria, alimentando un ciclo de desigualdad y violencia.

Hoy, en 2025, este modelo de explotación sigue firme. A través de maniobras como el sabotaje legislativo contra las reformas sociales de Gustavo Petro, la traición de los partidos políticos tradicionales y la ofensiva feroz de la ultraderecha neofascista, se deja claro que las conquistas populares no llegarán a las instituciones secuestradas por el capital. La verdadera vía de transformación es la movilización popular, la resistencia decidida en las calles, esa que ha demostrado históricamente ser la única capaz de generar cambios reales.

El 18 de marzo marcará un punto de inflexión decisivo en la historia reciente del país. La convocatoria a la movilización nacional en defensa de la reforma laboral no es solo una muestra de apoyo al gobierno de Petro, sino un desafío directo a las fuerzas más reaccionarias del país. Esta jornada será una prueba de fuego para los sectores populares: ¿Están dispuestos a resistir y luchar por sus derechos, o permitirán que el proyecto de país del uribismo, el paramilitarismo y los grandes empresarios recupere el control absoluto del país, dejándolos en las sombras de la miseria?

Sabotaje legislativo y la traición de la clase política

Desde su llegada al poder en 2022, Gustavo Petro intentó operar dentro de las reglas del sistema político burgués para implementar una serie de reformas mínimas, con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas para las mayorías populares. Pero desde el primer día, el presidente se encontró con una pared de resistencia: un Congreso dominado por mafias políticas, lobbies empresariales, medios de comunicación al servicio de la gran burguesía y acuerdos subterráneos con sectores al margen de la Ley. La posibilidad de realizar reformas estructurales fue bloqueada de manera sistemática.

La reforma laboral, una de las más ambiciosas del gobierno, ha sido uno de los blancos principales de esta resistencia. Esta reforma busca recuperar derechos fundamentales que el uribismo, en su primer ataque neoliberal, arrebató a la clase trabajadora hace más de 20 años. Sin embargo, la respuesta de los grandes gremios empresariales, la bancada uribista y sectores de la derecha liberal ha sido un bloque feroz de oposición. Bajo el pretexto de que “afectaría el crecimiento económico” y “desincentivaría la inversión extranjera”, lo que en realidad temen es perder su capacidad para explotar a los trabajadores colombianos sin restricciones ni garantías.

Este escenario revela una cruda verdad: no habrá reformas profundas dentro del actual marco institucional sin una presión real desde las calles. La clase política, tal como se ha demostrado, nunca tuvo la intención de facilitar un cambio genuino. Al contrario, han utilizado todos los medios a su alcance —burocracia, corrupción y desinformación mediática— para desgastar al gobierno y socavar cualquier intento de transformación estructural.

Recientemente, la reforma laboral se enfrenta a una amenaza concreta en el Congreso. Ocho de los catorce senadores que integran la Comisión Séptima, que se encarga de la discusión del proyecto, firmaron la ponencia para archivar la propuesta, lo que implica que, en teoría, el proyecto no avanzaría. Sin embargo, el Gobierno nacional aún tiene un "as bajo la manga" que podría salvar la reforma.

Según lo estipulado en la Ley Quinta de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso, el Ejecutivo podría apelar la decisión ante la plenaria del Senado, un proceso que permitiría darle una segunda oportunidad a la reforma laboral. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anticipó que, aunque el proyecto sea archivado en la Comisión Séptima, aún existe la posibilidad de revocar esa determinación en la plenaria, lo que abriría un nuevo camino para la discusión de la reforma. Este movimiento, aunque incierto, resalta la persistencia del gobierno en su lucha por la justicia laboral, a pesar de la oposición.

La consulta popular: El Plan B de Petro para la reforma laboral

En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha propuesto una consulta popular como una estrategia para salvar la reforma laboral y, más ampliamente, para desafiar las fuerzas políticas que se oponen a los derechos de los trabajadores. Petro anunció que el 18 de marzo iniciará esta campaña de movilización para apoyar la reforma, con la promesa de involucrar al pueblo directamente en la toma de decisiones a través de este mecanismo democrático.

El 18 de marzo no solo será un día clave para la reforma laboral, sino también el inicio de un proceso cívico sin precedentes en Colombia. La consulta popular, según el presidente, no es solo una herramienta para aprobar reformas, sino un mecanismo fundamental para dar voz a más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras que necesitan dignidad. En su discurso, Petro recalcó que este proceso es crucial no solo para los asalariados, sino también para aquellos que no reciben salario, como los trabajadores informales y los pueblos indígenas, quienes a menudo están excluidos del sistema laboral formal.

El mandatario subrayó que el objetivo de la consulta es garantizar que ningún patrón pueda despedir a un trabajador por defender sus derechos, apuntando directamente a la protección laboral frente a las prácticas abusivas de los empleadores. Petro también especificó que uno de los temas centrales de la consulta será la definición de una jornada laboral que termine a las 6:00 p.m., con la intención de regular las horas extras y las condiciones laborales en Colombia.

