LO QUE SE HEREDA NO SE HURTA (3) - NEOLIBERALISMO Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

Por JOSÉ ARNULFO BAYONA*

11 Julio, 2024

La hegemonía neoliberal se consolidó con la reducción del Estado a su mínima expresión y la transferencia de su misión de administrar lo público a la competencia del mercado, al capital financiero principalmente. Se procedió entonces a vender a precios irrisorios los bienes que constituían el patrimonio público, entre otros, las centrales eléctricas del Norte de Santander, Cundinamarca y Santander, la empresa de energía de Bogotá, Eco gas, los acueductos, Telecom, correos nacionales, bancos Gran Ahorrar, Bancafé y BBVA, ISAGEN, acciones de Ecopetrol, etc.; además, se cerraron o se liquidaron varias empresas estatales, como el Banco Central Hipotecario, el Seguro Social (ISS), la Caja Nacional de Previsión y las cajas de previsión departamentales, muchos hospitales y las electrificadoras de Córdoba, Guajira, Sucre, Atlántico, Cesar, Magdalena y Chocó. (La dos orillas)

Se trató de un despojo de bienes al patrimonio público, al amparo de en leyes vigentes, adoptadas por mayorías corruptas del Congreso de la República (ley 254/2000 y Ley 1105/2016, entre otras). Ventas hechas en subastas, convenidas previamente con el ganador acordado, realizadas por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, con el pretexto de conseguir fondos billonarios para contratar con la empresa privada, nacional y extranjera, la construcción de las mega obras del “desarrollo capitalista”, tales como las autopistas dobles calzada 4G (Ruta del sol y la variante Ocaña – Gamarra), los túneles de La línea y del Toyo, requeridas por los intereses del gran capital. refinerías como la de Cartagena (REFICAR), represas como Hidro Ituango, El Peñol, El Quimbo, etc.

Con las liquidaciones privatización los servicios de salud, energía eléctrica, acueductos, bancos estatales, etc.. Despojaron al estado de su patrimonio y lo privaron de percibir millonarios ingresos por servicios convertidos en negocio de empresas privadas. Servicios adjudicados mediante licitaciones con pliegos de condiciones amañados (llamados pliegos sastre) para que ganara la empresa o la unión temporal previamente acordada. Acuerdos de trastienda, que despojaron el erario de rentas apreciables que le ingresaban por dichos servicios. Igualmente, adjudicaron los contratos de realización de mega obras, como la refinería de Cartagena, las represas, las autopistas de doble calzada, reconstrucción de poblaciones víctimas de catástrofes naturales, como Gramalote en el Norte de Santander, zonas populares de Mocoa, la isla de Providencia etc., que con el tiempo se convirtieron en elefantes blancos..

Las licitaciones amañadas, incorporaron las llamadas coimas, o el CVY (como voy yo ahí), que es un porcentaje del 10% o más, previamente acordado, que se paga presuntamente al gobernante y a los funcionarios que adjudican la licitación de la obra o la venta de los bienes rematados. Es en estos momentos de los procesos de enajenación bienes, de adjudicación de los servicios que prestaban las empresas estatales liquidadas o de los contratos de las mega obras del llamado “desarrollo” para la competitividad del mercado capitalista, en los que opera la corrupción en todas sus dimensiones, porque en el CVY, además de la rigurosa coima del 10% o más del valor del contrato, se incluyen otras “gratificaciones” de sobrefacturación, anticipos, prórrogas de terminación de obras, el reajuste de costos, la financiación de las campañas electorales, etc.

Estas prácticas dolosas, concertadas entre gobiernos y empresarios beneficiados con los contratos, solo emergen a la luz pública, cuando se salen de control clandestino y no pueden ser tapadas por la gran prensa, ni por los organismos de control (Contraloría, procuraduría), ni por la rama judicial. Un caso emblemático es el escándalo de REFICAR, subsidiaria de Ecopetrol, adjudicado arbitrariamente, en 2009 por Álvaro Uribe, al parecer por dádivas; lo hicieron público periodistas de investigación en enero de 2016, en el que resultaron implicados funcionarios de la cúpula del los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y las multinacionales GLENCORE de Suiza, que porque nunca había construido una refinería, y CB&I (Chicago Bridge& Iron Company), estadounidense, a quienes les descubrieron millonarios sobrecostos y adiciones presupuestales injustificadas hasta del 69% de los valores iniciales, incluidos costos de bacanales de empresarios y funcionarios estatales..

