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RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA LUCHA POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA:

¿Hacia la paz con la naturaleza?

Julie Massal
19 JULIO, 2024


La noticia de la sequía y del subsiguiente racionamiento de agua en Bogotá, a inicios del año 2024, ha tenido un eco internacional, pero también el creciente éxito de la lucha contra la deforestación desde el 2023. Estos hechos evidencian los estragos del cambio climático que ya se vuelven ineludibles, pero también un mayor enfoque en la justicia ambiental, pilar del proyecto político del gobierno Petro. Por ende, es preciso señalar los retos, metas y obstáculos en la lucha por la protección del medio ambiente, de cara a la COP 16 de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, por realizarse en Cali en octubre de 2024.

Un nuevo paradigma: la justicia ambiental en medio del conflicto armado

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez asumió el poder en agosto de 2022 con una triple meta: la “paz total” para solventar las décadas de conflicto armado; la justicia social, contra la pobreza y las desigualdades históricas; y la justicia ambiental. Pese a los obstáculos encontrados en esos frentes1, la justicia ambiental constituye uno de los pilares fundamentales de la transformación estructural y, sin duda, el más innovador, pues se apoya en un cambio de paradigma bastante inédito2.

En efecto, se han articulado en forma contundente unas políticas públicas antes concebidas o implementadas de manera más autónoma3, políticas estratégicas posibles de sintetizar así: a) la lucha por la protección del medio ambiente y contra el cambio climático, b) la redefinición de la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos (coca, amapola), desde el discurso de G. Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 20224, al enfatizar en el fracaso de la tradicional lucha internacional “antidrogas” y sus estragos sociales en América Latina, así como el fracaso de la lucha contra el cambio climático; y c) la transición energética, cuestionando el modelo de desarrollo fundamentado en la energía fósil.

Entre las orientaciones tomadas para sustentar la justicia ambiental, existen dos frentes de acción en concreto. El primero, en concertación con otros países de la región, enfatiza la conservación de la Amazonia mediante la lucha contra la deforestación y la tala de bosques, a través de estrategias concebidas mancomunadamente con la población local; a ello se vincula la revisión de la política de erradicación forzosa de la coca, promoviendo más bien la sustitución y la erradicación voluntaria. El segundo frente lo constituye la transición energética que apunta a reducir y eliminar la explotación y exploración de recursos fósiles (carbón, petróleo, gas), lo que implica: a) rechazar la firma de nuevos contratos con empresas nacionales o internacionales para el uso de energía fósil; b) prohibir el fracking o fracturación hidráulica, usada para buscar gas en profundidad; c) fomentar una mejor protección de la minería a pequeña escala y legal, versus una prohibición o al menos un desincentivo a la minería a gran escala (El Cerrejón).

Las propuestas sobre la reducción del uso de energía fósil han generado bastantes controversias, pues se reducen las finanzas públicas por la menor fiscalidad sobre esos recursos fósiles; lo cual ha llevado a renegociar los ritmos de la transición. Además, se ha argumentado que el precio a pagar es elevado para un país como Colombia, aunque represente un aporte mínimo a la emisión de gases invernaderos a nivel internacional. G. Petro ha justificado su enfoque, queriendo postular a Colombia como “potencia de la vida”5 y tomando en cuenta las ventajas de Colombia para la transición ecológica mundial6. De ese modo se entiende que Petro haya formulado unas palabras provocadoras, al preguntar: “¿Qué es más venenoso para la humanidad: la cocaína, el carbón o el petróleo?”, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022.

Esta apuesta por la justicia ambiental conlleva reducir los riesgos vinculados al conflicto armado y sus impactos específicos en Colombia7, para poder enfocar el medio ambiente, ya no como objeto de apropiación de recursos naturales –lo cual a su vez alimenta el conflicto– sino como una oportunidad para la paz y un nuevo modelo de desarrollo económico. Por ello, enfatizamos principalmente la protección del medio ambiente y la lucha renovada contra las drogas, menos examinadas que la transición energética misma8.

El vínculo entre la defensa del medio ambiente y la lucha contra el conflicto armado

En junio de 2019, se reconoció el medio ambiente como una “silenciosa víctima” del conflicto armado en Colombia9. También existe un creciente reconocimiento de la naturaleza y de unos ríos –en particular el Rio Atrato10– como sujetos de derecho que deben ser protegidos, todo lo cual implica evaluar los complejos efectos del conflicto sobre el medio ambiente. Unos apuntes breves permiten ilustrarlos.

