El actual sistema les permite recibir el pago por adelantado, beneficiar con estos recursos a sus propias empresas o las de sus aliados
Mientras estos congresistas sabotean el trámite legislativo, las EPS hacen su parte generando crisis en la provisión de medicamentos y promoviendo el pánico entre los usuarios con la idea de que no habrá recursos para garantizar su atención.
La variedad de métodos utilizados pasa por campañas de desprestigio, como la sufrida por la ministra Corcho.
Fernando Valencia Rivera
Abogado, asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía
Se aplazó nuevamente el debate sobre la reforma a la salud. Por décima vez los partidos tradicionales se retiraron del recinto de la Cámara y disolvieron el cuórum para impedir su aprobación; esta vez alegando que los resultados en la elección de alcaldes y gobernadores les concede la razón para oponerse a los cambios propuestos por el gobierno, como si en los municipios se hubiera hecho un debate sobre la situación de la salud, las pensiones y otros asuntos fundamentales, en lugar de la danza de corrupción y clientelismo a la que asistimos.
Mientras estos congresistas sabotean el trámite legislativo, las EPS hacen su parte generando crisis en la provisión de medicamentos y promoviendo el pánico entre los usuarios con la idea de que no habrá recursos para garantizar su atención. La variedad de métodos utilizados pasa por campañas de desprestigio, como la sufrida por la ministra Corcho, y llega hasta la actual exigencia de un concepto fiscal, pese a que el ministro de hacienda ha advertido que la reforma no generará ningún impacto relevante; como si les importara la suerte de los recursos de los cotizantes y contribuyentes, y como si durante todo este tiempo no hubiesen sido indolentes frente al oscuro manejo que las EPS le dan a los casi $90 billones que reciben cada año.
A lo largo de estos diez meses de trámite se ha decidido sobre 80 de los 143 artículos y no se ha podido concluir el segundo de cuatro debates necesarios. El proceso ha sido tortuoso, a cuentagotas; los temas pendientes son esenciales, como las responsabilidades del Fondo ADRES en el pago directo a los hospitales, laboratorios y farmacias; la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y, el principal: quitarle a las EPS la administración de esos recursos, con los que por demás se han dedicado a crear y fortalecer sus propios negocios. Estos administradores de la salud tienen empresas de vigilancia, aseo, mantenimiento y transporte, universidades, hospitales, laboratorios y droguerías, a las que les pagan con los anticipos del Estado mientras arruinan la red hospitalaria pública y a otros proveedores, a quienes desfalcan cuando se declaran en quiebra después de acumular cuantiosas deudas.
El actual sistema les permite recibir el pago por adelantado, beneficiar con estos recursos a sus propias empresas o las de sus aliados (que por demás gozan de una clientela cautiva), arruinar a los prestadores públicos, incumplir a sus afiliados, reclamar más giros bajo el argumento de que la UPC1 es insuficiente y finalmente entrar en liquidación sin poner en riesgo su patrimonio, porque sus empresas e inversiones quedan a salvo.
De tal magnitud es la ventaja concedida a estos empresarios, que ni siquiera ejercen su función de aseguramiento. No solo porque en la práctica no estén corriendo ningún riesgo sino también porque no están cumpliendo con el mantenimiento de un fondo que la ley les obliga como respaldo del servicio2. Según la Superintendencia de Salud, las EPS deberían tener estas reservas técnicas por $18 billones, sin embargo, hecha la verificación se estableció que apenas 4 de las 24 Promotoras tienen la disponibilidad, y que hay un faltante de $12,4 billones, que ha venido creciendo año tras año gracias a las gabelas legales otorgadas por los diferentes gobiernos desde 2014, cuando se creó esta obligación.
Los partidos Conservador y de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, el ala gavirista del liberalismo y un sector del Verde se han declarado en abierta oposición a la reforma bajo proclamas de defensa de la salud y denuncias de lo que ellos llaman la “estatización”, pero sería más justo presentarse como defensores de las EPS y de la privatización de los servicios públicos, sin sofismas, sumando a su haber otras batallas políticas, como las que dieron algunos de ellos durante años para evitar que la comida chatarra tuviera una etiqueta de advertencia, que a las bebidas azucaradas se les cobre un impuesto para la salud o que a las empresas petroleras y mineras se les obligara a pagar regalías sin descontarlas de su impuesto.
Estos grupos políticos siempre han estado allí en defensa de los intereses privados de quienes los financian y les conceden prerrogativas, de espaldas a la defensa de los derechos de la población y del patrimonio público. Su campaña se presenta como una heroica estrategia de derrota a Petro, desviando la atención y evadiendo la transformación de una situación inaguantable para la sociedad colombiana: se están robando la plata de la salud y arruinando la red pública, mientras degradan la calidad del servicio y se lo niegan a la gente de las regiones más apartadas y empobrecidas.
Llegamos al punto: lo que plantean estos partidos y grupos políticos no es una derrota a Petro y a su Gobierno del Cambio sino una defensa a ultranza de las empresas que se han enriquecido a costa de nuestra salud, y de donde surge una pregunta ineludible: ¿Será posible resolver los problemas de la salud mientras continuemos en un modelo que la concibe como un negocio y garantiza la rentabilidad privada por encima del derecho fundamental?
Es la primera vez que nuestro gobierno y una parte importante del congreso se ocupa de cambiar esta situación, y no es solo por ser de izquierda sino por una ecuación sensata: si no logramos esta reforma seguiremos deteriorando nuestro sistema de salud, porque no hay recursos que aguanten cuando se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.
Edición 850 – Semana del 11 al 17 de noviembre de 2023
________________________
1 Unidad de Pago por Capitación, es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.
2 Decreto 995 DE 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, referente a los recursos invertidos para respaldar las reservas técnicas de las EPS.
___________
Fuente:
