DOSSIER:
La bioeconomía amazónica: un camino imprescindible para el desarrollo sostenible
Mario Lubetkin
La Amazonia se encuentra en un momento crítico. A pesar de su abundante biodiversidad, su riqueza cultural y su incalculable valor ambiental, enfrenta serias amenazas que ponen en riesgo su futuro y el de las comunidades que dependen de ella. Los altos índices de pobreza, la desigualdad y los desafíos ambientales comprometen el progreso de sus habitantes y su capacidad para acceder a alimentos seguros y nutritivos.
Este vasto territorio, que abarca Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, no es solo una fuente de recursos naturales, sino también el hogar de 50 millones de personas y más de 400 pueblos indígenas y diversas comunidades tradicionales.
Las soluciones para los retos de la Amazonia no solo deben llegar desde el exterior, sino que, fundamentalmente, deben nacer del corazón mismo de las comunidades. Son ellas quienes poseen el conocimiento local y la fuerza para proponer acciones hacia un futuro sostenible.
Aquí es donde cobra relevancia el concepto de la bioeconomía amazónica, que plantea aprovechar de forma sostenible e inclusiva los recursos naturales de la región, beneficiando a las poblaciones locales.
El autor, Mario Lubetkin.
Aunque es una propuesta prometedora, el camino incluye diversos desafíos. Los riesgos climáticos, la deforestación y las desigualdades agravan las dificultades para establecer un modelo económico que funcione tanto para las personas como para la naturaleza.
No podemos permitir la continuidad de modelos de negocio que sacrifiquen la biodiversidad y los recursos naturales, pues, inevitablemente, estaremos frente a un colapso irreversible. Por ello, es crucial promover mecanismos que permitan generar un desarrollo económico sostenible, mejorando el acceso a alimentos, incrementando ingresos, creando empleo y elevando las condiciones de vida.
El encuentro de los “Diálogos Amazónicos”, organizado por la FAO y el gobierno de Brasil hace un año en Belém, abrió la puerta para que múltiples sectores – academia, sociedad civil, sector público, sector privado, pueblos indígenas – discutieran cómo abordar este desafío.
Como resultado, ocho países firmaron la Declaración de Belém, con 113 objetivos para avanzar hacia el desarrollo sostenible de la región. La conclusión fue clara: la bioeconomía puede ser un pilar fundamental, pero requiere un enfoque integral y multisectorial.
La FAO, junto con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), continúa trabajando para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, reducir la pobreza y fortalecer cadenas de valor sostenibles en la región, a través de acciones orientadas a mejorar la productividad, generar bienes públicos e impulsar la bioeconomía, brindando perspectivas de un futuro mejor.
Por medio de la iniciativa Mano de la Mano, la FAO impulsa un programa de inversiones con tres componentes: fortalecer los bienes públicos y la formulación de políticas; garantizar el acceso a servicios digitales y la conectividad; y desarrollar cadenas de valor sostenibles, especialmente en la gestión de las cuencas hídricas y los recursos pesqueros.
La bioeconomía amazónica no es solo un modelo económico; es una oportunidad para reforzar nuestra relación con la naturaleza, reconociendo a la Amazonía como un patrimonio que debemos proteger y valorar.
Avanzar en este camino requiere un enfoque intersectorial con la participación de comunidades, gobiernos, sector privado y financiero, y la academia.
Debemos mantenernos activos en los foros y espacios de diálogo, como el Foro Mundial de Inversiones 2024, que se celebrará del 15 al 17 de octubre en Roma, Italia, donde los países presentarán sus programas de inversión ante entidades financieras, públicas y privadas, interesadas en apoyar el desarrollo de diferentes cadenas de valor.
Este es un esfuerzo colectivo. Juntos, podemos lograr una transformación inclusiva en el bioma amazónico, protegiendo su biodiversidad y creando sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, sin dejar a nadie atrás.
* Subdirector general de la FAO y su representante regional para América Latina y el Caribe.
COP16: la hora de los manglares del Pacífico colombiano
Colombia, el país anfitrión de la COP16, se enfrenta al desafío y a la oportunidad histórica de impulsar la protección de los manglares de su costa Pacífica, una región estratégica para la acción climática y la preservación de la biodiversidad. Mientras, las comunidades piden más financiamiento y presencia del Estado para hacer frente a la deforestación y la violencia de los grupos armados.
Miguel González- IPS
Colombia es uno de los países con más bosques de manglar en el mundo, con aproximadamente 280 000 ectáreas, una superficie equivalente a siete veces el área urbana de su capital, Bogotá.Es una cifra clave para el país anfitrión de la 16 Conferencia de las Partes (COP16) sobre el Convenio de Diversidad Biológica, debido al creciente reconocimiento de estos ecosistemas costeros como un aliado estratégico para la acción global contra la emergencia climática y la desaparición de hábitats y especies. La COP16 se escenificará en la ciudad colombiana de Cali hasta el 1 de noviembre.
“Si nosotros hubiéramos tenido esta entrevista hace 80 años, la percepción sería opuesta, es decir, cómo hacemos para librarnos de esos ecosistemas, porque tienen mucho mosquito, huelen horrible, no sirven para nada”, explica Ernesto Mancera, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y presidente de la Red Colombiana de Estuarios y Manglares. “Antes hablábamos de los “des servicios” (perjuicios), lo que ‘no nos sirve’, hoy hablamos de lo que nos sirve, los servicios ecosistémicos”, añade.
Además de ser fuente de alimentos, madera, combustible, medicinas y otros recursos vitales para las comunidades que habitan en sus alrededores; los manglares funcionan como una barrera de protección que mitiga el avance de la erosión costera y reduce el impacto de las olas y de eventos extremos, como huracanes y tsunamis.
Como si fuera poco, varios estudios científicos han demostrado durante los últimos 15 años que los manglares pueden capturar y almacenar hasta 10 veces más dióxido de carbono que un bosque tropical, uno de los gases que más interviene en el calentamiento global.