Solo cuando se destapó la olla podrida, aparecieron los reportes de la Contraloría que cuantificó el detrimento patrimonial en más de $8.5 billones. Los implicados son todos altos funcionarios de la refinaría, expresidentes de Reficar, revisores fiscales, exministros de hacienda, etc. y dos empresarios Philip Asherman y Masoud Deidehban de las multinacionales contratantes. Les imputaron delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en favor de terceros y complicidad. Pero, fueron condenados los expresidentes de Reficar, Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales a la pírrica pena de 5 años y tres meses de prisión, con casa por cárcel incluida, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y, a pagar una multa de $66 salarios mínimos. Equivalentes a $92.400.000. a precios de 2024. Penas y multas irrisorias en comparación con los astronómicos robos y el pueblo no sabe a donde fueron a parar los billones robados.

Otro caso particularmente simbólico, es el escándalo de la multinacional Odebrecht y Corficolombiana del grupo AVAL del clan Sarmiento Angulo, que involucró a los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y al ex subpresidente Iván Duque, a los exfiscales Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, a los pupilos del expresidente Uribe, Andrés Felipe Arias y Oscar Iván Zuluaga y varios parlamentarios, entre ellos a Bernardo Miguel (El Ñoño) Elía y Otto Nicolás Bula; además, de altos funcionarios del estado y de las campañas presidenciales de 2014. Se trató de un entramado criminal en el que la empresa brasilera entregó más de $80.000 millones en sobornos a altos funcionarios del gobierno, para quedarse con los contratos de la Ruta del sol II y la variante Ocaña – Gamarra. (según Relato oficial de la Fiscalía).

El escándalo incluyó la muerte (posible asesinato) “por envenenamiento” del Controller de Corficolombiana, Jorge Enrique Pizano y su hijo. Pero, después de nueve años de tapen - tapen de la prensa corporativa, de dos fiscales generales, Humberto Martínez y Francisco Barbosa, (nominados al cargo por orden de Sarmiento Angulo y los expresidentes Uribe, Santos y Duque) la fiscalía general, se vio obligada a informar sobre imputaciones de funcionarios públicos de bajo nivel, se condenó a José Elías Melo, exdirector de Corficolombiana del grupo AVAL, a 11 años de prisión e imputó cargos al excandidato presidencial de Uribe, Oscar Iván Zuluaga y su hijo, gerente de campaña, por el delito de ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial (2014).

Es evidente que se trata de chivos expiatorios, que con excepción del condenado funcionario del grupo AVAL; sus expedientes quedaron congelados en los anaqueles de la fiscalía de Francisco Barbosa. Pero ni los expresidentes (Santos, según Uribe y Zuluaga, también recibió dineros de Odebrecht para su campaña de 2014), ni el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, ni Humberto Martínez Neira, (que además fue abogado del grupo aval en este entramado criminal, antes de ejercer como fiscal general), ni Francisco Barbosa, que exoneró de toda culpa a su mentor Martínez Neira y al banquero y su grupo AVAL, ni al empresario Roberto Odebrecht, ni Andrés Felipe Arias, que figuraba en la nómina de la multinacional fueron tan siquiera indiciados . El caso, pese a su tremenda gravedad y dada la jerarquía oligárquica y mafiosa de los verdaderos responsables, parece destinado, como tantos otros, a la impunidad por prescripción. Nada garantiza que el asunto trascienda a los juzgados, los tribunales y las altas cortes. Resulta aberrante el caso del banquero Sarmiento Angulo, quien pagó a la justicia estadounidense una multa de US$80 millones, para no ser condenado penalmente por haber pagado sobornos a altos funcionarios del gobierno, ya en 1989 había pagado al fisco gringo US$5 millones, para no ser condenado por operaciones de lavado de activos del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Pese a estas condenas, el potentado billonario sigue en la absoluta impunidad en Colombia, porque la fiscalía, no “encontró evidencias que probaran sus vínculos con el caso de soborno a funcionarios del estado”.

