EN EL CASO ASSANGE ESTÁN EN JUEGO LAS LIBERTADES BÁSICAS DE LA PRENSA

CHIP GIBBONS

TRADUCCIÓN: PEDRO PERUCCA

En la actual batalla por la extradición de Julian Assange del Reino Unido, Estados Unidos busca hacer valer su derecho a localizar a cualquier periodista en cualquier parte del mundo, detenerlo, llevárselo y meterlo en prisión.

Este martes 20 de febrero, media hora antes de que los Reales Tribunales de Justicia abrieran sus puertas, miles de personas ya se habían congregado frente a ellos. En dos horas, dos jueces británicos escucharían durante dos días los alegatos de lo que puede ser la última petición del periodista Julian Assange para que los tribunales del Reino Unido detengan su extradición a Estados Unidos, país que pretende juzgar al fundador de WikiLeaks por sacar a la luz sus crímenes de guerra. Esto que sentaría el precedente de que la Ley de Espionaje puede utilizarse para procesar a periodistas que publican información que no le guste al gobierno estadounidense. La opinión de los manifestantes reunidos en el exterior podía oírse en sus cánticos: «Solo hay una decisión: no a la extradición».

Durante los dos días siguientes, la multitud se mantuvo fuera del tribunal. Los manifestantes se reunían antes de que se abrieran sus puertas y muchos seguían allí cuando terminaba la sesión. Cuando los miembros de la familia de Assange, el equipo legal y WikiLeaks salían cada día del recinto, eran recibidos con aplausos. El miércoles por la mañana llovió, pero cientos de personas mantuvieron la presencia antes del inicio y al levantarse la sesión, ya sin lluvia, el número de personas llegaba a los miles. Las puertas del tribunal estaban cubiertas con cintas amarillas que decían «Libertad para Assange». Todos los que entraban y salían tenían que pasar entre la multitud.

Enfrente del tribunal había un podio donde los oradores se dirigían a los manifestantes. Intervinieron miembros de los parlamentos británico, alemán, europeo y australiano, así como sindicalistas y defensores de los derechos humanos, entre los que me encontraba. Jeremy Corbyn dijo a los manifestantes que Assange «es un periodista de verdad. Los periodistas de verdad asumen riesgos. Los periodistas de verdad van a por la verdad cueste lo que cueste».

Según Corbyn, antes de su encarcelamiento, Assange estaba «diciendo la verdad» sobre las guerras de Irak y Afganistán, la avaricia corporativa y la explotación de las naciones más pobres, y sobre «la corrupción en la forma en que nuestros medios de comunicación conspiran con los gobiernos y los militares para ocultar la verdad sobre los horrores de la guerra». Corbyn pidió a la multitud que pensara qué pasaría si Assange estuviera libre y no en prisión: «¿Qué estaría diciendo sobre el bombardeo de Rafah y toda la destrucción de vidas en la Franja de Gaza? ¿Qué estaría diciendo sobre el armamento altamente sofisticado que se está utilizando y que hasta ahora se ha cobrado la vida de casi treinta mil palestinos?».

Al final de los dos días de audiencias, la multitud marchó hacia la sede de Gobierno en Whitehall y Stella Assange, esposa de Julian Assange, se dirigió a ella: «El mundo está mirando y por fin se ha tomado conciencia de lo que realmente está ocurriendo». Sostuvo que procesamiento de su marido «es un ataque a la verdad, un ataque al derecho del público a saber y el intento de un país de fomentar su impunidad y encubrimiento para seguir matando impunemente, sin la amenaza de unos medios de comunicación que los escudriñen y de un público que exija un cambio».

Stella Assange describió a su marido como el preso político más famoso del mundo. Invocando la reciente muerte del disidente ruso Alexei Navalny en una colonia penal rusa, dijo a sus partidarios: «Sabemos lo que le ocurrió al otro preso político más famoso la semana pasada. Eso no le puede pasar a Julian».