Hoy, el llamado ‘carbono azul’, que también incluye al que se encuentra en los pastos marinos y marismas salobres, se posiciona como un aliado estratégico para las metas de neutralidad de carbono establecidas en los Acuerdos de París sobre cambio climático, y para el financiamiento de proyectos de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.
Al mismo tiempo, recuperar y revitalizar sus bosques de mangle es una tarea urgente para Colombia. Según el Global Mangrove Watch, entre 1996 y 2020 el país registró una pérdida neta de 7269 hectáreas de manglar. Una cifra que podría ser mayor, de no ser por las iniciativas de restauración en curso, pero que podría seguir en aumento debido al avance de la deforestación, el deterioro ecológico y los efectos del cambio climático.
Consejo Comunitario El Cuerval, en el municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Imagen: Gonzalo ValenciaEl Pacífico, una región estratégica
Santiago de Cali, la ciudad sede de la COP16, se encuentra en el valle del río Cauca, entre las cordilleras occidental y central de los Andes, a 300 kilómetros al suroccidente de Bogotá. Sin embargo, solo tres horas de carretera la separan de Buenaventura, el mayor puerto del país, por lo cual es considerada como la capital cultural y económica del Pacífico colombiano.
Por este motivo, la COP16 representa una oportunidad histórica para visibilizar la riqueza natural y cultural de esta región, así como para movilizar recursos hacia algunos de los rincones más olvidados por el Estado y con peores indicadores sociales del país.
Con precipitaciones que pueden llegar a los 9000 milímetros anuales, el Pacífico colombiano es el lugar más lluvioso del planeta. Sus numerosos y caudalosos ríos alimentan una rica red de estuarios y lagunas donde florecen cerca de 200 000 hectáreas de bosques de mangle, 71 % del total del país.
Estos manglares se caracterizan por sus amplias coberturas y su relativamente buen estado de conservación, como lo demuestran la altura y frondosidad de sus arbustos, con ejemplares que pueden llegar hasta los 60 metros de altura.
Como nos explica Julio César Rodríguez, profesional especializado en áreas protegidas y zonas marino-costeras de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) –uno de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano–, la inmensa mayoría de estas 200 mil hectáreas se encuentra en territorios de Consejos Comunitarios Afrocolombianos y Resguardos Indígenas.
Es por esto que “en toda Colombia, pero en especial en el Pacífico, el manejo del ecosistema de manglar tiene que pasar por el relacionamiento, la consulta previa, libre e informada y el diálogo permanente de las comunidades que están allí asentadas”, afirma Rodríguez.
El Consejo Comunitario de El Cuerval, en Timbiquí, Cauca, es uno de estos territorios.Según nos cuenta Yolanda Garcés, pescadora y recolectora de piangua –una ostra que se cría en las raíces de los manglares y que es una de las bases de la alimentación de las comunidades del Pacífico colombiano– la principal amenaza que enfrentan los manglares en su territorio es la tala para cazar a los polluelos del pato cuervo (Phalacrocorax brasilianus), un ave estacionaria que construye sus nidos en las copas de los manglares.
Gonzalo Valencia, tecnólogo agropecuario y expresidente del Consejo, nos explica que el grave impacto que genera la caza de estos polluelos se debe a que, para capturar un nido, se tumban decenas de árboles de mangle, lo que además favorece la propagación de la rancocha (Acrostichum aureum), un helecho que endurece el terreno y disminuye “la producción de pescado, de piangua, de cangrejo, de iguana, de todas esas especies que necesitan el manglar para poder sobrevivir y seguir reproduciéndose”.
Valencia también señala que a esta problemática se suma el avance de la deforestación hacia las costas, pues la desaparición del bosque tropical está aumentando la presión sobre los manglares para obtener madera y hacer campo a la minería y otras actividades ilegales.
“Yo le aseguro que, así como vamos, de aquí a cinco años yo ya no le diré más que tenemos 2400 hectáreas de manglar [en el Consejo Comunitario], sino que le puedo decir que tenemos 1000, o hasta menos”, advierte Valencia.
Gonzalo Valencia y Yolanda Garcés, del Consejo Comunitario El Cuerval. Imagen: Gonzalo Valencia
Los retos de la restauración
El gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro se comprometió a restaurar 753 783 hectáreas de ecosistemas terrestres y marinos en todo el país para el 2026.
Entre sus prioridades figuran los territorios de las comunidades afrocolombianas e indígenas y áreas con gran concentración de manglar, como el municipio de Buenaventura y el Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad Pacífico Sur, en el departamento de Nariño.
Para cumplir esta meta, una de las principales herramientas del gobierno es el Fondo Para la Vida, creado en noviembre de 2023.A través de este fondo, se busca invertir el equivalente a 1200 millones de dólares hasta el 2026 en acciones climáticas y ambientales, como la restauración y recuperación de ecosistemas.Además del Presupuesto General de la Nación y el Impuesto al Carbono, el gobierno pretende obtener estos recursos a través de la banca multilateral y la cooperación internacional; una meta que probablemente guiará la agenda del país durante la COP16 y los dos años que presidirá el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas.
Hasta la publicación de este reportaje, no se obtuvo respuesta de la delegación del Gobierno colombiano para tener mayor claridad sobre la inclusión de los manglares en la actualización de su Estrategia y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad (NBSAP, en inglés), la cual tampoco ha sido enviada hasta el momento a la CDB.
Sin embargo, el 20 de septiembre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó este borrador del Plan Nacional de Biodiversidad en el que no hay una mención explícita de los ecosistemas de manglar. El documento estuvo en consulta hasta el 28 del mismo mes.
El NBSAP es un documento fundamental, pues es el principal instrumento para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, acordado en la COP15 de 2022, que será el eje transversal de las negociaciones que se realizarán en Cali.
No obstante, la restauración de manglares se alinea con varias de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad, en especial la Meta 8, que busca minimizar el impacto del cambio climático y aumentar su resiliencia; y la Meta 11, orientada a restaurar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas.