Son incontables los escándalos de corrupción de las catervas gobernantes, en estas tres largas décadas de hegemonía del modelo neoliberal y de las oligarquías que han controlado el poder y hegemonizado la llamada institucionalidad del estado. Escándalos de cuantiosos robos al patrimonio público y de enriquecimiento ilícito, en los que han estado vinculados los expresidentes, la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez (Memo Fantasma y blanqueo de capitales ) , Exministros, como Andrés Felipe Arias (Agro Ingreso Seguro, por desvío de recursos destinados a los campesinos pobres a narcotraficantes, terratenientes y la “gente de bien”, la mamá del ex subpresidente Duque, Juliana Márquez Tono, los senadores Mario Castaño (q.e.p.d), Ciro Ramírez (Uribista), Pierre García, director del DPS de Iván Duque, el General (R), Rodolfo Palomino, Alcaldes municipales de Risaralda, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Tolima, altos funcionarios de Quindío, que protagonizaron el escándalo de la marionetas, mediante un entramado criminal para saquear miles de millones destinados a programas que favorecían a los pobres de Colombia, la exministra de Comunicaciones, Karen Abudinen comprometida en el escándalo del robo de $70.000 millones que estaban destinados a la conectividad de las escuelas rurales del país. Y, el escándalo reciente de los carrotanques protagonizado por el ex director de la UNGRD, Olmedo López (del PH, Polo Democrático), el subdirector Sneyder Pinilla (del clan uribista Aguilar de Santander) que inició con la denuncia de sobrecostos por $48.000 millones en la compra de carrotanques para La Guajira y ha evolucionado al saqueo de más de 1.2 billones en los tres últimos gobiernos, gracias a las denuncias del nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Por estos y miles, quizá decenas de miles de escándalos más, se han ido billones de pesos a engordar las arcas de los corruptos, políticos, altos funcionarios del Estado, empresarios, etc. Los que son desenmascarados y condenados por la justicia, nunca son obligados a devolver los recursos robados, sino a paga penas cortas y multas pírricas. El resto de lo robado, posiblemente se van a paraísos fiscales, que serán recuperados y disfrutados por los corruptos luego de pagar las benévolas penas a que son sentenciados. En estas circunstancias, mientras no se cambie el sistema, ser corrupto paga.

Por JOSÉ ARNULFO BAYONA*

27 Junio, 2024

“El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza” (Carlos Marx. El Capital. La acumulación originaria, cap. XXIV).

La corrupción ha sido uno de los componentes estructurales del capitalismo desde que este sistema económico, social y político emergió en la historia de la humanidad, una de sus fuentes de acumulación de capital. El estado burgués y sus instituciones, fueron diseñados para administrar los negocios de los capitalistas, garantizar la plusvalía extraída de la explotación de fuerza de trabajo, la protección de sus intereses y la garantía de otras fuentes de acumulación, sea cual fuere su origen. La llamada institucionalidad del estado liberal, con sus tres ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, cumplen la misión de garantizar el control del poder político y ejercerlo al servicio del poder económico. Las leyes económicas regulan y protegen los negocios de los empresarios o patrones, sean estos nacionales o extranjeros. La ley penal castiga los delitos que se puedan cometer contra la sacrosanta propiedad privada.

Las leyes laborales salvaguardan los privilegios del patrón y legalizan el despojo de los derechos sociales y colectivos de la clase trabajadora. En síntesis, todo el andamiaje jurídico – político ha sido estructurado para garantizar y salvaguardar las ganancias del capital, en la industria, en el comercio, en el sector agrario, financiero, etc. y despojar a la clase trabajadora y sus familias de sus derechos y garantías laborales y de seguridad social en salud.

Desde que surgió, el sistema capitalista ha ejercido el poder económico y político a través del control hegemónico del estado burgués y sus instituciones, cumplen como función primordial salvaguardar sus intereses, garantizar la acumulación de capital y proteger las fuentes de donde provienen las grandes fortunas del empresariado y sus corporaciones, sin importar su origen. Se trata de la concentración de la riqueza, producto de la sobrexplotación asalariada de la fuerza de trabajo, de la esclavización de la clase trabajadora, el robo, el asesinato, el despojo de tierras, la expoliación del erario, la guerra, el asesinato, “la violencia, en una palabra”, como bien lo ha señalado Carlos Marx. Este ha sido, desde que el capitalismo vino al mundo, el método de acumulación a sangre y fuego.