Su advertencia no era una hipérbole. Julian Assange no ha sido visto en público desde la vista de extradición del 6 de enero de 2021. A Julian y Stella Assange se les denegó el derecho a publicar las fotos de su reciente boda por motivos de seguridad. Aunque Assange estuvo presente en la audiencia inicial de extradición, durante las anteriores audiencias de apelación se le denegó el derecho a comparecer en persona. Esta vez, finalmente se le concedió ese derecho, pero estaba demasiado enfermo como para presentarse. Se había roto una costilla debido a una tos excesiva. En la sala de la audiencia había una jaula de hierro vacía esperándolo.

La situación es grave. Y no sólo por la vida de un hombre. El caso de Assange es el juicio por la libertad de prensa del siglo XXI.

Si Estados Unidos consigue procesar a Assange en virtud de la Ley de Espionaje por publicar información sobre sus crímenes de guerra, estará destrozando las garantías de libertad de prensa de la Primera Enmienda. Pero el daño se extenderá mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Assange no es estadounidense y WikiLeaks no tiene su sede en Estados Unidos. Estados Unidos se está arrogando el derecho de localizar a cualquier periodista en cualquier parte del mundo, detenerlo, llevarlo a su país y hacerlo desaparecer en una prisión.

Si el gobierno estadounidense logra esto, se anotará una victoria no sólo contra Assange sino contra la libertad de prensa mundial.

La saga legal de Assange, así como la guerra extralegal del gobierno estadounidense en su contra, ha sido un proceso largo y enrevesado. Bloqueos de pagos, complots de asesinato, años atrapado en una embajada, acusaciones y más acusaciones, apelaciones y recursos cruzados… han ocurrido tantas cosas que puede resultar difícil de seguir incluso para un observador avezado.

Aunque el gobierno de Estados Unidos comenzó a elaborar planes para destruir WikiLeaks poco después de que la organización se pusiera en marcha, el peligro para Assange comenzó realmente el 5 de abril de 2010. Ese día, en el Club Nacional de Prensa de Washington DC, Assange y WikiLeaks publicaron un vídeo de un ataque de un helicóptero de combate estadounidense en Irak. WikiLeaks tituló provocativamente el vídeo «Asesinato colateral». En el ataque murieron dieciocho civiles, entre ellos dos periodistas de Reuters. «Oh sí, mira a esos cabrones muertos», se le oye decir a un soldado.

Cuando una furgoneta se detiene para rescatar a los heridos, los soldados disparan contra ella. Matan a los hombres de la furgoneta e hieren a dos niños. Tras enterarse de que había niños heridos, un soldado dice: «Bueno, es culpa suya por traer a sus hijos a una batalla». A lo largo del vídeo, se oye claramente a los soldados tergiversar los hechos para obtener permiso para disparar contra los objetivos deseados.

A lo largo del año siguiente, WikiLeaks colaboró con la prensa convencional para publicar registros de las guerras de Afganistán e Irak, cables del Departamento de Estado y evaluaciones de los detenidos de Guantánamo. Toda esta información publicada en 2010-2011 fue entregada a WikiLeaks por la denunciante Chelsea Manning, entonces soldado raso del Ejército estadounidense. Inmediatamente, las autoridades militares iniciaron la caza de la fuente. Manning fue encontrada, sometida a lo que fue ampliamente condenado como tortura y sometida a un consejo de guerra.

En julio de 2010, el FBI investigaba si algunos civiles habían ayudado a Manning. En octubre de ese año, se habían abierto expedientes de investigación sobre Assange y WikiLeaks. En diciembre, el Departamento de Justicia estaba estudiando la posibilidad de presentar cargos contra Assange.

