CUANDO LA INDIGNACIÓN NACIONAL NO DA ESPERA

Consejo de redacción

Los días 18,19 y 20 de septiembre se realizó la audiencia de reconocimiento de la verdad, en el macro caso 3, y subcaso Casanare, en el que 21 militares, entre ellos un general retirado del Ejército, además de otros oficiales y un exfuncionario del extinto DAS, reconocieron ante los familiares de las víctimas, ante la justicia y ante todo el país, su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales en esa parte del país.

Para hacer las paces con el pasado se necesita la verdad, y se requiere de coraje y valor para enfrentar los hechos y reconocer las responsabilidades por los daños realizados. Por ello, son viejos los adagios populares como “La justicia cojea, pero llega”, “La verdad siempre termina sabiéndose”, y “La justicia y la razón, las más recias armas son” pero también desde otra perspectiva, “Buena es la justicia, si no la doblara la malicia”, o “La justicia tolerante es cómplice del maleante”.

Lo que sucede en el país, con posterioridad al Acuerdo de Paz, y en virtud de lo esclarecido por la Comisión de la Verdad, y desde la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la cual han comparecido actores de todo el espectro del conflicto, es verdaderamente turbador para la conciencia de un país que necesita llegar a la no repetición.

El dolor no puede ser únicamente de las víctimas del conflicto. El dolor, la indignación, la rabia (antes del perdón) debe ser de toda una nación, Colombia entera debe asumir una responsabilidad histórica por lo sucedido en el país en esa infausta época de la reciente historia nacional, claro, con cargas diferenciales pues es obvio que unos fueron los cerebros de las masacras y del desangre en general, otros los operadores, gatilleros, encubridores, etcétera, otros los complacientes por lo acaecido pues –“¡podemos volver a la finca!”, y otros, la mayoría del país, indiferentes ante lo denunciado por cientos de familias en luto y destrozadas por estos crímenes). Pero esa asunción de responsabilidades debe pasar primero por un total esclarecimiento de la verdad, es lo único que piden las víctimas que acuden, desde que se instituyó la JEP, para que no sólo ellas, sino el país entero sepa qué pasó en verdad, y de dónde provinieron las órdenes para que se llegara a tales extremos de inhumanidad, como lo que se ha escuchado una y otra vez en las audiencias celebradas por la JEP. Los procesos penales, anteriores a la JEP –ahora lo están revelando los mismos imputados que en ese momento salieron, en muchos casos exonerados de toda responsabilidad–, están viciados de mentiras, de camuflajes de amañamientos, no tienen ningún valor de justicia ni verdad. Ahora en el marco de la JEP comienza a aflorar la verdad tan ansiada.

En esta ocasión, la audiencia que se adelanta en Yopal, desde el 18 de septiembre, y en donde en los aspectos más relevantes el general retirado Henry Torres Escalante admitió su responsabilidad total: “Asumo con vergüenza el señalamiento de máximo responsable”. Torres es señalado por la JEP de haber impulsado el plan criminal, a partir de las órdenes que emitió, así como de las condiciones que generó, en virtud de lo cual fueron asesinadas ilegítimamente y presentadas como muertas en combate 196 víctimas en 141 eventos de resultados operacionales.

De estas víctimas, 138 fueron presentadas como no identificadas, entre el 15 de diciembre de 2005 y el 27 de mayo de 2007, por todas las unidades bajo su mando e incluso pasando las fronteras geográficas de la jurisdicción asignada a la Brigada XVI. Se trataba de una “organización criminal” (expresión reconocida por Torres Escalante): la XVI Brigada, compuesta por más de 320 hombres, liderados por Torres Escalante para asesinar a 300 personas en ese periodo. Torres Escalante admitió: “Asumo la responsabilidad por todos los señalamientos que me han hecho, por estos delitos que fueron cometidos bajo mi mando por mi exigencia. Mi reconocimiento se fundamenta por las presiones permanentes que realizaba”.

Como en el Ejercito hay una línea de mando que se cumple a rajatabla, y el valor más grande es el acatamiento cerrado a toda orden que viene de arriba –el mando–, sin cuestionamiento (principio fundamental de toda fuerza armada), el asunto más importante es saber quién dio la orden en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en general y para el particular de la jurisdicción del Casanare.

La verdad intuida desde hace años comienza a emerger de manera clara. Lo que sabemos ahora, es que esas órdenes se dieron, no de manera verbal o escrita ni de forma explícita, como “vaya y asesine a inocentes y preséntelos como bajas en combate”, sino de manera indirecta, pero con igual o mayor eficacia. A través de presiones directas, en primer lugar, que hacía toda la línea de mando, como específicamente reconoce Torres Escalante sobre los hombres que tenía a su cargo: Es decir, la forma era el lenguaje indirecto y poco claro con expresiones “usted ya sabe lo que tiene que hacer”, que llevó a que se asesinaran y desaparecieran civiles inocentes. Además, esas conductas eran premiadas con felicitaciones, reconocimientos, asignaciones en el exterior, días de descanso, etcétera, mensaje claro de que eso era lo que se esperaba de quienes finalmente o bien cumplían las ejecuciones extrajudiciales o bien cooperaban en el andamiaje logístico que se requería para presentarlas como bajas en combate.