La imposición del modelo neoliberal amplió las fuentes de la corrupción. Las ideas neoliberales colonizaron la economía y la política de los estados capitalistas del mundo; desde que adoptaron el Consenso de Washington, sustentado en tres argumentos:

El entonces presidente Cesar Gaviria (1990 -1994) decidió, con el consentimiento del poder político y el poder económico, aplicar a rajatabla las políticas neoliberales ordenadas por la banca multilateral (FMI, Banco Mundial, BID, OMC, etc.) y los Estados Unidos de Norteamérica, en Colombia. Aprobó, con el apoyo de las mayorías bipartidistas del Congreso de la República, la Ley 100 de 1993, con la cual privatizó los recursos públicos de la salud y los entregó a las EPS, empresas privadas creadas para que administraran los billonarios recursos provenientes del régimen contributivo (aportes de los trabajadores), del régimen subsidiado (aportes del Estado) y recaudos de otras fuentes (impuestos a las loterías y otros juegos de azar) y contrataran los servicios de salud con clínicas y hospitales públicos y privados (IPS). En 2024 le será entregada a las EPS la astronómica cifra que supera los $90 billones.

Se crearon en esa época 157 EPS que se disputaron en el recién creado mercado de usuarios o clientes (Antes llamados pacientes) cerca de 30 millones de afiliados, que debían ser atendidos por las IPS privadas, públicas y mixtas, contratadas por las respectivas EPS. Pasados más de treinta años de funcionamiento que entregó los recursos públicos de la salud, a través de las llamadas Unidades por capitación (UPC) a operadores privados, las EPS (creadas con capitales exiguos, $2 millones en muchos casos) para manejar billones, fue el más rentable negocio con una exigua inversión, $2 millones, una máxima tasa de ganancia y mayor acumulación para el gran capital; con todo y defraudación al erario garantizada. El Estado, a través de la ADRES, recolecta los dineros y le gira a cada EPS, según la cantidad de afiliados, millonadas sin ningún control, ni auditaje. Son dineros públicos gastados por entidades privadas; pero que se rigen por el derecho privado, precisamente para blindar la corrupción.

La función misional de las EPS fue asegurarle las ganancias a sus inversionistas (grupos financieros, GEO, Sarmiento Angulo, Gilinski, Keralty, SaludCoop, familia Vargas Lleras etc.) a costa de la salud de sus afiliados y afiliadas; razón por la cual se dedicaron a construir sus propias clínicas (integración Vertical), a vincular, mediante contratos basura, a los profesionales y trabajadores de la salud, a quebrar la red hospitalaria pública, con la cual acumularon una deuda billonaria, junto con las clínicas que no eran de su propiedad, a proporcionar tratamientos precarios (ibuprofeno para paliar todo tipo de enfermedades, restringieron procedimientos quirúrgicos, y aplazaron tratamientos vitales a pacientes con enfermedades de alto costo, paseo de la muerte, etc.

La construcción y dotación de las clínicas de su propiedad fue financiada ilícitamente con dineros de la salud, con el fin de contratar servicios de salud con sus propias IPS. Su propósito era sacar de competencia (una ley del mercado), a los hospitales públicos y clínicas privadas independientes, mediante la dilatación del pago de servicios contratados, hasta el punto que acumularon una deuda que, según la Super Intendencia de Salud, la Contraloría General y las organizaciones de la sociedad Civil, supera los $23 billones de pesos. Deuda que por impagable terminará en el cajón de las cuentas por cobrar del Estado.

Con estos métodos de acumulación fraudulentos llevaron a la ruina al sistema de salud; pero no a las EPS y sus inversionistas, muchas de las cuales escalaron posiciones en la bolsa como las más grandes y más rentables empresas. La profunda crisis que atraviesa el sistema de salud hunde sus raíces hasta el momento en que fue privatizado y se desarrolló durante tres décadas de expoliación de los recursos, a lo largo de las cuales, fueron intervenidas y liquidadas mas de 130 EPS, cuyos afiliados y afiliadas, fueron asumidos por las que continuaron con vida; pero dejaron deudas sin respaldo económico por cerca de $25 billones, que el estado pagó sin posibilidad de recuperar un solo peso. Modalidad de robo protegido por la impunidad.