Aunque los funcionarios de inteligencia del FBI elaboraron posibles cargos que podrían presentarse contra Assange, argumentando que eran necesarios para disuadir futuras denuncias, la administración Obama se negó a sancionar el procesamiento. En aquel momento, Obama ya había procesado a más denunciantes en virtud de la Ley de Espionaje que todas las administraciones anteriores y tenía peor historial en materia de libertad de prensa que cualquier administración desde la de Richard Nixon. Sin embargo, su gobierno se resistió a presentar cargos contra Assange, creyendo que eso crearía un precedente legal que podría utilizarse para procesar al New York Times. La comunidad de inteligencia estaba tan enfadada con la decisión de Obama que, en 2014, la CIA y el FBI exigieron una audiencia personal con el presidente.

El FBI mantuvo su caso abierto. Y la administración Obama animó a otros países a procesar a Assange. Ante el temor de ser extraditado a Estados Unidos, el gobierno socialista democrático de Ecuador concedió asilo político a Assange en su embajada de Londres. A través de una compleja serie de acontecimientos condenados por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, Assange quedó atrapado allí durante siete años.

Desde de la embajada, Assange y WikiLeaks ayudaron al informante de la NSA Edward Snowden a solicitar asilo y publicaron correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y herramientas secretas de pirateo de la CIA. En resumen, Assange siguió ganándose enemigos poderosos en el establishment político y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

La publicación de las herramientas de pirateo de la CIA («Vault 7») se produjo cuando Trump era presidente e indignó a la CIA. El director de la CIA, Mike Pompeo, declaró a WikiLeaks «agencia de inteligencia no estatal hostil». Usando esta designación, la CIA consideró secuestrar o incluso matar al periodista.

Durante una mesa redonda en el Frontline Club, un club para periodistas con sede en Londres, Jennifer Robinson, famosa abogada de derechos humanos y miembro desde hace tiempo del equipo legal de Assange, dijo a la multitud que abarrotaba la sala: «Nunca olvidaré cuando me bajé de un avión en Estados Unidos y leí los comentarios de Mike Pompeo. Inmediatamente me quedó claro lo que estaban haciendo, que era utilizar esta semántica para crear una nueva categoría para WikiLeaks que les permitiera perseguirlos de una manera diferente».

Una semana después de las declaraciones de Pompeo, el fiscal general Jeff Sessions anunció que detener a Assange era una prioridad. Dentro del Departamento de Justicia se reavivaron teorías previamente descartadas sobre cómo hacerlo.

Assange había recibido asilo del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Pero el sucesor de Correa, el presidente Lenín Moreno, rompió drásticamente con Correa y buscó reorientar a Ecuador dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos. Mientras solicitaba un préstamo del Fondo Monetario Internacional, Moreno revocó el asilo de Assange y permitió a la policía británica poner un pie en la embajada soberana de Ecuador y detener al refugiado político.

Oficialmente, la policía estaba deteniendo a Assange por eludir la libertad bajo fianza, pero más tarde ese mismo día Estados Unidos hizo pública una acusación. Finalmente, Estados Unidos presentaría dieciocho cargos contra el editor australiano. Diecisiete de esos cargos se presentaron en virtud de la Ley de Espionaje, utilizada para procesar a denunciantes como Daniel Ellsberg, Chelsea Manning y Daniel Hale. Assange también se enfrenta a un cargo de conspiración para violar la Ley de Fraude y Abuso Informático (los denunciantes Manning y Thomas Drake también fueron acusados en virtud de esta ley).

En 2021, la juez de distrito británica Vanessa Baraitser bloqueó la solicitud de extradición de Estados Unidos. Al hacerlo, rechazó todos los argumentos de Assange sobre libertad de prensa y expresión política. Sin embargo, dada la salud mental de Assange y las probables condiciones de confinamiento, bloqueó la extradición por considerarla opresiva.

En los procedimientos de extradición del Reino Unido, los fiscales británicos representan a Estados Unidos. A petición de Estados Unidos, recurrieron la sentencia de la juez Baraitser. Ese mismo año, el Tribunal Superior del Reino Unido anuló la sentencia. Según el sistema británico, para apelar se necesita autorización. El Tribunal Supremo del Reino Unido, declarando que no había ningún punto de derecho discutible, denegó a Assange ese permiso. Un magistrado británico ordenó su extradición a Estados Unidos y el ministro del Interior firmó la orden.