Adicionalmente, la Ley 2243 de 2022 declaró de interés público la restauración de los manglares y obliga al gobierno a destinar presupuesto para este fin, por lo cual deberá ser una de sus prioridades.
Comunidad del Consejo Comunitario El Cuerval, durante una jornada de siembra y monitoreo de manglares.Más allá de estas metas y cifras promisorias, la restauración de manglares enfrenta grandes desafíos en el Pacífico colombiano.
Según Valencia, restaurar una hectárea de manglar requiere una inversión en materiales, combustible y mano de obra que puede alcanzar entre 4500 y 6000 dólares.
Es un proceso largo, que incluye la adecuación del terreno, la adquisición y germinación de las semillas, la siembra, el monitoreo para reemplazar las semillas que no germinen y un seguimiento hasta que el árbol de mangle alcance entre 18 meses a dos años, para evitar que la rancocha se coma a los manglares de menor tamaño.
Todo este proceso, según nos cuenta, lo realizan cada año las comunidades “prácticamente con las uñas”, con muy poco o sin ningún apoyo de las entidades estatales, pues la mayoría de los recursos disponibles para este fin se queda en la burocracia del Estado, mientras que “a las comunidades, que realmente están haciendo el ejercicio de preservación, no les llega nada, ni las migajas”.
Es por esto que, para Valencia, el gobierno debe ofrecer remuneraciones justas a las comunidades por su trabajo de restauración y darles apoyo financiero para generar alternativas económicas que desincentiven la tala y otras prácticas nocivas para el medio ambiente.
También pide mayor acompañamiento a las comunidades en la negociación de proyectos de bonos de carbono, que comienzan a abrirse camino en la región pero generan desconfianza en las comunidades, pues han visto cómo en otras experiencias en el país “ponen a firmar a las comunidades por 30 años y los beneficios son para las empresas”.
Propágulos (vainas de semillas) de mangle rojo (Rhizophora mangle), una de las especies de mangle más comunes en Colombia. Imagen: Gonzalo Valencia“Paz con la naturaleza”
Valencia también pide mayor presencia de la fuerza pública, la Policía y las instituciones de justicia para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, pues “es muy duro para nosotros como comunidad salir a estar pendiente cuando los que vienen a hacer el daño vienen con armas de fuego”.
Según el informe más reciente de la oenegé Global Witness, Colombia fue el país más letal para los defensores del medio ambiente en 2023, con 79 asesinatos registrados, de los cuales más de la mitad ocurrieron en los cuatro departamentos de la región Pacífico.
El país también ocupa el deshonroso primer lugar en el acumulado de asesinatos desde que comenzó el conteo de esta organización, en 2012.
A esto se suman otras formas de violencia, como secuestros, confinamientos y desplazamientos forzados, que azotan a la población civil en medio de la disputa entre más de una docena de estructuras criminales por el control del territorio, las rutas del narcotráfico y las rentas ilegales.
En este contexto de violencia y desafíos ambientales, el lema elegido por el gobierno colombiano para la COP16, ‘Paz con la naturaleza’, adquiere un significado especial en las costas del Pacífico colombiano.
“Si el gobierno habla de paz con la naturaleza, entonces lo que tiene que decir es mejor: paz entre el gobierno y las comunidades, para que pueda estar bien la naturaleza”, afirma Valencia.
“Si no hay un real apoyo, directo, sentido a las personas que viven en los territorios, que realmente hacen los procesos de conservación, en un final muy cercano esto va a explotar, porque lo poquito que hay conservado se va a destruir”, añade.
Las mujeres rurales de América Latina: una agenda pendiente de los Estados
Mariela Jara-IPS
“Las mujeres indígenas rurales hemos tenido siempre la concepción de sostenibilidad porque cuidamos las semillas y la tierra y producimos para el sustento de nuestras familias sin depredar; y lo hacemos cargando todas las exclusiones que los Estados no resuelven hasta ahora”, sostuvo la lideresa latinoamericana Tarcila Rivera.
Fundadora del Centro de Culturas Indígenas Chirapaq y luego del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (Ecmia), que preside, la quechua peruana Rivera abordó con IPS en su oficina en Lima la situación las campesinas indígenas en América Latina con ocasión del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora cada 15 de octubre.
Esta fecha la instituyó Naciones Unidas el 2007 para reconocer las contribuciones de esta población a la seguridad alimentaria y desarrollo rural, así como exhortar a los Estados a actuar frente a las desigualdades que afecta sus derechos. Este año destacan su rol en la transformación de los sistemas agroalimentarios y la conservación de la biodiversidad.a.
En América Latina y el Caribe las mujeres representan la mitad de la población rural que en promedio llega a 20 % de sus 673 millones de personas, por la creciente migración a las ciudades, aunque los porcentajes cambien según los países.
Varían por ejemplo de 20 % en Perú a 30 % en Panamá, Ecuador, Bolivia y Paraguay hasta 40 % en los centroamericanos como Nicaragua, Honduras y Guatemala según un estudio conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y La Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales, del 2023.
Se estima en más de 60 millones el número de mujeres rurales en la región, quienes se dedican a actividades diversas y habitan ecosistemas y territorios también muy diferentes entre sí, aunque compartiendo una serie de problemas comunes que afectan sus derechos.
Según el estudio conjunto, de esas mujeres rurales 40 % de las mayores de 15 años carecía de ingresos propios y alrededor de 46 % se encontraba en situación de pobreza.
Tarcila Rivera, coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, en su oficina en Lima. Imagen: Mariela Jara / IPSEn la amplia diversidad de la que se compone la población rural femenina en la región, Rivera afirmó que un problema común que las atraviesa es el racismo, que se expresa en múltiples formas de discriminación.
“Eso es algo que nos persigue y marca. En un seminario en Oaxaca (México) con 300 mujeres de las Américas con la premio nobel Rigoberta Menchú (lideresa indígena de Guatemala), concluimos que el racismo es la peor forma de violencia que padecemos”, afirmó.
