Hace tiempo que los capitalistas utilizan el Estado para remodelar nuestras ciudades. Debemos utilizarlo de una forma radicalmente distinta para que sirva a los intereses de los trabajadores.
SAMUEL STEIN
Una vista desde la calle de la zona de desarrollo de Hudson Yard, Nueva York. (Stephanie Keith/Getty)
El capitalismo y la planificación estatal tienen una relación complicada. La ideología capitalista insiste en que los mercados son el mejor mecanismo para la toma de decisiones económicas, sociales y medioambientales, y que la elección del consumidor es el árbitro más justo y eficaz de la voluntad pública. La desregulación ha sido el lema de la clase empresarial durante décadas, y la reducción de lo público ha sido el objetivo de los políticos conservadores a todos los niveles.
Grover Norquist, de la derechista Americans for Tax Reform (Estadounidenses por la Reforma Fiscal), afirmó célebremente que quería reducir el empleo público «hasta el tamaño en que pueda arrastrarlo hasta el cuarto de baño y ahogarlo en la bañera».
Eso es lo que dicen los capitalistas; en realidad no es lo que hacen. Los capitalistas y los conservadores se apresuran a pedir una expansión del Estado cuando se trata de sus capacidades carcelarias o de su poder militar, y esas expresiones del poder estatal han disparado los presupuestos a nivel local, estatal y federal. A las grandes empresas les encantan los tipos de normativas complejas que impiden a las empresas más pequeñas competir con ellas; son capaces de contratar ejércitos de abogados para abrirse paso entre la maleza, mientras sus competidores se quedan empantanados en el fango. Anuncian expansiones del poder estatal que aumentan las desigualdades y reprimen las insurgencias como si el gobierno estuviera haciendo su trabajo.
En el plano de la planificación urbana y la política de uso del suelo, la retórica y la realidad tampoco coinciden. Los capitalistas tienen demandas serias y específicas del Estado, sin las cuales es improbable que funcionen a largo plazo, o incluso en el día a día. Quieren que el Estado realice grandes inversiones de capital fijo en infraestructuras que les permitan obtener beneficios. También quieren que el gobierno garantice cierto grado de apoyo a la reproducción social de las personas, para asegurarse, en primer lugar, de que tienen una mano de obra viva y que respira para explotar. Sin estas inversiones —planificadas, pagadas y coordinadas por el Estado— tienen poca base sobre la que operar.
Las contradicciones de la planificación capitalista
Sin embargo, si se mira un poco más de cerca, surgen algunas grietas importantes. En su clásico libro de 1986 Planning the Capitalist City, Richard Foglesong analiza la relación entre el capitalismo y la planificación urbana tal y como evolucionó en Estados Unidos desde el periodo colonial hasta la década de 1920. Enmarca el libro en torno a dos contradicciones principales: una la llama «la contradicción de la propiedad» y la otra «la contradicción capitalismo-democracia».
La contradicción de la propiedad surge porque los capitalistas exigen al Estado determinadas intervenciones de planificación para posibilitar su modo de acumulación, pero luego niegan la utilidad de la planificación como una especie de enfermedad socialista. Crucialmente, más allá de ciertos fundamentos, los capitalistas urbanos no quieren las mismas cosas de los planificadores urbanos. Sus demandas se dividen crudamente en función de la industria. A los capitalistas manufactureros les pueden irritar las normativas medioambientales que limitan su capacidad de explotar la tierra, el agua y el aire sin consecuencias legales. Sin embargo, podrían apoyar ampliamente las intervenciones de planificación destinadas a enfriar el aumento de los precios del suelo y de la vivienda, ya que consideran el suelo como un factor de coste de producción y los precios de la vivienda como una causa en torno a la cual sus trabajadores podrían unirse y exigir salarios más altos.