Aunque en muchos sentidos esto pueda parecer el final del camino, se inició de nuevo el proceso de apelación. Ahora el equipo legal de Assange podría presentar una «apelación cruzada». Se trata de una apelación de las sentencias del juez original en contra de los argumentos de Assange sobre la libertad de prensa y la expresión política.

Assange necesita de nuevo permiso para apelar. Y las audiencias celebradas los días 20 y 21 de febrero ante la King’s Bench Division del Tribunal Superior versaron sobre si Assange tenía motivos para apelar. Si Assange pierde en esta fase, la única manera de que evite ser procesado en Estados Unidos por su labor periodística es una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o un cambio de opinión en Washington. Por ello, tanto los medios de comunicación como sus partidarios han considerado que se trata de su última apelación en el Reino Unido.

En las audiencias de la semana pasada, por primera vez desde la audiencia original de extradición, los tribunales del Reino Unido se vieron obligados a enfrentarse a los aspectos de libertad de prensa presentes en la acusación de Assange, los que han cautivado el interés mundial.

En este nivel de apelación, los alegatos van a ser en su mayoría puntos muy técnicos de la ley. Estos esoterismos jurídicos a menudo pueden distorsionar u ocultar las cuestiones políticas o humanas subyacentes en juego. Sin embargo, el primer día de los alegatos de la fiscalía británica, Clair Dobbin dejó las cosas perfectamente claras sin darse cuenta. En lugar de empezar citando tratados, leyes nacionales o casos anteriores, Dobbin proclamó que Assange no era un periodista y que Manning no era un informante.

En el resumen de Dobbin, WikiLeaks era un sitio web que solicitaba y publicaba documentos robados, pirateados u obtenidos de otro modo ilegal. Su mera existencia, a ojos de la fiscalía, parece constituir una solicitud delictiva. Manning, según Dobbin, actuó en respuesta a esta solicitud de documentos clasificados «robados» y se los entregó a WikiLeaks, que los publicó. Dicha publicación benefició a «estados extranjeros hostiles, terroristas y organizaciones criminales», afirmó Dobbin, señalando que Osama bin Laden los había leído mientras estaba escondido. Por supuesto, casi todo el mundo que seguía los asuntos internacionales en 2010 y 2011 probablemente consultó WikiLeaks. Y el disco duro del ordenador de Bin Laden también contenía sketches de Mr. Bean, dibujos animados de Tom y Jerry y vídeos virales de gatos.

Gran parte de los argumentos de Dobbin sobre por qué los integrantes de WikiLeaks no eran periodistas y Manning no era un informante parecían basarse en el hecho de que se suponía que no debían haber divulgado y publicado la información que publicaron. Por supuesto, los denunciantes rara vez, o nunca, tienen el consentimiento de aquellos a los que denuncian. Y el periodismo de investigación no pide permiso a los poderosos antes de sacar a la luz sus delitos.

Dobbin también invocó la acusación de «conspiración para cometer intrusión informática» contra Assange. Según el gobierno estadounidense, Manning pidió a Assange que le ayudara a descifrar el hash de una contraseña. El propósito de esto, según el gobierno, no era que Manning pudiera acceder a documentos secretos a los que no tenía acceso. En cambio, era para que pudiera acceder a la cuenta de otra persona en un esfuerzo por cubrir sus huellas.

Hay una serie de problemas con esta teoría, entre ellos que ni siquiera Manning sabe con quién habló, no hay pruebas de que la persona con la que habló intentara siquiera descifrar la contraseña, la trama claramente no funcionó y, según los expertos, la acusación del gobierno de EE.UU. contra Manning y Assange es tecnológicamente imposible. No obstante, Dobbin advirtió al tribunal lo que habría ocurrido si la trama hubiera tenido éxito: los investigadores militares hubieran tenido más dificultades para identificar a Manning como la fuente de WikiLeaks. Para la acusación, un mundo en el que Manning no hubiera sido detenido, torturado y encarcelado parece una evocación del horror.