“Por ser indígenas y rurales se nos discrimina en los centros de salud, en las escuelas, en los espacios públicos, en los trabajos y cargamos con todas las exclusiones juntas”, subrayó.
Rivera, también impulsora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, donde convergen las siete regiones geoculturales del planeta, recordó que llegó a la capital peruana con 10 años siendo una niña quechua monolingüe tras dejar su comunidad altoandina de San Francisco de Pujas, a más de 3400 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Ayacucho, en el centro de Perú.
Hasta entonces había vivido la cultura agrocéntrica, mientras en Lima, como muchas niñas rurales, siguió sus estudios escolares trabajando paralelamente en el servicio doméstico.
Con su vasta experiencia en la promoción de la articulación para el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas campesinas, destacó la relación que ellas sostienen con los territorios, que no está orientada al lucro sino a proteger y preservar lo que la naturaleza ofrece.
“La tierra es un bien que nos va a dar sustento por generaciones”, agregó.
“Una mujer indígena rural cría, cultiva, produce alimentos; cada color de semilla es un valor, -en términos occidentales sería un capital intangible-, porque de eso saca más para el siguiente año. Estamos hablando de papas, maíces, granos, frijolitos”, explicó.
“Nunca te comes la semilla, la guardas para el siguiente periodo. Es un conocimiento que nos dicen que es empírico, lo que pasa es que necesitan meterlo al laboratorio, pero son científicos”, remarcó.
Una productora rural de la zona alta de Buga, en el municipio de La Florida, en el colombiano Valle del CaucaImagen: Cortesía de Lorena Gálvez
Marcadas desigualdades
Para Raquel Reynoso, facilitadora peruana de la Plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra de América Latina y el Caribe, la violencia de género es uno de los problemas centrales en la vida de las mujeres rurales. La organización tiene presencia en 14 países y está conformada por 34 organizaciones de base, movimientos sociales y de la sociedad civil.
Otro problema central, dijo, es su limitado acceso a la tierra con derechos de título y de decisión. Con los datos que dispone la Plataforma, estima que apenas 30 % de mujeres rurales cuenta con tierras agrícolas, en mucha menor cantidad que sus pares hombres.
A ello sumó la menor disposición de agua para el riego de sus cultivos y uso doméstico que se agrava por la crisis climática que golpea la región causando sequías prolongadas o lluvias torrenciales, fenómenos en que las más perjudicadas son las mujeres
Ello “porque por falta de políticas agrarias desde los Estados los hombres de las familias migran para trabajar y ellas se quedan al cuidado de todo”, señaló.
Trabajadora social, Reynoso habló con IPS en la sede en Lima de la Plataforma, que forma parte de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra, una alianza mundial independiente de organizaciones populares, sociales y no gubernamentales.
“Estamos preocupadas también por el avance de los autoritarismos de algunos gobiernos como Nicaragua, El Salvador y Venezuela, donde por el cambio de normativas las organizaciones de mujeres rurales tienen barreras para renovar sus registros y seguir funcionando. Es una forma de coactar su participación y acallarlas”, alertó.
Explicó que con estos problemas viene la persecución a las lideresas rurales por su defensa de los territorios ante el avance de las industrias extractivas.
El acceso al agua es un problema común a las mujeres rurales latinoamericanas, que se ha exacerbado por los efectos del cambio climático. Imagen: Cortesía de Janet Nina
Lo rural destendido
Lorena Gálvez, del equipo del no gubernamental Instituto Mayor Campesino del Valle del Cauca, en Colombia, con trabajo en la zona desde 1962, precisó a IPS los problemas que enfrentan las mujeres rurales que se agravan cuando además son indígenas o afrodescendientes.
Con grandes desafíos tras los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno en 2016, en Colombia son diversas las brechas de género en las zonas rurales como la desigualdad en el acceso a la tierra, siendo hombres propietarios de 63 % y mujeres de 36 %, generalmente en áreas de menor calidad lo que limita sus ingresos.
Gálvez explicó desde la localidad colombiana de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, que la pobreza monetaria afecta a 48 % de hogares rurales con jefatura femenina y que solo 25 % accede a créditos, mientras que el analfabetismo es de 12,5 % frente a 4,5 % en las urbes y la deserción escolar secundaria llegó a 20 %.
Además, persiste la violencia de género y es baja la representación de las mujeres en los espacios de decisión de sus comunidades.
Frente a esa realidad desde su institución están promoviendo los liderazgos de las mujeres rurales para la propuesta e incidencia.
Gálvez dijo que el Estado es deudor de políticas que reconozcan y respeten los derechos de las comunidades étnicas y campesinas; que apoyen la agroecología, donde se desenvuelven las mujeres rurales, el desarrollo agropecuario y la equidad económica.
El cuidado de las semillas en Cusco, Perú
Cambiar el modelo de desarrollo
Por su parte Raquel Reynoso planteó un cambio del modelo de desarrollo en la región, “porque explotar los recursos naturales va a reproducir extractivismo, contaminación, expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios con todas las consecuencias que ello genera”, puntualizó.
Dijo que mientas no se llegue a ese cambio estructural, los Estados deben impulsar políticas públicas que contribuyan a igualar el desarrollo para las mujeres rurales en todas las dimensiones de su vida para que vivan sin violencia, con educación de calidad, acceso a la tierra y al agua con derechos.
Y como remarcó Tarcila Rivera, toda política pública debe reconocer las especificidades en la ruralidad, porque “hasta ahora es una tarea pendiente de los Estados que sus planes y programas se hagan escuchándonos primero”.
Bancos de alimentos prosperan en México entre claroscuros
Emilio Godoy-IPSLa mexicana Santa Suástegui acude la mañana de cada jueves al banco de alimentos de la ciudad de Cuernavaca, en el central estado de Morelos, contiguo a Ciudad de México, para recoger paquetes de alimento que luego reparte en su barrio popular del vecino municipio de Temixco.