El proyecto de Ley de reforma a la salud tenía el propósito de superar la crisis, mediante la creación de un nuevo sistema público de la salud, basado en la sentencia T-760 y la Ley Estatuaria de la Salud, financiado con los recursos públicos, para terminar con el lucrativo negocio privado que esquilmó al erario y causó la muerte de centenares de miles de colombianas y colombianos que se hubieran podido evitar. Pero las EPS, agremiadas en ACEMI y Gestarsalud, junto con sus inversionistas Ordenaron a sus congresistas prepago, no por su cínica preocupación por la salud del pueblo colombiano, sino por continuar el negocio y garantizar el lucro a sus inversionistas, el hundimiento del proyecto de ley de reforma a la salud. La más enérgica exigencia “para solucionar la crisis” de las 27 EPS activas era el aumento de las UPC contributiva y subsidiada, por insuficiencia nunca comprobada.

Hundido el proyecto, la crisis de la salud se hizo más dramática y, por consiguiente, el sistema se hizo más insostenible. La Superintendencia de Salud intervino, por presuntos delitos cometidos con el mal uso de los recursos públicos de la salud, ocho (8) EPS: Servicio Occidental de Salud (SOS), con 750.000 afiliados, Nueva EPS, con 10.800.000 afiliados, Sanitas -Keralty con 5.800.000 de afiliados, Asmet Salud, con 1.800.000, Famisanar, con 2.900.000, Emssanar, con 1.700.000, Savia Salud, con 1.600.000 afiliados. Por su parte, EPS Sura del Grupo Económico Antioqueño (GEA), con 5´300.000 afiliados y Compensar, (de la Compañía de Jesús), con 2.200.000 afiliados, solicitaron un plan de retiro voluntario. Solo quedan 10 que no están intervenidas. Pero, la bicoca de 30.870.000 seres humanos colombianos quedó en grave riesgo de su derecho fundamental a la salud, por la crisis que ni los padres del neoliberal sistema, ni el congreso prepago, ni las EPS, ni los grupos de inversionistas, permitieron que se solucionara y, por el contrario, ordenaron el archivo de la ley. No es la salud sino “el negocio socio” lo que concentra sus caros intereses.

La cereza que le faltaba al lucrativo pastel de la corrupción, fue puesta por las denuncias de la Contraloría, del grupo “Dónde está la Plata” y la Superintendencia de la salud, que se concretan en lo revelado por esta última. Las EPS intervenidas, Nueva EPS y Colsanitas, “no cumplen con los requisitos financieros, es decir, un patrimonio adecuado y carencia de reservas técnicas comprobadas”. Además de la deuda de Colsanitas que asciende a $2. Billones; se encontraron facturas por $5.5 billones que habían sido ocultadas y no justificadas por la Nueva EPS y, en EPS Colsanitas, (grupo Keralty), hallaron $134.000 millones, en pagos de telefonía y servicios públicos ejecutados con dineros de la salud. En total Cerca de medio billón de pesos, saqueados a la salud de los colombianos. Agréguese, como caso juzgado, el caso del robo en EPS SaludCoop, de la que saquearon $1.5 billones de la salud, para hacer negocios internacionales del grupo SaludCoop.

Al final de estos claros hechos de corrupción, se ha informado que las EPS agremiadas en ACEMI, han declarado estar dispuestas a pasar de ser intermediarias en salud a “gestoras de salud y vida”, según sea el tamaño de la comisión que devengarán, y su inclusión en un posible nuevo proyecto de reforma a la salud concertado y presentado al congreso por el gobierno. Nuevamente, ¿será el lucro el que prime sobre el derecho fundamental a la salud?. No se puede abandonar el rol de mal pensantes. Seguiremos denunciando la corrupción.

Por JOSÉ ARNULFO BAYONA

30 Mayo, 2024

La corrupción y la violencia son hermanas gemelas y, desde siempre, han sido componentes estructurales de la acumulación capitalista y del ejercicio del poder económico y político en los estados liberales; la misión de sus gobiernos, sean ejercidos por regímenes autoritarios de derecha o de “izquierda”, dictatoriales, o de signo progresista, es la de salvaguardar los intereses de los capitalistas, de los gremios económicos que los agrupan y de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, además de garantizarles un incremento sostenido de sus ganancias, cuidar sus intereses y blanquear sus delitos.