Durante su refutación de los alegatos de la acusación, el abogado defensor Mark Summers señaló que ni una sola vez en su presentación de dos horas y media la acusación mencionó lo que exponían los documentos: criminalidad de Estado y crímenes de guerra.

Aunque estos intercambios dejaron claro el verdadero objeto del proceso, la mayor parte de los alegatos giraron en torno a complicadas cuestiones jurídicas. El tratado de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido, como casi todos los tratados de extradición que ha firmado el Reino Unido, prohíbe la extradición por delitos políticos. El espionaje se considera uno de los ejemplos por excelencia de delito político. Los abogados de Assange también argumentaron que exponer la criminalidad del Estado y ser procesado por ello es intrínsecamente un castigo a la expresión política.

Aunque es innegable que el tratado prohíbe la extradición por delitos políticos, un estatuto de extradición del Reino Unido de 2003 omite cualquier referencia a esta parte del tratado. La defensa alegó que el texto del tratado sigue siendo válido, pero la acusación alegó que no era aplicable y que su omisión era consciente, citando a un lord que en 1996 opinó que la excepción por delitos políticos era producto de «ideales liberales de Europa Occidental y Norteamérica» que ya no tenían relevancia en el mundo moderno. Cabe preguntarse si la acusación considera que la democracia, las garantías procesales o la libertad de expresión son ideales liberales anticuados de Europa Occidental y Norteamérica.

La defensa de Assange también planteó que es un abuso de proceso extraditar a alguien por un delito político, desarrolló una serie de argumentos basados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y denunció que era poco probable que Assange recibiera un juicio justo. Los abogados de Assange argumentaron que el hecho de que ningún periodista hubiera sido acusado antes que él en virtud de la Ley de Espionaje significaba que no podía haber previsto en el momento de sus acciones que se enfrentaría a una sanción penal. Como prueba de la parcialidad a la que podría enfrentarse en los tribunales estadounidenses, hicieron hincapié en una declaración de un fiscal estadounidense según la cual Estados Unidos podría alegar que, como ciudadano extranjero, Assange no tiene derechos en virtud de la Primera Enmienda. También explicaron que, en virtud de los precedentes establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Manning sería considerada una denunciante y, por lo tanto, Assange no podría ser procesado por publicar sus revelaciones en virtud de la legislación europea de derechos humanos.

La acusación parecía sostener que cualquier afirmación de que la acusación estaba diseñada para reprimir la expresión política de Assange era una difamación inaceptable de los fiscales estadounidenses y citó, como prueba de que la acusación no estaba apuntando contra el periodismo, la afirmación del fiscal estadounidense Gordon Kromberg de que no consideraba a Assange como un periodista. Kromberg ha sido acusado de entablar juicios políticamente sesgados contra musulmanes y comparó al denunciante del tema drones Daniel Hale con un traficante de heroína.

Uno de los intercambios más chocantes entre los fiscales y los jueces se refirió a la pena de muerte. El Reino Unido no prevé la extradición de personas que vayan a enfrentarse a la pena de muerte en el país que los reclama. Los abogados de Assange han argumentado que aunque ninguno de los cargos contra Assange conlleva la pena de muerte, utilizando el mismo patrón de hechos, EE.UU. podría reformular la acusación para presentar cargos capitales. Manning fue acusada del delito capital de ayudar al enemigo (aunque fue absuelta) y Assange podría ser acusado de complicidad para cometer traición, sostuvo la defensa. Por lo tanto, sin garantías de EE.UU. de no solicitar la pena de muerte, Assange no podría ser extraditado.

Aunque tiene sentido que los abogados de Assange presenten este argumento, es un poco exagerado. Sin embargo, cuando el juez Jeremy Johnson les preguntó por los argumentos de la defensa sobre la pena de muerte, los fiscales dijeron que era posible que esto ocurriera, destacando que si este fuera el caso el Reino Unido sería impotente para impedirlo. Sin embargo, la fiscalía argumentó que seguía siendo correcto autorizar la extradición.