En Temixco “había un banco, pero como lo cerraron, empecé a venir a este. Este banco nos ayuda mucho, porque la situación está difícil. Los paquetes cubren nuestras necesidades”, dijo esta vendedora ambulante de yogur, de 52 años, casada y madre de un hijo, mientras acomoda los paquetes en un automóvil destartalado.
Las despensas familiares, como se llama en México a estos paquetes que aportan una canasta básica, contienen esta vez brócoli, pan, agua y otros alimentos no perecederos que Suástegui repartirá como voluntaria a unas 17 familias, a un costo de unos 10 dólares, por debajo del precio comercial.
“El pago es justo nos conviene”, aseguró a IPS durante una visita al banco de Cuernavaca, la capital de Morelos y a unos 90 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Fundado en 1998, el Banco de Alimentos de Morelos, uno de los 58 que opera en el país, ha beneficiado este año a más de 23 000 personas, la mayoría adultas, con despensas que contienen casi siempre arroz, frijoles, aceite vegetal, frutas, verduras, pan y otros comestibles. Recoge por semana 35 toneladas y reparte 28, por la pérdida de productos debido al incumplimiento de los estándares para entrega.
Cuatro de cada 10 habitantes eran pobres en en Morelos en 2022, mientras que uno de cada 20 vivía en pobreza extrema. Entretanto, casi una quinta parte carecía de acceso a alimentación nutritiva y de calidad, según los datos oficiales más actualizados en materia de desarrollo social.
Estos bancos recogen, separan y distribuyen alimentos que los comercios, como restaurantes, supermercados y tiendas, desechan por proximidad de vencimiento o que no van a vender.
De esa forma contribuyen a frenar el desperdicio y pérdida de comida, a la seguridad alimentaria y a la reducción de emisiones contaminantes, pues no llegarán a un basurero donde la descomposición desembocará en metano, gas con gran capacidad para atrapar calor en la atmósfera. Todo en paralelo a asistir con alimentos a un sector vulnerable de la población.
La Red de Bancos de México (BAMX) acopió 171 649 toneladas de alimentos en 2023, de las cuales 45 % son frutas y verduras y 52 %, no perecederos, en beneficio de más de dos millones de personas.
En México se pierden 31 millones de toneladas anuales de alimentos, de las cuales 20 millones ocurren en la cadena de suministro y 11 millones en los hogares, y que equivalen a 25 000 millones de dólares, equivalentes a 2,5 % del producto interno bruto (PIB), según la consultora privada Kolibri.
La agricultura es el segundo generador de emisiones contaminantes en México y consume 70% del agua.
En ese tenor, entre los socios de los bancos figuran empresas transnacionales de alimentos señaladas por organizaciones sociales de contaminar el planeta y dañar ecosistmas, como Walmart (Estados Unidos), Ulnilever (Reino Unido), Pepsico (Estados Unidos), Nestlé (Suiza) y Danone (Francia), que donan alimentos en en ocasiones dinero.
Un camión se prepara para salir a la recolección de alimentos donados en el Banco de Alimentos de la ciudad de CuernavacaImagen: Emilio Godoy / IPS
Más limpios
En el almacen del Banco de Morelos, el ruido de montacargas que acomodan grandes cajas de comida compite con el vocerío de los vendedores del mercado que ofrecen fruta y verdura. El movimiento más intenso ocurre en el segundo piso de una bodega de paredes blancas y alto techo de zinc, donde un grupo de trabajadores selecciona la comida y prepara los paquetes.
Por la mañana, los 10 camiones del banco recorren lugares establecidos para recoger los comestibles y que depositan por la tarde, para que los trabajadores inicien la selección y las despensas estén listas para su distribución al día siguiente. El radio de rescate de un camión es su itinerario durante tres horas.
Rafael Jiménez, director del banco, indicó a IPS que proveen lo que consiguen de las donaciones en una cobertura de siete municipios vecinos.
“Hay trabajo de concienciación con las tiendas para dar productos en buen estado. Dejamos en claro que no somos recolectores de basura”, dijo. “Las fases que más reducen son el rescate y la distribución. Es una forma rápida de disminuir el impacto. El campo ofrece una mayor oportunidad de recuperar comida y fortalecer el valor nutricional”, señaló Teresa García.
Para conocer el impacto climático de sus operaciones, la Red Global de Bancos de Alimentos y otras dos instituciones internacionales estimaron que desde 2022 cinco bancos mexicanos y uno ecuatoriano evitaron el lanzamiento de 816 toneladas de dióxido de carbono (CO2), el gas generado por las actividades humanas y responsable del recalentamiento planetario.
Para Teresa García, directora regional para América Latina de la Red Global, era fundamental tener una herramienta útil para cuantificar el impacto social y ambiental.
“Las fases que más reducen son el rescate y la distribución. Es una forma rápida de disminuir el impacto. El campo ofrece una mayor oportunidad de recuperar comida y fortalecer el valor nutricional”, dijo a IPS en Ciudad de México.
El plan consiste que en febrero próximo todos los bancos mexicanos reporten sus emisiones.
Asimismo, la Red de Bancos de México ha comprado 148 000 bonos de carbono para compensar sus emisiones contaminantes. Un crédito equivale a una tonelada de carbono lanzada.
Misael Giles, trabajador del Banco de Alimentos en la ciudad de Cuernavaca,Opciones
Hay también otros emprendimientos para combatir el desperdicio de alimentos en México, como la aplicación digital mexicana Cheaf, fundada en 2020.
“Le damos visibilidad a negocios que tienen excedentes de comida a un tercio o a mitad de precio. Vemos un cambio drástico de percepción de sostenibilidad y desperdicio, hay una trayectoria global de más conciencia sobre el tema, las marcas buscan soluciones”, dijo a IPS en Ciudad de México el cofundador de Cheaf, Kim Durand.
A su juicio, es fácil hallar demanda, pero el crecimiento depende de la capacidad de encontrar nuevas marcas.