En Colombia, la corrupción es la compañera histórica del ejercicio del poder y la disputa política electoral de todos los gobiernos, conservadores, liberales, bipartidistas o de sus posteriores derivaciones. Cada gobierno ha dejado su propia marca de corrupción, unas veces conservadora, en ocasiones liberal y, a partir del Frente Nacional (1957) azul y rojo. El botín de la disputa ha sido siempre la burocracia estatal y el Erario. Desde la expedición de la Constitución de 1991, el sello de la corrupción se pintó de todos los colores de las banderas políticas nacidas de la diáspora del bipartidismo liberal conservador, Centro Democrático, Partido de la U, Cambio Radical, Nuevo liberalismo, Etc., todas neoliberales, sean de extrema derecha, de derecha o de centro, concurren a la disputa electoral, consienten mutuamente sus prácticas corruptas (clientelismo, compra de votos, defraudación del erario, enriquecimiento ilícito); pero, se hacen cómplices para mantener capturado el poder hegemónico del estado y, mediante acuerdos subterráneos, deciden repartirse el botín cada cuatro años, según la proporción de los votos obtenidos con la fortuna invertida y los votos comprados, en la elección respectiva. No son partidos sino mafias que redujeron el debate electoral a una disputa para saber a quien le corresponde, a la hora del reparto, la mayor parte de la torta (el Erario) estatal, del dinero público y la fronda burocrática clientelar.

Desde tiempos inmemoriales, los directos beneficiarios de la corrupción han sido las oligarquías gobernantes y sus funcionarios al frente de la administración del erario, los negocios y bienes públicos y del funcionamiento de las instituciones que conforman las ramas del poder público a su servicio. Entre las instituciones que se encargan de adoctrinar el pueblo para que admitan como normales las prácticas corruptas de la perpetuada clase gobernante; entre otras, están el sistema judicial, el sistema educativo, las iglesias, los medios de comunicación masiva y los mal llamados organismos de control, la contraloría general, la Fiscalía, la procuraduría y la defensoría del pueblo; las cuales, de cuando en vez, asumen sus funciones para investigar, denunciar y castigar escándalos de corrupción que desbordan su control y su inveterada práctica del tapen- tapen.

Las prácticas corruptas son múltiples, podemos enumerar las mas frecuentes y reconocidas a través de los tiempos, veamos:

El clientelismo político. Es la tradicional práctica de conseguir votos mediante la entrega a los y las electores de láminas de zinc o Eternit, bultos de cemento, dinero para pagar recibos de los servicios públicos, organizar reuniones o jolgorios en los que reparten mercados, tamales, cerveza, aguardiente, ron y hasta whisky, dependiendo del estrato social, rifa electrodomésticos, ofrecen becas y cupos en los colegios públicos, para ingresar a las universidades, empleos en las empresas de sus financiadores y hasta cargos o empleos públicos, en caso de ser elegidos, “tu me eliges, yo te nombro” es la máxima que, según el padre Sanín, aplican los clientelistas en las campañas electorales. La absoluta mayoría de los electores son analfabetos políticos, que ven en estas prácticas deleznables la oportunidad de resolver transitoriamente sus acuciantes necesidades y carencias. Estas prácticas se han especializado hasta el punto que los corruptos politiqueros cuentan con empresas electorales, conformadas por sus familiares y caciques contratados, encargados de fidelizar sus propias clientelas y por supuesto hacerlas crecer según el tamaño de las aspiraciones del clientelista politiquero. Adicionalmente, se encargan de adoctrinar a los ignorantes electores en que en eso consiste la política.

La compra de votos. Las empresas electorales se han organizado de tal manera que los caciques, en algunas partes llamados “capitanes”, generalmente líderes y lideresas comunitarios, personas que juran fidelidad al político y se lucran del oficio, trabajan todo el tiempo para asegurar la elección y la reelección de su patrón, organizan las reuniones de campaña, reparten las dádivas, hacen los listados y realizan, con debida anticipación la compra del votos a las clientelas que tienen en sus listados, retienen las cédulas hasta el día de las elecciones; día en el cual, organizan equipos de compradores de votos de su entera confianza, los llaman “mochileros”, a quienes entregan millones de pesos que depositan en sus mochilas y salen a comprar los votos necesarios para asegurar la elección del politiquero de turno. Los candidatos o candidatas fijan las tarifas para la compra; las cuales varían según la inflación y las necesidades del candidato o candidata. El caso más sonado de tiempos recientes es el escándalo de la exsenadora por el partido conservador, Aida Merlano, quien fue procesada y condenada por la Corte Suprema de Justicia, por corrupción al elector, quien hizo público el macro caso de la compra de votos por parte de los clanes Gerlein y de los Char de Barranquilla, quienes invirtieron millonadas en la compra de votos para elegir sus candidatos al parlamento y asegurar la victoria del presidente títere de Uribe, Iván Duque en 2018. El exsenador Gerlein, declaró antes de morir, que su elección por décadas al Senado fue fruto de la compra de votos.