La acusación parecía sostener que, en lo que respecta a las solicitudes de extradición de Estados Unidos, tanto el ministro del Interior como el poder judicial del Reino Unido no tenían otra función que la de dar el visto bueno, sometiéndose al servilismo de Estados Unidos.

El juicio de Assange puede ser el juicio de libertad de prensa del siglo, pero los tribunales británicos han hecho todo lo posible para dificultar la cobertura periodística de la última vista. Las dos veces que cubrí audiencias anteriores de Assange para Jacobin, me dieron un enlace remoto que me permitió ver la sesión desde Washington, DC. Esta vez, se tomó la decisión de no conceder acceso remoto a ningún periodista que no estuviera presente en Inglaterra y Gales. Desde Fox News a Truthout, pasando por el periodista independiente Kevin Gosztola, a todos los periodistas internacionales se les dijo que la concesión de acceso remoto no era en « interés de la justicia».

Esto provocó la protesta de la Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), el sindicato de periodistas australianos. Assange es ciudadano australiano y tanto el partido gobernante como la oposición han pedido a Estados Unidos que ponga fin a su persecución. El Alto Comisionado de Australia en el Reino Unido, a instancias de la MEAA, planteó esta cuestión al gobierno británico, sin resultado.

Los periodistas también recibieron a último minuto la información sobre las credenciales, lo que dificultó los planes de viajes internacionales. Estaba previsto que las audiencias comenzaran un martes, pero fue el viernes anterior cuando se tomaron las primeras decisiones sobre la concesión de credenciales. Poco más de media hora antes del cierre del tribunal se me informó que se me había denegado la conexión a distancia. El correo electrónico no decía nada sobre si se me concederían credenciales en persona. Estaba a punto de cancelar mi vuelo a Londres del domingo cuando, horas después del cierre del tribunal, recibí un correo electrónico informándome de que se me había dado autorización para cubrir el caso en persona.

Aun así, me fue mejor que a otros. Stefania Maurizi, que ha estado cubriendo WikiLeaks desde poco después de que comenzara, no recibió ningún aviso hasta el día previo. En ese momento estaba embarcando en su avión desde Italia hacia el Reino Unido.

Y los periodistas no fueron tratados mejor cuando se presentaron personalmente. A pesar del enorme interés del público, demostrado por el hecho de que hubo más de 300 solicitudes de credenciales, el tribunal decidió celebrar la vista en una de las salas más pequeñas del edificio, aunque había una sala adicional. A toda la prensa se le asignó de antemano la tribuna de la sala de vistas o un anexo donde se retransmitiría.

A mí me asignaron el anexo. Muchos de los periodistas con los que hablé manifestaron su preferencia por el anexo. En la planta baja hay mesas con tomas de corriente que pueden utilizar para trabajar con sus ordenadores portátiles mientras cubren el caso. Aunque se trata de una práctica habitual en otros procedimientos, el juez ordenó que se prohibiera a todos los periodistas acceder al nivel inferior del anexo. En su lugar, tuvieron que sentarse en un balcón. Además de no tener ningún lugar donde trabajar, el balcón estaba tan lejos de las pantallas de televisión que era difícil ver, con cuatro lámparas que obstruían la visión.

Como nuestros pases nos identificaban como prensa, al ingresar se nos negó el acceso al nivel inferior. En un momento dado, un grupo de periodistas enfadados pasó del balcón a la sala principal. Sin embargo, un funcionario del tribunal se acercó y preguntó personalmente a cada persona si era prensa o público en general. Los periodistas fueron expulsados y devueltos al balcón. Después del almuerzo del primer día, los funcionarios del tribunal nos dijeron que habían planteado nuestras preocupaciones al juez, pero éste se atuvo a la decisión previa. Pregunté a los funcionarios del tribunal si el juez era consciente de que los periodistas no podían trabajar, ver ni oír. Me informaron de que estas preocupaciones se transmitieron al juez, pero nada cambió.