Así, la consulta popular se configura como una herramienta clave para movilizar al pueblo y presionar al Congreso, particularmente a aquellos que buscan frenar la reforma. La convocatoria está pensada para dar fuerza a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los trabajadores, los indígenas y las comunidades campesinas, que han sido históricamente excluidos de las decisiones políticas más importantes del país.

La ultraderecha y el avance del neofascismo

El ascenso de la ultraderecha en Colombia es una realidad palpable, un riesgo latente que no puede ser ignorado. Con el fortalecimiento de gobiernos reaccionarios en todo el mundo —como el de Trump en Estados Unidos, la derecha en Europa y el neofascismo que se extiende por América Latina—, los sectores más retrógrados de la política colombiana han encontrado una fuente de legitimidad renovada.

Aunque Álvaro Uribe Vélez ya no ejerce el poder de manera directa, su legado y su ideología siguen impregnando el debate político del país. Los nuevos líderes del uribismo, como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay, no tienen el carisma de su líder, pero han sabido manipular el miedo, la desinformación y el odio de clase para consolidar una base política que cada vez gana más terreno.

La reciente aparición de precandidatos presidenciales uribistas es una clara señal de lo que se avecina en 2026. Aunque Uribe ya no ejerce el poder directamente, su proyecto sigue vivo: un país donde los grandes empresarios, el capital extranjero y los clanes políticos semifeudales se apoderan de todo, mientras el Estado se convierte en un brazo represor al servicio de los ricos. Un país donde cualquier intento de organización popular es sofocado con violencia.

Frente a este panorama, la respuesta de la izquierda institucional ha sido, hasta ahora, débil y descordinada. En el Pacto Histórico, los intereses burocráticos y los cálculos políticos han comenzado a desplazar la urgencia de una lucha popular más decidida. Si no se articula una estrategia clara y firme para enfrentar la ofensiva reaccionaria, las fuerzas del retroceso avanzarán y el país caerá nuevamente en las garras del uribismo y sus aliados.

El 18 de marzo: Un termómetro de la lucha popular

El 18 de marzo no será una fecha cualquiera. Esta jornada marcará un antes y un después en la historia reciente de Colombia, un termómetro vital para medir la capacidad de organización, resistencia y lucha del pueblo colombiano ante el avance de la derecha. La reforma laboral, en el centro de esta lucha, no es solo un tema técnico o legislativo. Es, en esencia, una reivindicación histórica de los derechos de la clase trabajadora, un grito por la recuperación de lo que se nos ha arrebatado durante años de políticas neoliberales que precarizaron la vida de millones de colombianos.

Pero más allá de la reforma, esta movilización representa algo mucho más profundo. Se trata de la construcción de una fuerza social capaz de sostener la lucha a largo plazo, más allá de una simple ley o de un evento puntual. Lo que está en juego no es solo el futuro de un proyecto de ley, sino el futuro mismo del país, la posibilidad de avanzar hacia un modelo más justo o el regreso a un sistema aún más opresivo.

Si el 18 de marzo la respuesta popular es débil, la derecha se sentirá más fuerte, avanzando con su agenda de privatización, represión y recorte de derechos. Si, por el contrario, las calles se llenan de trabajadores, campesinos, estudiantes y sectores populares, se enviará un mensaje claro: el pueblo sigue de pie, sigue luchando, y está dispuesto a todo para conquistar un país más justo.

La historia se escribe en las calles

Las lecciones de la historia son claras y contundentes: los derechos no se mendigan, se conquistan. La oligarquía colombiana, en alianza con el imperialismo y los grandes empresarios, jamás cederá por voluntad propia. Han bloqueado las reformas, manipulado la opinión pública y recurrido a la violencia cuando lo han considerado necesario. Por eso, este 18 de marzo no será una jornada simbólica. Las calles deben llenarse de dignidad, rebeldía y determinación. Será el primer paso de una movilización permanente, el inicio de una resistencia que debe sostenerse en el tiempo.

La lucha por la reforma laboral es solo el comienzo. La verdadera batalla es por una transformación estructural de Colombia, una transformación que no solo pasa por cambiar las leyes, sino por transformar las estructuras de poder que han mantenido a la mayoría del pueblo sumido en la pobreza. Colombia se encuentra en una encrucijada histórica. Si el pueblo se organiza, se levanta y lucha, aún hay esperanza. Si se queda de brazos cruzados, la reacción tomará el control y el país regresará a un pasado de oscuridad, violencia y explotación.

La pregunta es clara: ¿Qué hará el pueblo colombiano? La respuesta no está en las urnas, ni en las promesas vacías de los políticos tradicionales. La respuesta está en las calles, en la movilización y en la unidad popular. Es hora de exigir lo que nos pertenece. ¡Es hora de tomar las calles!

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