Los capitalistas inmobiliarios, por otra parte, podrían acoger favorablemente las normativas medioambientales que limitan la contaminación si consideran que el smog y la suciedad son factores que podrían hacer bajar el valor de sus edificios. Sin embargo, no aclamarían al Estado por imponer controles de alquiler o construir viviendas públicas de alta calidad, ya que esas medidas podrían amenazar su propio modelo empresarial. Así pues, los planificadores deben enfrentarse a un doble dilema: satisfacer las demandas contrapuestas de los distintos tipos de capitalistas sin demasiada planificación (no vaya a ser que los capitalistas se asusten).
Al intentar enhebrar esa aguja, los urbanistas se enfrentan a la contradicción capitalismo-democracia. Los capitalistas reales —los que poseen los medios de producción, no solo los que piensan como ellos— son siempre la minoría numérica. En un gobierno republicano y una economía capitalista, los planificadores deben incorporar de alguna manera a la clase trabajadora o se arriesgan a una crisis de legitimidad. Al mismo tiempo, sin embargo, se les encomienda apaciguar a los capitalistas para los que el sistema está diseñado para funcionar. Para sortear este dilema, las ciudades han ideado elaborados sistemas de revisión del uso del suelo (en los que se fomentan los comentarios públicos pero no son vinculantes) y comisiones públicas de planificación urbana (que suelen estar integradas por expertos inmobiliarios y élites empresariales).
Según este modelo, el principal trabajo de los urbanistas es contener estas dos contradicciones; ninguna puede resolverse, pero ambas pueden gestionarse. Es una tarea complicada. Deben realizar determinadas intervenciones sobre el uso del suelo, pero se les impide hacer cambios más radicales. Su proceso debe estar abierto al público y, al mismo tiempo, garantizar que el poder último reside en manos de las élites propietarias. Puede ser un trabajo de mierda.
El auge del Estado inmobiliario
Hace cinco años estaba enseñando el libro de Foglesong en un seminario de geografía y un alumno levantó la mano para hacer una pregunta. «Parece que una parte importante de este modelo es la competencia entre la industria manufacturera y el capital inmobiliario», observó acertadamente. «¿Cómo funciona ahora que la fabricación y el capital inmobiliario ya no se concentran realmente en los mismos lugares?». Era una observación muy acertada.
El mundo es más industrial que nunca: Estados Unidos es ciertamente una nación industrializada, y la industria manufacturera es la mayor parte de la economía del país en términos de producción anual. Pero en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, la producción industrial estadounidense sufrió una intensa reorganización geográfica. Primero, tras la II Guerra Mundial, las fábricas de piezas y montaje se trasladaron de las antiguas ciudades del norte a las nuevas ciudades del sur, los suburbios y las zonas rurales. Luego, entre los años 70 y los 90, la velocidad y el alcance de la deslocalización aumentaron, y muchas plantas abandonaron el país por completo.
En las décadas de 1990 y 2000 se produjo una nueva forma de expansión industrial, con el crecimiento de agrupaciones logísticas para coordinar el complejo flujo de mercancías hacia y desde las ciudades. Esta nueva actividad industrial, sin embargo, tiende a desarrollarse en las afueras de las áreas metropolitanas (para aprovechar el menor valor del suelo y facilitar un flujo de mercancías más fluido). Cuando tiene lugar en las ciudades, a menudo lo hace en terrenos propiedad de organismos o autoridades públicas.
Mientras tanto, un «Niágara de capitales» ha estado fluyendo hacia el suelo urbano y los edificios. El valor actual de los bienes inmuebles en el mundo es de unos 217 billones de dólares, lo que convierte a los bienes inmuebles en la mayoría de los activos mundiales. La propiedad de la vivienda en EE.UU. está en su nivel más bajo de los últimos cincuenta años, y los alquileres medios se han más que duplicado en los últimos veinte años, mientras que los salarios han permanecido estancados. En algunas ciudades, los precios de la vivienda se han disparado más del 50% en los últimos cinco años. Las crisis de la vivienda de diversas variedades son casi omnipresentes en las ciudades de todo el país.