Se trata de una aplicación bajo pedido, en la que el usuario identifica productos, y acude a la tienda física correspondiente para su compra. Ya suma 1,9 millones de clientes en México y 1,1 millones en Chile, con 2000 panaderías, negocios de comida preparada y supermercados, y 4000 toneladas de comida distribuida. Para 2025, la meta es de 10 millones.
Cheaf tiene una alianza con la Red BAMX, de modo que las empresas donen un porcentaje de sus ganancias procedentes de la plataforma.
Si bien el gobierno mexicano quiso priorizar la lucha contra el desperdicio, tomó pocas medidas concretas.
Una de ellas es la aprobación en abril de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que estipula la prohibición del desecho de alimentos en buenas condiciones por parte de establecimientos comerciales, y que supone mayor presión sobre los bancos que carecen de apoyo gubernamental.
Morelos es el único estado sin normativa acerca de desperdicio de comida, tema fundamental para alcanzar el 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la comunidad internacional convino dentro de las Naciones Unidas en 2015 para alcanzar en 2030.
Esa meta consiste en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y una de cuyas metas es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial y las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro.
Pero para 2020, fecha de los datos más recientes, el avance con el ODS 12 en México ha sido más que discreto.
Mejores condiciones
En este contexto, los bancos de alimentos cobran relevancia y para lo cual necesitan alianzas con más empresas, el sector social, la academia y el gobierno.
“Tenemos que trabajar en traer más aliados. A mediano plazo, queremos acopiar más, bajar la cuota y mejorar la nutrición”, enumeró Jiménez.
El Banco de Morelos ya tiene un proyecto de instalación de paneles solares, con un presupuesto de unos 10 000 dólares y que estaría listo a finales de 2024. Además, necesita 3,3 millones de dólares para construir otra instalación en cinco años y así atender a 130 000 personas.
García, de la Red Global, y Durand, de Cheaf, coincidieron en la necesidad de incentivos y de políticas públicas contra el desperdicio. “Hay una oportunidad de incidir en política pública, la ley necesita aplicación. (El rescate) es un modelo efectivo que necesita escalar”, planteó García.
Para Durand, es un problema demasiado grande y que abarca a muchos pasos de la cadena. “No creemos que se resuelva solo desde el sector privado. Se necesita un sistema que permita la innovación”, resaltó.
De vuelta en Cuernavaca, la beneficiaria Suástegui sugirió la difusión del esquema a más gente. “Necesitamos apoyo para atraer a más gente. Y también otros productos, como atún, pollo, huevo”, pidió.
Bolivia ante la COP16: ¿cuáles son las promesas ambientales en juego?
Con la COP16 de Biodiversidad a la vista, a pesar del compromiso de proteger 30 % del territorio para 2030, Bolivia carece de una estrategia nacional efectiva, y la deforestación y la minería son presiones constantes. En este contexto, lideresas indígenas destacan la necesidad de reconocer su papel en la conservación y exigir un lugar en las negociaciones.
Rocío Corrales-IPSBolivia alberga 66 de los 112 ecosistemas existentes a nivel mundial y cuenta con más de 60 áreas protegidas, que representan el 16,63% de su territorio. A medida que se acerca la 16 Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP16), el país enfrenta importantes desafíos para alinearse con el compromiso de proteger 30 % del territorio para 2030.Sin embargo, las políticas nacionales presentan contradicciones que podrían obstaculizar estos objetivos de conservación.
Juan Carlos Alarcón, secretario técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y miembro del Comité Nacional del Foro Social Panamazónico (Fospa), aseguró que “no es un caso de negociación de un acuerdo, porque ya existe el acuerdo, sino más bien es una de cómo vamos a avanzar en cumplir esas metas y ese acuerdo”.
La COP16 de Biodiversidad, que se realizará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en la ciudad colombiana de Cali, será un evento crucial en el que los 196 países miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) rendirán cuentas sobre la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica, también conocido como Marco Global de Biodiversidad.
Esta cumbre es particularmente significativa para Bolivia, un país megadiverso que enfrenta serios desafíos ambientales, como la deforestación, incendios y la minería ilegal.
En la COP16, Bolivia deberá presentar la actualización de su Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad (PAB) y demostrar cómo alineará sus políticas con las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad para enfrentar y revertir el declive de la naturaleza.
Se solicitó una entrevista con la delegación boliviana para obtener más detalles sobre el estado de la estrategia, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Las mujeres indígenas en la lucha por la biodiversidad
Wilma Mendoza Miro, originaria del pueblo mosetén en Palos Blancos, en el departamento boliviano de La Paz, preside la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), donde representa a 34 naciones indígenas.
En su mirada crítica hacia los espacios internacionales de decisión, como la COP16, destacó los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en estos espacios.
“Nosotras no tenemos la acreditación oficial. Participamos como observadoras”, comentó Mendoza con una mezcla de frustración.
Para ella es el reflejo de una exclusión estructural. “Nosotras tenemos información de primera mano, pero no podemos ser parte de los diálogos de los Estados”, agregó.
Los pueblos indígenas, aunque representan solo 5 % de la población mundial, desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad.
Aunque algunos informes sugieren que protegen hasta 80 % de la biodiversidad restante, otras fuentes, como una reciente publicación en Nature, debaten la exactitud de la cifra de 80%, señalando la complejidad de medir este impacto.
Aun así, investigaciones verificadas indican que administran más de una cuarta parte de la tierra, incluyendo un tercio de los paisajes forestales intactos, lo que reafirma su rol esencial en la protección de la biodiversidad.
“Se están perdiendo bosques y vidas”, añadió Mendoza con preocupación. Para ella, la naturaleza es vida, y la pérdida de la biodiversidad es un golpe no solo para los ecosistemas, sino para las comunidades que dependen de ellos.
En cuanto a la política del gobierno, la lideresa no duda en señalar las inconsistencias.
“Bolivia tiene un buen discurso internacional, pero aquí en casa no pasa nada”, afirmó sin titubear. “No hemos declarado emergencia por los incendios, aunque estamos perdiendo tanto bosque”, prosiguió.