Pero si eso sucedía en el nivel operacional de la XVI Brigada, al mando de Torres Escalante que hacía de ese órgano militar una organización criminal (como él mismo lo aceptó en la JEP el 19 de septiembre), es que esa misma línea de presiones venía desde arriba, de sus superiores: el general de la IV División, el general Guillermo Quiñones –quien en febrero del 2021 negó ante la JEP que él conociera de los casos de ejecuciones extrajudiciales bajo su mando–, y el Comandante General de las Fuerzas Armadas, el general Mario Montoya. En su declaración Torres Escalante afirmó que el general Guillermo Quiñones pretendía más resultados –más bajas– y llegó, incluso, a elevar el propósito por alcanzar en un 10 por ciento adicional.

Además, añadió: “Las presiones venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya; y de la IV División…. Esas presiones nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas”, señaló. De igual forma, Torres Escalante admitió que el Ejército Nacional apeló a la expresión de “guerra jurídica” para hacer referencia a las denuncias que llegaban y restarles mérito. “La ‘guerra jurídica’ fue un fantasma direccionado desde el Comando del Ejército. Las instrucciones eran claras: no permitir que esas falsas acusaciones (que así las creían) mermaran el ímpetu de las operaciones militares, generando así las condiciones para que se siguieran generando, cometiendo esa serie de asesinatos y garantizando el aparato criminal presentado en la Brigada 16”.

Adicionalmente, dijo que para Montoya eran más importantes las bajas en combate. “No puedo negar que la prelación era siempre sobre muertes en combate”, señaló. Indicó que se hacían llamados de atención a esas unidades y que se amenazaba incluso con la pérdida del mando, lo cual para un militar en esa posición podía implicar la pérdida de la carrera militar. A los que no daban resultados se les recriminaba: “se están robando el sueldo”.

Lo importante es que el cerco se estrecha. Cada vez la verdad roza más a los altos niveles del gobierno de entonces, empezando por Álvaro Uribe Vélez como Presidente y el Ministerio de Defensa, en manos, primero de Camilo Ospina Bernal y luego del ahora expresidente Juan Manuel Santos. “Desde el Ministerio de Defensa se emitieron una serie de directivas sobre estímulos, de premios para estimular a las tropas, unas directivas de pago de recompensas también para pagar a las personas que dieran información sobre cabecillas, por entrega de armamento, y había una serie de tarifas de acuerdo con la calidad y cantidad de información”, señaló. “Y desde la Presidencia de la República estaba el plan de Seguridad Democrática. Tuvimos varias veces, en la jurisdicción de la Brigada, la visita del señor Presidente Álvaro Uribe, donde estaba la población allá, las autoridades, y pues las personas empezaban a quejarse de seguridad. Y él daba instrucciones de forma dura también hacia los comandantes de Policía, de Ejército y del Das”.

Torres aseguró que el entonces Presidente Uribe “decía que, si no podíamos con el cargo, avisáramos para que pues él pudiera gestionar un relevo. Era presión también por ese cumplimiento. Era bien complicada la situación de tantas personas quejándose”. El testimonio de Torres Escalante no puede ser más revelador y debería ser materia suficiente para que la JEP siga en su labor de imputar a los más altos responsables. Ya la marea llegó a Mario Montoya. Lo más probable de esperar, si las cosas siguen así, es que continúe esta búsqueda de la verdad y llegue hasta donde ya no puede seguir subiendo más. Por ahora el general Torres Escalante es el oficial de más alto rango que ha hecho tales reconocimientos. La justicia ha cojeado, pero va acercándose a la verdad última.

Tal vez ha sido necesario que hayan pasado dieciocho, veinte o más años desde que comenzaron a ocurrir esos hechos para que la verdad emerja. Quizás ha sido necesario ese tiempo, largo, penoso, agobiante, y angustioso para las víctimas, familiares de los asesinados extrajudicialmente, sepan por fin lo que ciertamente sucedió. Tal vez ha sido necesario que pasen casi dos décadas para que el país conozca los detalles detrás de lo que se suponía era una verdad monstruosa. Es inevitable la comparación con Alemania, que durante años vivió de espaldas al Holocausto, hasta que la verdad comenzó a emerger y el país asumió la responsabilidad colectiva.

Pero, volvamos sobre lo crucial: la orden venía casi siempre en la forma “hágale que ya sabe que tiene que hacer”, o ante la situación de pedir instrucciones sobre personas retenidas, la respuesta era, una orden camuflada: “lo felicito por esas dos bajas en combate”, dando por hecho que ya la ejecución se había realizado. Así lo relató uno de los comparecientes, el capitán retirado Miguel Andrés Sierra Giraldo: o cuando alguno de los que estaban abajo en la línea de mando y no cumplía las ordenes se le insultaba: “¡te quedó grande! (por no haber asesinado a un menor de edad). O se le decía, “hágale que el juez penal ya autorizó”, es decir, recoger el cadáver y trasladarlo sin los procedimientos legales.

El plan criminal del Estado va aclarándose de manera progresiva gracias a la JEP. Lo que sigue por esclarecer es la responsabilidad última, hasta donde no puede subir más. El hecho de que ya el general Montoya, por ese entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, haya sido imputado, el pasado 30 de agosto por crímenes de guerra y lesa humanidad, es un paso más en este despojar el pasado del velo de mentiras y encubrimiento. La justicia cojea, pero llega. Pero la nación no puede dejar pasar estas audiencias, tan reveladoras como conmovedoras, como una noticia más en el maremágnum de notas que los medios sacan todos los días. Lo importante es poder discriminar, en el océano informativo, lo que es relevante y lo que no lo es. La indiferencia o la saciedad con el pasado no es excusa. De lo contrario nos veremos abocados a que la anhelada “no repetición” sea una quimera. Ya lo estamos comenzado a volver a ver en Tierralta. ¿Acaso estamos condenados a nunca salir de este ciclo de violencia?