La corrupción política. Esta práctica tiene dos modalidades; la primera se trata de una competencia previa entre partidos y coaliciones políticas para reunir la mayor cantidad de inversionistas en sus respectivas campañas electorales, tanto a la presidencia de la República, como al congreso, las gobernaciones, las alcaldías, los concejos municipales y las asambleas departamentales. Candidatos y candidatas arman sus equipos de campaña con los jefes de los integrantes de la coalición, quienes aportan una determinada cantidad de dinero a la campaña, según los cargos que le corresponderán si el candidato resulta elegido. Además, concertan aportes de capital con inversionistas privados de acuerdo con le monto de los contratos de servicios o de obras públicas que le serán entregados. El sello de garantía de cumplimiento es a veces una póliza, o una letra o un cheque por la cantidad aportada y una regla de hierro cumplen o cumplen, so pena de graves consecuencias.

La corrupción administrativa segunda modalidad, derivada de la anterior, consiste en que, una vez elegidos, candidatos y candidatas a los cargos públicos respectivos, están obligados/as a cumplir o cumplir, es un dilema de hierro, con los pactos firmados, entonces vienen los nombramientos a los cargos convenidos previamente, que deben ser fichas de los aportantes, quienes manejarán abultados presupuestos para la realización de las obras y los programas prometidos en campaña, por una parte, y por la otra, hacer las contrataciones de proyectos de servicios y obras públicas, tales como, programas de alimentación escolar, comedores populares, contratación de vacunas contra el COVID, el paludismo, el dengue, etc., tal como ha sido acordada con los financiadores de la campaña. Para ello, recurren al sainete de la convocatorias públicas, con pliegos de condiciones y exigencias previamente acordadas y consignadas en dichas convocatorias para que sean adjudicados a los financiadores; estos son los denominados “Pliegos sastre” a la medida de los contratistas, acordados previamente, según el monto de la inversión en la campaña. Estas son las modalidades que han generado los graves escándalos que, de tanto en tanto, sacuden la opinión pública. En esta modalidad se inscriben la contratación de mega obras como REFICAR, que comprometen a altos funcionarios de gobierno de Uribe y de Juan Manuel Santos, así como a la constructora suiza GLENCORE Y LA estadounidense CB&I (Chicago &bridge Company), al exministro de minas de Uribe Orlando Cabrales y expresidentes de Ecopetrol. El de Odebrecht - con la ruta del sol, que involucran empresas extranjeras como Odebrecht, el exviceministro Gabriel García Morales, los parlamentarios Bernardo Elías, Otto Bula, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, , Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga ,Álvaro Uribe entre otros, el escándalo de la compra de votos para la elección de Iván Duque y parlamentarios conservadores y de Cambio Radical, que implicaron al narcotraficante el Ñeñe Hernández, a Álvaro Uribe a la exsenadora Aida Merlano y a los clanes Gerlein y de los Char, el escándalo de las marionetas que comprometen a funcionarios del gobierno de Duque, al senador Castaño (q.e.p.d) y al senador Uribista Ciro Ramírez y, el más reciente escándalo de los carrotanque, que , todo indica, promete ser de mayores proporciones y presuntamente compromete al director de la UNGDR, Olmedo López del Polo Democrático, a Sneyder Pinilla del partido de la U y el Clan Aguilar, al presidente del Senado, Iván Name, al presidente de la cámara, Andrés Calle del partido Liberal Ministros y altos funcionarios del gobierno del Pacto Histórico, entre otros.

Nota: Este artículo es el primero de varios que serán publicados en próximas entregas, con el ánimo de generar educación política, como herramienta de lucha contra la corrupción instalada en el ADN de la oligarquía y las mafias gobernantes colombianas.

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*Miembro de la Red socialista y Fiscal de la ANEP (la Asociación Nacional de Educadores Pensionados).