La agenda reformista avanza muy lentamente y es recortada a su paso por el Congreso. El gobierno ante un Congreso adverso tiene pocas alternativas
Las reformas que fueron la base del triunfo de la candidatura del presidente Gustavo Petro en las elecciones del año 2022 se encuentran estancadas en el trámite parlamentario.
El paro y la movilización de los maestros demuestra que solo la presión y la movilización son garantía que las reformas no sean desvirtuadas por completo en el legislativo
Pedro Santana Rodríguez
Del conjunto de reformas solo dos han sido aprobadas en el Congreso, la Reforma Tributaria severamente modificada por la Corte Constitucional en el componente de impuesto a las industrias extractivas echado abajo con un recorte a los ingresos de cerca de seis billones de pesos al año en un fallo controvertido y acatado, pero no compartido por el gobierno. De esta forma los ingresos nuevos calculados en unos 20 billones de pesos al año caen a unos 14 billones de ingresos nuevos al año disminuyendo recursos principalmente para la inversión social. Este recorte en los presupuestos para la inversión social los ha calculado el ministerio de Hacienda en 20 billones para este año también por errores de cálculo en los ingresos proyectados. De modo que todos los ministerios se encuentran haciendo ajustes en sus proyectos y planes de inversión por esta suma fijada como se ha dicho por el Ministerio de Hacienda.
Un segundo proyecto de la agenda reformista aprobado en medio de muchas polémicas fue el de la reforma pensional. Todos los trabajadores deberán afiliarse al fondo público administrado por Colpensiones y allí cotizarán hasta por 2.3 salarios mínimos legales vigentes lo que indica que todos los trabajadores cotizarán en Colpensiones por un monto hasta de 2.9 millones de pesos en el régimen de prima media. Esta medida afectara positivamente a los trabajadores que verán incrementada su mesada pensional pues en el régimen de prima media recibirán un aproximado de entre el 72 y el 75% del último salario como mesada pensional. Hoy quienes están en el régimen de los fondos privados de pensiones reciben en promedio cuando cumplen todos los requisitos para jubilarse un aproximado del 36% de su último salario y en todo caso no podrán recibir una mesada inferior al salario mínimo legal vigente. De tal forma que esta reforma es progresiva y los trabajadores más o menos el 75% de todos los trabajadores verán incrementadas de manera significativa sus mesadas pensionales lo cual es importante para la mayor parte de los trabajadores del país.
Un segundo elemento progresivo es que la reforma crea el pilar solidario que beneficiaría a todos los adultos mayores que no tienen ni reunieron los requisitos para pensionarse. En adelante los adultos mayores tendrán un ingreso garantizado para su sobrevivencia de 230.000 pesos mensuales haciendo justicia para una población hasta ahora desprotegida por las políticas públicas sociales del Estado. En esa misma línea se crea el fondo para apoyar a personas que no alcanzaron a reunir las condiciones para su jubilación que recibirán en adelante una renta vitalicia. Estos son los elementos progresivos de la ley aprobada por el Congreso.
Para satisfacer los intereses de los fondos privados de pensiones se estableció de manera obligatoria que los trabajadores que devengan más de 2.3 salarios mínimos deberán afiliarse a un fondo privado de pensiones e ingresar con sus ingresos que superen ese monto al régimen de ahorro individual. Como se sabe las mesadas en este régimen apenas llegan aproximadamente a un 36% del último salario menos de la mitad de lo que recibirían si se mantuvieran en el régimen de prima media del fondo público que administra Colpensiones. Este es un duro golpe a la clase media que vera disminuida su mesada pensional.
Para enfrentar el obstruccionismo de la oposición la plenaria de la Cámara que había hecho un trabajo de depuración de problemas que tiene el texto aprobado por el Senado como el aumento desproporcionado del monto que se les reconoce a los fondos privados de pensiones por su administración y otros temas menores, la plenaria de la Cámara de Representantes decidió aprobar el texto tal como había sido aprobado por el Senado de la República sin ninguna modificación toda vez que si se efectuaban cambios como los propuestos por la Comisión Séptima de Cámara debería además de su aprobación en la plenaria ir a una Comisión para conciliar los textos corriendo el riesgo de su hundimiento por los tiempos muy apretados para que termine la legislatura que culmina este 20 de junio.
Desde ya la oposición filibustera del Centro Democrático y de Cambio Radical han anunciado demandas ante la Corte Constitucional por la supuesta no realización del cuarto debate en la plenaria de la Cámara. Ya veremos que resuelve la plenaria de la Corte Constitucional. La mayor parte de los representantes sostiene por el contrario que la plenaria debatió y aprobó el texto que había sido aprobado en el Senado de la República. Será la Corte la que decida en última instancia.
La reforma laboral queda viva al aprobarse en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el articulado que devuelve derechos recortados por las reformas neoliberales que precarizaron el trabajo y el pago de los dominicales y festivos, las horas extras a partir de las 7pm y dar una mayor estabilidad en la contratación laboral y reducir y eliminar las formas de terciarización laboral. Estos son los elementos centrales de la reforma aprobada en Cámara de Representantes. Le restan tres debates, por ahora se salva de su hundimiento, pero no tiene un trámite garantizado. Todos los contenidos que buscaban fortalecer la organización sindical fueron eliminados del proyecto.