Para ella, el discurso del gobierno en espacios internacionales se queda en palabras vacías, sin un seguimiento real en las acciones.
“Dicen que van a conservar, que van a proteger, pero la realidad es otra”, recalcó.
“Las políticas públicas deben implementarse respetando el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, y deben involucrarnos en la formulación de estas políticas”, concluyó.
Los incendios, una amenaza latente
En cuanto a las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad en Bolivia, Alarcón mencionó con preocupación: “Hay actividad minera, hay incendios. Creo que una de las principales amenazas que tenemos a nivel nacional, pero también en la Amazonía, son los incendios”.
En 2023, más de 3,5 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios. Justamente, el pasado 30 de septiembre de 2024, el gobierno declaró “desastre nacional” debido a la crisis ambiental por los incendios. Esta situación pone en riesgo no solo la biodiversidad, sino también las metas que Bolivia se propuso cumplir.
A pesar de que Bolivia cuenta con áreas protegidas, esto no es garantía de conservación efectiva.
“Bajo un marco normativo, crear parques nacionales o áreas protegidas no garantiza la conservación”, dijo Alarcón, señalando la presencia de minería e incendios en zonas destinadas a la protección ambiental.
El financiamiento y la justicia climática
El financiamiento es otro tema crucial para lograr los objetivos de conservación. Alarcón resaltó la importancia de que los países que contribuyeron más al deterioro ambiental asuman mayores responsabilidades económicas.
“Los países que tienen mayor responsabilidad en el daño generado al tema de la biodiversidad y el cambio climático… tienen que asumir mayor responsabilidad en financiamiento”, dijo.
En este contexto, afirma que es fundamental que los territorios indígenas reciban recursos directos para la conservación de sus territorios.
“Hay que dejar a los territorios y pueblos indígenas ejercer su derecho a la autonomía… en términos de cosmovisión, del ecosistema, de la biodiversidad”, sostuvo.
Alarcón expresa incertidumbre sobre la postura oficial de Bolivia en la COP16. A pesar de esta falta de claridad, enfatizó que Bolivia debería aprovechar la COP para exigir recursos a los países responsables del daño ambiental, especialmente dada la crisis económica actual.
Fospa: la sociedad civil como actor clave
La Amazonía boliviana, que representa 43,3 % del territorio nacional y alberga una biodiversidad excepcional, enfrenta serias amenazas como la deforestación, impulsada por la agricultura, la minería y los incendios forestales.
Entre 2016 y 2021, Bolivia vio un aumento de 73 % en la deforestación, posicionándose como el tercer país con mayor pérdida de bosques a nivel mundial, después de Brasil y la República Democrática del Congo.
En este contexto, el XI Foro Social Panamazónico (Fospa), celebrado en Rurrenabaque y San Buenaventura en junio de 2024, se estableció como una plataforma esencial para que la sociedad civil, pueblos indígenas y organizaciones ambientales discutan los desafíos de la Amazonía. Durante el encuentro, se formuló un claro posicionamiento para la COP16.
Se propuso reconocer a la Amazonía como sujeto de derechos, proteger los recursos en territorios indígenas, además de un mecanismo de financiamiento directo del Norte Global y la derogación de leyes que amenazan la biodiversidad en Bolivia.
El contraste entre la Estrategia Plurinacional de Biodiversidad de Bolivia (2018) y la realidad es evidente.
Mientras el Plan de Acción 2019-2030 busca políticas sostenibles para proteger la biodiversidad, las actividades extractivistas y la crisis climática obstaculizan su implementación. El informe “La Amazonía contra reloj” señala que 26 % de la Amazonia fue degradada, con Bolivia siendo un actor principal en esta devastación.
En cuanto a la implementación de políticas de biodiversidad, la integración efectiva de la sociedad civil, en especial de las comunidades indígenas, es insuficiente.
Según Alarcón, uno de los desafíos clave es asegurar que las voces de estas comunidades sean incluidas en la actualización de las PAB y en la planificación a largo plazo para la conservación de la Amazonía y la biodiversidad.
Biogás, la energía circular, avanza en Brasil gracias a arreglos locales
Mario Osava-IPS
No se trata solo de una fuente energética renovable y limpiadora, obtenida por la degradación anaerobia de residuos orgánicos, argumentó ante los empresarios e interesados congregados en el 11 Foro del Biogás, de ámbito nacional, el 2 y 3 de octubre en Río de Janeiro.
El biogás, añadió, también es clave para que el mundo pueda lidiar con la basura y los residuos en general, un problema que castiga la humanidad, lo que convierte a esta energía en circular.
Investigador del tema en universidades brasileñas y en la de Linkoping, en Suecia, el biólogo Enrich-Prast sorprendió al sostener también que “el biogás, en Brasil, tiene mayor relevancia como producción de biofertilizantes que de energía”.
En Europa la expansión de esa fuente energética responde a la “estrategia geopolítica” de reducción de la dependencia en relación al gas ruso, en un continente cuyas temperaturas exigen calefacción. La guerra en Ucrania invadida por Rusia destapó el drama.
En el caso de Brasil, una potencia agrícola tropical, se destaca la dependencia de fertilizantes importados, que alcanzan más de 80 % del consumo nacional, explicó el profesor.
Como Rusia y Ucrania son importantes proveedores de ellos, la guerra urgió un incremento de la producción nacional, a ser cubierto parcialmente por los residuos cuya biodigestión genera a la vez el biogás y un estiércol mejorado, depurado de los gases. Beneficiado, puede generar un fertilizante mejor que los químicos, al contener micronutrientes.
Además de los riesgos geopolíticos y económicos, los fertilizantes importados son de origen fósil, atentando contra la agricultura de bajo carbono que Brasil trata de promover, entre sus metas de mitigación del cambio climático.