Además de los problemas visuales, durante la primera mitad del primer día, la transmisión a distancia fue prácticamente inaudible. Después de comer, vino un ingeniero que solucionó el problema. Al día siguiente, cuando volvimos, un funcionario del tribunal hizo un anuncio que era completamente inaudible para el palco. Irónicamente, resultó que nos estaba informando que era probable que otra vez tuviéramos problemas de audio ese día.

Cuando comenzó el segundo día de actuaciones, Victoria Sharp, la juez principal del caso, fue clara y audible. Habló de los problemas de audio del día anterior y dijo que se estaban investigando. En un momento cómico, el fiscal empezó a hablar y resultó totalmente inaudible. Los periodistas del anexo gritaron que no se oía nada; un funcionario del tribunal respondió con aspereza: «Lo sabemos». Cuando llegó a oídos de la juez, ésta interrumpió el juicio hasta que se solucionara el problema.

Además de los problemas de audio, en la retransmisión había varias personas escuchando que no habían apagado sus cámaras y micrófonos. A veces, individuos aleatorios en ángulos extraños se apoderaban de las pantallas. En un momento dado, el sonido de una cisterna ahogó a uno de los abogados de Assange.

Todos los compañeros periodistas con los que hablé consideraron que los tribunales británicos habían sido, como mínimo, irrespetuosos con el periodismo. La inmensa mayoría compartía la creencia de que estos actos estaban deliberadamente destinados a obstruir la libertad de prensa.

Estábamos cubriendo, o al menos intentando cubrir, el juicio del siglo contra la libertad de prensa. Y en todo momento, la prensa fue obstruida. Si los tribunales británicos querían enviar un mensaje, éste se recibió con claridad.

WikiLeaks publicó el vídeo «Asesinato colateral» en 2010, pero el ataque aéreo que describe tuvo lugar en 2007. A algunos les puede parecer historia antigua. Y con las nuevas guerras asesinas que asolan al mundo, es fácil perder de vista los catorce años de vendetta del gobierno estadounidense contra Assange.

Cuando WikiLeaks irrumpió en escena, la organización fue considerada como un soplo de aire fresco. Mucha gente estaba disgustada por el apoyo de los medios corporativos a las guerras de Irak y Afganistán. Los atrevidos intentos de WikiLeaks de cuestionar esas guerras alertando al público de la verdad constituyeron un recordatorio de lo que podía ser un mejor periodismo.

Con el genocidio en Gaza y los bombardeos estadounidenses en toda la región, que parecen avanzar hacia una guerra regional más amplia, los medios de comunicación corporativos están desempeñando de nuevo el papel que tuvieron durante el período previo a la guerra de Irak. Al mismo tiempo, hay niveles récord de disidencia dentro del gobierno, quizá no vistos desde la guerra de Vietnam.

A Washington le gusta mentir sobre las guerras casi tanto como empezarlas. Nuestra era pide a gritos un nuevo Daniel Ellsberg o Chelsea Manning que no tema sacar a la luz estos engaños asesinos. Y necesita urgentemente de medios de comunicación audaces como Wikileaks que estén dispuestos a desafiar las mentiras militares.

El gobierno estadounidense intentó silenciar la verdad convirtiendo a los denunciantes en ejemplos aleccionadores mediante procesamientos draconianos. Tras haber ido a por las fuentes, ahora pretende encarcelar al periodista Julian Assange. Esta guerra contra WikiLeaks es una advertencia directa a quienes puedan oponerse a la actual manía bélica. La libertad de prensa está en juego en un momento en que se necesita desesperadamente una prensa independiente.

Como dijo Stella Assange a sus partidarios tras la vista: «Todo depende del resultado de este caso».

CHIP GIBBONS

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Chip Gibbons es director de Defending Rights & Dissent. Actualmente está trabajando en un libro sobre la historia del FBI que explora la relación entre la vigilancia política doméstica y el surgimiento del estado de seguridad nacional estadounidense.