Resalta en este proceso la explotación o la apropiación privada y a menudo ilegal de recursos naturales (petróleo, recursos primarios) o derivados de la naturaleza (recursos farmacéuticos patentados, con base en remedios naturales), y del espacio natural mismo (selva, bosque, madera, especies silvestres). La deforestación, mediante la paulatina tala de árboles o los incendios forestales criminales, favorece la conquista de espacios por agricultores colonos que buscan nuevas tierras para actividades agrícolas extensivas (crianza de ganado, aceite de palma), pero también para la explotación minera en ríos (oro), el narcotráfico y el desarrollo de cultivos ilícitos más rentables11. A ello, se añade la contaminación ambiental por derrames de petróleo o por la fumigación de cultivos de coca, que también afectan la salud humana y la biodiversidad.

Pese al Acuerdo de paz con las Farc (2016), se observa un repunte de la deforestación en 2017-2019, en un contexto de aguda competición entre muy diversos actores privados, armados o criminales, que buscan financiarse con esas actividades lucrativas. Por ende, proteger la Amazonia implica mitigar la presión social, política y económica sobre esas riquezas naturales. Se debe apoyar mediante políticas incentivadoras a los campesinos que buscan sustituir los cultivos ilícitos pero que carecen de infraestructuras (carreteras), apoyos (créditos) y mercados para vender otros productos agrícolas. Los primeros logros en 2023, evaluados por el gobierno es una reducción de la deforestación de 29 por ciento a nivel nacional e, incluso, de más de 36 por ciento en la Amazonia12 –una tendencia que persiste desde entonces y propicia resultados inéditos13–, resaltando también una mejor comprensión de estos procesos y una nueva aproximación a los campesinos cultivadores de coca por parte de la fuerza pública.

La violencia contra la población y los líderes sociales en la Amazonia

Así mismo, el conflicto armado y la economía ilícita implican un peligro alto para los defensores del medio ambiente y los productores locales14. Es indispensable garantizar alternativas económicas y protección a las poblaciones afectadas, pues los campesinos que abandonan cultivos ilícitos se ven amenazados por estructuras criminales armadas, quienes buscan mantener una suficiente extensión de hectáreas de coca, lo cual vuelve la búsqueda de cultivos alternativos una opción muy costosa y arriesgada.

En particular, debe lograrse una mejor protección de los activistas ambientales, pues Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente15. En ese sentido, ha sido clave la ratificación del Acuerdo de Escazú por el gobierno de G. Petro, pues el acuerdo es vigente desde el 5 de noviembre de 202216. Este Acuerdo es un tratado internacional, conocido como “el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”: apunta a proteger y fomentar la participación de la sociedad civil en la elaboración e implementación de políticas ambientales. Sin embargo, persiste la violencia contra los líderes sociales, en medio de los vaivenes de la negociación de la Paz Total17. Si bien esa violencia se dirige más aun hacia líderes comunales y comunitarios en el suroeste (Valle, Cauca)18, los ambientalistas también son un blanco en la Amazonia (Putumayo).

La presencia de diversos tipos de tráfico (minería ilegal, narcotráfico, apropiación de especies, etcétera)19, estimula la competición entre los grupos armados o criminales; algunos están involucrados en carteles internacionales, particularmente en zonas fronterizas en medio de la expansión del narcotráfico hacia Ecuador y hacia Europa a través de Brasil. Se reactivan las estrategias de control territorial y de amedrentamiento hacia la población local, mediante una constante vigilancia de la movilidad y amenazas a cualquier denunciante del estatus quo vigente. Ante la violencia y la diversidad de daños ambientales vinculados con esos tráficos en la Amazonia, la población local, la naturaleza y la biodiversidad son pues víctimas directas, silenciosas o silenciadas.

Defender la naturaleza, de cara a la COP 16 de la Biodiversidad

En ese oscuro panorama, Colombia enfrenta profundos retos, mientras se aproxima la cumbre de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 16) prevista en Cali (21 de octubre-1 de noviembre 2024). La COP 16 tiene como objetivo incentivar la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (adoptado en diciembre de 2022, en la COP 15 de Montreal, Canadá), que implica para 196 países ratificar su compromiso por detener y revertir la pérdida de la biodiversidad de cara a 203020.

Ese marco apunta a la protección de especies y su preservación, fomentando condiciones propicias para la salvaguardia de la naturaleza y la biodiversidad: en concreto se debe proteger el 30 por ciento de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas; propiciar la restauración del 30 por ciento de los ecosistemas degradados; y lograr la reducción a la mitad de la introducción de especies invasoras, antes de 203021. Siendo Colombia muy rica en biodiversidad, el país debe enmarcar los debates y compromisos ubicados bajo el lema “Paz con la naturaleza”.

Más allá de la política implementada en discusión, que excede los alcances de este artículo, nos parece importante subrayar que el lema “Paz con la naturaleza” implicaría una serie de cambios drásticos, más aun en un país como Colombia que celebra con orgullo su extrema biodiversidad. Quizás el primero de ellos sería repensar la relación con la naturaleza, y en especial la concepción misma de la selva amazónica, todavía vista como un espacio salvaje o incluso peligroso, en el que difícilmente se puede sobrevivir, salvo tal vez los grupos indígenas oriundos de la Amazonia.