Renata Isfer, presidenta de la Asociación Brasileña de Biogás y Biometano que promueve el Foro de Biogás. Imagen: Mario Osava / IPS Costo elevado es el escollo
“La dificultad es el costo, los biofertilizantes aún son más caros que el fertilizante fósil o mineral y la agricultura no se dispone a pagar ese precio”, contrapuso en declaraciones a IPS Renata Isfer, presidenta de la Asociación Brasileña de Biogás y Biometano (Abiogás), promotora del foro.
El avance tecnológico y la escala de producción podrán reducir los costos, pero un camino más rápido puede abrirse si las exigencias ambientales del mercado internacional imponen una producción más sostenible y menos contaminadora, reconoció.
De todas formas “el biogás es vital, no habrá colonización humana en Marte sin el biogás allá”, aseguró a IPS Enrich-Prast, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro actualmente cedido a su par de São Paulo.
En medio a su docencia, el especialista impulsa una cooperación entre Brasil y Suecia. Fundó con otros investigadores la empresa Inova Biogás, con el fin de contribuir a la productividad energética y la calidad de los biofertilizantes.
Valoriza la experiencia de Europa, donde el biogás, que refinado se convierte en el biometano equivalente al gas natural, ya se consolidó como un importante insumo energético al tener explorada buena parte de sus potencialidades.
En Brasil es una industria incipiente, aún carente de políticas públicas, inversiones, tecnologías propias y regulaciones, que se desarrolla por iniciativas privadas, sectoriales y experimentales y va diseñando una expansión por medio de arreglos locales, en una descentralización territorial y por ecosistemas productivos.
Un camión que usa el biometano como combustible y puede recorrer más de 500 kilómetros con sus ocho bombonas amarillas. Imagen: Mario Osava / IPS
Segmentación
“El biogás sigue la segmentación por tipos de substratos. Su modelo de negocio para la caña de azúcar es distinto del de la porcicultura, del ganado de leche, del saneamiento básico, de otras siembras”, resumió Cícero Bley Junior, un ícono del sector, actualmente con su empresa consultora Bley Energías.
“Todo es biogás, pero el biogás es solo una parte del proceso y del negocio”, desde las actividades que generan el substrato o insumo de la biodigestión al biometano usado en varios tipos de industria, en camiones y otros vehículos, apuntó.
Fundador, primer presidente y actual presidente emérito de Abiogás, Bley impulsó el movimiento del biogás en el suroeste de Brasil cuando fue superintendente de energías renovables de Itaipu Binacional (2003-2016), la central hidroeléctrica compartida entre Brasil y Paraguay en la frontera entre los dos países.
Un modelo de negocio está surgiendo en torno de la cooperativa agroindustrial Primato, de Toledo, municipio de 150 000 habitantes en el oeste del meridional estado de Paraná y mayor productor nacional de carne de cerdo, donde Bley concentra sus labores actuales.
Solo en el transporte de alimentos animales la cooperativa cuenta con 70 camiones que recorren 200 kilómetros diarios como promedio cada uno, consumiendo el diésel.
El plan en marcha sustituirá el combustible fósil por biometano resultaría un gran ahorro de costos y la reducción de 89 % de las emisiones de gases del efecto invernadero, ejemplificó.
Arreglos locales están naciendo o pueden surgir en todo el país, con abundancia de biomasa, desde el área productora de melones de exportación en el nororiental estado de Alagoas, otra comunidad pesquera cercana que siembra y consume gran cantidad de mandioca, al corazón de la Amazonia con muchas plantas acuáticas macrófitas, acotó.
Por ahora la gran producción de biogás y biometano se concentra en los rellenos sanitarios, más antiguos, y en años más recientes en las centrales productoras de etanol de caña de azúcar.
Planta de biogás y biometano de una central de Cocal, una empresa que produce etanol y azúcar en el oeste del sureño estado brasileño de São Paulo.
Producción y consumo local
Una de ellas, Cocal, en el oeste del sureño estado de São Paulo, abastece con parte de su biometano al mercado de gases de tres ciudades cercanas. Para eso Necta, distribuidora de gas natural en la mayor parte del estado, construyó una red local de gasoductos.
Eso también se piensa hacer para abastecer un polo de 16 plantas de la industria cerámica, en Santa Gertrudes, otra pequeña ciudad paulista de 24 000 habitantes. Pero no es la prioridad de Comgás, la distribuidora de gas en el este del estado de São Paulo, que incluye a Santa Gertrudes.
El gran problema del polo cerámico, la contaminación atmosférica de la ciudad se redujo por la adopción del gas natural como insumo energético, en lugar de antiguo uso del carbón mineral y la leña, según David Penna, gerente de ingeniería de la empresa.
La prioridad actual es la sustitución del consumo de diésel por camiones en las carreteras por el biometano, que es considerado equivalente y cuyo uso no exige alteraciones tecnológicas en los vehículos.
Estudiar con estadísticas el flujo de los camiones en las carreteras es hoy una de las tareas que asumieron varias empresas distribuidoras de gas natural, para identificar locales prioritarios de futuros puestos de abastecimiento.
Pero son planes a largo plazo, ya que sustituir camiones a diésel por los impulsados a gas demandan tiempo, ya que esos vehículos tienen larga vida útil y la industria automotora incrementa lentamente la producción de camiones con motores a gas, matizó Penna a IPS durante el Foro del Biogás.
(Re)energisa, una empresa volcada a la transición energética, parte de grupo Energisa de generación y distribución de electricidad, también adhirió al biogás, tras concentrarse en energía solar fotovoltaica.
Está instalando en Campos Novos, en el centro del sureño estado de Santa Catarina, mayor exportador brasileño de carne porcina, una planta para generar 25 000 metros cúbicos diarios de biometano, con residuos de la industria de carnes y lacticinios de los alrededores.
Soluciona el problema de los desechos de la industria local, pero el foco es la producción de biofertilizantes, a través del compostaje, según Roberta Godoi, vicepresidenta de Soluciones Energéticas de (Re)energisa.
* Panorama realizado con notas de Interpress Service (IPS)
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