El proyecto de Ley Estatutaria de la Educación que buscaba elevar la educación a un derecho fundamental finalmente se hundió en el Senado de la República. El proyecto había salido medianamente bien de la Cámara de Representantes, pero en la Comisión primera del Senado solo contaba con el respaldo de cinco de veintiún senadores que conforman esta Comisión. En estas circunstancias se conformó una Comisión que echo a perder todo el trabajo de la Cámara de Representantes. La famosa enmienda acordada entre el gobierno y su bancada y los partidos de la oposición devino en un verdadero frankestein. Los tres adefesios mayores eran, por una parte, elevaba a la prestación de los servicios educativos equiparando a los establecimientos públicos con los establecimientos privados como parte integral del núcleo esencial del derecho a la educación. Hay que anotar que en esto la jurisprudencia y la legislación internacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional es clara. El sistema de prestación de los servicios educativos debe ser mixto, es decir puede ser prestado por instituciones públicas y privadas y puede formar parte de la ley como un componente adyacente al núcleo esencial del derecho que debe ser garantizado por el Estado. Pero de ninguna manera el sistema educativo puede entrar a formar parte del núcleo esencial del derecho que debe marchar a la universalidad, progresivamente, debe ser multicultural, debe garantizar la diversidad y el libre desarrollo de la personalidad además que debe garantizar la libertad de cátedra. Estos si son elementos centrales del núcleo esencial del derecho y no la forma como se organiza el sistema de educación en el país.
Un segundo problema es que concebía la autonomía universitaria como absoluta donde el Estado renunciaba a lo que no puede renunciar el Estado que es a la inspección, vigilancia y control tanto de las instituciones públicas de educación superior como a las instituciones privadas. La autonomía universitaria no puede ser absoluta, por ejemplo, sus estatutos no pueden consagrar normas contrarias a la Constitución, se entiende que el límite de la autonomía universitaria es la Constitución Política. Aquí se creaban la figura de la autonomía absoluta de las instituciones universitarias privadas. Esto contraria la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional que incluso ha obligado a colegios privados a reformar sus estatutos pues estos no pueden desconocer derechos de los docentes y de los estudiantes ni contrariar a las normas constitucionales.
Finalmente establecía una evaluación estándar para los docentes de las entidades públicas escolares basada únicamente en el rendimiento de los estudiantes medidos por las pruebas saber. Lo primero que hay que señalar es que hoy los docentes están sometidos a cuatro evaluaciones, o sea que no es cierto que los maestros de las instituciones escolares del Estado no sean evaluados y lo segundo es que los procesos de evaluación no pueden prescindir de los entornos escolares como son las condiciones de alimentación, nutrición, de los niños y niñas, sus entornos familiares y sus condiciones de vida que por supuesto inciden en el proceso de aprendizaje. Una evaluación del maestro basada solo en los resultados de sus alumnos en las pruebas estandarizadas no es solo inadecuada, sino que condenaría al abandono de las labores docentes en los sectores pobres del campo y de las ciudades. Por estas buenas razones los maestros afiliados a Fecode decretaron un paro pidiendo el hundimiento del proyecto y exigiendo la concertación con los docentes y sus organizaciones para la presentación de un nuevo proyecto, cosa que finalmente se logró.
De este proceso fallido quedan varias enseñanzas. La primera el gobierno y el Ministerio de Educación fallaron de manera flagrante, así como los integrantes de la bancada de gobierno, al concertar con la oposición un texto que tenía serios problemas en su estructuración y enormes errores de concepción de lo que es al derecho fundamental a la educación. En buena hora este proyecto se hundió, aunque se perdió la oportunidad de avanzar en la consagración de la educación como un derecho fundamental.
Para terminar con este paneo debemos decir que en medio de agudas divergencias se avanzó en la ley que buscaba legislar para agilizar los procesos de restitución de tierras despojadas y abandonadas, como producto de la violencia que se ejerce contra nuestros campesinos. Al momento de escribir este texto se avanzaba en la conciliación donde nuevamente el obstruccionismo buscaba eliminar del texto la restitución por vía administrativa cuando no hay opositores en el proceso de restitución. Supuestamente se requería de un aval del ministerio de Hacienda para su aprobación.
Y bueno ya se sabe que la reforma a la salud fue hundida por 9 senadores de la Comisión Séptima del Senado el pasado 3 de abril. Aquí hay que anotar una paradoja surgida del irresponsable hundimiento de la misma. Durante más de un año las EPS y sus agremiaciones apoyaron la labor obstruccionista y filibustera de la oposición. Hundida la reforma las EPS quedaron en el limbo en una situación sumamente compleja. Se avinieron a un acuerdo con el gobierno de forma extemporánea pues la reforma se había hundido con su respaldo, materializado este hundimiento quedaron sin alternativas pues no se pueden transformar como lo proponia el proyecto hundido en Gestoras de Salud y Vida. La crisis se ahonda y profundiza. El modelo fracasado de administración privada de los recursos públicos las enfrenta a investigaciones penales y de responsabilidad fiscal que están en curso. Y no se puede hacer un tránsito ordenado. Solo con la aprobación del proyecto se puede afrontar de raíz la crisis y la transformación del sistema de salud. Esperemos que las pocas EPS que sobreviven hayan aprendido la lección de apoyo a unas fuerzas políticas opositoras sin propuestas reales para hacer frente a la crisis. El gobierno debe presentar el proyecto concertado ahora con el respaldo de las EPS, ver para creer.
La conclusión es clara. La agenda reformista avanza muy lentamente y es recortada a su paso por el Congreso. El gobierno ante un Congreso adverso tiene pocas alternativas. Ya veremos que pasa en la nueva legislatura. El paro y la movilización de los maestros demuestra que solo la presión y la movilización son garantía que las reformas no sean desvirtuadas por completo en el legislativo.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Seguimiento.co
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