Semejante visión de una naturaleza “hostil” quedó de nuevo en evidencia cuando ocurrió la búsqueda (denominada “Operación Esperanza”) de los cuatro niños perdidos durante 40 días en la selva del Guaviare, después del accidente de la avioneta en la que viajaban con su madre, el 1 de mayo de 2023. Tal percepción, manifestada en la forma misma en que se relató la búsqueda22 de los niños, en un entorno visto como solitario, lejano y aislado (u ocupado por fuerzas beligerantes peligrosas), se expresa en el marco de una relación depredadora, o por lo menos colonizadora, en pos de la “frontera agrícola”. La desconfianza hacia la selva puede simbolizar el camino por recorrer para lograr la paz en la relación con la naturaleza, dejando de usarla y traficarla como un simple e infinito recurso a disposición.


2 Cruz Cañón L.N., “Los retos de la apuesta ambiental del gobierno de Gustavo Petro en Colombia” (Dialogue Earth, 9 de Agosto de 2022): Los retos de la apuesta ambiental del gobierno de Gustavo Petro (dialogue.earth)

3 “Colombia potencia mundial de la vida”: Programa de Gobierno Gustavo Petro.pdf (cancilleria.gov.co)

4 “Discurso de G. Petro en la Asamblea de Naciones Unidas”, 20 de septiembre de 2022: Petro pide en la ONU «acabar con la guerra irracional contra las drogas». Así fue su discurso (cnn.com)

5 Discurso integral (Asamblea de Naciones Unidas, 2022): Discurso-ONU.-Gustavo-Petro-Urrego.-COL.pdf (indepaz.org.co)

6 Castaño P., “Petro quiere liderar la transición ecológica mundial”, (Jacobin, 11 de enero de 2024) : Petro quiere liderar la transición ecológica mundial – Jacobin Revista (jacobinlat.com)

7 Juan Albarracín, Juan Corredor-Garcia, Juan Pablo Milanese, Inge H. Valencia & Jonas Wolff (2022): “Pathways of post-conflict violence in Colombia, small wars & insurgencies”: https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2114244

8 Castaño P., “Petro quiere liderar la transición ecológica mundial”, op. cit.

9 “Unidad de investigación y acusación de la jep, ‘reconoce como víctima silenciosa el medio ambiente’” (JEP, 5 de junio de 2019): Comunicado UIA – 009.pdf (jep.gov.co)


11 Bram Ebus & Ulrich Eberle, “Crimes against the Climate: Violence and Deforestation in the Amazon” (ICG, 8 December 2023): Crimes against the Climate: Violence and Deforestation in the Amazon | Crisis Group


13 Morán R., “Colombia perdió 79.000 hectáreas de bosque en 2023, la cifra más baja en 23 años” (RFI, 11 de julio de 2024): Colombia perdió 79.000 hectáreas de bosque en 2023, la cifra más baja en 23 años (rfi.fr)

14 Lizcano M.F., “Balance ambiental de Colombia en 2023: el país no logró frenar la violencia contra los defensores ni las economías ilegales” (Mongabay, 14 de diciembre de 2023): Balance ambiental de Colombia en 2023: el país no logró frenar la violencia contra los defensores ni las economías ilegales (mongabay.com)

15 Gómez Durán T., “Colombia, Brasil y México, los tres países en donde asesinaron a más defensores ambientales y de territorio durante 2022” (Mongabay, 12 de septiembre de 2023) : Colombia, Brasil y México, los tres países en donde asesinaron a más defensores ambientales y de territorio durante 2022 | INFORME (mongabay.com)

16 “Gustavo Petro ratifica el Acuerdo de Escazú: ‘Poder a la ciudadanía para defender la vida y la naturaleza’ ” (Infobae, 5 de noviembre de 2022): Gustavo Petro ratifica el Acuerdo de Escazú: “Poder a la ciudadanía para defender la vida y la naturaleza” – Infobae

17 Massal J., “La encrucijada que cuestiona el propósito de Paz Total : La violencia contra líderes sociales (2022-2023)” (Desde Abajo, 2023, n°305): La encrucijada que cuestiona el propósito de Paz Total – Desde Abajo

18 Restrepo M.J., “Las caras de los 90 líderes asesinados en lo que va de 2024” (La Silla Vacía, 2 de julio de 2024): Líderes sociales asesinados hasta julio 2024 (lasillavacia.com)

19 Bram Ebus & Ulrich Eberle, “Crimes against the Climate: Violence and Deforestation in the Amazon”, op. cit.

20 “Colombia, país anfitrión de la COP16: importancia y retos” (Masbosques, 17 de mayo de 2024): Colombia, país anfitrión de la COP16: importancia y retos (masbosques.org)

21 Texto del Acuerdo accesible en este link : Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (cbd.int)

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* Investigadora independiente, asociada al Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA)

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Fuente:

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