¿Qué tan determinante pudo ser esta trama corrupta en los resultados del plebiscito de 2016 y en la posterior crisis del proceso de paz?, ¿Este concierto para delinquir, que lesiona profundamente nuestras instituciones públicas, podría no estar implicado en la campaña para que el nuevo gobierno postule el relevo del fiscal?, ¿Será posible profundizar en figuras de colaboración con otros gobiernos, sin un fiscal independiente?
En su ánimo de obtener ganancias económicas este entramado ilegal terminó incidiendo en la conformación del gobierno y en el funcionamiento del Estado; no solo por pagar candidatos, corromper funcionarios, comprar parlamentarios y poner a sus aliados en puestos claves de la justicia, sino también por aliarse con la derecha en un país como el nuestro, agobiado por un viejo conflicto armado.
Fernando Valencia Rivera
Abogado, docente Universidad de Antioquia, asesor Corporación Viva la Ciudadanía
Se ha reactivado la discusión sobre la justicia que tenemos, sobre la necesidad de adoptar una reforma estructural o funcional, y cómo superar sus bajos niveles de eficacia. La declaración de responsabilidad del Grupo Aval y Corficolombiana en uno de los más graves casos de corrupción a nivel continental trajo consigo preguntas sobre la independencia de nuestros jueces y fiscales, y sobre la conveniencia de un sistema altamente punitivo, pero de un desempeño selectivo y corrupto.
Mientras estábamos ocupados en el debate de si al país le conviene el modelo Bukele o el de humanización de las cárceles, si el de justicia transicional o retributiva, nos cayó la aplastante noticia de la transacción de estos empresarios con el gobierno norteamericano, que pone al descubierto verdaderos males, como los señalados por el presidente Petro: “La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: un Fiscal General de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares…”
Es decir, en enero de 2016 el gobierno de Santos vendió a Isagén, en ese entonces una de las más grandes empresas energéticas, para invertir ese dinero, según se dijo, en la construcción de autopistas de cuarta generación. Uno de los poderosos grupos económicos dentro del sector financiero y hoy dueño de un fondo de pensiones, el de Sarmiento Angulo, se alió con su homólogo brasilero Marcelo Odebrecht para corromper a funcionarios de alto nivel y a partidos políticos de gobierno, obteniendo así una jugosa contratación y garantizando su inmunidad jurídica y política. El asesor de estas empresas y comisionista del negocio, Néstor Humberto Martínez, terminó siendo fiscal general de la nación, y a partir de ahí, junto con los partidos políticos beneficiados, se movieron los tentáculos para atajar cualquier asomo de investigación en la fiscalía, el congreso, los órganos de control y el propio Consejo Nacional Electoral; y luego vino un nuevo gobierno del uribismo y con él otro fiscal complaciente con la parálisis investigativa. El concierto para delinquir Sarmiento – Odebrecht no pagó solo por torcer la contratación pública sino también por su impunidad.
Parecía ser el crimen perfecto: Esta organización del delito logró quedarse con billonarios contratos, y cuando el escándalo llegó desde fuera por la corrupción del grupo brasilero en otros países, sus aliados criollos se encargaron de encubrir las faltas y aplazar las diligencias hasta que pasara el tiempo suficiente para las preclusiones, la fuga de implicados, la imposibilidad de la prueba y hasta la muerte de algún testigo peligroso. Todo iba según lo planeado, hasta que llegó esta evidencia inesperada, producida por ese pragmatismo de la justicia gringa que negocia todo, que le dio a esta red de corrupción la posibilidad de evitar un juicio penal a cambio de información y jugosas multas; que otra vez, así como sucedió con los paramilitares mafiosos, se queda con la verdad y la riqueza, mientras nosotros acariciamos el desastre.
Pero como las redes de la justicia tienen hoy una mejor relación global y las comunicaciones no dependen de algunos medios fletados, el efecto se hizo sentir y proliferan los anuncios de severidad judicial y rigurosidad investigativa. Hasta la fiscalía resolvió declarar que hará efectivas unas acusaciones que tenía engavetadas desde 2019, aunque lo hará contra quienes están entregando información por acuerdo de colaboración, según denunciaron sus abogados; y se desempolvarán argumentos que hubieran servido para establecer desde hace varios años una verdad incuestionable: Odebrecht financió las campañas del uribismo.
Ahora lo podemos declarar sin duda: En su ánimo de obtener ganancias económicas este entramado ilegal terminó incidiendo en la conformación del gobierno y en el funcionamiento del Estado; no solo por pagar candidatos, corromper funcionarios, comprar parlamentarios y poner a sus aliados en puestos claves de la justicia, sino también por aliarse con la derecha en un país como el nuestro, agobiado por un viejo conflicto armado; no como quien apoya a un candidato de su preferencia, sino como parte de una estrategia para capturar el Estado en perspectiva de proteger unos intereses que no se garantizarían con un gobierno alternativo como el de Petro.
En este punto podemos ya pasar a otras preguntas: ¿Qué tan determinante pudo ser esta trama corrupta en los resultados del plebiscito de 2016 y en la posterior crisis del proceso de paz?, ¿Este concierto para delinquir, que lesiona profundamente nuestras instituciones públicas, podría no estar implicado en la campaña para que el nuevo gobierno postule el relevo del fiscal?, ¿Será posible profundizar en figuras de colaboración con otros gobiernos, sin un fiscal independiente?
El ventilador está prendido, no solo para este caso sino también para otro tipo de responsabilidades contra líderes políticos y económicos que se tramitan en la JEP, y tal vez por eso arrecia la campaña de miedo y odio contra el actual gobierno, y un sector de la prensa trata de desviar la atención con escándalos fabricados. Cabe preguntar: ¿Cuánta verdad estarán dispuestos a entregar estos empresarios para que pasemos la página de la ilegalidad y la violencia?, ¿De qué tamaño debe ser la reforma que le hagamos a la justicia para garantizar su independencia y eficacia?
De una cosa sí podemos estar seguros: No será con el proyecto de reforma propuesto por Cambio Radical como afrontaremos estos retos; necesitamos una mirada integral, que tal vez sea la que logre la comisión anunciada por el presidente, y la fiscal general que resulte de su terna.
Edición 838 – Semana del 19 al 25 de agosto de 2023
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