Con la concentración inmobiliaria y la dispersión de la industria manufacturera, la relación entre el capital urbano y la planificación urbana ha cambiado de forma importante. Si los fabricantes ya no constituyen un poderoso electorado capitalista para reducir los costes del suelo y la vivienda en el centro de las ciudades, los planificadores que gestionan «la contradicción de la propiedad» en realidad solo escuchan a los capitalistas inmobiliarios y a quienes están alineados con su agenda de crecimiento, que piden políticas que empujen los valores del suelo y la propiedad cada vez más hacia arriba. Incluso cuando intentan resolver dilemas urbanos que tienen poco que ver directamente con el sector inmobiliario —educación, transporte, parques, etc.—, el capital inmobiliario exige intervenciones de planificación que potencien la especulación.
A los planificadores que negocian «la contradicción capitalismo-democracia» se les anima a encontrar un papel cada vez mayor para el sector inmobiliario en las propias instituciones de planificación. La comisión de planificación de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, está formada casi en su totalidad por personas con experiencia en el sector inmobiliario: desarrollo, promoción, ventas, derecho o ingeniería. La voz disidente más común entre los miembros de la comisión, Michaelle de la Uz, es una promotora de viviendas sin ánimo de lucro, un modelo diferente, sin duda, pero que sigue formando parte del ecosistema inmobiliario urbano.
Esto es el Estado inmobiliario: un gobierno alineado con las necesidades y demandas de esta corriente específica de capital, y ajustado para garantizar que las acciones gubernamentales se calibran para aumentar los beneficios de promotores, propietarios, especuladores y revendedores. Al igual que otros conjuntos estatales (el Estado de bienestar, el Estado carcelario, el Estado de guerra, etc.), el Estado inmobiliario nunca es totalizador, pero su influencia es especialmente fuerte en el ámbito local, donde tienen lugar la mayoría de las decisiones estadounidenses sobre el uso del suelo.
Sean cuales sean los problemas que ataquen los planificadores, es probable que las soluciones que propongan incluyan el desarrollo de lujo como componente clave, incluso cuando ese problema sea la falta de viviendas asequibles. Los planificadores del Estado inmobiliario tienen la misión de avivar los valores inmobiliarios: bien porque son bajos y los inversores quieren que suban, bien porque ya son altos y si se desinflaran podrían derribar todo un castillo de naipes presupuestario. Trabajar para frenar la especulación y desarrollar viviendas públicas o no mercantilizadas parecen propuestas absurdas para un régimen de planificación cuyo primer supuesto es que las futuras ganancias públicas vienen primero a través del crecimiento inmobiliario.
En este sistema, la gentrificación es una característica, no un defecto. Sin duda es una fuerza económica y social, pero también es el producto del Estado: un proceso planificado de reinversión canalizada y desplazamiento selectivo. Sin embargo, los urbanistas no son meros instrumentos corporativos o títeres del gobierno. En su mayoría, se incorporan a la profesión para influir positivamente en las ciudades. Muchos proceden de entornos radicales y ven la planificación como un medio de imponer el control sobre el caos de la capital. Pero bajo las restricciones del Estado inmobiliario, producir espacio para fines distintos del beneficio es un enorme desafío.
Sin embargo, es muy posible… solo que no es algo que hagan los propios planificadores. Si queremos que los planificadores se comporten de otro modo, tenemos que ejercer presión política para interpelar directamente a sus jefes: a los políticos que nombran a los jefes de sus agencias, por supuesto, pero también al sector inmobiliario.
Al concentrarse tan intensamente en determinadas zonas, el capital inmobiliario se ha expuesto a vulnerabilidades únicas. Los movimientos militantes contra la gentrificación pueden amenazar la capacidad del capital inmobiliario para obtener beneficios y transformar así la crisis de la vivienda, que pasaría de ser soportada por los inquilinos a ser sentida por los propietarios, promotores e inversores. No es una tarea fácil, pero es a la que nos enfrentamos si pretendemos deshacer el Estado inmobiliario.
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SAMUEL STEIN
Samuel Stein es candidato a doctorado en geografía en el CUNY Graduate Center y autor del libro Capital City: Gentrification and the Real Estate State.
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